El próximo año comienza la conmemoración de las independencias latinoamericanas. Lo ocurrido doscientos años antes no fueron, sin embargo, las declaratorias o la consolidación de éstas, sino el simple tránsito hacia las mismas. El 19 de abril de 1810 en Caracas fue la primera manifestación de un proceso que, ese mismo año, se vería replicado en Buenos Aires el 22 de mayo, en Alto Perú el 25 de mayo, en Nueva Granada el 20 de julio, en México el 16 de septiembre y en Chile el 18 de septiembre. En cada una de esas ocasiones se crearon juntas protectoras de los derechos de Fernando VII. Ellas conformarían las últimas manifestaciones de lealtad formal hacia la corona española y el inicio de la inevitable cuenta regresiva hacia la ruptura con ésta.
Al tiempo que se declaraban los derechos del monarca depuesto y cautivo de los franceses, se afirmaba la soberanía de los pueblos de allende el Atlántico. Apelando al derecho natural que emana del pueblo y que con igual carácter podía ser cedido por éste al rey, o a las instituciones que a nombre del monarca fuesen creadas en circunstancias extraordinarias, las juntas hispanoamericanas surgidas en 1810 se hacían depositarias de la voluntad popular. Era lo mismo que había ocurrido en España en 1808, al inicio de la guerra contra el invasor francés, pero que al tener lugar en territorio colonial implicaba un punto de inflexión que no admitía marcha atrás. Una vez asumida en manos propias la soberanía no era ya posible regresar al estatus de subordinación precedente.
Esto lo habían comprendido bien las autoridades españolas en 1808, que mientras se arrogaban la representación de la soberanía popular para desconocer al monarca impuesto por Napoleón, reprimieron con dureza los intentos de igual naturaleza ocurridos en Hispanoamérica. El 15 de septiembre de ese año se puso fin a la Junta surgida en Nueva España, el 24 de octubre a la de Quito, el 25 de octubre a la de la Paz, el 25 de diciembre a la de Chuquisaca. La prisión, el ajusticiamiento o la tortura de los responsables sucedió al cierre de las juntas. En Caracas, por su parte, la llamada “rebelión de los mantuanos” que buscó contar con la anuencia del gobernador español para instalar una junta similar, se tradujo el 24 de noviembre de 1808 en el arresto o la prisión de los implicados.
El elemento desencadenante de las juntas hispanoamericanas de 1810 fue la instalación de la Regencia en España. Ello no sólo implicaba echar por tierra el principio de la soberanía popular (al recurrirse a un mecanismo destinado a preservar el absolutismo monárquico como lo era la Regencia), sino que, al eliminarse a la Junta Central de España, se dejaba sin sustento a la primera expresión de representación que Hispanoamérica había tenido en el gobierno peninsular. En efecto, diez representantes americanos estaban llamados a integrar la lista de 36 miembros que conformaría la nueva dirección de la Junta Central.
Al rebelarse contra la Regencia española y al apelar a la noción de la soberanía popular como base de su legitimidad, las juntas iberoamericanas hacían ya inevitable la conclusión natural del proceso: la independencia. Esta no tardaría en llegar en términos de declaratorias formales, pero habría que esperar hasta la batalla de Ayacucho en 1825, para que las últimas autoridades y tropas peninsulares abandonaran el territorio americano. Cuba y Puerto Rico representarían la excepción a la regla y permanecerían atadas al imperio español hasta el ocaso del siglo.
A partir del próximo año se conmemora, por tanto, un proceso que habría de prolongarse por quince años, pero que tuvo como punto de inflexión al año de 1810. Fue el momento en el que la noción de la soberanía popular lo cambiaría todo. Noción, desde luego, que las élites criollas interpretaron en sus propios términos y en función de su propio beneficio, como continuaría ocurriendo por largo tiempo. A las puertas de los doscientos años de 1810, es hora de que el concepto de pueblo soberano asuma cabal significado y vigencia en toda América Latina.
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