En un duro golpe para el presidente estadounidense, Barack Obama, el Senado dominado por su partido, el Demócrata, le negó este miércoles los 80 millones de dólares que había solicitado para el cierre de la cárcel militar que mantiene el país norteamericano en Guantánamo, Cuba, territorio que ocupa ilegalmente. La decisión del Senado complica el desarrollo del plan de Obama, que prevé clausurar Guantánamo antes de finales de enero de 2010.
La Cámara de Representantes ya había ratificado una medida similar, después de que los líderes demócratas decidieran desoír los argumentos de la administración de Obama y pasarse al lado de los republicanos, que llevan semanas oponiéndose al plan gubernamental.
La mayoría de los legisladores del partido al que pertenece Obama aún apoya la clausura del penal, que ellos consideran el ejemplo más palpable de los excesos encausados por el ex presidente George W. Bush.
Sin embargo, temen que algunas de las personas que el gobierno de Bush calificó como “lo peor de lo peor” acaben viviendo en sus distritos.
Los demócratas han establecido una condición para contribuir con el cierre de Guantánamo, la cual contempla que el monto solicitado por el presidente Obama se aprobará 60 días después de que la Casa Blanca presente un plan detallado sobre la cárcel ilegal.
Además establece que el Ejecutivo estadounidense tiene hasta el próximo 1º de octubre para presentar los detalles sobre lo que hará con los detenidos una vez que se cierre esta prisión, que desde su creación en 2002 ha sido denunciada por organizaciones pro derechos humanos, por las violaciones que contra los presos, la mayoría extranjeros, allí se cometen.
Entre las especificaciones, debe estar el costo que eso supondrá y el del traslado de los reos a otras cárceles.
Por separado, un grupo de trabajo creado por Obama prevé presentar en julio un informe sobre la política respecto a los detenidos y los pasos necesarios para el eventual cierre de Guantánamo.
Este ha sido el resultado de una alianza de republicanos y demócratas a favor de una enmienda que prohíbe el uso de los 80 millones de dólares para encarcelar o liberar en Estados Unidos a cualquiera de las aproximadamente 240 personas que aún permanecen prisioneras en Guantánamo.
En la sesión de este miércoles unos 90 senadores votaron a favor de la medida, impulsada por el presidente del Comité de Asignaciones, el demócrata Daniel Inouye, junto al legislador republicano James Inhofe, frente a otros seis votos en contra.
“Deberíamos mantener abierta la Bahía de Guantánamo”, dijo en una rueda de prensa Inhofe junto a algunos colegas republicanos, que estaban exultantes con el resultado.
“Todo lo que tienen allí (los detenidos) es probablemente mejor que lo que la mayoría de ellos merece”, añadió Inhofe.
Mientras los republicanos celebran, los demócratas exigen al gobierno una explicación detallada de qué hará con los detenidos, antes de darle fondos para financiar su política.
“Los demócratas no vamos a cerrar Guantánamo sin un plan responsable que ponga la seguridad de los estadounidenses primero y tampoco permitiremos que ningún terrorista sea liberado dentro de los Estados Unidos”, dijo su líder en el Senado, Harry Reid.
El Ejecutivo ha dicho que quiere liberar a algunos detenidos en suelo estadounidense y que juzgará a otros, mientras sopesa algún tipo de marco legal que le permita el encarcelamiento indefinido de un tercer grupo, aunque aún no ha tomado una decisión al respecto.
En entrevista concedida a teleSUR el pasado jueves, el abogado defensor de los prisioneros de Guantánamo, Thomas Wildner, señaló que el Gobierno del ex presidente estadounidense George W. Bush mintió al catalogar de terroristas terribles a los prisioneros de la cárcel de Guantánamo, ya que a sólo ocho por ciento de los recluidos en esa prisión se les han comprobado vínculos con redes insurgentes como la de Al Qaeda.
Wildner además dijo a teleSUR que La Corte Suprema estadounidense ha realizado una serie de audiencias sobre algunos prisioneros de Guantánamo, en cuyos casos ha dictaminado que no hay ninguna razón para que éstas personas estén detenidas, luego de siete años de encierro en la prisión ilegal.
ABN
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