Resultados de las privatizaciones en Costa Rica

Alfonso J. Palacios Echeverría

Rebelión

Para nadie es un misterio la forma en que los distintos gobiernos de los últimos treinta años, más o menos, se han dedicado a privatizar ciertas funciones y actividades que anteriormente realizaban organizaciones gubernamentales. En algunos casos realizaron las acciones de privatización en absoluto silencio y desconocimiento de la ciudadanía, en otros amparados bajo el engaño que sufrimos durante el gobierno de Oscar Arias, y que tiene que ver con el Tratado de Libre comercios y las leyes conexas que aprobó posteriormente la Asamblea Legislativa, y finalmente en otros no se logró porque al conocerlo la ciudadanía se lanzó a las calles para impedir el “negociado” que se ocultaba tras la decisión política. La privatización en Costa Rica adquirió modalidades diferentes a como se realizó en otros países, en donde se realizaron auténticas ferias para los mejores postores, a precios de feria, eso sí, de forma descarada y abierta. Y los resultados son conocidos por todos los latinoamericanos. Acá se optó por modalidades más o menos solapadas, pero igualmente efectivas.
Pero antes debo aclara un punto. La privatización de determinadas actividades que anteriormente realizaba el Estado y que no correspondían a la naturaleza de su función, debe ser aceptada como correcta. El problema surgió cuando los políticos y sus socios empresariales descubrieron que detrás de determinadas actividades y funciones se escondían pingues negocios que, si eran manejados con habilidad, rendirían ganancias enormes para los involucrados. Y allí la sed de riquezas y la codicia privaron por encima del interés público.
Entre las modalidades “silenciosas”, que se iniciaron con una constante propaganda en contra del Estado, acusándolo de ineficiente, burocratizado e inepto, a fin de preparar mentalmente a la ciudadanía para que acepte la aniquilación de la organización pública, cosa que se sigue ahora mencionando cuando conviene a algún interesado, se encuentran el debilitamiento de esas organizaciones a fin de que no puedan llevar a cabo sus funciones, ya sea quitándoles recursos o potestades, eliminando personal progresivamente y dejándolas morir lentamente hasta su esperada desaparición. Allí entran modalidades como lo que se ha hecho con la Caja Costarricense del Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Concejo Nacional de la Producción y muchos más.
Lo interesante de este asunto es la responsabilidad política de los hechos. Si se aceptaba la burocratización de la administración pública, en su peor sentido, la salida era el proceso de modernización sistemáticamente implementado, a fin de mejorar su funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones. Pero no, el negocio estaba detrás y resultaba más importante para esa dupla políticos/empresarios que ansiaban “apoderarse” de ciertas actividades indispensables para la ciudadanía y lucrar con ellas.
Un ejemplo perfecto de estas acciones lo constituye el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y para nadie es desconocido que se han realizado toda clase de acciones desde los distintos gobiernos de estos años, para ir restándole vigencia y responsabilidades, a través de la concesión de obra pública, por un lado, y mediante la realización de contratos multimillonarios, como los celebrados para la construcción y mantenimiento de la red vial nacional, así como las instalaciones portuarias, aeroportuarias y otras.
Y la escusa es siempre la misma: que la legislación vigente complica y retrasa enormemente la realización de obras. ¡Esta es la escusa preferida de los funcionarios responsables, incluso en las Municipalidades! Pero no se menciona jamás que las empresas contratadas incumplen los contratos, realizan obras chapuceras (Autopistas del Valle) o abandonan sus responsabilidades contractuales (como el mantenimiento contratado con la empresa Hernán Solís), pero, eso sí, continúan cobrando religiosamente los contratos. Y para peor de males, los políticos en el gobierno, como el actual Ministro de Obras Pública, no solamente miente al justificar el daño ocasionado por el derrumbe de un tramo de la carretera de circunvalación, sino que además premia a la empresa responsable del mantenimiento –que no cumplió a pesar de que se le estaba pagando por ello- con mil quinientos millones de colones para la realización de la reparación de un daño que podría haberse evitado, si la empresa hubiera cumplido con su obligación.
Otro ejemplo emblemático es la Caja Costarricense del Seguro Social, a donde llegaron a dirigirla políticos que venían con la clara instrucción de debilitarla en todos los campos, y traspasar funciones, mediante contratos, a empresarios privados de la salud. Recordemos lo de los aceleradores lineales y otros casos. Y se creó la crisis por la cual todavía atraviesa, a pesar de los esfuerzos realizados por la presión de la ciudadanía.
Pero el daño no está solamente allí, sino también en la utilización de las organizaciones autónomas como la CCSS para “colocar” allí decenas de miles de correligionarios políticos, en puestos burocráticos, aumentando la planilla inútilmente y restándole fondos para el remozamiento de instalaciones y equipos.
Para aquellos que aún no lo han entendido, debemos recordarles que la defensa de la sanidad pública de Costa Rica es en contra de intereses económicos de grupos empresariales que lo que pretenden es, bajo la utilización de eufemismos tales como la “externalización de la gestión de servicios públicos”, buscan su propio lucro desde el intento de conversión de un bien público en un negocio privado. Esto es una estafa, un engaño, uno más de los políticos neoliberales que han estado en el poder desde hace ya bastantes años, del que ya no nos extrañamos. Es la política del "todo vale", sobre todo si hay un enriquecimiento personal y de los correspondientes "amigos". Es la estafa que se nos está intentando vender con la privatización progresiva de la CCSS, y que atenta contra nuestros derechos fundamentales.
Como mencioné en un artículo anterior, quiero repetir ciertas ideas. Según como demuestran absolutamente todas las encuestas de opinión hechas en otros países, desde hace muchos años, la percepción pública respecto a las mal llamadas privatizaciones (luz, telefonía, agua, seguridad social) y los contratos de concesión administrativa (autopistas, puertos, aeropuertos, etc., etc.) es que todos han sido actos turbios y repudiables, nacidos del engaño, marcados por la arbitrariedad rampante, totalmente faltos de transparencia, indeleblemente manchados de corrupción y además absolutamente injustificados y contraproducentes.
Se privatizaron empresas rentables, pretextando eficiencia. Hoy, donde se realizaron privatizaciones masivas, se tienen servicios muchísimos más caros e ineficientes, pasto de las arbitrariedades de monopolios y oligopolios privados, que abusan a sus anchas, con la connivencia del Estado. Porque para colmo, las entidades gubernamentales que deberían luchar por derechos ciudadanos son meras oficinas inútiles, pintadas en la pared o copartícipes (por acción u omisión) del abuso del cual resultamos víctimas todos.
Las conclusiones de todas investigaciones llevadas a cabo en aquellos países (como Perú, por ejemplo) revelan la impúdica e ilícita transferencia de recursos del Estado a favor de personas naturales y jurídi­cas del sector privado, valiéndose de variados procedimientos vedados, tanto en las operaciones de transferencia como en la disposición arbitraria de fondos provenientes de la cooperación internacional, así como irregularidades en el otorgamiento de liberaciones y normas de excepción, donaciones y demás. Se determinó que hubo fuga, dispendio, mal uso o apropiación ilícita, sólo como consecuencia de las irregulares operaciones privatizadoras que no respondieron a un plan de desarrollo nacional. En efecto, siguen señalando las investigaciones, la venta de las más importantes y rentables empresas del Esta­do fue efectuada de la manera más sospechosa, irresponsable, vertiginosa y sin control de ningún tipo. De igual forma, que los contratos de concesión de obra pública estuvieron llenos de actos corruptos, latrocinio descarado y contratos leoninos.
Pues bien, en esta Costa Rica que no avanza, sino que camina hacia atrás, la fiebre de las privatizaciones y concesiones se está incrementando, pero los políticos y los medios de comunicación no dicen nada, porque allí está “el negocio”. La experiencia de las tres reformas latinoamericanas de los sistemas de salud pública, por ejemplo, que han seguido la orientación neoliberal indica que es una política equivocada, que puede fácilmente incrementar la inequidad, aumentar costos, y dificultar la implementación de políticas sanitarias nacionales. En países de bajos y medianos ingresos, por tener recursos más limitados, es aún más importante ser cautelosos al decidir las funciones y programas que deberían protegerse de forma especial frente a la voracidad neoliberal que aún recorre el continente.
Lo más terrible y diríamos hasta criminal lo constituye el no traslado de fondos, a los que obliga la ley, a organizaciones dedicadas a programas sociales, como el Patronato Nacional de la Infancia, al que se le deben mil doscientos millones de colones, como nos hemos enterado recientemente, por ausencia de giro de los fondos que le corresponden. Y aquello de la “red de cuido” no resultó una ocurrencia más de este gobierno inútil y corrupto, cuando en silencio dejaba morir a una organización dedicada legalmente a una de las funciones más claras: el cuidado de la niñez en peligro social o abandono.
Sobre la concesión de obra pública los ejemplos sobran. Lo único que funciona es el Aeropuerto Juan Santamaría con la nueva empresa norteamericana, todo lo demás resultó una soberana porquería. Hospitales mal construidos, carreteras chapuceras y con errores de construcción evidentes, como la de San José a Caldera. Y el colmo de los colmos, que gracias al levantamiento popular se detuvo, resultó la ampliación (¿maquillaje?) de la carreta a San Ramón. Aunque todavía está de por medio el pago gracioso de cuarenta millones de dólares a la empresa, basándose en un contrato de nulidad absoluta, que desea realizar este gobierno a la empresa concesionaria, porque de seguro allí están las comisiones que les pagarían a los políticos involucrados en el negociado.
La conclusión es simple. Existen ciertas funciones del Estado que no pueden “privatizarse” ni “concesionarse”, y el límite es de índole política. Cuando se traspasa la frontera de lo aceptable para cada país, la sospecha de corrupción es grande y muy probablemente comprobable. Lo que si entra dentro de esta categoría, debe llevar un control estatal sumamente rígido, porque está hartamente demostrado que es la empresa privada la más corrupta de todas las organizaciones y que además es corruptora de funcionarios públicos. Y finalmente, que la mediocridad mental y profesional de quienes nos han gobernado en los últimos decenios, pero que encontraron en las corrientes neoliberales un asidero idóneo para enriquecerse a costa del erario público, es lo que ha llevado a este país al desastre en que nos encontramos.
Por ello, es válido preguntarle a los candidatos presidenciales y sus equipos de campaña, cuando dentro de poco entraremos a plena justa electoral, cuáles son sus criterios sobre estos temas. Los ciudadanos tenemos la obligación y el derecho de conocer sus criterios, para no volver a caer en el engaño a que hemos estado sometidos en los últimos decenios. Ya no es el momento de tragarnos las ruedas de molino de esta mafia neoliberal que nos ha gobernado, por nuestra estupidez, desde hace tantos años. Es el momento de la conciencia, de la movilización social, de la organización ciudadana, en contra de la corrupción prevaleciente, pues de otra forma los niveles de pobreza se incrementarán exponencialmente.

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