Mexico, la represión que no cesa
Conjunto de artículos sobre la escalada represiva que se vive en México publicados en el número 108 de Diagonal
Diagonal | Diagonal
Foto: Martintoy México, represión con el aval de Obama
Domingo M. Lechón
La “lucha contra el narco” es utilizada por las autoridades mexicanas para justificar la creciente militarización del país. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos sostienen que “la guerra real es contra los de abajo” y denuncian que los numerosos abusos y violaciones de derechos humanos forman parte de planes de contrainsurgencia.
El chiapaneco Mariano Abarca fue detenido el pasado 17 de agosto por un comando policial de agentes encapuchados que viajaban en coches sin placas ni distintivos. Los policías no llevaban identificación ni orden de detención. La presión social hizo que a las 24 horas se informara de dónde estaba detenido, aunque por las irregularidades policiales y judiciales no se sabe de qué se le acusa. Abarca pertenece al municipio de Chicomuselo, una zona donde las concesiones mineras de empresas canadienses devastan tierras y acuíferos. Él es un luchador social reconocido en Chiapas, perteneciente a la Red de Afectados por la Minería, que iba a celebrar en su pueblo, a los pocos días, su segundo encuentro. Sus vecinos se han organizado para exigir su libertad y responsabilizan de su detención a los gobiernos municipal, estatal y federal y a la minera canadiense Black Fire.
Casos como éste se dan con frecuencia en México: la maquinaria político-judicial-militar, amparada en la llamada lucha contra el narcotráfico, reprime la protesta social con total impunidad. Recientemente, en el Estado de Guerrero, seis camiones de Ejército mexicano repletos de soldados entraron en la comunidad Puerto de las Joyas, municipio de Petatlán, y según relatan integrantes del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), dijeron que iban “en contra de campesinos revoltosos”, amenazaron a los lugareños con quemar sus hogares y acabaron llevándose a varios.
En ese Estado del sur mexicano han sido asesinados ocho militantes de organizaciones ecologistas en los últimos dos años, y actualmente más de 100 se encuentran en prisión por acusaciones fabricadas desde el poder. La directora adjunta de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, considera que la región guerrerense de Ayutla es “un peligro constante para las personas que defienden los derechos humanos de las comunidades indígenas más marginadas”. Pero esto no es una excepción, ni en Guerrero ni en el resto del país.
Militarización y narcotráfico
México está militarizado. La presencia de soldados, camiones y tanquetas es constante, y se producen abusos y violaciones de los derechos de la población con total impunidad. Además, como reconoce Gustavo Castro, coordinador de la organización Otros Mundos Chiapas, “ha empeorado la situación, el narcotráfico ha invadido el aparato gubernamental y al mismo Ejército. Policías, autoridades, funcionarios que combaten supuestamente la delincuencia organizada están pagados por el narcotráfico que está mejor armado que las policías”, por lo que la violencia es constante. El país parece estar en guerra, aunque “la guerra real es contra los de abajo, por sus tierras, los recursos naturales y para obtener el silencio que necesita el sistema para seguir avanzando”, precisa un integrante de La Otra Jovel, una coordinadora de organizaciones. Este resalta que además “del robo de las transnacionales y la corrupción de las autoridades oficiales”, hay otros agentes, como la industria del turismo que necesita esas tierras para tener infraestructura y los recursos naturales para privatizarlos.
El presidente de los EE UU, Barack Obama, de visita el pasado agosto en México, recalcó su confianza en el Gobierno mexicano y en la lucha conjunta contra el tráfico de drogas. La administración norteamericana ha dado luz verde a seguir con la Iniciativa Mérida (o Plan México) con la que su gobierno apoya económica y logísticamente al Ejército mexicano y ha desbloqueado la totalidad de estos fondos, a pesar de que esta colaboración militar estaba supeditada al esfuerzo en la defensa de los derechos humanos del Gobierno mexicano. Poco después de la visita de Obama fueron hechos públicos documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) que describen el apoyo del Ejército de México a los grupos paramilitares en Chiapas, entre 1994 y 1999, como práctica habitual de contrainsurgencia aprobada por las altas instancias del Gobierno. Estos documentos, encontrados en Washington por la investigadora Kate Doyle, son una muestra clara de la guerra sucia contra la rebeldía chiapaneca y del protagonismo de las autoridades en la masacre de 45 indígenas desarmados en Acteal. Además, el reciente testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia confirma que el Ejército mexicano planificó, organizó y apoyó, desde que lanzara en 1995 su ofensiva contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a grupos paramilitares en tres regiones de Chiapas.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a 20 acusados de la masacre de Acteal es interpretada por la izquierda mexicana como el siguiente paso de la represión: la impunidad.
“Todo eso se sabe, por eso estamos tan indignados al ver que la Corte intenta limpiar el expediente y quitar responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad a los presidentes, funcionarios y mandos militares de esa época. Quieren limpiar la cara al régimen que gobernaba entonces, que es el mismo que está regresando”, afirma contundente Raúl Vera, quien en esa época era obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, junto a Samuel Ruiz.
A la pregunta de cómo hacer para seguir luchando ante tanta represión, Gustavo Castro, que también participa en la Red de Afectados por la Minería, responde: “No dejar de luchar y manifestarse para no ceder a la criminalización legalizada que hace el Gobierno del movimiento social, de los sindicatos o cualquier derecho a la manifestación publica y pacífica. La denuncia pública es importante así como hacer visible la impunidad a nivel internacional”.
Dudas sobre los objetivos de ‘la guerra al narco’
Matteo Dean
La confrontación obliga a la criminalidad a mutar para sobrevivir y al Estado a adecuar la actual legislación, acotando libertads
En la actual ofensiva militar del Gobierno mexicano en contra de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, la llamada “guerra al narco”, aparecen cada vez más sombras. Y muchas dudas. Las sombras pertenecen sobre todo al ámbito de los derechos de los ciudadanos que son puestos en entredicho no solamente por la presencia de más de 70.000 soldados en las calles del país, sino también por las modificaciones legislativas que han ido cambiando el contexto del conflicto entre el Estado y los carteles de la droga. Es importante mencionar el debate que se ha desatado en la sociedad mexicana alrededor del llamado “fuero militar”, es decir la posibilidad por parte de las tropas y sus mandos de ser juzgados siempre y de todas formas por los órganos de justicia militar. El debate se desata evidentemente por los ya incontables episodios de abusos por parte castrense hacia la ciudadanía: irrupciones en casas particulares, detenciones arbitrarias, violaciones a los más básicos derechos, pero también algunos homicidios, “errores” o “legítimas respuestas” que quizás un día, terminada esta absurda guerra (que solamente en el primer semestre de este año produjo 4.000 muertos), nos describirán como “efectos colaterales”. El último episodio de este debate es el rechazo, el 10 de agosto, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la posibilidad de juicio por parte de la justicia civil de los atropellos cometidos por los militares. La SCJN, llamada a resolver el dilema, ratifica la actual situación y no resuelve la contradicción creada por el uso del Ejército para funciones de policía. Por el otro lado, al recrudecerse la situación que conlleva cada día más muertos y violencia en el país, así como la evolución de la confrontación misma que orilla a la criminalidad a buscar cada vez más y nuevos instrumentos de supervivencia, obliga –por así decirlo– al Estado a adecuar la actual legislación, acotando libertades, irrumpiendo en la privacidad ciudadana, otorgando más poderes a sus fuerzas policíacas. Todo lo anterior sin meter mano alguna en los problemas reales: corrupción e impunidad.
En este escenario, surgen las dudas acerca de la real efectividad de la “guerra al narcotráfico” y también acerca de los intereses reales que puedan esconderse tras tanta campaña mediática. Es urgente recordar cómo la decisión inicial de promover un choque frontal entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales haya respondido a la urgencia por parte de Felipe Calderón de legitimarse frente a una sociedad que aún hoy duda de la legalidad de las elecciones que le entregaron la Presidencia. Una decisión entonces que se puede leer a la luz de la prisa, de la necesidad apremiante de ofrecer un elemento fuerte y definitivamente cautivante para todos: el de la seguridad y de la guerra contra quienes la ponen en peligro. Por otro lado es preciso también subrayar la inutilidad de la estrategia actual del Gobierno mexicano. Una estrategia que parece trasmutada de la guerra al narco en Colombia, que busca nada más descabezar a los carteles, haciendo absoluto caso omiso no solamente de la naturaleza de estas organizaciones –parecidas a una hidra por su capacidad de sustitución de líderes–, sino sobre todo del entorno social que permiten la existencia de estas organizaciones y el cada vez mayor consenso social que consiguen.
2010, año delicado
Así, es necesario tratar de contestar las dudas. La creciente militarización de la sociedad mexicana evidentemente responde también a otras necesidades. Si el objetivo primario de vencer al narco no se estaría cumpliendo, ¿es posible pensar en objetivos secundarios? Por ejemplo, un 2010 que se perfila cada día más como un año delicado, debido no solamente a las consecuencias sociales que está comenzando a tener la crisis económica global en México, sino también al Bicentenario de la Lucha de Independencia de México y al Centenario de la Revolución (interrumpida). Ambos aniversarios, con un fuerte tinte simbólico, llamarán sin duda a la sociedad mexicana a confrontarse con una pregunta esencial: ¿se han cumplido cabalmente los anhelos de justicia, libertad, independencia y democracia reivindicados en esos dos momentos históricos? Responder, en el contexto de un empobrecimiento generalizado y en el medio del acotamiento de ciertos derechos –por el Estado de excepción que impone la guerra al narcotráfico–, es hoy quizás el mayor reto, tanto para la sociedad mexicana, cuanto para el Gobierno de Calderón. Mientras, el Gobierno parece adelantar posibles respuestas. Así la presencia militar asume nuevas características. Por un lado, el control territorial; por otro, ofrecer una señal inequívoca a aquellos que podrían estar pensando en soluciones más radicales que las protestas callejeras: estamos listos. En un escenario en el que el narcotráfico sigue sobreviviendo y la sociedad podría sublevarse, el Gobierno –de querer seguir existiendo– tendría solamente una vía de fuga: pactar con la delincuencia organizada y aniquilar a los revoltosos.
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