Una sociedad armada hasta los dientes
The Conversation/International Policy Digest
| Traducido del inglés para Rebelión por Carlos Riba García |
En junio, los
asesinatos de Charleston propiciaron una vez más los esporádicos debates
acerca de si la existencia de un control de las armas de fuego habría
evitado esta terrible tragedia. Cuatro meses después, la masacre en el
Instituto Comunal Umpqua de Rosebourg, Oregon, dejó nueve muertos.
Una vez más, como había sucedido después del tiroteo de Charleston, el
presidente Obama habló con franqueza sobre la frustración que le
producía el que “este tipo de violencia indiscriminada no ocurre en
otros países avanzados”.
El 1 de octubre, Obama lo expresó de
esta manera: “Sabemos que otros países, en respuesta a un tiroteo
indiscriminado, han sido capaces de aprobar leyes que prácticamente
acabaron con ese problema. Amigos nuestros, aliados nuestros –Gran
Bretaña, Australia, países como nosotros–, lo hicieron. Por lo tanto,
sabemos que hay formas de prevenirlas [esas matanzas]. Hasta ahora, sin
embargo, Estados Unidos no ha encontrado “la forma de prevenirlas”. Da
la impresión de que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus
siglas en inglés) tiene tanto poder con los políticos que, aunque el 90
por ciento de los estadounidenses (incluyendo a una mayoría de los
miembros de la NRA) después de la matanza en Newton de 2014 quieren que
se adopte la verificación generalizada de antecedentes, no ha habido
ninguna acción federal en este sentido. Ciertamente, el tipo de
respuesta comprensible que ha sido eficaz en otros países es improbable
que surja en Estados Unidos.
No obstante, el dominio ejercido por la NRA en el plano de la legislación contra el crimen es solo una parte del problema.
La fetichista cultura de idolatría por las armas, la supuesta capacidad
mágica y protectora de las armas de fuego y el poder que de ellas emana
al ser empuñadas contra supuestos enemigos –entre ellos el propio
gobierno federal– representan un mensaje que resuena en las personas
atribuladas, desde el asesino de Santa Barbara, que intentaba vengarse
de las mujeres que no habían sido capaces de apreciar se grandeza, al
matador múltiple de Charleston, que se hizo eco del mantra del Tea Party
de “recuperar nuestro país”.
Durante los últimos 25 años he
estado investigando sobre la cuestión de la violencia con armas de fuego
en Estados Unidos y qué podemos hacer para prevenirla. El hecho es que
si el argumento de la NRA acerca de la efectividad de las armas de fuego
en la reducción del crimen fuese verdad, Estados Unidos debería tener
la tasa más baja de homicidios entre los países industrializados [del
mundo] en lugar del más alto (por un amplio margen).
Estados
Unidos es, con mucho, el líder mundial en el número de armas de fuego en
manos de civiles. Las más estrictas leyes sobre las armas de fuego de
otros “países avanzados” han contenido la violencia, los suicidios y los
accidentes con esas armas, incluso cuando en ciertos casos las leyes
fueron aprobadas en contra de grandes manifestaciones de los ciudadanos
partidarios de las armas.
El estado del control de las armas de fuego en Estados Unidos
Dieciocho estados de EE..UU y una cantidad de ciudades como Chicago,
Nueva York y San Francisco han tratado de reducir el uso irrestricto de
armas de fuego y de los accidentes vinculados con su uso mediante la
adopción de leyes que obligan a tener las armas seguramente guardadas
cuando no están en uso. El depósito seguro es una forma normal de
regular las armas de fuego en los países con regulaciones más
estrictas.
Durante años la NRA se ha opuesto con fuerza a ese
tipo de leyes. Pero esa oposición ha recibido un golpe importante a
principios de este diciembre cuando el Tribunal Supremo de Estados
Unidos –con la ruidosa disconformidad de los jueces Thomas y Scalia– se
negó a tratar la ley de San Francisco que obligaba a mantener guardadas
con seguridad las armas de fuego mientras no estuviesen en uso. No hay
la menor duda de que este fue un paso importante dado que cada año se
roban cientos de miles de armas de fuego, y una buena política pública
debe tratar de mantener las pistolas fuera del alcance de los
delincuentes y los niños.
Sin embargo, los discrepantes
estaban alarmados por la posibilidad de que un arma de fuego depositada
en un lugar seguro no estuviese inmediatamente disponible para su uso,
aunque no parecían tener conciencia de lo infrecuente que un arma de
fuego pueda ser de utilidad cuando alguien es atacado.
Los
jueces saben que solo una fracción mínima de las víctimas de crímenes
violentos es capaz de usar un arma de fuego para defenderse. La base de
datos elaborada por el Servicio Nacional de Víctimas del Delito (NCVS,
por sus siglas en inglés) muestra que en el periodo 2007-2011, en el que
cada año hubo alrededor de seis millones de delitos violentos sin
muertos, el 92,2 por ciento de las víctimas de estos delitos no se
defendieron con un arma de fuego; esto es, en un país con 300 millones
de armas de fuego en poder de civiles.
De hecho, un estudio
realizado con 198 casos de intrusión no deseada en viviendas
unifamiliares de Atlanta, Georgia (no solo las nocturnas, cuando los
residentes están durmiendo), halló que el intruso tenía el doble de
posibilidades de hacerse con el revólver de la víctima de que esta
disparara su arma para defenderse.
Un arma de fuego cargada y
sin seguro en el hogar es como un agente de seguridad que no se hace
presente en por lo menos el 95 por ciento de las veces que uno lo
necesita, pero tiene el continuo potencial –sobre todo en el caso de
pistolas y revólveres, que son los que con más facilidad manejan los
niños y los más atractivos para su empleo en el delito– de herir a
alguien de la casa o (vía hurto) del público en general.
Más pistolas no pararán la violencia con pistolas
El mantra que la NRA ha estado diciendo durante años que si los
ciudadanos tienen permiso para llevar pistolas entre sus ropas se
reduciría el crimen, ya que con esas pistolas se combate contra los
criminales o los ahuyentan.
Algunos estudios hechos hace años
incluso pretenden mostrar que las leyes que permiten el llamado derecho a
portar [pistolas o revólveres] hacen justamente eso, pero un informe
–de 2004– del Consejo Nacional de Investigación refuta este argumento
(diciendo que no se apoya en “evidencia científica”), mientras continúa
siendo incierto el verdadero impacto que han tenido las leyes referidas
al derecho a portar armas de fuego.
Diez años de datos
adicionales han permitido realizar nuevas investigaciones para tener una
mejor estimación sobre la cuestión, que tiene su importancia ya que la
NRA está trabajando para conseguir un fallo del Tribunal Supremo que
permitiría que el derecho a portar armas fuera constitucional.
Lo último sobre el tema, fruto del trabajo de mi equipo de
investigación en la Universidad Stanford, aporta la evidencia más
convincente hasta este momento; señala que las leyes sobre el derecho a
portar armas están asociadas con un importante incremento del crimen
violento, sobre todo en relación con el asalto agravado. Si observamos
los datos del Registro del Crimen de Uniformados [del FBI] desde 1979 a
2012, descubrimos que en promedio los 33 estados que en este periodo
aprobaron leyes que permiten portar armas, después de 10 años tuvieron
una tasa de crimen violento entre 4 y 19 por ciento más alta de la que
hubiesen tenido de no haber sido aprobadas esas leyes.
Es muy
difícil que estos datos sirvan para hacer que el derecho a portar armas
se convierta en un derecho constitucional. Al menos queda claro que se
necesita investigar más para estimar con mayor precisión en qué medida
una decisión como esta daría rienda suelta al crimen violento en los
estados que hasta hoy se han resistido a la aprobación –con el respaldo
de la NRA– de leyes para regular el derecho a portar armas.
Mientras tanto, ¿hay algo que pueda hacer que los políticos
estadounidenses escuchen a ese 90 por ciento de la población que se
inclina por la sabia medida de aprobar la averiguación universal de
antecedentes cuando se trata de la compra de armas de fuego?
El control de las armas de fuego en el mundo
Podría hacerse un ejercicio académico para hacer conjeturas sobre si la
ley tendría un rol positivo en la reducción de la cantidad y la
letalidad de los tiroteos indiscriminados.
Aparentemente, en
muchos países avanzados se piensa que sí, ya que a alguien como el
asesino de Charleston se lo ponen mucho más difícil en el caso que se
proponga hacerse con una pistola Glock semiautomática o cualquier otro
tipo de arma de fuego (la averiguación de antecedentes para todos los
posibles compradores es algo normal en las regulaciones para el acceso a
estas armas en el resto de países avanzados).
Alemania:
Cualquier persona menor de 25 años que quiera comprar un arma de fuego
debe someterse a una evaluación psiquiátrica (presumiblemente, Dylan
Roof, de 21 años, no la habría superado).
Finlandia: A
quienes se postulen para obtener una licencia de armas cortas solo se
les concede si pueden acreditar que son miembros activos de un club de
tiradores regulado por la ley. Antes de que puedan adquirir un arma, los
interesados deben aprobar una prueba de aptitud, someterse a una
entrevista con la policía y mostrar que tiene una apropiada unidad de
guarda para el arma.
Italia: Para obtener una licencia
de armas de fuego, se debe alegar una razón genuina pare tener acceso a
ellas y superar una prueba de antecedentes que tenga en cuenta tanto
los registros penales como los de salud mental (una vez más;
presumiblemente, Dylan Roof, no la habría superado).
Francia:
Los aspirantes a tener una licencia de armas de fuego no deben tener
ningún antecedente delictivo, pasar por una entrevista para conocer las
circunstancias que hacen necesaria la compra de este tipo de armas y
evaluar los antecedentes penales, mentales y de salud del aspirante (es
presumible que Dylan Roof, no habría superado esta prueba).
Reino Unido y Japón: Legalmente, los ciudadanos privados tienen prohibida la posesión de pistolas y revólveres.
Si bien tanto los tiroteos indiscriminados como los homicidios y
suicidios con arma de fuego no son desconocidos en estos países, las
tasas generales de Estados Unidos son sustancialmente más altas que en
los países mencionados más arriba.
En tanto es frecuente que
los seguidores de la NRA me cuestionen en relación con estas
estadísticas con el argumento de que esto es así solo porque “los negros
estadounidenses son muy violentos”, es importante destacar que el
número de asesinos blancos en Estados Unidos duplica holgadamente el de
los asesinos en cualquiera de los otros países mencionados.
Australia no ha tenido un tiroteo indiscriminado desde 1996
Vale la pena examinar la historia de Australia, donde hubo 13 matanzas a
tiros en los 18 años que van desde 1979 a 1996, pero ninguno en los
siguientes 19 años.
El punto de inflexión se produjo en 1996,
cuando un hombre que portaba varias armas semiautomáticas mató a 35
personas en Port Arthur, Tasmania. En la estela de la masacre, el
gobierno federal conservador tuvo éxito en la implementación de nuevas y
estrictas leyes para el control de las armas de fuego en todo el país.
Se prohibió una amplia selección de armas, entre ellas la pistola Glock
semiautomática utilizada en la matanza de Charleston. El gobierno
también puso en marcha una operación de compra obligatoria de armas de
fuego en manos de civiles que redujo sustancialmente su posesión en
Australia.
El resultado de estas medidas fue la disminución
tanto de los suicidios como los homicidios por disparo (como también el
número total de suicidios y homicidios). Además, la legislación de 1996
convirtió la defensa propia con armas de fuego en un acto pasible de ser
perseguido penalmente.
Cuando menciono esto para rebatir la
creencia de los seguidores de la NRA, estos insisten alegando que ahora
el crimen debe ser algo desenfrenado en Australia. De hecho, la tasa de
asesinatos en Australia ha descendido a 1 por cada 100.000 habitantes
mientras que la de Estados Unidos –afortunadamente más baja que a
principios de los noventa –está todavía en alrededor de 4,5 por cada
100.000 habitantes, más de cuatro veces por encima de aquella. Aun más,
la tasa de robos de Australia llega más o menos a la mitad de la de
Estados Unidos (58 por cada 100.000 habitantes en Australia, en 2012,
contra 113,1 en Estados Unidos en el mismo año).
¿Cómo hizo
esto Australia? Políticamente, fue necesaria la presencia de un osado
primer ministro que no se amedrentara ante la ira de los australianos
defensores de las armas de fuego.
En 1996, cuando John Howard
anunció su propuesta sobre restricciones relacionadas con las armas de
fuego, llevaba un chaleco antibalas. Un muñeco que representaba al
viceprimer ministro fue ahorcado. Pero Australia no tenía una industria
armamentística nacional que se opusiera a las nuevas medidas; de ese
modo, los deseos del pueblo hicieron valer su peso. Hoy en día, el
respaldo a la seguridad y las restricciones respecto de las armas de
fuego es tan fuerte en Australia que la ciudadanía no toleraría una
vuelta atrás.
Es probable que el hecho de que Australia no
haya tenido un tiroteo indiscriminado desde 1996 se deba a algo más que a
la reducción de esas armas en la sociedad; ciertamente, las armas de
fuego no han desaparecido completamente.
Además, sospecho que
en el lapso que va desde el impacto producido por la matanza de Port
Arthur y la supresión de las armas de fuego el país ha experimentado un
cambio cultural en la vida cotidiana, y las armas de fuego ya no están
disponibles para la defensa propia; sencillamente, están menos presentes
en todo el territorio del país. En otras palabras, las personas
atribuladas por un problema ya no piensan continuamente que un arma de
fuego es el instrumento al que se puede acudir para resolver los
supuestos agravios en la medida que antes lo era, o continúa siendo en
Estados Unidos.
La laxitud en el control de las armas en un país puede crear problemas en otro país
Por supuesto, unas normas estrictas respecto de las armas de fuego no
pueden garantizar que el riesgo de tiroteos o matanzas masivas haya sido
eliminado.
Noruega tiene un estricto control de las armas de
fuego y un fuerte compromiso con los valores humanos. Sin embargo, no
evitó que Anders Breivik abriera fuego indiscriminadamente en un
campamento juvenil en la isla de Utoya en 2011. La limpieza de sus
antecedentes penales y su licencia de caza le habían permitido hacerse
con varios rifles semiautomáticos, pero la ley noruega no le permitió
disponer de cargadores de alta eficiencia para esas armas. En su
manifiesto, Breivik escribió sobre sus intentos legales de compra de
armas de fuego, diciendo, “Envidio a nuestros hermanos estadounidenses;
en comparación con las suyas, las leyes europeas son una mierda”.
De hecho, en el mismo manifiesto, en el apartado “Diciembre y enero:
comprados accesorios para rifle y pistola”, Breivik escribió que lo
había hecho a través de un proveedor de Estados Unidos a quien había
comprado –y quien le había enviado por correo– 10 cargadores de 30 balas
para el rifle que el utilizó en el ataque.
Para decirlo de
otra forma, incluso si un país específico opta por ponérselo difícil a
los potenciales asesinos a la hora de conseguir armas, esos esfuerzos
pueden ser burlados por jurisdicciones ajenas a ellos. Por supuesto, en
Estados Unidos, las medidas destinadas al control de la adquisición de
armas de fuego en el nivel estatal y el municipal es frecuente que sean
recortadas por un control más laxo en estados vecinos.
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