CELAG
Este 17 de diciembre se
cumplen tres años desde el anuncio del proceso de “normalización” de
relaciones entre el gobierno de EE. UU., entonces presidido por Barack
Obama, y el gobierno cubano, presidido por Raúl Castro. Con la llegada
de Donald Trump a la presidencia estadounidense se ha producido el
regreso a una política de abierta confrontación con la Revolución
Cubana. El episodio más reciente de esta hostilidad manifiesta son las
denuncias estadounidenses de supuestos ataques sónicos a su personal
diplomático en territorio cubano,[1]
que han culminado con la retirada de todo el cuerpo de la Embajada de
EE. UU. en La Habana, a excepción del de emergencia, lo que tendrá
repercusiones -entre otros aspectos- en la colaboración bilateral en
materia de migración.[2]
Este cambio en la postura del gobierno estadounidense, pese a la
oposición de grandes sectores del empresariado del país interesados en
hacer negocios con Cuba, se puede leer en la lógica de un sector del establishment
que ha optado por estrategias de confrontación –en lugar de la supuesta
persuasión de Obama– para seguir manteniendo la presión destinada a
lograr la definitiva apertura del mercado cubano, bajo las reglas que
EE. UU. considere y, de preferencia, forzando la capitulación de la
Revolución Cubana, que es percibida como una piedra en el zapato para
los intereses estadounidenses en el Caribe.
La hegemonía estadounidense en el Caribe
Cabe recordar que el Caribe ha sido históricamente un área geopolítica
de vital importancia para los intereses estratégicos de EE. UU. desde
los tiempos de la guerra hispano-americana. Unas posiciones e influencia
que se vieron amenazadas con el triunfo de la Revolución Cubana en
1959, la llegada al poder de Maurice Bishop en Granada en 1979 (que
concluyó con la invasión estadounidense a dicha isla en 1983), o el
inicio de la Revolución Bolivariana en 1998. No se puede entender la
política de EE. UU. hacia el Caribe sin tener presentes estos hechos,
visualizados por EE. UU. como una cortapisa al control de un territorio
que ve como extensión de su frontera (“mar interior”) y a la expansión
de las corporaciones estadounidenses en el área.
En este sentido
puede explicarse la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe
(CBSI por sus siglas en inglés) que, en sus propias palabras, es “uno de
los pilares de la estrategia de seguridad de los EE.UU.”[3] a la que este país ha dedicado más de 473 millones de dólares desde 2010.[4]
Unida a ésta, encontramos la Iniciativa de Seguridad Energética del
Caribe (CESI por sus siglas en inglés) que, según el Departamento de
Estado, “tiene como objetivo impulsar la seguridad energética y el
crecimiento económico sostenible en la región mediante la atracción de
inversión en una gama de tecnologías energéticas a través de una mejor
gobernanza, mayor acceso a la financiación y una mayor coordinación
entre los donantes de energía, los gobiernos y las partes interesadas”.[5]
Esto es, la seguridad de las inversiones de EE. UU. depende de que haya
gobiernos que no impidan con sus políticas la expansión de las
corporaciones estadounidenses y, dentro de éstas, el sector energético
es clave. De ahí que EE. UU. diseñara la CESI, como respuesta
geopolítica al Acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe
impulsado por Venezuela, que estaba ganando aliados políticos en el
Caribe por la vía de la cooperación energética.
En realidad, se
trata de una estrategia encaminada a ahuyentar competidores económicos o
políticos en la zona, sean extrarregionales como China, o hemisféricos,
como Venezuela. De ahí la estrategia de cerco a Venezuela
[6] pero también la hostilidad hacia Cuba, como dos ejemplos de países
que, desde la lógica estadounidense, impiden el flujo de las inversiones
provenientes de EE. UU. a la vez que abren la puerta a las inversiones
chinas por sus relaciones estratégicas con el gigante asiático. Pero
también se trata de garantizar el respaldo político en un área plagada
de paraísos fiscales,[7]
que ha sido tradicionalmente aliada de EE. UU. en organismos
internacionales multilaterales como la OEA, cuyos votos en este
organismo cobran mayor importancia en el contexto de ataques al gobierno
venezolano desde dicha institución.
Buenos y malos caribeños
Abrir las puertas a la Inversión Extranjera Directa (IED), sin ningún
tipo de restricción a dicha inversión, parece ser el ideal de las
empresas estadounidenses. En las economías insulares caribeñas, el país
que mayor porcentaje de IED recibió en 2016 fue Jamaica, concentrando el
60 % de las inversiones hechas al grupo de los Estados del Caribe
anglófono.[8] La mayoría de estas inversiones proceden de capital estadounidense, seguido de chino, mexicano y español.[9]
Uno de los proyectos estrella, anunciado en 2016, tiene que ver con las
energías verdes o “limpias”, uno de los puntos que EE. UU. establece en
la CESI, y supone una inversión en 95 millones de dólares por parte de
la estadounidense Benchmark Renewable Energy [10] en Jamaica.[11]
Seguramente, ni a las empresas estadounidenses ni a su gobierno se les
escapa que Jamaica lleva desde el año 2013 aplicando un plan de “reforma
macroeconómica” diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
encaminado a liberalizar la economía.
Otro de los países que EE.
UU. valora positivamente para hacer negocios es Granada, el mismo que
padeció una de las últimas intervenciones militares abiertas de este
país en la región. Sólo dos años después, en 1985, Granada creó la Grenada Industrial Development Corporation (GIDC),[12]
la agencia de inversión que facilita la entrada del capital extranjero
al país. Casualmente también –o no– el sector energético es otro de los
que está en el punto de mira del capital internacional por la posible
liberalización de su mercado eléctrico. El gobierno de Granada está
tratando de derogar la Ley de suministro de electricidad de 1994,[13] que daba privilegios exclusivos a la Grenada Electricity Services , propiedad de WRB Enterprises. [14]
Para ello, el gobierno propuso en 2016 una Ley de suministro de
electricidad que abriría el mercado a la participación de capitales
regionales e internacionales, como destaca el Departamento de Estado de
EE. UU. en su informe sobre el país.[15]
Cabe apuntar que, como Jamaica, Granada es miembro de Petrocaribe,
aunque no de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), creada por
Venezuela y Cuba en 2004.
Además, los incentivos a la inversión
extranjera son muchos. Granada es un paraíso fiscal que no establece
ningún tipo de restricción a las transacciones en divisa extranjera, no
impide la repatriación de beneficios, capitales o dividendos.[16]
Cuenta asimismo con un programa llamado Programa de Ciudadanía por
Inversión, que otorga la nacionalidad granadina a los inversores y que
ha visto triplicar las solicitudes desde el último año. Sólo en la
primera mitad de 2017 el programa recibió 189 solicitudes (62 en el
mismo período del año anterior) y, hasta la fecha, ha otorgado más de
449 nacionalidades por inversión.[17]
Una iniciativa que recuerda a una puesta en práctica similar
implementada por el gobierno del Partido Popular (PP) en España.[18]
La diferencia es que el impacto de estas inversiones en economías como
las de los microestados caribeños es mucho mayor. Por ejemplo, con el
Programa de Ciudadanía por Inversión se podría llegar a cifras de
ingreso que se acercarían al 15 % del PIB del país.[19]
Contrastando estos dos casos con la realidad existente en países como
Cuba y Venezuela podemos hacernos una idea de que para EE. UU. existen
“buenos y malos” caribeños. No es difícil imaginar el interés del establishment estadounidens
Teniendo en
mente los intereses geoestratégicos y geoeconómicos de los Estados
Unidos en la región latinoamericano-caribeña, observando su expansión
allí donde los gobiernos amigos abren las puertas al capital
estadounidense y comparando la opinión favorable hacia estos gobiernos
con la actitud hacia aquellos que establecen mayores limitaciones a la
inversión o a la participación de EE. UU. en su economía, se puede
comprender por qué unos países son hostigados por la prensa
internacional y otros son simplemente invisibilizados por las noticias
diarias.
Notas:
[2] https://translations.state.
[17] https://imidaily.com/
[18]
Se trata de la Ley 14/2013 de “apoyo al emprendedor” que contempla que
los inversores extranjeros puedan tener permiso de residencia si
invierten más de medio millón de euros en capital inmobiliario o un
millón de euros en empresas españolas, entre otros supuestos. http://www.
[19] https://imidaily.com/
Arantxa Tirado es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
@aran_tirado
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