| Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo |
Introducción
Es evidente que en América Latina el péndulo se ha desplazado a la
derecha en los últimos años. De esta observación surgen numerosas
preguntas. ¿De qué tipo de derecha estamos hablando? ¿Por qué prospera?
¿Son sostenibles los regímenes derechistas? ¿Quiénes son sus aliados y
sus adversarios internacionales? Una vez en el poder, ¿qué tal les ha
ido y cuáles son los criterios por los que se mide su éxito o su
fracaso?
Aunque la izquierda está en retroceso, retiene el
poder en algunos estados. Surgen preguntas como: ¿Cuáles son las
características de la izquierda actual? ¿Por qué algunos regímenes se
mantienen mientras otros están en decadencia o han sido derrotados?
¿Podrá la izquierda recuperar su influencia? ¿Qué condiciones hacen
falta para ello? ¿Qué programa deben llevar para atraer al electorado?
Empezaremos examinando el carácter y las políticas de la derecha y de
la izquierda y hacia dónde se dirigen, para concluir analizando las
dinámicas de sus programas, alianzas y perspectivas futuras.
La derecha radical: El rostro del poder
La pretensión de los regímenes de derechas es poner en marcha cambios
estructurales: quieren reordenar la naturaleza del Estado, las
relaciones sociales y económicas, la política exterior y las alianzas
económicas. Regímenes de derecha radical gobiernan en Brasil, Argentina,
México, Colombia, Perú, Paraguay, Guatemala, Honduras y Chile.
Los regímenes de extrema derecha han acometido cambios bruscos algunos
países, mientras en otros los van incorporando gradualmente. Las
transformaciones sufridas por Brasil y Argentina son ejemplos de cambios
extremadamente regresivos destinados a invertir la distribución de la
renta, las relaciones de propiedad, las alianzas internacionales y las
estrategias militares. El objetivo es redistribuir los ingresos de manera ascendente, volver a concentrar la riqueza y la propiedad en el extremo superior de la pirámide social y en elementos externos
al país, y plegarse a la doctrina imperial. Estos regímenes están
dirigidos por gobernantes que hablan abiertamente en favor de los
inversores nacionales y extranjeros más poderosos y son generosos en la
adjudicación de subsidios y recursos públicos: practican una especie de
“populismo para plutócratas”.
La llegada al poder y la
consolidación de regímenes de extrema derecha en Argentina y Brasil se
ha basado en varias intervenciones decisivas, que combinan elecciones y
violencia, ´purgas e incorporaciones, propaganda en los medios de
comunicación de masas y profunda corrupción.
Mauricio Macri contó con el apoyo de los principales medios convencionales, encabezados por el grupo del diario Clarín, así como por la prensa internacional financiera (Financial Times, Wall Street Journal). Los especuladores de Wall Street y el aparato político de Washington en el extranjero subsidiaron su campaña electoral.
Macri, su familia, sus amigotes y sus cómplices financieros
transfirieron recursos públicos a cuentas privadas. Los popes políticos
de provincias y sus actividades clientelares se unieron a los sectores
adinerados de Buenos Aires para asegurar el voto en la capital. Una vez
elegido, el régimen de Macri transfirió 5.000 millones de dólares al
conocido especulador de Wall Street, Paul Singer firmando un crédito
multimillonario, con altos tipos de interés; multiplicó por seis el
impuesto a algunos servicios; privatizó el petróleo, el gas y terrenos
públicos; y despidió a decenas de miles de funcionarios.
Macri
organizó una purga política y la detención de dirigentes de la
oposición, incluyendo a la antigua presidenta Cristina Fernández
Kirchner. Varios activistas de provincias fueron encarcelados o incluso
asesinados.
Macri ejemplifica la figura del triunfador desde la
perspectiva de Wall Street, Washington y la élite empresarial porteña.
Los salarios de los trabajadores argentinos se han reducido. Las
compañías de servicios se han asegurado los mayores beneficios de la
historia. Los banqueros duplicaron el índice de beneficios. Los
importadores se han convertido en millonarios. Los ingresos de la
agroindustria se dispararon al reducirse sus impuestos. Pero para las
pequeñas y medianas empresas argentinas, el régimen de Macri ha sido un
auténtico desastre. Miles de ellas han quebrado a causa del elevado
coste de algunos servicios y la feroz competencia de las importaciones
baratas chinas. Además de la caída de los salarios, el desempleo y el
subempleo se han duplicado y el índice de pobreza extrema se ha
triplicado.
La economía lucha por mantenerse a flote. La
financiación de la deuda no ha conseguido promover el crecimiento, la
productividad, la innovación y las exportaciones. La inversión
extranjera se ha visto favorecida, ha conseguido pingües beneficios y
saca fuera del país sus ganancias. La promesa de prosperidad apenas ha
beneficiado a un cuarto de la población. Para debilitar el descontento
público fruto de estas medidas, el régimen ha acallado las voces de los
medios independientes, ha dado rienda suelta a las pandillas de matones
que actúan contra los críticos y ha cooptado a los jefes sindicales
maleables para que rompieran las huelgas.
Las protestas
públicas y las huelgas se han multiplicado, pero el gobierno ha hecho
oídos sordos y multiplicado la represión. Los líderes populares y los
activistas han sido estigmatizados por los gacetilleros financiados por
el gobierno.
A menos que se produzca un gran levantamiento
social o un colapso económico, Macri se aprovechará de la fragmentación
de la oposición para asegurar la reelección que le permita seguir
actuando como un gánster de Wall Street. Macri está dispuesto a firmar
nuevas bases militares y acuerdos de libre comercio con EE.UU. así como a
incrementar la colaboración con la siniestra policía secreta de Israel,
el Mossad.
Brasil ha puesto en práctica las mismas políticas
derechistas de Macri. Tras alzarse con el poder mediante una operación
de destitución falsaria, el gran estafador Michel Temer procedió acto
seguido a desmantelar la totalidad del sector público, congelar los
salarios por veinte años y ampliar la edad de jubilación de cinco a diez
años. Temer estuvo a la cabeza de un millar de cargos electos corruptos
en el saqueo multimillonario de la compañía estatal de petróleo y
múltiples grandes proyectos de infraestructuras.
Golpe,
corrupción y desacato quedaron ocultos por un sistema que garantiza la
impunidad de los congresistas hasta que algunos fiscales independientes
investigaron, acusaron y metieron en prisión a varias docenas de
políticos, pero sin llegar a Temer. A pesar de contar con el 95 por
ciento de desaprobación popular, el presidente Temer se mantiene en el
cargo con el respaldo absoluto de Wall Street, el Pentágono y los
banqueros de Sao Paulo.
Por otra parte, en México, el
narcoestado asesino, continúan alternándose en el poder los dos partidos
ladrones, el PRI y el PAN. Miles de millones de dólares obtenidos de
manera ilícita por banqueros y mineras canadienses y estadounidenses
continúan viajando a paraísos fiscales para su conveniente lavado. Los
fabricantes mexicanos e internacionales han amasado inmensos beneficios
que exportan a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales . El país
superó su triste record de evasión de impuestos al tiempo que ampliaba
sus “zonas de libre comercio”, sinónimo de salarios bajos e impuestos
reducidos a las empresas. Millones de mexicanos han cruzado la frontera
para huir del capitalismo gansteril depredador. El flujo de cientos de
millones de dólares de beneficios propiedad de multinacionales
canadienses y estadounidenses son el resultado del “intercambio
desigual” de capital estadounidense y mano de obra mexicana, que se
mantiene en vigor gracias al fraudulento sistema electoral mexicano.
Al menos en dos ocasiones bien documentadas, las elecciones
presidenciales de 1988 y 2006, los candidatos de izquierda Cuahtemoc
Cárdenas y Manuel López Obrador ganaron con suficiente margen a sus
contrincantes, para ver como posteriormente les robaba su triunfo un
conteo fraudulento de los votos.
En Perú, los regímenes
extractivistas de derechas han alternado entre la dictadura sangrienta
de Fujimori y regímenes electorales corruptos. Lo que se mantiene sin
cambios en la política peruana es la entrega de los recursos minerales
del país al capital extranjero, la persistente corrupción y la
explotación brutal de los recursos naturales por parte de corporaciones
mineras de EE.UU. y Canadá, en regiones habitadas por comunidades
indígenas.
La extrema derecha expulsó del poder a los gobiernos
electos de centro izquierda de Fernando Lugo, en Paraguay (2008-2012) y
Manuel Celaya en Honduras (2006-2009), con el apoyo activo y la
aprobación del Departamento de Estado de EE.UU. Sus narcopresidentes
ejercen ahora el poder mediante la represión contra los movimientos
populares y el asesinato de decenas de campesinos y activistas urbanos.
Este año, una elección burdamente amañada en Honduras ha asegurado la
continuidad del régimen corrupto y las bases militares estadounidenses.
La difusión de la extrema derecha desde Centroamérica y México hasta el
Cono Sur está preparando el terreno para la reimplantación de alianzas
militares con Estados Unidos y acuerdos comerciales regionales.
El ascenso de la extrema derecha garantiza las privatizaciones más
lucrativas y los mayores beneficios para los créditos otorgados por
bancos extranjeros. La extrema derecha está preparada para aplastar el
descontento popular y los desafíos electorales con violencia. Como
mucho, permite que unas pocas élites con pretensiones nacionalistas se
vayan alternando en el poder para ofrecer una fachada de democracia
electoral.
El giro del centro-izquierda al centro-derecha
El desplazamiento político hacia la extrema derecha se ha extendido
como una onda, y los gobiernos nominales de centro-izquierda se han
desplazado hacia el centro-derecha.
El ejemplo más claro lo
ofrece el Uruguay gobernado por el Frente Amplio de Tabare Vázquez, y
Ecuador, con la reciente elección de Lenin Moreno de Alianza País. En
ambos casos el terreno ya había sido preparado al reconciliarse estos
partidos con los oligarcas de los partidos tradicionales derechistas.
Los anteriores gobiernos de centro-izquierda de Rafael Correa, en
Ecuador, y José Mújica en Uruguay consiguieron fomentar la inversión
pública y las reformas sociales, usando una retórica izquierdista y
capitalizando el aumento global de precios y la alta demanda de las
exportaciones agrominerales para financiar sus reformas. Con la caída de
los precios mundiales y la exposición pública de los casos de
corrupción, los recién elegidos partidos de centro-izquierda nominaron a
candidatos de centro-derecha que convirtieron las campañas
anticorrupción en vehículos para la adopción de políticas económicas
neoliberales.
Los nuevos presidentes de centro-derecha
marginaron a los sectores más izquierdistas de sus respectivos partidos.
En el caso de Ecuador, el partido se fraccionó y el nuevo presidente
aprovechó para cambiar sus alianzas internacionales apartándose de la
izquierda (Bolivia y Venezuela) y acercándose a Estados Unidos y la
extrema derecha, al tiempo que abandonaba el legado de su predecesor en
cuanto a programas sociales populares.
Con la caída de precios
de los productos de exportación, los regímenes de centro-derecha
ofrecieron generosos subsidios a los inversores extranjeros en
agricultura y silvicultura en Uruguay y a los propietarios de minas y
exportadores en Ecuador.
Los recién convertidos regímenes de
centro-derecha se acercaron a sus homónimos ya asentados en Chile y se
unieron al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), con las
naciones asiáticas, Estados Unidos y la Unión Europea.
El
centro-derecha ha intentado manipular la retórica social de los
anteriores gobiernos de centro-izquierda con el fin de retener al
electorado popular al tiempo que se aseguraba el apoyo de las élites
empresariales.
La izquierda se desplaza hacia el centro-izquierda
El gobierno de Evo Morales en Bolivia ha demostrado una capacidad
excepcional para mantener el crecimiento, asegurarse la reelección y
neutralizar a la oposición combinando una política exterior de izquierda
radical con una economía mixta público-privada de carácter moderado. A
pesar de que Bolivia condena el imperialismo estadounidense, las
principales multinacionales del petróleo, el gas, los metales y el litio
han realizado fuertes inversiones en el país. Evo Morales ha moderado
su postura ideológica pasando del socialismo revolucionario a una
versión local de democracia liberal.
Al adoptar la economía
mixta, Evo Morales ha conseguido neutralizar cualquier hostilidad
abierta de Estados Unidos y los nuevos gobiernos de extrema derecha de
la región.
Manteniendo su independencia política, Bolivia ha
integrado sus exportaciones con los regímenes neoliberales de la región.
Los programas económicos moderados de su presidente, la diversificación
de las exportaciones minerales, la responsabilidad fiscal, las
graduales reformas sociales y el apoyo de los movimientos sociales bien
organizados han permitido la estabilidad política y la continuidad
social, a pesar de la volatilidad de los precios de las materias primas.
Los gobiernos de izquierda de Venezuela, con Hugo Chávez y
Nicolás Maduro han llevado un curso divergente con duras consecuencias.
Totalmente dependiente de los precios internacionales del petróleo,
Venezuela procedió a financiar generosos programas asistenciales en el
ámbito interno y en el exterior. Bajo el liderazgo del presidente
Chávez, Venezuela adoptó una consecuente política antiimperialista y se
opuso al acuerdo de libre comercio promovido por EE.UU. (ALCA) con una
alternativa antiimperialista, la Alianza Bolivariana para las Américas
(ALBA).
Los programas sociales progresistas y las ayudas
económicas a los aliados extranjeros, sin dedicar recursos a
diversificar la economía y los mercados ni incrementar la producción,
estaban basados en los ingresos elevados constantes procedentes de un
único y volátil producto de exportación: el petróleo.
A
diferencia de la Bolivia de Evo Morales, que edificó su poder con el
respaldo de una base popular organizada, disciplinada y con conciencia
de clase, Venezuela contaba con una alianza electoral amorfa compuesta
por habitantes de los suburbios humildes, tránsfugas de los partidos
tradicionales corruptos (de todo el espectro) y oportunistas en busca de
un puesto y beneficios. La educación política se reducía a consignas
para corear, vítores al presidente y la distribución de bienes de
consumo.
Los tecnócratas y políticos venezolanos afines al
régimen ocupaban posiciones muy lucrativas, sobre todo en el sector
petrolero, y no tenían que rendir cuentas ante consejos de trabajadores o
auditorías públicas competentes. La corrupción era generalizada y se
robaron miles de millones de dólares procedentes de la riqueza
petrolera. Este saqueo era tolerado por el flujo constante de
petrodólares motivado por los elevados precios históricos y el auge de
la demanda. Todo ello condujo a un extraño escenario en el que el
gobierno hablaba de socialismo y financiaba enormes programas sociales
mientras los principales bancos, la distribución de alimentos, la
importación y el transporte eran controlados por oligarcas hostiles al
régimen que se embolsaban enormes beneficios mientras fabricaban la
escasez de artículos y promovían la inflación. A pesar de todos estos
problemas, los votantes venezolanos avalaron al gobierno en una serie de
victorias electorales, sin prestar atención a los agentes de EE.UU. y
los políticos de la oligarquía. Esta dinámica de triunfos llevó al
régimen a pensar que el modelo socialista bolivariano era irrevocable.
La precipitada caída de los precios del petróleo, de la demanda global y
de los beneficios procedentes de las exportaciones llevó a un retroceso
de las importaciones y del consumo. A diferencia de Bolivia, las
reservas de divisas menguaron, el saqueo rampante de miles de millones
fue finalmente sacado a la luz y la oposición derechista apoyada por
EE.UU. recurrió a la “acción directa” violenta y al sabotaje, al tiempo
que acaparaba alimentos, bienes esenciales de consumo y medicamentos. La
escasez dio paso a un mercado negro generalizado. La corrupción del
sector público y el control que ejerce la oposición hostil de la banca
privada, el sector minorista y el industrial, con el respaldo de Estados
Unidos, paralizó la economía. La economía entró en caída libre y el
apoyo electoral se ha debilitado. A pesar de los graves problemas del
régimen, la mayoría de votantes de renta baja comprendió que sus
probabilidades de sobrevivir bajo la oposición oligárquica apoyada por
EE.UU. serían todavía peores y la asediada izquierda ha continuado
ganando las elecciones regionales y municipales celebradas durante 2017.
La vulnerabilidad económica de Venezuela y el índice de
crecimiento negativo han provocado un aumento de la deuda pública. La
animadversión de los regímenes de extrema derecha de la región y las
sanciones económicas dictadas por Washington han acentuado la escasez de
alimentos y el desempleo.
Bolivia, por el contrario, consiguió
derrotar los intentos de golpe de Estado promovidos por las élites
locales y EE.UU. entre 2008 y 2010. La oligarquía regional de Santa Cruz
tuvo que decidir entre compartir sus beneficios y la estabilidad social
sellando pactos sociales (con trabajadores y campesinos, la capital y
el Estado) con el gobierno de Morales o hacer frente a una alianza del
gobierno y el movimiento sindical dispuesto a expropiar sus posesiones.
Las élites optaron por la colaboración económica manteniendo una
discreta oposición electoral.
Conclusión
La izquierda ha perdido casi todo el poder estatal. Es probable que la
oposición a la extrema derecha vaya en aumento dado el ataque grave e
inflexible que están sufriendo los ingresos y las pensiones; el aumento
del coste de la vida; las graves reducciones en los programas sociales y
los ataques al empleo en el sector público y el privado. La extrema
derecha tiene varias opciones y ninguna de ellas ofrece concesiones a la
izquierda. Han elegido reforzar las medidas policiales (la “solución
Macri”); intentan fragmentar a la oposición negociando con líderes
sindicales y políticos oportunistas; y sustituyen a los gobernantes
caídos en desgracia con nuevas caras que continúen sus mismas políticas
(la solución brasileña).
Los antiguos partidos, movimientos y
dirigentes revolucionarios de izquierda han evolucionado hacia la
política electoral, las protestas y la acción sindical. Por el momento,
no representan una alternativa política a nivel nacional.
El
centro-izquierda, especialmente en Brasil y Ecuador, está en una
posición fuerte y cuenta con líderes dinámicos (Lula Da Silva y Correa)
pero tiene que enfrentarse a acusaciones falsas promovidas por fiscales
derechistas que pretenden excluirlos de la contienda electoral. A menos
que los reformistas de centro-izquierda tomen parte en acciones de masas
prolongadas y a gran escala, la extrema derecha conseguirá debilitar su
recuperación política.
El Estado imperial de EE.UU. ha
recuperado temporalmente regímenes títere, aliados militares y recursos y
mercados económicos. China y la Unión Europea se aprovechan de las
óptimas condiciones económicas que les ofrecen los regímenes de extrema
derecha. El programa militar estadounidense ha conseguido neutralizar la
oposición radical en Colombia y el régimen de Trump ha impuesto nuevas
sanciones a Cuba y Venezuela.
Pero la celebración triunfalista
del régimen de Trump es prematura: no ha logrado ninguna victoria
estratégica decisiva, a pesar de los progresos a corto plazo conseguidos
en México, Brasil y Argentina. No obstante, las grandes fugas de
beneficios, transferencias de propiedades a inversores extranjeros,
tasas fiscales favorables, bajos aranceles y las políticas de comercio
todavía no han generado nuevas infraestructuras productivas, crecimiento
sostenible ni han asegurado las bases económicas. La maximización de
los beneficios y el descuido de las inversiones en productividad e
innovación para promover la demanda y los mercados internos han
provocado la bancarrota de miles de pequeños y medianos locales
comerciales e industrias. Esto se ha traducido en un aumento del
desempleo crónico y del empleo de mala calidad. La marginación y la
polarización social están creciendo a falta de liderazgo político. Esas
condiciones provocaron levantamientos “espontáneos” en Argentina en
2001, en Ecuador en 2000 y en Bolivia en 2005.
Puede que la
extrema derecha en el poder no provoque una rebelión de la extrema
izquierda, pero sus políticas seguramente socavarán la estabilidad y la
continuidad de los regímenes actuales. Como mínimo, pueden hacer surgir
cierta versión del centro-izquierda que restaure los regímenes de
bienestar y empleo actualmente hechos pedazos.
Mientras tanto,
la extrema derecha seguirá presionando con su plan perverso que combina
un profundo retroceso del bienestar social, la degradación de la
soberanía nacional y el estancamiento económico con una formidable
maximización de beneficios.
La presente traducción puede
reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre
a su autor, su traductor y a Rebelión como fuente de la misma.
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