La breve Ley de
Seguridad Nacional (LSI) aprobada por la Cámara de Diputados mexicana
demuestra un retorno de la primacía de la política hacia adentro
plasmada en 34 artículos que no buscan dar certeza a los ciudadanos, ni
siquiera a los empresarios, sino a las Fuerzas Armadas. Con razón en el
reciente libro “Geopolítica de la seguridad en América Latina” (editado
en Buenos Aires) se afirma que “los mexicanos serán tan perseguidos por
su propio gobierno como por las deportaciones masivas americanas”.
Algunos
grupos empresarios habían presionado previamente por la sanción de una
ley de este tipo. En Baja California, con los homicidios en aumento, los
líderes empresariales y cívicos de Tijuana hicieron un llamado para que
los militares se pusieran nuevamente a la cabeza de la lucha contra el
crimen organizado.
Los miembros del Consejo Coordinador
Empresarial en Tijuana y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
instaron a la aprobación de una nueva "ley federal de seguridad interna"
que permitiera a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas civiles de
seguridad pública. Esta convocatoria a un rol militar ampliado se basa
en los más de 1,500 homicidios registrados en la capital del Estado en
lo que va del año 2017.
Mientras el fast truck de 10 horas
sancionaba la LSI, el mes de octubre cerró con 2.371 homicidios en todo
el país, la cifra más alta de los últimos 20 años, a pesar de que ya
hace más de una década que las Fuerzas Armadas intervienen en “seguridad
interior”. Según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad
Pública se registraron más de 6.000 secuestros durante los primeros
cuatro años y diez meses de la administración de Enrique Peña Nieto,
1,280 secuestros más que los registrados durante un lapso similar del
anterior presidente Felipe Calderón Hinojosa. También aumentaron en
forma alarmante los homicidios.
Durante la última década México
sufrió 150,000 asesinatos y 26,000 desapariciones, con Fuerzas Armadas
que demostraron ser tan inefectivas en sus objetivos como letales en su
accionar: el ejército mató a ocho presuntos delincuentes por cada uno
que hirió; la Marina lo hizo mejor, mató a 30 combatientes por cada
herido. El único actor claramente derrotado en esta guerra fue el Estado
de derecho.
Si el primer requisito para repetir un fracaso es no
reconocerlo, la LSI se esfuerza por ser tan ambigua en las definiciones
como imprecisa en los alcances. La Ley no aclara las tareas que las
Fuerzas Armadas están autorizadas a realizar, sino que afirma que a
partir de ahora la intervención de las Fuerzas Armadas tendrá base legal
y no dependerá de las “interpretaciones” que se hagan de la
Constitución.
La ley no aclara en ningún momento si la
intervención de las Fuerzas Armadas seguirá las reglas de la guerra o si
por el contrario se guiará las rutinas de la actividad policial.
Tampoco menciona qué tipo de armas se usarían, qué procedimientos o qué
metodologías.
- Durante la duración del tiempo de la Declaratoria las Fuerzas Armadas (a través de la autoridad coordinadora) debe recibir todo el apoyo que solicitan a las autoridades civiles para la realización de su tarea.
- Las Fuerzas Armadas podrán recabar información “mediante cualquier medio lícito de recolección de información”, una fórmula amplia y carente de transparencia.
- Menciona la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, sin precisar los límites operativos de qué se entiende por racional y proporcional.
- La LSI no deja claro en qué consiste el concepto de “movilizaciones pacíficas de protesta social”, sabiendo que el carácter violento de la protesta es fácilmente maleable.
- No aclara cómo se dará la intervención frente a protestas sociales calificadas de no pacíficas, ni quién tendrá la jurisdicción para tal calificación.
- El art. 7 permite la suspensión de derechos sin reglamentar el 29 constitucional que solo en situaciones excepcionales permite a los militares en las calles y la suspensión de garantías.
- No hay menciones sobre transparencia de información ni mecanismos de control. Se supone que todo quedará bajo el manto de la seguridad interior, sin reglas claras de acceso a la información.
La LSI
expande la capacidad de intervención de las fuerzas armadas en la lucha
contra los cárteles y las personas sospechosas de narcotráfico, dejando a
un lado las molestas incertidumbres por el enjuiciamiento a las
violaciones de los derechos humanos. Si la actividad militar en
seguridad interior se rige por los principios de la guerra, tarea para
la cual se forman las Fuerzas Armadas, las acciones se realizarán en
cumplimiento de órdenes operativas. Además de lo problemático de aplicar
lógicas de guerra en conflictos de seguridad interior, no parece que
haya espacio para un respeto irrestricto de los derechos humanos. La
autoridad legislativa tomó nota de las lagunas jurídicas en que se
encontraba el tema y aprovechó la “ventana” de oportunidad para
legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios todavía
más amplios que el crimen organizado o el narcotráfico.
No se
trata de que las Fuerzas Armadas comiencen a cumplir funciones propias
de la Policía, ya que la LSI abre un panorama nuevo. Se trata de la
apertura a una participación rutinaria de las Fuerzas Armadas en la vida
civil, mucho más allá de la simple seguridad interior. Toda decisión de
seguridad integrará institucionalmente a las Fuerzas Armadas en el
proceso informativo, deliberativo y ejecutivo. Porque como expresamente
afirma la ley, el rol de las Fuerzas Armadas no será el de suplantar a
la policía, sino resolver problemáticas de seguridad interior en
términos militares.
La injerencia de las Fuerzas Armadas en
seguridad interior es cada más habitual en la región. Se afirma que en
sociedades asediadas por la violencia (41 de las 50 ciudades más
violentas del mundo se encuentran en América Latina), las instituciones
judiciales y policiales mal financiadas y mal preparadas han sido
cooptadas y corrompidas por el crimen organizado. Los gobiernos
argumentan que necesitan recurrir a las Fuerzas Armadas para restaurar
la seguridad. Es un buen argumento, sencillo y descriptivo. Pero falso.
No
hay crimen organizado sin un Estado que lo sostenga, ni fuerzas
policiales corruptas por decisión propia. La solución que ofrecen los
gobiernos olvida deliberadamente que ellos mismos son parte del
problema. Las Fuerzas Armadas se forman en la lucha contra un enemigo
exterior, identificable, soberano y ambicioso. Cualquier otro “combate”
al que sean convocadas tiende a convertir al Estado en una comunidad con
mucha fuerza pero poca legitimidad.
Las confusas y arbitrarias
categorías de “nuevas guerras” traspasan intencionadamente las brechas
epistemológicas, a la caza de objetivos estratégicos de seguridad
nacional. Países que sí cuentan con una masa crítica de inteligencia que
elabora los manuales de filosofía, geopolítica y teoría política con
que nuestras universidades y academias latinoamericanas “piensan” sus
problemas nacionales, justifican sin dificultad la intervención militar
en seguridad interior.
Militares mexicanos en tareas policiales de seguridad interior
En
realidad las Fuerzas Armadas no tienen ninguna incumbencia en la
aplicación de la ley. No es necesario aclarar los alcances de la
participación militar, sino el rol y forma de la fuerza encargada del
cumplimiento de la ley, la Policía.
La diputada oficialista
Martha Sofía Tamayo Morales reconoció que las fuerzas armadas de México
se han convertido en "el principal recurso" para enfrentar el crimen
organizado.
La cantidad de grupos criminales organizados, en
combinación con corporaciones policiales débiles o corrompidas por la
delincuencia, produjo que las escenas de patrullajes del Ejército y la
asignación de tropas a tareas de seguridad pública se volvieran
normales, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución afirma que
esa tarea debe ser realizada por cuerpos civiles a cargo de la
Federación, de los Estados o los municipios.
Las organizaciones
sociales, los organismos de derechos humanos nacionales e
internacionales y hasta el propio Ejército, señalaron la inconsistencia.
Hasta ahora las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en una
situación (la guerra contra el narcotráfico) sin que tal función
estuviera prevista en normatividad alguna. Además casi el 90% de los
mexicanos percibe que la Policía es corrupta e inútil, con un récord de
99% de crímenes irresueltos.
Con estos datos y afirmaciones
pareciera que el rol del gobierno es obedecer los mandatos de la
“voluntad general” de la población, la misma que quiere a las Fuerzas
Armadas a cargo de la seguridad interior. Así lo dijo el secretario de
la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos: “la gente es la que
no quiere que nos vayamos… Es la propia sociedad la que nos está
exigiendo que no nos vayamos. Ahí vamos a estar mientras la sociedad lo
pida y el presidente no ordene lo contrario”.
Sin embargo estos
datos muestran en realidad la deficiencia ética y política básica del
debate sobre la seguridad interna en México. En el Congreso no se aborda
la cuestión fundamental: ¿tienen las fuerzas armadas mexicanas alguna
incumbencia en la aplicación de la ley dentro del país? La respuesta es
no. No son las Fuerzas Armadas las que necesitan un instrumento legal
para aclarar sus deberes y poderes, es la Policía la que necesita una
profunda reforma legal, presupuestaria, institucional y política.
Por
otro lado el propio rol desempeñado por las Fuerzas Armadas no ha sido
eficaz. La periodista Ixchel Cisneros advierte que a pesar de que el
Ejército está muy bien calificado en los niveles de confianza de los
mexicanos, “la estrategia (la llamada guerra contra el narcotráfico) no
ha funcionado, pasamos de más de 10 mil homicidios al año en 2007 a 23
mil en 2016 y este año estamos a punto de romper el récord”.
Es
casi imposible enviar al Ejército de regreso al cuartel sin mover todo
el obsoleto castillo de la sociedad nacional. Los legisladores podrían
establecer un cronograma para desmilitarizar gradualmente el país
mientras trabajan para fortalecer a la policía, una utopía políticamente
inviable, ahora y en el futuro próximo, sea quien sea el presidente
electo en 2018. El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de
Diputados, César Camacho, aseguró que los integrantes de las Fuerzas
Armadas no regresarán a los cuarteles mientras se los necesite en las
calles.
Después de una década de asesinato y dolor, muchos
afirman que el error de Calderón fue claro. El propio Jorge Carrillo
Olea, un prestigioso ex funcionario de inteligencia mexicano, afirma que
la estrategia de Calderón es una de las "grandes estupideces" en la
historia reciente, implementada sin un estudio de base ya sea en su
"legalidad" o "relevancia política". Para toda persona preocupada por la
vida y riqueza de la sociedad mexicana la estrategia calderonista ha
sido tan despiadada como inútil. Para la concepción americana y su
contraparte oligárquica en México las Fuerzas Armadas son la garantía
del orden y el respeto a las instituciones.
Hasta ahora el marco
legal mexicano, aunque inestable, facilitaba la participación arbitraria
de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley. La Constitución
prohíbe expresamente a las autoridades militares intervenir motu propio
en asuntos civiles durante el tiempo de paz, pero en el año 2000 la
Corte Suprema interpretó que esta disposición significaba que las
Fuerzas Armadas podían ayudar a las autoridades civiles siempre que se
solicitara explícitamente su apoyo. Los términos muy generales en los
que originalmente se redactó la Constitución le permitían al presidente
determinar el alcance de la participación militar en los asuntos
civiles. En 2007 Felipe Calderón hizo uso de este margen de maniobra y
emitió pautas secretas que dieron amplios poderes a los oficiales
militares para planear y realizar operaciones contra el crimen
organizado.
Aunque existen algunas circunstancias específicas en
las cuales el uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas se considera
justificado dentro del territorio nacional, el Artículo 16 de la
Constitución Mexicana restringe la función doméstica de las Fuerzas
Armadas en tiempos de paz y les impide ingresar a residencias privadas.
Sin un estado de emergencia declarado, poner a los militares en las
calles en el contexto de la guerra contra las drogas es difícil de
justificar en términos legales.
La nueva ley puede interpretarse
como una forma de evitar estos problemas constitucionales ampliando las
definiciones de seguridad interna, creando un marco legal para que el
uso del ejército en la guerra contra el narcotráfico sea más
justificable en el escenario internacional y nacional, dadas las
críticas recibidas. En 2016 Estados Unidos retuvo el 15% de los fondos
destinados al financiamiento antinarcóticos de México tras el
incumplimiento de México con los criterios de derechos humanos que
condicionan el financiamiento.
El gobierno de Enrique Peña Nieto
no desconoce los datos de la realidad en términos operativos, pero no se
interesa en gestionar eficazmente la seguridad interior. Durante su
gobierno se han construido 352 obras de infraestructura militar con una
inversión de 25 mil millones de pesos, lo que equivale a más del 300% de
lo invertido por el gobierno de Felipe Calderón mientras el instituto
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas afirma que México aumentó el 61%
en el gasto de seguridad interna en el período 2008-2015.
El
estudio de Ethos estima que la cantidad de policías mexicanos aumentó en
un 275% entre los años 2006 y 2015. Según datos de la UNODC (Oficina de
Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen) México tiene 367 policías cada
100.000 habitantes, más que Estados Unidos, Brasil y Honduras. A pesar
del aumento en la cantidad de policías, el propio Secretario de
Gobernación Miguel Angel Osorio Chong afirmó en noviembre de 2017 que
600 municipios mexicanos carecen de policía, la mitad de las fuerzas
existentes tiene menos de 20 miembros y el 40% de los oficiales gana
menos de 4.600 pesos por mes (250 dólares).
Un aumento
cuantitativo sin modificaciones cualitativas obliga a repetir
incesantemente las afirmaciones sobre la corrupción e ineficacia
policial como si la misma no fuera expresamente construida desde el
propio Estado.
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