Diciembre es un mes que, políticamente hablando, pocas veces trajo buenas noticias para los argentinos. Desde la recuperación de las formas democráticas –que no de la consolidación de una verdadera democracia, tarea aún pendiente- casi invariablemente cada fin de año vino signado por la intensificación de los conflictos sociales y la respuesta represiva de las “fuerzas del orden”.
La crisis de la deuda que agobiaba al gobierno de Raúl Alfonsín nutría sin respiro la protesta social. De las ruinas del experimento alfonsinista brotó un programa ortodoxo de ajuste estructural y estabilización dictado letra a letra por el FMI y el BM que, bajo la batuta del peronista neoliberalizado Carlos S. Menem, profundizó la explotación económica, la desigualdad y la exclusión sociales generando innumerables motivos de protesta que alcanzaban su cota más elevada a medida que se acercaba el fin de año.
La Alianza, ese matrimonio de conveniencia entre un sector del peronismo (el Frepaso) y el radicalismo lejos de abandonar esta ruta suicida persistió de la mano de Domingo Cavallo en llegar hasta el final del camino iniciado por Menem, pese a las reiteradas alertas de que el rumbo llevaba al abismo, al que se llegó precisamente en Diciembre del 2001 con su corralito y el saldo luctuoso de las jornadas de lucha del 19 y 20 de ese mes.
En Diciembre del 2015 el peso argentino era devaluado por el nuevo gobierno de Mauricio Macri en un 30% en cuestión de horas. Y ahora esto, cual si este país fuese víctima de una maldición bíblica, un gobierno escandalosamente clasista, que tiene como meta excluyente el enriquecimiento de los muy ricos, extorsiona a diputados y gobernadores, blinda al edificio del Congreso, apalea multitudes de gentes que pacíficamente se oponían a la iniciativa (debidamente infiltrada por “agentes provocadores” para justificar la represión) y saca entre gallos y medianoche una ley reaccionaria e inconsulta, mera expresión del capricho oficial. Una ley ilegítima hasta la médula, mal concebida, incoherente, chapucera e inconstitucional hasta para los juristas de cabecera del gobierno pero que persigue un objetivo imprescindible e impostergable: reducir progresivamente los ingresos de los jubilados y, por esa vía, tratar de ordenar las cuentas fiscales y aliviar la presión tributaria que según el macrismo agobia a los grandes empresarios y al capital concentrado e impide la llegada de la venturosa –e ilusoria-lluvia de inversiones.
O sea, hacer que el ajuste fiscal lo paguen los pobres y, sobre todos, los más vulnerables: los jubilados y pensionados, que no tienen sindicatos que los defiendan. La combinación de la reducción de los haberes jubilatorios junto con la debacle del PAMI, el programa de atención médica a los adultos mayores que ofrece cada vez menos medicamentos gratuitos, lo que hará es acelerar una silenciosa eutanasia de los viejos y así mejorar, en una verdadera apoteosis de la maldad, las cuentas de la seguridad social porque cada vez sobrevivirán menos ancianos y los afortunados lo harán por menos tiempo.
Y esto es apenas el preludio de nuevas leyes fundamentales (reforma laboral, impositiva, ganancias, consenso fiscal, presupuesto 2018, etc.) que el gobierno tratará de conseguir con la misma metodología, amparada por la complicidad de los grandes medios de comunicación que hicieron de la mentira su religión; el desmoronamiento de los pilares del Estado de Derecho y la indiferencia de sus custodios; y la inescrupulosidad de amplios sectores de la dirigencia política peronista y radical cuya identidad ideológica muta con más rapidez que los colores de un camaleón en función de la melodía que proviene de la Casa Rosada.
Todo ello en el marco una de una democracia crecientemente vaciada de contenido, en realidad un híbrido apropiadamente caracterizado como una “democradura”; y de una sociedad hábilmente ganada por el odio racista y el resentimiento hacia los perdedores del sistema sobre todo cuando tienen la osadía de organizarse y luchar: los piqueteros, los “planeros” y las que “se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo” (¡monto en Septiembre 2017: 1.412 pesos!) envalentonados por “la yegua” que los empoderó y les hizo creer que había un lugar para ellos en esta sociedad.
Horrorizados e indignados ante la insolencia plebeya amplios sectores clasemedieros creyeron encontrar en un demagogo millonario de ojos azules al redentor que pondría las cosas en su lugar; que prometía derramar sobre ellos bienestar y felicidad en medio de un mar de globos amarillos que ocultaban las intenciones de la pandilla oligárquica que había exitosamente completado el tránsito desde el poder que ejercía desde siempre al gobierno, al que se encaramaban por primera vez sin las molestas mediaciones de partidos políticos o caudillos militares.
Dos años más tarde la ilusión ya se había comenzado a esfumar, pero en los últimos días al compás del operativo mafioso puesto en marcha para reformar el régimen jubilatorio aquellos sectores medios se estremecieron al comprobar, como en las películas de terror, que una infausta metamorfosis se había producido y que el mesías que encumbraron a la Casa Rosada se había convertido en su verdugo.
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