Entrevista a Victoria Sandino, excomandante de las FARC y candidata al Senado en las elecciones colombianas
En el contexto de la
violencia política contra la Unión Patriótica (5.000 asesinados en la
década de los 80 y 90 del siglo XX), Victoria Sandino Simanca
(Tierralta, Córdoba, 1965) se unió a la lucha de las FARC-EP. Fue en
diciembre de 1992. Mucho antes, en 1964, unos 50 campesinos de la región
de la Marquetalia fundaron el movimiento guerrillero que dirigieron
Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Victoria Sandino había militado en el
Partido Comunista de Colombia y en la Unión Patriótica. En las FARC-EP,
la guerrilla más antigua de América Latina, desarrolló múltiples
actividades: trabajo político de relación con las comunidades,
organizaciones sociales de los territorios y mujeres; tareas de
educación, alfabetización y comunicación con los compañeros, entre
otras. Ya en una etapa posterior –las negociaciones de paz con el
gobierno de Santos- la excomandante guerrillera coordinó la Subcomisión
de Género por parte de las FARC-EP y fue plenipotenciaria de la Mesa de
Negociaciones de La Habana. Actualmente Victoria Sandino forma parte del
Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común (la antigua guerrilla marxista-leninista de las FARC), en
cuyas listas se presenta como candidata al Senado en las elecciones
presidenciales del 27 de mayo. La entrevista tuvo lugar el pasado cinco
de diciembre, día siguiente a la presentación en Valencia del documental
“Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia”, obra
del periodista Sergi Tarín y producido por la ONG Atelier.
-A
finales de noviembre 142 organizaciones de víctimas y derechos humanos
denunciaron ante la Corte Penal Internacional que el Estado colombiano
ha modificado, en el último año, el Acuerdo de Paz de La Habana de
acuerdo con los intereses de los sectores políticos, económicos y
militares “de alto rango”. El documento critica el “manto de impunidad”
para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, entre otras
razones por las modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP). Acordado por el Gobierno y las FARC en septiembre de 2015, este
mecanismo incluye un Tribunal para la Paz, Salas de Justicia y establece
como principio “una paz sin impunidad”.
Lo que se buscaba
con la JEP era la Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición para las
víctimas. A la JEP tenían que comparecer en principio todas las
personas que, de una u otra manera, habían causado grave daño en el
contexto del conflicto armado. Hablamos de la insurgencia, los
militares, el Estado en su conjunto y los particulares o “terceros”.
Establecer esta Jurisdicción era obligatorio, porque la Justicia en
Colombia no funciona: es muy corrupta y está muy politizada. Por esta
razón se buscó un mecanismo especial para elegir a los magistrados del
Tribunal para la Paz y de las Salas. Pero la Ley de Reglamentación de la
JEP aprobada por el Congreso el 28 de noviembre se crea sólo para los
militares y, particularmente, la insurgencia. Fuera de la Jurisdicción
quedan el Estado en su conjunto y los “terceros” –como paramilitares o
grupos terratenientes que han financiado el paramilitarismo-, que sólo
comparecerán de manera voluntaria.
-A primeros de noviembre
fue detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación el hacendado
Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio en Santa Rosa de Osos (norte de
Antioquía). El motivo, su presunta participación en la masacre del Aro,
perpetrada en el municipio antioqueño de Ituango por paramilitares de
las ACCU; ocurrió en octubre de 1997: fueron asesinados 17 campesinos y
1.200 personas resultaron desplazadas. ¿Es un ejemplo de la impunidad
paramilitar?
Las grandes masacres que se produjeron en la
década de los 80 y 90 del siglo pasado, por ejemplo contra las
comunidades rurales, con 20, 30 y más de 50 muertos en una sóla acción,
no han sido judicializadas. Obra de fuerzas paramilitares, las matanzas
estuvieron ordenadas, financiadas y promovidas prinicipalmente por
terratenientes. No están en la cárcel ni se ha hecho justicia, que es lo
que se buscaba precisamente con la Jurisdiscción Especial para la Paz.
-El
periódico Semana se hace eco de una lista global sobre la concentración
de riqueza en relación con el PIB, publicada por el periódico alemán
Die Welt con datos de Bloomberg. En Colombia la fortuna de las cinco
personas más ricas equivale al 12,5% del PIB, lo que sitúa a este país
en el quinto del mundo respecto a la acaparación de la riqueza. Además,
según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de
América Latina y el séptimo a escala mundial. ¿Es un contexto poco
propicio para que se imparta justicia?
Pero es que además
hay una realidad en Colombia… Los congresistas son los mismos
terratenientes y gamonales de los territorios, quienes se han
beneficiado de todos los despojos de las tierras a las comunidades
campesinas. Algunos se han ido a la cárcel ahora por la “parapolítica”,
pero porque es evidente su participación, la forma de asesinar a la
gente y a los líderes en particular. Ellos están legislando en beneficio
propio.
-¿Es el presidente Santos un integrante más de las
clases dominantes o, por el contrario, consideras que hay poderes que le
trascienden?
Santos es parte de la oligarquía nacional. Y
esos “otros” poderes a los que me refiero son regionales y de los
departamentos. En la Cámara son muchos los representantes que vienen de
los territorios, donde se les ha elegido, y por supuesto no van a
legislar contra lo que ha sido su práctica. Por esta razón han decidido
que sea voluntaria la declaración en la JEP, ya que de lo contrario
tendrían que comparecer muchos de los que están sentados en el Congreso.
No digo que todos, pero sí muchos de ellos. Además la Reforma Política,
que era fundamental para la participación de sectores democráticos, no
salió adelante (El pasado 29 de noviembre el Senado votó a favor de
archivar el proyecto de Reforma Política; tres días antes la FARC
calificó en un comunicado la reforma como “frankenstein irreconocible
que no refleja el espíritu del acuerdo de paz; han desaparecido
contenidos como el control del dinero privado en las campañas, los
recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las
medidas de democratización interna de los partidos y las listas
cerradas”. Nota del entrevistador).
-La Defensoría del
Pueblo de Colombia ha informado que entre enero de 2016 y marzo de 2017
se produjeron 156 homicidios, cinco desapariciones forzadas y 33 casos
de atentado contra líderes sociales y defensores de los derechos
humanos. Atribuye en parte el fenómeno a la presencia de grupos armados
que intentan implantarse en las zonas abandonadas por las FARC. También
Naciones Unidas ha reportado durante 2017 un total de 105 homicidios de
defensores y líderes de movimientos sociales en Colombia, en un 59% de
los casos ejecutados por sicarios.
Ocurre que la política no
ha cambiado. El Estado y el Gobierno, empezando por el presidente
Santos, tienen que elaborar unos planes específicos –a partir de los
acuerdos de La Habana- para el ataque y desmantelamiento del
paramilitarismo; y esto no se ha hecho. Por ejemplo, desde principios de
año había que designar a la directora de la Unidad Especial de
Investigación constituida en la Fiscalía para desmantelar las
organizaciones responsables de masacres y el paramilitarismo; y fue a
finales de noviembre cuando el Fiscal General nombró a la nueva
directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales,
Martha Jeaneth Mancera. Además la Fiscalía dispone de documentación
sobre 15.000 casos relacionados con la acción de civiles durante el
conflicto armado, pero judicialmente no se ha avanzado. ¿Qué ocurre? El
Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido abogado
de multinacionales y ha estado vinculado a empresas que financiaron el
paramilitarismo; sería como atacar a sus amigos…
-En tu
cuenta de twitter te defines como fariana, feminista y luchadora por la
paz con justicia social para Colombia. ¿Qué peso tiene el feminismo en
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido que desde el
pasado mes de septiembre sustituye a la guerrilla de las FARC?
En la dirección nacional del partido –el Consejo Nacional de los
Comunes- participamos 111 personas, de las que 26 somos mujeres. Y entre
los 15 miembros del Comité Ejecutivo de la FARC, estamos presentes
cuatro mujeres. Esto no es realmente tan grave, ya que formamos parte de
un partido político en transición de la vida guerrillera a la vida
civil. La presencia de la mujer en la Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común es mayor que en los partidos tradicionales. Por otro lado
nosotros venimos de una estructura jerárquica político-militar –que en
la práctica fue muy militar-, y hemos venido realizando un trabajo muy
duro desde el inicio de las negociaciones de paz, en septiembre de 2012,
para abrir espacios a la participación de las mujeres y por el
reconocimiento de nuestro papel en el conflicto. Obviamente nosotras
continuamos luchando por lograr una mayor representación, y eso
significa también formación política así como ganar confianza en la vida
pública. Todavía el ejercicio público y político no lo hemos tenido
como una práctica. Estamos en ese proceso.
-El próximo 27 de
mayo se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia, en las que
participas como candidata al Senado por la FARC junto a Iván Márquez,
Pablo Catatumbo o Griselda Lobo. ¿Cómo se afrontan?
Con la
esperanza de la participación, y con una gran preocupación. Aspirábamos a
que no sólo nosotros, sino también los demás partidos y movimientos
sociales con aspiraciones a participar en la vida política lo hicieran.
Pero no va a ser posible, porque no se aprobó la Reforma Política.
Además tenemos que competir el voto con unas prácticas muy complicadas;
el sufragio en Colombia no es obligatorio, y a la gente le ofrecen
cualquier cosa: un almuerzo, materiales de construcción, zinc, cemento,
un rollo de alambre para la parcela… Mucha gente da su voto a cambio de
esto, no se trata de una elección consciente.
-El Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
recuerda que altos funcionarios del Estado han declarado, ante los
medios informativos, que asesinatos de líderes comunitarios y defensores
de derechos humanos “son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y
rentas ilícitas”. Según Naciones Unidas, “esto es muy peligroso ya que
se parece querer justificar los asesinatos”. Por otra parte, las mujeres
de la FARC denunciaron en un comunicado (“No jueguen con el honor de
las farianas”) la utilización mediática de la violencia sexual “como
arma contra nuestros compañeros”.
Están sacando todo esto y
más cosas. Algunos delitos han quedado fuera de la JEP, por ejemplo los
de carácter sexual cometidos durante el conflicto armado. Nosotros
pedíamos que estos delitos no fueran indultables ni amnistiables, y no
sólo para los nuestros que hayan podidos cometerlos, sino para
cualquiera. Queríamos, por tanto, que estos delitos se mantuvieran en la
JEP, ya que nunca fueron juzgados por la justicia ordinaria; De hecho,
en Colombia a las mujeres se las viola diariamente, cada tres días una
mujer es asesinada en el país y diariamente se producen 55 abusos
sexuales. Ahora que el Congreso aprobó que las violaciones salgan de la
Jurisdicción Especial y vayan por la justicia ordinaria, se ha empezado a
decir que algunas personas nuestras están implicadas en delitos
sexuales.
-Según el Centro Nacional de Memoria Histórica,
15.076 personas –en más de un 90% de los casos, mujeres adultas, niñas y
adolescentes- sufrieron la violencia sexual durante 60 años de
conflicto armado. ¿Se utilizó el cuerpo de la mujer como arma de guerra?
Yo creo que sí, fundamentalmente por los paramilitares y también por la
fuerza pública. En los territorios donde llegaba el paramilitarismo se
perpetraban masacres y también se violaba a las mujeres; es lo que hoy
en día queremos que salga en la Comisión de la Verdad, ya que nunca se
investigó. Simplemente se dijo que se produjeron masacres, pero no se
indagó en lo que ocurrió antes y durante los crímenes. Actualmente
partidos como el Centro Democrático y la ultraderecha pretenden
“empapelar” a todo nuestro personal, sobre todo a los hombres, afirmando
que están implicados en delitos sexuales o de narcotráfico.
-¿Qué define a las farianas?
Las mujeres de las FARC somos un colectivo que ganamos cotas
importantes de igualdad al interior de la organización; nuestra práctica
de lucha no ha sido sólo por los derechos de la mujer, sino del pueblo
colombiano. Y ello en un país tan conservador como el nuestro, donde las
mujeres han sido relegadas al mundo exclusivamente privado. De manera
colectiva las mujeres de las FARC hemos construido unas propuestas o
lineamientos –no digo teoría, no soy tan pretenciosa- en torno a un
feminismo que llamamos “insurgente”, en el que planteamos la
emancipación de las mujeres y del conjunto de la sociedad. Recogemos
para ello elementos de nuestra práctica insurgente, cuando éramos
iguales mujeres y hombres, y en la práctica revolucionaria se rompieron
los roles establecidos.
-¿Y cómo caracterizaría al partido
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común? ¿Sirven las tradicionales
etiquetas de “marxista-leninista” o “socialdemócrata”?
Creo
que en la parte teórica hemos aprendido muchas lecciones del contexto
internacional. Aquí no se trata de que nuestra línea político-ideológica
tenga que ser el socialismo marxista-leninista, socialdemócrata,
trotskista o maoísta, no. Primero defendemos la autodeterminación de los
pueblos. Entre todos los colombianos nos hemos de poner de acuerdo en
qué tipo de país queremos. Promovemos además algunos principios como el
“buen vivir” y garantías sociales para la población. Es decir, una
sociedad más justa, se llame socialismo o del modo que se quiera. Pero
que sea más justa y “a la colombiana”, por eso trabajamos.
-Desde
que las FARC-EP nacieran en 1964 en las montañas del sur del
departamento del Tolima, hasta la rúbrica de los Acuerdos de La Habana
en 2016, ¿cuál fue el principal logro del movimiento guerrillero?
El Acuerdo de Paz, porque sienta las bases para una sociedad distinta y
los elementos del “buen vivir”. En los Acuerdos se aborda la cuestión
de las víctimas, la tierra, la democracia y la participación. Colombia
es un país donde a la gente se la asesina por pensar distinto.
-Por
último, ¿qué recuerdos te marcaron especialmente durante la guerra como
dirigente de las FARC, organización en la que te enrolaste en diciembre
de 1992?
Hay experiencias muy duras, por ejemplo la pérdida
de las vidas humanas. Compañeros que se perdieron en la guerra… Gente
como Alfonso Cano: yo estuve en su unidad y fue mi jefe durante muchos
años; era una relación muy de confianza, cercana, muy humanista. Su
pérdida me dolió mucho. También la muerte de muchos compañeros y
compañeras que estuvieron conmigo, bajo mi mando. Recuerdo a Laura
González, que me marcó mucho. Pero también hubo cosas muy bonitas, como
la colectividad; la manera colectiva como vivíamos y nos relacionábamos.
Era no tener nada, pero saber que lo poco que teníamos lo compartíamos.
Ahora estamos más dispersos, cada cual tiene su casita en los
territorios y comunidades… Y hay más privacidad.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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