Eric Nepomuceno
El pasado jueves,
al mediar la tarde el dólar subió 0.63 por ciento frente al real, y el
euro pegó un brinco de 1.32 por ciento. A la vez, la Bolsa de Valores
retrocedía uno por ciento, y la agencia Moody’s advertía sobre el riesgo
de rebajar la clasificación de Brasil, lo que servirá para ahuyentar
inversionistas.
Todo eso porque el presidente de la Cámara de Diputados, el
derechista Rodrigo Maia, confirmó lo que había sido anunciado de manera
abrupta en la noche anterior por el vocero del gobierno en el Senado, el
denunciado y procesado Romero Jucá: la reforma del sistema de
jubilaciones, principal bandera de Temer y compañía, no será votada
antes de febrero del año que viene.
De inmediato Jucá fue desautorizado por el despacho presidencial y,
curiosamente, por el mismo Rodrigo Maia, que en menos de 24 horas probó
que él tenía razón. Hasta ayer, el gobierno insistía en que los debates
en el Congreso empezarían la semana que viene. No había ninguna señal en
el horizonte indicando que se alcanzaría la cantidad de votos necesaria
para una enmienda constitucional, o sea, 308 de los 531 diputados.
Los que conocen las entrañas de la Cámara decían que siquiera había
seguridad de alcanzar 270 votos favorables a un proyecto que, al inicio
de la gestión de Michel Temer, luego del golpe institucional que lo
llevó al poder, era considerado la principal bandera de su gestión y que
en los últimos meses ya había sido drásticamente deshidratado.
Cuando fue anunciado, en octubre del año pasado, el proyecto de ley
recibió fuerte resistencia de los sindicatos. La eliminación de párrafos
que significarían pérdidas brutales de derechos no ha sido suficiente
para calmar los ánimos, en especial de parte de los funcionarios
públicos, que perderían varios de sus privilegios.
El sacrosanto mercado, a su vez, se resignó, a regañadientes, a los
cambios y al drástico encogimiento del texto original. Pero aun así, la
resistencia de amplios sectores de la opinión pública persistió. Los
diputados intentaron urgentemente de convencer de las bondades del
proyecto altamente impopular, en los últimos días, representantes de
distintos sectores del empresariado se desplazaron hacia Brasilia para,
en el Congreso, intentar convencer a los más recalcitrantes de su
importancia. En vano.
Como 2018 es año de elecciones generales, y la propuesta de Temer, el
más impopular presidente de la historia brasileña, sigue enfrentando
resistencias, es más fácil encontrar un refrigerador en el polo norte
que un solo analista que asegure que en febrero el proyecto tiene
posibilidades reales de ser aprobado.
Ha sido la más contundente derrota de Temer. Hasta el último
instante, y en complicidad con el presidente de los diputados, se
pretendió pasar al empresariado y al mercado financiero que sería
difícil pero posible aprobar la propuesta de enmienda constitucional
todavía en 2017. Ha sido justo el vocero del gobierno en el Senado quien
desarmó lo que todos sabían ser una farsa de proporciones amazónicas.
Lo más probable es que la votación de la reforma del sistema de
previdencia social ocurra en 2019, ya con el sucesor de Temer en el
sillón presidencial. Con eso, el gobierno tiene muy poco con que
ocuparse el año que viene, excepto, claro, las elecciones.
La reforma principal naufragó, y en su estela naufraga la esperanza
del gobierno de hacer aprobar en lo que resta del año un paquete de
medidas fiscales supuestamente capaces de asegurar la meta fiscal del
año que viene. Esa meta, a propósito, prevé un agujero –mejor dicho, un
cráter– de escandalosos 159 mil millones de reales, o sea, unos 48 mil
500 millones de dólares. Son pocos los vestigios de que semejante
déficit sea cumplido: se teme que, con Temer, podrá ser superior.
Para mantenerse aferrado al sillón presidencial, que le asegura foro
jurídico privilegiado, y amparar a dos de sus cómplices denunciados a su
lado manteniéndolos en puestos ministeriales, Michel Temer dedicó cinco
largos meses a comprar votos de diputados que le asegurasen protección.
La tan propalada austeridad prometida entre frases tan solemnes cuanto
vacías fue substituida por gordas prebendas y obesas distribuciones de
presupuesto a sus excelencias.
En la actual legislatura, y más que nunca, es tan fácil comprar un
voto que una naranja en cualquier frutería. Temer y su bando lo saben.
Gastaron lo que tenían y lo que no tenían para asegurar protección
frente a denuncias amparadas en bases más que sólidas tanto de la
fiscalía general como de la misma policía federal. Se les acabó el
dinero, al menos en las cantidades exigidas por los diputados.
Perdieron.
Así terminará un año capaz de asustar hasta a las niñas bonitas de
Oaxaca: con un gobierno que no gobierna, encabezado por un presidente
que carga dos sólidas denuncias criminales en los hombros y con un
ministro de Hacienda que, a pesar de ser incapaz de cumplir lo
prometido, tiene pretensiones de altos y risibles vuelos. Es que
Henrique Meirelles pretende lanzarse candidato a la presidencia en 2018.
En un país de locuras y naufragios, todo puede ocurrir. Inclusive que
el responsable por la devastación de la economía pretenda ser
presidente.
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