Daniel Feierstein*
Ya hubo indicios
en marzo de este año, con la profusión mediática de cuestionamientos a
la continuidad del juzgamiento a los genocidas argentinos, de la mano de
la defensa de la legitimidad de la represión ante quienes
vulneran el orden. Parecía una discusión sobre el pasado, pero no lo era. Se buscaba quebrar un consenso construido desde 1983: la no aceptación de la represión abierta ante la protesta social.
Luego fue el ataque a los indígenas mapuches, en el sur del país, que
se cobró el primero de septiembre un desaparecido (Santiago Maldonado),
quien luego apareció ahogado en el río en circunstancias todavía no
aclaradas. Durante los largos meses de su búsqueda, se lanzó una campaña
de persecución a los docentes que intentaban preguntarse en escuelas de
todo el país, dónde estaba Santiago Maldonado. Se planteó que dicha
pregunta era
políticay se instó a padres y estudiantes a denunciar a los docentes que mencionaban la situación en el aula. Se desató una campaña de delación en redes sociales, se creó un número de teléfono del aparato estatal para llevar a cabo las denuncias y se sancionó a algunos docentes.
Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
afirmaba que no relevaría a ningún oficial de la fuerza sospechada
(Gendarmería) y circulaba versiones sobre que Maldonado estaba en Chile,
habiendo pasado a la clandestinidad con fuerzas
terroristas, de todo lo cual no se aportó ninguna información fidedigna.
El 25 de noviembre, en otro operativo en el sur del país, la
Prefectura asesinó a Rafael Nahuel, un joven mapuche. Otra vez la
versión oficial fue que se trató de un
enfrentamientocon
grupos terroristasque atacaron con
lanzas, boleadoras y gritos de guerray se afirmó que contaban con
armas de grueso calibre. Las pruebas forenses sobre el cuerpo de Nahuel demostraron que el tiro había ingresado por la espalda y las pericias en el lugar del hecho no pudieron encontrar vainas de otros disparos que los de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, sostuvo que había que otorgar el
beneficio de la dudaa las fuerzas de seguridad. Y no hubo una sola declaración gubernamental de condena.
El intento de aprobar una reforma previsional que le quita al sistema
de jubilaciones y pensiones y a los beneficiarios de ayudas sociales
alrededor de 100 mil millones de pesos trajo la lógica represiva desde
el sur hasta el propio centro de Buenos Aires, donde ya se había
ejercitado en pruebas previas durante todo el año.
Este 13 de diciembre un conjunto de organizaciones sociales
marcharon por la Avenida 9 de Julio y se encontraron con la represión de
la Gendarmería con perros, gases lacrimógenos y balas de goma, hiriendo
entre otros a dos diputados nacionales de distintos partidos de
oposición: Leonardo Grosso y Victoria Donda.
Pero eran apenas los preparativos del día del tratamiento de la ley,
el 14 de diciembre, cuando estaba anunciada una movilización masiva ante
el Congreso para expresar el disgusto popular. Los gases lacrimógenos,
balas de goma, gas pimienta y detenciones se sucedieron durante toda la
tarde y siguen al momento de escribir esta nota. La novedad con respecto
a otras situaciones de tensión ha sido el ataque indiscriminado a
representantes populares, incluso en momentos en que intentaban ingresar
al Parlamento para participar del debate. Los diputados Pietragalla,
Mendoza, Rodríguez, Huss y Moreau sufrieron distintos tipos de
agresiones.
Mientras el jefe de Gabinete, Marcos Peña, justificaba la represión y acusaba a los diputados opositores de
piqueteros, se podían observar las imágenes de la represión masiva en las inmediaciones del Congreso con decenas de detenidos, rociados por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones para luego ser
cazadosal desconcentrarse. Los organismos de derechos humanos no están obteniendo respuesta de las autoridades acerca de los lugares de detención de las personas a las que masivamente están arrestando las fuerzas de seguridad, al tiempo que circulan informaciones de todo tipo y hay decenas de heridos.
Lo más preocupante es que hasta el momento de la represión masiva,
muy pocos medios de comunicación transmitían lo que ocurría en las
inmediaciones del Congreso, luego de una fuerte ofensiva de dos años que
ha limitado drásticamente la pluralidad de voces en el universo
mediático argentino.
El gobierno macrista fue legitimado en las urnas hace menos de dos
meses y ha leído dicha legitimación como una autorización para avanzar
sobre los límites de la democracia argentina, enfrentando cualquier
protesta social con una represión abierta y creciente, dispuesta incluso
a tomar vidas, como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. El huevo
de la serpiente corroe por dentro a la democracia argentina y sólo una
respuesta rápida, masiva y contundente podrá impedir su destrucción.
*Director del Centro de Estudios sobre Genocidio, y experto
independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las bases
de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentinos
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