La
Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) presentó ayer un escrito a
la Sala Constitucional solicitando prórroga del plazo para que la
Asamblea Legislativa apruebe las reformas a la Ley de
Telecomunicaciones.
El escrito también pide que la Sala,
en el marco del seguimiento al cumplimiento de su sentencia y resolución
aclaratoria sobre la Ley de Telecomunicaciones, observe el trabajo de
la Comisión Ad Hoc que estudia las posibles reformas.
Esto,
porque diputados de ARENA y PCN quieren aprobar reformas que incumplen
el mandato de la Sala, violentan estándares de libertad de expresión y
niegan la posibilidad de una reforma más amplia a la Ley de
Telecomunicaciones.
La propuesta –movida por el lobby y
presión de TCS y ASDER- contiene una serie de aberraciones jurídicas y
restricciones arbitrarias para las frecuencias que llama “locales”:
prohibición de comercializar, transferirse y poseer más de una
concesión.
Esta disposición –que tiene el propósito de
limitar a los medios comunitarios- en la práctica afectaría a todas las
radios y televisoras de cobertura municipal, departamental o regional,
sean comunitarias o comerciales.
Por algo, la aberrante
propuesta no tuvo más apoyos en la Comisión Ah Hoc. La comisión acordó
ayer mismo hacer un estudio comparativo de todas las propuestas
existentes (de ReDCO y del Ejecutivo) para elaborar una mejor reforma.
Esto
es positivo, es lo que el país necesita: una reforma integral que
modernice, actualice y democratice el marco normativo de las
telecomunicaciones, que permita la construccion de un modelo mediático
más plural y diverso.
Por eso ReDCo presentará en los
próximos días otro pliego de reformas basadas en la resolución
aclaratoria de la Sala que ha incorporado nuevos elementos al debate:
establece que la renovación de las concesiones actuales no será
automática, sino previa verificación del cumplimiento de la ley y no
estará exenta de controles posteriores.
También reitera
que los concesionarios mantendrá el ancho de banda y los beneficios del
sistema digital, pero aclara que no se trata de derecho a canales o
frecuencias adicionales sino a la “seguridad jurídica de transmitir en
condiciones iguales o similares a las actuales”.
La
resolución también reivindica el rol de la SIGET como ente
administrador, gestor y vigilante del espectro radioeléctrico; y llama a
la Asamblea a legislar más allá del mandato de la Sala en relación a
controles antimonopólicos para evitar concentraciones indebidas en el
espectro.
Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)
http://www.alainet.org/es/articulo/174573
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