El exministro de Defensa Guillermo García arribará a territorio
salvadoreño en pocas horas luego que un tribunal de justicia de los
Estados Unidos determinó su vinculación a múltiples casos de violaciones
a derechos humanos durante la guerra civil en El Salvador, informaron
fuentes oficiales de Migración y Extranjería de este país.
En diciembre pasado, el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) en los Estados Unidos comunicó que la Junta Migratoria de Apelaciones determinó la orden de deportación al confirmar la participación de García en múltiples asesinatos y masacres, entre éstos la de tres monjas y una misionera laica, todas estadounidenses.
El exministro de defensa, ahora de 81 años, fungió en este cargo desde octubre de 1979 hasta abril de 1983. En 1990 se le concedió asilo político en Estados Unidos, afirmando que temía por su vida si permanecía en El Salvador y había estado viviendo en la ciudad de Florida.
Pero aunque su vida presuntamente estaba en riesgo, García no habría temido por la vida de cientos de campesinos que también lo estaban y que fueron masacrados y asesinados en el caserío el Mozote, municipio de Morazán. Acciones que elementos de la Guardia Nacional habrían cometido bajo su mandato.
Precisamente la Comisión de la Verdad instaurada tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador señaló que el entonces ministro de Defensa tampoco hizo “ningún esfuerzo serio para investigar a fondo la responsabilidad en los asesinatos de las cuatro religiosas estadounidenses asesinadas por miembros de la Guardia Nacional de El Salvador el dos de diciembre de 1980”.
Hace 35 años, las religiosas Ita Ford y Maura Clarke regresaban de Nicaragua y las encargadas de recogerlas en el aeropuerto eran la monja Dorothy Kazel y la misionera laica Jean Donovan. Era una época bélica en El Salvador pero nunca imaginaron que la noche del dos de diciembre de 1980 vivirían en carne propia los horrores de esa guerra que afectó al país durante doce años.
A la salida del aeropuerto las hermanas de la orden Mariknoll, sin una razón aparente, fueron detenidas por miembros de la Guardia Nacional y llevadas a un cantón de Santiago Nonualco, La Paz. Al cabo de unas horas las nuevas órdenes llegaron para los militares: asesinarlas. La orden fue cumplida sin tardanzas no sin antes abusar de ellas. Sus cuerpos quedaron a medio enterrar.
Esta sería la segunda ocasión en que un exmilitar salvadoreño es deportado desde los Estados Unidos a su país de origen para ser procesado judicialmente por su vinculación a los crímenes de lesa humanidad.
En marzo de este año, Carlos Eugenio Vides Casanova, también excoronel de la Guardia Nacional entre 1983 y 1989, también fue deportado de los Estados Unidos también por su participación en los asesinatos de las cuatro religiosas estadounidenses de la orden Mary Knoll, además de masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, Vides Casanova sigue en El Salvador sin ser procesado judicialmente por los cargos imputados en Estados Unidos.
Ambos excoroneles salvadoreños han sido catalogados por la justicia estadounidense “como dos de los rostros más poderosos en El Salvador durante el reino de terror que asesinó a miles de personas inocentes”.
García, incluso, es vinculado al asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y a la masacre de decenas de jóvenes en una zona de Soyapango, torturados por la extinta Policía de Hacienda (1981).
Paradójicamente, ambos ex altos mandos del ejército salvadoreño fueron condecorados por el gobierno norteamericano por su labor en la guerra civil. En el caso de García fue identificado por muchos años como un cercano aliado y Casanova recibió de parte de dicho país la Legión al Mérito.
En diciembre pasado, el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) en los Estados Unidos comunicó que la Junta Migratoria de Apelaciones determinó la orden de deportación al confirmar la participación de García en múltiples asesinatos y masacres, entre éstos la de tres monjas y una misionera laica, todas estadounidenses.
El exministro de defensa, ahora de 81 años, fungió en este cargo desde octubre de 1979 hasta abril de 1983. En 1990 se le concedió asilo político en Estados Unidos, afirmando que temía por su vida si permanecía en El Salvador y había estado viviendo en la ciudad de Florida.
Pero aunque su vida presuntamente estaba en riesgo, García no habría temido por la vida de cientos de campesinos que también lo estaban y que fueron masacrados y asesinados en el caserío el Mozote, municipio de Morazán. Acciones que elementos de la Guardia Nacional habrían cometido bajo su mandato.
Precisamente la Comisión de la Verdad instaurada tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador señaló que el entonces ministro de Defensa tampoco hizo “ningún esfuerzo serio para investigar a fondo la responsabilidad en los asesinatos de las cuatro religiosas estadounidenses asesinadas por miembros de la Guardia Nacional de El Salvador el dos de diciembre de 1980”.
Hace 35 años, las religiosas Ita Ford y Maura Clarke regresaban de Nicaragua y las encargadas de recogerlas en el aeropuerto eran la monja Dorothy Kazel y la misionera laica Jean Donovan. Era una época bélica en El Salvador pero nunca imaginaron que la noche del dos de diciembre de 1980 vivirían en carne propia los horrores de esa guerra que afectó al país durante doce años.
A la salida del aeropuerto las hermanas de la orden Mariknoll, sin una razón aparente, fueron detenidas por miembros de la Guardia Nacional y llevadas a un cantón de Santiago Nonualco, La Paz. Al cabo de unas horas las nuevas órdenes llegaron para los militares: asesinarlas. La orden fue cumplida sin tardanzas no sin antes abusar de ellas. Sus cuerpos quedaron a medio enterrar.
Esta sería la segunda ocasión en que un exmilitar salvadoreño es deportado desde los Estados Unidos a su país de origen para ser procesado judicialmente por su vinculación a los crímenes de lesa humanidad.
En marzo de este año, Carlos Eugenio Vides Casanova, también excoronel de la Guardia Nacional entre 1983 y 1989, también fue deportado de los Estados Unidos también por su participación en los asesinatos de las cuatro religiosas estadounidenses de la orden Mary Knoll, además de masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, Vides Casanova sigue en El Salvador sin ser procesado judicialmente por los cargos imputados en Estados Unidos.
Ambos excoroneles salvadoreños han sido catalogados por la justicia estadounidense “como dos de los rostros más poderosos en El Salvador durante el reino de terror que asesinó a miles de personas inocentes”.
García, incluso, es vinculado al asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y a la masacre de decenas de jóvenes en una zona de Soyapango, torturados por la extinta Policía de Hacienda (1981).
Paradójicamente, ambos ex altos mandos del ejército salvadoreño fueron condecorados por el gobierno norteamericano por su labor en la guerra civil. En el caso de García fue identificado por muchos años como un cercano aliado y Casanova recibió de parte de dicho país la Legión al Mérito.
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