¿Qué esconde la guerra económica contra el proceso bolivariano?

Merentes a contravía de Chávez

Carlos Carcione, Stalin Pérez, Juan García, Gonzalo Gómez, Zuleika Matamoros, Alexander Marín. Milit

Marea Socialista

Introducción
El Ministro de Finanzas, Nelson Merentes, anunció el 17 de septiembre, en una entrevista exclusiva para Globovisión, que en pocas semanas más se instalará un nuevo sistema de otorgamiento de divisas complementario a los dos ya existentes.
Asimilándose a los argumentos que construyen los economistas liberales, funcionales al gran capital local y al capital financiero, el Gobierno se prepara para completar la entrega de dólares que exigen los empresarios como parte de los acuerdos que vienen negociando durante los últimos 5 meses con el ministro. Negociación a la que el Gobierno nacional apuesta equivocadamente y sin resultados positivos a la vista.
Mientras tanto, la inflación, la especulación, la usura descarada en los precios y el desabastecimiento y acaparamiento en productos esenciales como alimentos o medicinas de uso imprescindible, hacen parte del escenario montado por el capital, denunciado por el Gobierno, pero tolerado por la alta burocracia estatal para presionar hacia esa salida.
Al mismo tiempo agregan una cuota extraordinaria de mal humor en el pueblo bolivariano que vive con irritación y preocupación la incapacidad del Gobierno del presidente Maduro para resolver esos problemas.
No hay que engañarse, lo que hoy vivimos, sin la presencia física del comandante Chávez, es un nuevo capítulo en la disputa feroz por la distribución de la renta petrolera. Y la vemos en el marco de una situación de ataque global contra las conquistas sociales que construyó el proceso bolivariano. Atravesamos una coyuntura donde se están diseñando y desplegando profundas contrarreformas al modelo chavista. Un tramo en el camino, al final del cual, según algunos economistas, nos esperan los brazos del FMI.
El comandante Chávez dedicó una parte fundamental de la renta a resolver las necesidades básicas de la población y otra parte esencial al objetivo de orientar las inversiones del Estado en función de un plan estratégico de desarrollo. Merentes y con él, el Gobierno, por el contrario, están cediendo a la presión de la vieja oligarquía y la nueva burguesía roja. En esta guerra económica el que va perdiendo es el pueblo bolivariano que vive de su trabajo y que ve con indignación como se le evaporan sus salarios y sus ingresos familiares. Es necesario poner en pie la disposición de lucha que este pueblo mostró en los momentos críticos del proceso para cambiar este rumbo que nos lleva a perder la revolución.
I. El otorgamiento de dólares para “la importación” es la manera como la oligarquía se apropia de la renta petrolera.
Cuando la Revolución Bolivariana, que venía del triunfo sobre el golpe de Estado de abril de 2002 aplasta el paro sabotaje y derrota a la llamada “meritocracia” petrolera, es que puede empezar a construir la política social y la propuesta de plan de desarrollo de la nación.
Dos medidas fundamentales de política económica soberana son las que hacen posible poner en pie, en un breve periodo de tiempo, la recuperación económica del país, que perdió en esos más de 60 días de sabotaje criminal, 30 millardos de dólares. Esas medidas fueron: 1) El control por parte del Estado, para el financiamiento de sus políticas, de la mayoría de los recursos obtenidos por la petrolera estatal que antes eran manejados discrecionalmente por la “meritocracia”. Y, 2) El control de cambios para que fuese el Estado, a través del monopolio del manejo de la divisa internacional, el que orientara la inversión y el gasto de los recursos obtenidos por la renta petrolera y evitar la fuga de capitales.
Algunos números ayudarán a comprender lo que decimos más arriba: En el año 2000, PDVSA facturó por exportaciones 50.000 millones de dólares, entregándole al Estado venezolano apenas un 20% de esa facturación, es decir, 10.000 millones. Mientras que el restante 80% era manejado por la “gente de petróleo” para gastos operativos y giros al capital internacional petrolero (Shell, Exxon Móvil y otros). En cambio, en el año 2012 sobre una facturación cercana a los 100.000 millones de dólares por parte de PDVSA, el estado venezolano recibió casi el 60% de ese total, algo más de 57.000 millones, mientras que los gastos operativos estuvieron apenas por encima de los 30.000 millones, entretanto más de 10.000 millones fueron de superávit.
Es decir que, lo que recibe el Estado por ingresos petroleros se multiplicó por 3 en términos absolutos en apenas 12 años.
Por otra parte, para entender el efecto que tuvo entonces el control de cambios es necesario recordar lo siguiente: Durante los meses del golpe y el sabotaje, la oligarquía fugó del país 28.500 millones de dólares a los que hay que sumarles los 30.000 millones que se perdieron por la falta de producción durante el paro patronal y el sabotaje (sumados representan una cifra superior a la facturación anual de PDVSA para la época). La aplicación del control de cambios frenó la fuga de capitales por un tiempo y permitió orientar la utilización de los dólares para poner en pie el abastecimiento de la población, son los tiempos del lanzamiento de Mercal y también de las primeras misiones en educación y salud... Misiones que en su momento tuvieron un gran impacto social y que hoy habría que diagnosticarlas para su relanzamiento bajo control social porque lamentablemente están casi paralizadas.
Son asimismo los inicios de la planificación y comienzo de construcción de las grandes obras de infraestructura imprescindibles para cumplir con un verdadero plan de la nación como por ejemplo, el ferrocarril del centro y las nuevas represas, aguas abajo del Guri (todo esto financiado con autonomía y en ejercicio de la soberanía nacional, sin recurrir ni al FMI ni al Banco Mundial).
Más allá de la deformación y corrupción al que ha llegado el actual control de cambios y que obligan a la revisión de su funcionamiento, y al castigo ejemplar de los altos funcionarios que lo han corrompido junto a sus cómplices privados, es un hecho que ese mecanismo en sí mismo se mostró altamente eficiente para recuperar al país del enorme desastre económico y social provocado por el sabotaje petrolero. Esta eficiencia parte del control de nuestro recurso principal como nunca antes había sucedido, acompañada del control cambiario.
Hoy el plan de la oligarquía local y el capital financiero es la misma: la de apropiarse de la mayor parte posible de la Renta Petrolera, esa es la base material de la guerra económica que estamos viviendo.
Una vez perdido el control directo sobre PDVSA, la ofensiva sobre el sistema de otorgamiento de divisas es la forma que tiene esa oligarquía parasita e improductiva, para apropiarse de una cuota mayor de la renta. Es decir: de los dólares a través de los cuales esa renta puede funcionar como instrumento de acumulación de capital o como atesoramiento de las ganancias usurarias de los empresarios y banqueros.
Detrás de las negociaciones entre el Gobierno y la oligarquía llevadas adelante por Merentes, la actual crisis refleja una ofensiva por el acceso a los dólares en los que se hace cuantificable la Renta. Lo que estamos viendo en realidad es una ofensiva abierta de la oligarquía en aparente alianza con sectores de la burocracia del Estado, por el control y la apropiación de la Renta. Ofensiva a la que está cediendo el Gobierno en la mesa de negociaciones.
II. Un sistema diseñado para la acumulación ilegitima de capital
El sistema que está avalando el Gobierno y que el ministro Merentes presenta como transparente es, en realidad, la máscara de un mecanismo de acumulación de capital y atesoramiento, de características mafiosas.
Podrá ser legal, si cómo se anuncia: la Asamblea Nacional lo aprueba. Pero será irremediablemente ilegítimo y sujeto a justo desconocimiento por el pueblo bolivariano movilizado, porque rompe con el legado de Chávez en el terreno económico.
El sector privado de la economía, sea del color que sea, amarillo, blanco o rojo rojito, ha acumulado enormes cantidades de dólares gracias a un proceso de conchupancia, complicidad o en sociedad directa con la burocracia del estado y los sectores que manejan el sistema de control de cambios. Y en menor medida debido a mecanismos legales, pero de uso especulativo, como la posesión de papeles de deuda soberana del Estado o de PDVSA.
Veamos cómo se traduce esto en números: Según datos citados por varios economistas y que de acuerdo a lo que constatamos se pueden encontrar en la página web del Banco Central de Venezuela, para finales 2012, de los 291. 866 millones de dólares que Venezuela tenía en activos en el exterior, la mayoría de ellos: 160.279 millones, corresponden al sector privado, la mayor parte de los cuales se encuentran en cuentas bancarias, es decir son de disponibilidad inmediata.
De este total, solo 60.000 millones, alrededor de un tercio, corresponden a papeles de la deuda soberana del Estado o de PDVSA, emitidos por el proceso bolivariano, es decir que son inversiones supuestamente “legales”. El resto, los otros dos tercios, son producto de dos mecanismos ilegales o lo que es lo mismo, de crímenes contra el Estado. 1) Una parte es producto de la sobrefacturación de importaciones. 2) La otra es a partir de la manipulación en los precios de papeles financieros que se negocian en las Bolsas de Comercio. O directamente del robo descarado sin armas y a cara descubierta como el producido en el SITME.
Pero el remedio que propone Merentes es peor que esta enfermedad. Y no es que lo digamos nosotros, sino que ya fue probado antes con resultados catastróficos para la economía del país.
El nuevo sistema que propone el ministro es similar al que fue cerrado en el año 2010 por el comandante Chávez luego de la crisis bancaria de finales de 2009. La más importante crisis por la que atravesó el sector en estos 15 años de proceso bolivariano. Es bueno recordar que en esa crisis bancaria, en la cual fueron intervenidos y cerrados 11 bancos, el sistema del llamado "dólar permuta" operado por casas de bolsa y bancos funcionó como un partícipe necesario de la estafa bancaría al ser la vía principal por la que se fugaron cerca de 30.000 millones de dólares. Lo que se lograría con este nuevo instrumento es la legalización de la fuga de capitales.
III. ¿Cuántos dólares hacen falta para la importación?
Con el chantaje de la falta de dólares, el sector privado de la economía nacional provoca desabastecimiento, inflación y usura en los precios. Al mismo tiempo exige la entrega de más dólares para aumentar la importación de bienes y servicios para el consumo.
Sin embargo, el núcleo central (la falta de dólares) de esta ecuación es falso y por lo tanto es falsa toda la ecuación. Y también es falso el argumento de que por eso no se puede importar lo que hace falta para satisfacer las necesidades populares.
Si tomamos los indicadores de Banco Central de Venezuela y declaraciones coincidentes que aparecen en la prensa nacional, es interesante el desenvolvimiento del año 2012, año en el que prácticamente no hubo desabastecimiento y en el que la inflación bajó considerablemente, al tiempo que la economía tuvo un nivel de crecimiento importante cercano al 5%.
El total de dólares entregados para las importaciones de bienes y servicios (sin seguros ni fletes) de ese año fue, según el Banco Central de Venezuela, de alrededor de 59.339 millones. De ellos, el sector privado recibió, 36.167 millones. Pero lo interesante es que reconocidas voces oficiales como la de la expresidenta del Banco Central de Venezuela Edme Betancourt afirmó en reiteradas oportunidades a la prensa, mientras estaba en su cargo y sin ser desmentida por nadie, que de ese total recibido por el sector privado, al menos 20.000 millones fueron otorgados a empresas maletín (privadas) que no importaron ningún bien ni servicio, es decir un robo descarado.
Sin entra a debatir, en este texto, el comportamiento corrupto sobre esas asignaciones de divisas y los delitos por los que no hay ningún funcionario ni empresario preso, lo interesante en este punto es resaltar que: de los 36.000 millones de dólares otorgados para importación al sector privado, las necesidades de importación de mercancías gestionadas por este sector se cubrieron en realidad con apenas 16.000 millones.
Más interesante es todavía revisar los datos del Banco Central de Venezuela sobre los dos primeros trimestres de este 2013 donde el desabastecimiento, la especulación y la usura están haciendo estragos en los ingresos y en la vida de los que viven únicamente de su trabajo. Entonces veremos que en los 6 meses sobre los que el Banco Central dispone de datos públicos se llevan entregados un total de 27.519 millones de dólares de los cuales 15.001 millones han sido entregados al sector privado. Esto, solo considerando bienes, sin tener en cuenta la importación de servicios ni los pagos por fletes y seguros.
Es decir que, en la actualidad, para los dos primeros trimestres de 2013, el comportamiento de entrega de divisas es similar, en volumen, al del año 2012. Año en el que no hubo desabastecimiento y en el que la inflación bajó y donde se robaron un 40% de los dólares asignados por el SITME. De acuerdo a estos datos se podría afirmar que con lo ya entregado en los dos primeros trimestres de este año, se están cumpliendo casi todas las expectativas anuales de dólares que el sector privado realmente utilizó para importar en el año 2012.
Queda claro que no es la falta de dólares lo que provoca el desabastecimiento ni la inflación, es una ofensiva de los sectores del privilegio para apropiarse de la renta petrolera.
IV. La burocracia estatal cómplice del desabastecimiento, la especulación y la usura
Pero el sector privado por sí solo no podría imponer el clima especulativo y de usura que se vive en el país. Necesaria es, en este caso, la colaboración o directamente complicidad de la burocracia que está al frente de los principales puestos de decisión en el Estado. Y esto es así porque el Estado tiene las herramientas legales y la fuerza política para aplicar las normas y regulaciones existentes para frenar esta estafa.
1. Inflación y usura en los precios.
El no cumplimiento de los precios regulados en muchos productos de la cesta básica es el resultado de la falta de control de las instituciones que les corresponde la tarea. Carne, pollo y la mayoría de los productos alimenticios importados no respetan las regulaciones de los precios de venta al público. Es un hecho que la carne que debería encontrarse a 29 bs. el kilogramo no se consigue por menos de 120 bs. Y no se produce ninguna sanción a los responsables de las importaciones ni a los que comercializan.
Pero esto no ocurre solo con los precios de los alimentos, sucede en todos los órdenes. Empresarios que importan bienes con dólares otorgados por el estado a 6,30 bs. o que los reciben en las subastas del SICAD a 11 o 13 bs. calculan sus precios como si hubieran comprado las mercancías al precio del dólar paralelo. Por eso los precios se quintuplican en algunos casos, creando una verdadera estafa cuando llegan al consumidor. Sobre esta fijación de precios antojadiza tampoco hay ningún control ni mucho menos sanciones ejemplares.
En tercer lugar se ha instalado un mecanismo especulativo por el cual semana a semana se provoca un aumento en los precios sin que tengan ninguna relación con un cambio en la situación económica o política del país.
2. Desabastecimiento y acaparamiento.
La desaparición de los productos en los anaqueles de los mercados corresponde más a maniobras especulativas que ha falta real de los productos. Es notable que el acaparamiento por parte de los privados, pero también las trabas administrativas para algunos sectores estatales, impuestas por la autoridad rectora del sector, provoquen un desabastecimiento ficticio. El caso de la Estatal Industrias Diana es un ejemplo de lo que decimos: Pudo saberse gracias a una lucha obrera que los galpones de la empresa estaban repletos de productos, mientras que el ministerio del sector negaba las guías para su distribución y se estaba frente a la inminente paralización de la producción por falta de espacio para almacenaje. Por otra parte un mecanismo de desinversión hacia la empresa estatal que produce papel toilette, impide que esta pueda producir a su capacidad total lo que cubriría el 60% del mercado. La reciente decisión del presidente Maduro de Intervenir la empresa Manpa será un avance si se pone bajo control social, para resolver el abastecimiento en este sector, junto con la demorada inversión en la empresa estatal.
3. La fuga de divisas, la acumulación mafiosa de capital y el dólar paralelo.
Sin la conchupancia de los encargados del otorgamiento y seguimiento de las divisas, que no controlan los precios facturados por los productos importados y que no hacen un seguimiento posterior de lo realmente ingresado por importaciones, se evitarían dos fenómenos criminales: a) La sobrefacturación de las importaciones y b) Las maniobras por las cuales se le otorgan dólares a empresas de maletín que no importan ni bienes ni servicios. El ejemplo de los 20.000 millones de dólares perdidos en este caso por el SITME en el año 2012. Estás son maniobras mafiosas que solo pueden realizarse, toleradas o apañadas por altos funcionarios o en complicidad con ellos.
El incremento del dólar paralelo, por su parte, tiene que ser comprendido en el marco de las ganancias exorbitantes generadas por los precios de usura.
La ganancia descomunal, a nivel de estafa, que generan esos precios hace que los empresarios busquen salir del exceso de bolívares que obtienen por los precios de usura que fijan arbitrariamente y se dirijan a atesorar esa ganancia criminal en un bien más seguro y disponible en cualquier momento y en cualquier lugar como es el dólar billete: esa es la presión real que existe sobre el dólar paralelo.
Las razones del salto en relación al año pasado de todo este comportamiento especulativo y criminal empresarial y de conchupancia burocrática se deben buscar en la debilidad política extrema en la que se encuentra el proceso luego del fallecimiento del comandante Chávez. Pero sobre todo en el rumbo de conciliación con la oligarquía elegido por el Gobierno para superar su debilidad electoral de origen.
Así se permiten precios de usura con la ilusión de que se encuentren los productos. Pero como todo chantajista sin códigos, los empresarios, sean los tradicionales o los rojo rojitos, siempre quieren más. Por esa “debilidad política” del Gobierno, estos sectores han creído que les llegó el momento de ir por los dólares de la Renta Petrolera.
Esa es la razón de fondo del sistema de cambio que ha surgido como resultado de cinco meses de reuniones entre las cámaras empresarias y bancarias con el ministro Merentes. Y no se sentirán conformes con el nuevo “Dólar Permuta”, ellos tienen como objetivo la recuperación del control de PDVSA. En esa misma dirección cobra sentido la campaña que vienen desarrollando desde hace años de que la empresa está quebrada.
V. Cambio de rumbo para volver a legado de Chávez
De aplicarse las medidas anunciadas por Merentes estaríamos perdiendo una de las principales conquistas de la revolución que conmocionó al país y a Latinoamérica durante el año 2002 y parte del 2003, cuando derrotamos al golpe de abril y al paro sabotaje. Y se profundizaría un proceso de contrarreformas camino a una vuelta rápida a los planes neoliberales.
Estaríamos entregando en la mesas de negociaciones una de las armas fundamentales para decidir una política económica relativamente independiente. Y atacando en el terreno económico una de las claves centrales del legado de Chávez: El manejo soberano de la renta petrolera y la utilización y orientación de los dólares en la que ella se expresa.
El criterio básico para un cambio de rumbo y la vuelta al legado de Chávez en materia económica, es pensar la economía en primer lugar al servicio de los más humildes, de los desposeídos, de los explotados. Y, en segundo lugar, para continuar el plan de desarrollo de la nación, que se expresa a través de los planes plurianuales Simón Bolívar, el último, el que corresponde al período 2013 – 2019, que el pueblo ratificó de manera contundente el 7 de octubre de 2012, conocido como Programa de la Patria. Y que es el que prometió aplicar el presidente Maduro.
Buscar en negociaciones con los grupos del poder económico que actúan en el país la fuerza política que el Gobierno no obtuvo en las elecciones de abril pasado, es un error fatal. Porque lo que está surgiendo de esas negociaciones es un plan para desmontar lo avanzado en los 14 años de Chávez. Y, aplicado como está ocurriendo por el Gobierno para “consolidarse”, es además de una ingenuidad suicida.
Estamos atravesando una situación similar a la del paro sabotaje, en el sentido estricto de que se ha desatado una ofensiva feroz por el control de la Renta Petrolera. Para oponerle una fuerza lo suficientemente disuasiva a la ofensiva de la oligarquía, tenga el color que tenga, es necesario desatar la energía revolucionaria del pueblo bolivariano civil y militar.
La reacción del presidente Maduro advirtiendo que podría intervenir y expropiar las grandes distribuidoras que acaparan los productos de primera necesidad y la intervención de Manpa, puede ser, de cumplirse a cabalidad, un primer paso hacia un giro que rompa con la actual política de conciliación. El pueblo bolivariano movilizado debe exigir que el presidente no se quede en este paso inicial.
VI. Algunas propuestas para la emergencia
Nuestro punto de vista para hacer estas propuestas está en el marco de frenar la ofensiva contra la Revolución Bolivariana que está desplegando la oligarquía y el capital financiero y los sectores burocráticos cómplices.
No lo vemos como un simple problema de coyuntura económica. Estas propuestas las presentamos para el debate del pueblo bolivariano civil y militar y de los movimientos sociales que pueden impulsar una verdadera lucha para salvar la Revolución. Y las hacemos desde nuestra ubicación como parte del pueblo chavista, bolivariano y revolucionario.
1. Quebrar el espinazo al desabastecimiento y la especulación.
Desde el agravamiento de la salud del presidente Chávez y sobre todo después de su fallecimiento, estamos presenciando una ofensiva cruel de la oligarquía que está usando como arma principal el desabastecimiento, la especulación y la usura en los precios con el objetivo de vaciar de apoyo político al proceso bolivariano y al Gobierno electo por pedido de Chávez. Para derrotar esta ofensiva son necesarias medidas radicales, entre las que proponemos:
a) Lanzar al pueblo bolivariano, civil y militar con sus organizaciones sociales y políticas a la búsqueda de los locales de acaparamiento. 
b) Decomisar todos los bienes acaparados y distribuirlos inmediatamente al pueblo por los mismos comités populares que los decomisen.
c) Emplazar al Gobierno nacional que expropie sin ningún tipo de pago a los acaparadores y los encarcele con la simple prueba de la flagrancia y ponga bajo control de trabajadores y comunidad los establecimientos expropiados.
2. Recuperar el ingreso familiar del pueblo bolivariano al nivel previo a la devaluación de febrero.
La devaluación del 8 de febrero fue el primer paso de esta guerra económica contra el pueblo bolivariano. Desde entonces se desató una espiral de aumento usurario de precios que hizo desaparecer el poder adquisitivo del salario y de otros ingresos familiares del pueblo más humilde como las pensiones, las ayudas sociales, etcétera. Al mismo tiempo se ha producido la parálisis de las misiones sociales que podrían mitigar el desabastecimiento como Mercal, Pdval y otras. Para atacar este problema proponemos:
a) Una política de recomposición general de salarios, pensiones, subsidios y ayudas sociales que permita recuperar a los niveles previos a la devaluación de febrero el poder adquisitivo de las familias trabajadoras que han sido golpeadas por la especulación y la usura de los precios.
b) Despliegue de Mercales, Pdvales, Abastos Bicentenarios y otros mercados populares a nivel nacional y en cada ciudad del país, controlando su funcionamiento por el pueblo bolivariano con sus organizaciones: Consejos Comunales, movimientos sociales, sindicatos, consejos de trabajadores que trabajen confraternizados con destacamentos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
c) Obligación de etiquetar el precio de costo de producción o importación y el precio de venta al público de todos los productos no regulados. Expropiación sin pago de los establecimientos que no cumplan esta medida, poniendo estos establecimientos en manos de sus trabajadores y comunidades circundantes.
d) Distribución de todos los medicamentos de uso imprescindible o para tratamientos prolongados por parte de la Red Farma Patria, y de la red de farmacias de los centros públicos de salud (medicamentos para la diabetes, el asma, cáncer, enfermedades virales, así como vacunas y otros).
3. Recuperar el control total de la renta petrolera.
La actual guerra económica contra el pueblo bolivariano es la expresión particular de la ofensiva oligárquica por apropiarse de la renta petrolera de todos los venezolanos, expresada en los dólares que PDVSA suministra al Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Esta lucha particular se expresa en el otorgamiento de esos dólares para operaciones de importación. La recuperación y defensa de la renta que pertenece al pueblo venezolano es la defensa, cuidado y control absoluto de esas divisas. Por lo tanto proponemos:
a) Suspensión inmediata de todas la licencias para operar como importadores a las empresas privadas que recibieron dólares del SITME, hasta que demuestren que no sobrefacturaron y no estafaron al pueblo bolivariano. Incautar las cuentas bancarias locales y pedido internacional de bloqueo de las cuentas internacionales para constatar que la procedencia de esos fondos es legal.
b) Destitución y juzgamiento de todos los altos funcionarios del Estado responsables directos o políticos en el otorgamiento de dólares a empresas de maletín. Ellos deben demostrar que no participaron de ilícitos.
c) Todas las operaciones de comercio internacional deben quedar provisionalmente en manos del Estado y su realización debe ser pública a través de los mecanismos apropiados, prensa, páginas web, etcétera para garantizar el control social de esas operaciones.
d) Creación de un órgano de poder revolucionario contra la especulación y la usura y poner al frente de él a un equipo elegido entre las organizaciones sociales y al frente de ese equipo a un funcionario con plenos poderes y que cuente con la aprobación popular. Lo que significa: que sea elegido por voto directo y universal del pueblo venezolano y este sujeto a revocación inmediata de no cumplir sus funciones.
4. Iniciar ahora el debate sobre el modelo productivo y la aplicación del Plan de la Patria.
Somos conscientes que la actual dependencia de la economía venezolana de renta petrolera impide un desarrollo plenamente soberano e independiente del país. La utilización del privilegio de la Renta impone como obligación a una revolución como la nuestra, el diseño de un modelo productivo nuevo, que desarrolle las potencialidades del pueblo bolivariano.
Son muchos los temas y los mecanismos que debemos discutir y solo podremos hacerlo en proceso constituyente. Es decir con la participación directa y democrática del pueblo bolivariano y sus organizaciones.
Desde la situación en la agricultura y el diseño de un plan que garantice que gran parte de los alimentos que consumimos los venezolanos los produzcamos los venezolanos. Hasta el plan de infraestructura necesario para el desarrollo del país. Las industrias a las que debemos incentivar y como impulsar las formas de propiedad que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los límites a la propiedad privada pero sobre todo, los sectores, la función y los mecanismos de controles de la propiedad social y la propiedad estatal.
Debemos incluir también el debate sobre: un nuevo sistema financiero, un nuevo tipo de relacionamiento en divisas con el mercado mundial, el comercio internacional, la política de incentivos a la producción y un sistema tributario que elimine las desigualdades que provoca, por ejemplo, el abuso del IVA.
No podemos dejar para un momento mejor este debate. Este es el momento de desarrollarlo movilizándonos como si estuviéramos en una nueva batalla de Santa Inés. Porque nuestro pueblo, como todos los pueblos agredidos por el capital, tienen que saber por qué luchan sus batallas. Sin delimitar y diseñar claramente el objetivo de esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana, no conseguiremos moralizar a nuestro pueblo para vencer en la guerra económica actual.
Llamamos a las organizaciones sociales y políticas revolucionarias, a la organización militar de nuestro pueblo: la FANB y a todas los movimientos que han hecho posible hasta ahora la Revolución Bolivariana a impulsar juntos esta lucha.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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