Guatemala
Agencias
La fiscalía
guatemalteca solicitó que se le retire la inmunidad al principal asesor
del presidente electo Jimmy Morales, por estar relacionado a violaciones
a los derechos humanos durante la guerra en el país entre 1960 y 1996.
El
asesor Edgar Justino Ovalle también es el jefe de bancada de los 11
diputados del partido Fuerza de Convergencia Nacional, que llevó a
Morales a la presidencia y uno de los principales fundadores del
partido. El nuevo mandatario asume el 14 de enero.
Según la
fiscalía, Ovalle estaría vinculado a desapariciones forzosas,
violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el marco de la guerra,
especialmente en el destacamento militar ubicado en Cobán Alta Verapaz,
al norte del país, donde estuvo destacado. El retiro de la inmunidad
permitiría que sea investigado.
La Fundación de Antropología
Forense de Guatemala ha logrado recuperar restos de 534 personas que
fueron enterradas en el lugar luego de ser asesinadas por soldados,
entre ellas niños y niñas indígenas de las etnias achí, pocomchí,
queqchí, kiché y ladinos.
La fiscalía confirmó que al menos otros
13 militares fueron detenidos por el mismo caso, entre ellos el general
Benedicto Lucas García, hermano y ex jefe del Estado Mayor del extinto
ex presidente Romeo Lucas García (1978- 1982). "Si maté, maté en
combate, dando frente a mi tropa y no como cobarde ni nada por el
estilo", dijo a periodistas.
Thelma Aldana, Fiscal general y jefa
del Ministerio Público, dijo en conferencia de prensa que "los casos
que hemos documentado, son contra población civil no combatiente, entre
ellos niños", eran una "de las mayores desapariciones forzadas en
América Latina", dijo.
Otros cuatro militares retirados también
fueros apresados por violaciones a los derechos humanos durante la
guerra en el caso específico de desaparición forzosa del niño Marco
Antonio Molina Thiessen.
La mayoría de los detenidos tiene más de
65 años de edad, entre ellos el general retirado Francisco Luis
Gordillo y el general de división Manuel Antonio Callejas Callejas, que
eran integrantes de la cúpula militar en los años 80.
La fiscalía
confirmó que las detenciones son por los delitos de desaparición
forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Ambos delitos según
las leyes de Guatemala conllevan penas máximas de 40 y 30 años
respectivamente.
Tras hacérseles saber el motivo por que fueron
detenidos, una juez ordenó que su reclusión en el cuartel militar
Mariscal Zavala donde funciona una prisión civil de alta seguridad,
preventivamente a la espera de una audiencia programada para el viernes y
definir sus situaciones legales.
Todos los militares detenidos
participaron dentro de la estructura militar y tenían puestos de mando,
durante el tiempo de las masacres en el país. La fiscalía asegura que se
cometieron los hechos bajó su jerarquía militar.
En imágenes
obtenidas por varios medios de comunicación se puede ver a los militares
esposados y arrestados en sus casas, algunos llorando y reclamando que
su trabajo durante la guerra solo fue combatir a las guerrillas
guatemaltecas.
El fiscal Orlando López explicó que las
investigaciones abarcan desde los años 1981 hasta 1988, y que alcanzaría
a los presidentes de entonces, todos militares, pero que en el caso de
Lucas García ya estaba fallecido, y en los casos del ex dictador José
Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Victores, ya un tribunal los ha
declarado incompetentes mentales, por lo que no se iniciarán acciones
en su contra.
Un informe de Naciones Unidas indicó que unas
245.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado
(1960-1996). Señaló que un 97% de las muertes fue responsabilidad del
ejército y grupos paramilitares.
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