Guatemala
Cuadratura del círculo
En términos matemáticos, consiste en hallar —con sólo regla y compás- un cuadrado que posea un área igual a la de un círculo dado. Es un problema irresoluble, que sólo se puede calcular por el método de repeticiones sucesivas.
En sentido figurado, un problema muy difícil o imposible de resolver.
En lenguaje político guatemalteco, explicar lo inexplicable (las actuaciones de las empresas transnacionales), defender lo indefendible (los asesinatos y la violencia contra organizaciones por parte de estas empresas), legalizar lo ilegal o injusto (las arbitrariedades y hechos de fuerza), ilegalizar lo legítimo (la voluntad de los pueblos). Es decir, la cuadratura del círculo.
Primera parte. De los discursos a los hechos
El 3 de septiembre de 2013, el Presidente Otto Pérez Molina llega a Santa Cruz Barillas a intentar reconducir un problema que, poco tiempo antes, él mismo había declarado (u ordenado, en la lógica ejecutiva militar de este gobierno) como “resuelto” (Madrid, 14 de febrero de 2013). Tal vez por esto la arrogancia del Presidente, su desesperación y pérdida de control en el balcón del Palacio Municipal (http://www.youtube.com/watch?v=z6U5yjZ32JQ, video elaborado por organizaciones sociales).
Ni el Presidente ni los tres Ministros de Estado que lo acompañan logran explicar las contradicciones entre el discurso de la empresa española Hidro Santa Cruz y sus hechos; entre lo que dicen ser y lo que hacen; entre lo que prometen y lo que construyen: o destruyen en términos de cohesión y convivencia social y democrática.
Ni el Presidente, ni los Ministros, ni mucho menos Hidro Santa Cruz, logran justificar las diferencias entre intereses económicos y prácticas violentas de las empresas, con los intereses y las formas de organización y toma de decisiones de la población.
Democracia con violencia
Los mensajes oficiales de Hidro Santa Cruz y sus dueños españoles (Ecoener e Hidralia, de los hermanos Castro Valdivia) reiteran conceptos como democracia, paz, consenso, desarrollo:
“Somos una empresa de diálogo, de paz, de consenso y de respeto a los pueblos de Guatemala. Lo que queremos es desarrollo para Barillas y para nosotros” afirma el 18 de diciembre de 2012 Luis Castro Valdivia. “Hemos venido a Barillas con ánimo de contribuir a su progreso y desarrollo. Pedimos diálogo, pedimos paz, pedimos libertad y que las cosas se dialoguen y se hablen. No a la violencia. Todos podemos tener nuestra opinión, la que se quiera, pero todos tenemos que sujetarnos a la ley y a la paz. Nuestro deseo es paz, libertad y concordia con Barillas, de este proyecto nos beneficiaremos todos” (Luis Castro, noviembre de 2011).
En la práctica, el desarrollo enunciado se contradice con la tensión comunitaria y el miedo existente desde el inicio del proyecto hidroeléctrico.
El consenso se anula con la violencia, la persecución (intimidaciones y amenazas por parte de la empresa) y la judicialización de la oposición: más de 20 órdenes de captura vigentes, presos políticos, detenciones injustas y “ arbitrarias a partir de figuras delictivas desproporcionadas” (Informe 2012, Oficina Alta Comisionada Naciones Unidas para Guatemala) a las que –extraoficialmente- no es ajena Hidro Santa Cruz y sus conexiones con redes políticas y de abogados.
La democracia se construye, para Hidro Santa Cruz, sobre las cenizas de la autonomía municipal y de la posibilidad de decisión de organizaciones sociales, autoridades tradicionales y consejos de desarrollo, que son atacados y perseguidos cuando no aceptan la permanencia de la empresa.
Legalidad, picardía y mentiras
¿Qué piensa Otto Pérez Molina cuando, el tres de septiembre en Santa Cruz Barillas, habla de cumplimiento estricto de la ley? ¿O no piensa nada, sino que se limita a ordenar, en la lógica ejecutivo militar de este gobierno?
Si otros no lo hacen como deberían, pensemos nosotros: la legalidad reclamada por Otto Pérez Molina a la salida de la Municipalidad contrasta con actuaciones carentes de transparencia y/o abiertamente ilegales por parte de Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz, respaldadas o aceptadas por el Estado de Guatemala.
Oficialmente, Hidro Santa Cruz está en ley (declaraciones, entre otros, de Luis Castro, noviembre de 2011; senador español Dionisio García Carnero en Huehuetenango, 23 de enero de 2013; Otto Pérez Molina en Madrid, febrero de 2013). En el terreno, la empresa contraviene la ley o se burla de la misma, especialmente –aunque no exclusivamente- en estos puntos:
1.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz realiza trabajos de construcción sin contar con licencia municipal (o con la denegación explícita de la misma): el 12 de abril de 2011 la Municipalidad de Barillas niega de forma unánime la licencia de construcción, a pesar de lo cual Hidro Santa Cruz construye, entre otros, el edificio de dos niveles en el interior de sus instalaciones. Este incumplimiento desconoce la autonomía municipal.
2.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz niega el derecho a la consulta previa, lo que incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
3.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz margina a las autoridades comunitarias y las organizaciones sociales, al tiempo que designa como interlocutores (y fortalece, incluso económicamente) a organizaciones y entidades favorables a su proyecto: la asociación de microrregiones y los Consejos de Desarrollo de Segundo Nivel).
4.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz se oculta a través de la constitución de una “maraña” de sociedades, tanto en España como en Guatemala. Esta maraña disfraza el entramado de intereses interconectados y las alianzas económicas y políticas de los dueños de Hidro Santa Cruz, así como tiende a garantizar la impunidad.
5.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz se implanta y desarrolla a partir del uso de la fuerza: contrata una empresa de seguridad (que en algunos momentos cuenta, según testimonios de la población, con más de 60 trabajadores); nombra a ex militares como encargados de la relación con las comunidades (el caso del capitán Juan Roberto Garrido); se alía con actores violentos a nivel local (red de poder de López Villatoro) y nacional (gobierno de Otto Pérez Molina); utiliza la violencia física como forma de intimidación a los opositores.
El asesinato de Andrés Francisco Miguel o las tres negaciones de Hidro Santa Cruz
El asesinato de Andrés Francisco Miguel y los atentados contra Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé (heridos de bala), el primero de mayo de 2012, se inscriben en este contexto de violencia planificada y consciente, de carácter estructural. Son la consecuencia (lamentable pero) natural de una política de implantación inconsulta y violenta: de la decisión tomada por la empresa y el gobierno de Guatemala de que la hidroeléctrica se construya y vaya “adelante, pase lo que pase” (Castro Valdivia, 18 de noviembre de 2011).
Tras el asesinato (realizado por dos trabajadores de la empresa, uno de ellos el Jefe de Seguridad) Hidro Santa Cruz intenta de forma inverosímil deslindar su responsabilidad: hasta en tres ocasiones, de forma oficial y por escrito, declaraciones oficiales de la transnacional afirman que los acusados no son ni fueron empleados suyos. Las tres negaciones sacrifican a los acusados en aras de controlar daños y salvar la imagen corporativa, aunque no limitan su responsabilidad como autores intelectuales (hasta el momento, la investigación y acusación del Ministerio Público se ha detenido en las responsabilidades materiales).
El cuadro siguiente compara declaraciones oficiales, que forman parte de las argumentaciones planteadas por el Ministerio Público en el proceso penal, con las declaraciones de Hidro Santa Cruz sobre los asesinatos.
Fuente: elaboración propia.
La agenda pro empresas del ejecutivo
El ejercicio de la violencia, el irrespeto a la opinión y liderazgos comunitarios, el engaño, la imposición, generan en Barillas “ el descontento y la ingobernabilidad” , como reconoce un informe de acceso restringido del Ministerio de Energía y Minas (el cual, complementariamente, valida la consulta popular de junio de 2007 y la oposición a Hidro Santa Cruz, fundamentada en la defensa de su territorio y sus recursos naturales, ver www.eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com ).
Sin embargo, el gobierno prefiere ignorar este informe y las críticas comunitarias, asumiendo de forma irrestricta el discurso de la empresa, en un marco de agendas e intereses compartidos entre ejecutivo e Hidro Santa Cruz (en general, entre transnacionales y gobierno guatemalteco) al menos en los siguientes puntos:
Empresas y gobierno entienden el desarrollo como promoción de industrias extractivas y generación de energía para estas industrias, sin tener en cuenta la opinión de las comunidades y los derechos de la naturaleza.
Las empresas transnacionales se conciben (y el gobierno lo acepta sin condiciones), como el actor político determinante, por encima de instituciones democráticas y poderes comunitarios.
Las empresas consideran que el papel principal del gobierno y el Estado es facilitar (de manera legal o a partir del uso de la fuerza) la inversión extranjera. El Estado acepta este papel subsidiario y renuncia a la defensa y promoción de los derechos colectivos.
Las comunidades y organizaciones sociales que rechazan esta visión de desarrollo, el dominio político de las empresas y la subordinación a ellas del gobierno, son consideradas enemigo interno y atacadas.
En Barillas y el resto del país, el gobierno de Guatemala confía su supervivencia política a las inversiones extranjeras, y las empresas encuentran en el ejecutivo el aliado necesario para su proyecto de acumulación agresivo y violento.
Este es el marco en el que Otto Pérez Molina llega a Barillas el 3 de septiembre de 2013, a intentar reconducir un problema que poco tiempo antes, 14 de febrero, él mismo había declarado (u ordenado, en la lógica ejecutiva militar de este gobierno) como “resuelto”.
Blog del autor: http://www.
En términos matemáticos, consiste en hallar —con sólo regla y compás- un cuadrado que posea un área igual a la de un círculo dado. Es un problema irresoluble, que sólo se puede calcular por el método de repeticiones sucesivas.
En sentido figurado, un problema muy difícil o imposible de resolver.
En lenguaje político guatemalteco, explicar lo inexplicable (las actuaciones de las empresas transnacionales), defender lo indefendible (los asesinatos y la violencia contra organizaciones por parte de estas empresas), legalizar lo ilegal o injusto (las arbitrariedades y hechos de fuerza), ilegalizar lo legítimo (la voluntad de los pueblos). Es decir, la cuadratura del círculo.
Primera parte. De los discursos a los hechos
El 3 de septiembre de 2013, el Presidente Otto Pérez Molina llega a Santa Cruz Barillas a intentar reconducir un problema que, poco tiempo antes, él mismo había declarado (u ordenado, en la lógica ejecutiva militar de este gobierno) como “resuelto” (Madrid, 14 de febrero de 2013). Tal vez por esto la arrogancia del Presidente, su desesperación y pérdida de control en el balcón del Palacio Municipal (http://www.youtube.com/watch?v=z6U5yjZ32JQ, video elaborado por organizaciones sociales).
Ni el Presidente ni los tres Ministros de Estado que lo acompañan logran explicar las contradicciones entre el discurso de la empresa española Hidro Santa Cruz y sus hechos; entre lo que dicen ser y lo que hacen; entre lo que prometen y lo que construyen: o destruyen en términos de cohesión y convivencia social y democrática.
Ni el Presidente, ni los Ministros, ni mucho menos Hidro Santa Cruz, logran justificar las diferencias entre intereses económicos y prácticas violentas de las empresas, con los intereses y las formas de organización y toma de decisiones de la población.
Democracia con violencia
Los mensajes oficiales de Hidro Santa Cruz y sus dueños españoles (Ecoener e Hidralia, de los hermanos Castro Valdivia) reiteran conceptos como democracia, paz, consenso, desarrollo:
“Somos una empresa de diálogo, de paz, de consenso y de respeto a los pueblos de Guatemala. Lo que queremos es desarrollo para Barillas y para nosotros” afirma el 18 de diciembre de 2012 Luis Castro Valdivia. “Hemos venido a Barillas con ánimo de contribuir a su progreso y desarrollo. Pedimos diálogo, pedimos paz, pedimos libertad y que las cosas se dialoguen y se hablen. No a la violencia. Todos podemos tener nuestra opinión, la que se quiera, pero todos tenemos que sujetarnos a la ley y a la paz. Nuestro deseo es paz, libertad y concordia con Barillas, de este proyecto nos beneficiaremos todos” (Luis Castro, noviembre de 2011).
En la práctica, el desarrollo enunciado se contradice con la tensión comunitaria y el miedo existente desde el inicio del proyecto hidroeléctrico.
El consenso se anula con la violencia, la persecución (intimidaciones y amenazas por parte de la empresa) y la judicialización de la oposición: más de 20 órdenes de captura vigentes, presos políticos, detenciones injustas y “ arbitrarias a partir de figuras delictivas desproporcionadas” (Informe 2012, Oficina Alta Comisionada Naciones Unidas para Guatemala) a las que –extraoficialmente- no es ajena Hidro Santa Cruz y sus conexiones con redes políticas y de abogados.
La democracia se construye, para Hidro Santa Cruz, sobre las cenizas de la autonomía municipal y de la posibilidad de decisión de organizaciones sociales, autoridades tradicionales y consejos de desarrollo, que son atacados y perseguidos cuando no aceptan la permanencia de la empresa.
Legalidad, picardía y mentiras
¿Qué piensa Otto Pérez Molina cuando, el tres de septiembre en Santa Cruz Barillas, habla de cumplimiento estricto de la ley? ¿O no piensa nada, sino que se limita a ordenar, en la lógica ejecutivo militar de este gobierno?
Si otros no lo hacen como deberían, pensemos nosotros: la legalidad reclamada por Otto Pérez Molina a la salida de la Municipalidad contrasta con actuaciones carentes de transparencia y/o abiertamente ilegales por parte de Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz, respaldadas o aceptadas por el Estado de Guatemala.
Oficialmente, Hidro Santa Cruz está en ley (declaraciones, entre otros, de Luis Castro, noviembre de 2011; senador español Dionisio García Carnero en Huehuetenango, 23 de enero de 2013; Otto Pérez Molina en Madrid, febrero de 2013). En el terreno, la empresa contraviene la ley o se burla de la misma, especialmente –aunque no exclusivamente- en estos puntos:
1.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz realiza trabajos de construcción sin contar con licencia municipal (o con la denegación explícita de la misma): el 12 de abril de 2011 la Municipalidad de Barillas niega de forma unánime la licencia de construcción, a pesar de lo cual Hidro Santa Cruz construye, entre otros, el edificio de dos niveles en el interior de sus instalaciones. Este incumplimiento desconoce la autonomía municipal.
2.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz niega el derecho a la consulta previa, lo que incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
3.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz margina a las autoridades comunitarias y las organizaciones sociales, al tiempo que designa como interlocutores (y fortalece, incluso económicamente) a organizaciones y entidades favorables a su proyecto: la asociación de microrregiones y los Consejos de Desarrollo de Segundo Nivel).
4.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz se oculta a través de la constitución de una “maraña” de sociedades, tanto en España como en Guatemala. Esta maraña disfraza el entramado de intereses interconectados y las alianzas económicas y políticas de los dueños de Hidro Santa Cruz, así como tiende a garantizar la impunidad.
5.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz se implanta y desarrolla a partir del uso de la fuerza: contrata una empresa de seguridad (que en algunos momentos cuenta, según testimonios de la población, con más de 60 trabajadores); nombra a ex militares como encargados de la relación con las comunidades (el caso del capitán Juan Roberto Garrido); se alía con actores violentos a nivel local (red de poder de López Villatoro) y nacional (gobierno de Otto Pérez Molina); utiliza la violencia física como forma de intimidación a los opositores.
El asesinato de Andrés Francisco Miguel o las tres negaciones de Hidro Santa Cruz
El asesinato de Andrés Francisco Miguel y los atentados contra Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé (heridos de bala), el primero de mayo de 2012, se inscriben en este contexto de violencia planificada y consciente, de carácter estructural. Son la consecuencia (lamentable pero) natural de una política de implantación inconsulta y violenta: de la decisión tomada por la empresa y el gobierno de Guatemala de que la hidroeléctrica se construya y vaya “adelante, pase lo que pase” (Castro Valdivia, 18 de noviembre de 2011).
Tras el asesinato (realizado por dos trabajadores de la empresa, uno de ellos el Jefe de Seguridad) Hidro Santa Cruz intenta de forma inverosímil deslindar su responsabilidad: hasta en tres ocasiones, de forma oficial y por escrito, declaraciones oficiales de la transnacional afirman que los acusados no son ni fueron empleados suyos. Las tres negaciones sacrifican a los acusados en aras de controlar daños y salvar la imagen corporativa, aunque no limitan su responsabilidad como autores intelectuales (hasta el momento, la investigación y acusación del Ministerio Público se ha detenido en las responsabilidades materiales).
El cuadro siguiente compara declaraciones oficiales, que forman parte de las argumentaciones planteadas por el Ministerio Público en el proceso penal, con las declaraciones de Hidro Santa Cruz sobre los asesinatos.
| Ministerio Público y Autoridades de Gobierno | Ecoener-Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz |
|
El acta de inspección del lugar elaborada por el Ministerio Publico MP
211-2012-728 del 28 de marzo del año dos mil doce, da cuenta del viaje
de inspección realizado por miembros de esta instancia, acompañados por
el Jefe de Seguridad de la Empresa Hidro Santa Cruz, Ricardo García
López. Fuente: Ministerio Público. |
Hidro Santa Cruz, S.A., desmiente categóricamente que las personas
capturadas o detenidas por la muerte del señor Andrés Francisco Miguel
sean empleados de esta empresa. Este extremo es perfectamente conocido
por las autoridades que están llevando a cabo esta investigación. Fuente: Comunicado Hidro Santa Cruz, 26 de mayo de 2012. |
| Otto Pérez Molina: “La investigación nos dice que los (asesinos) fueron subcontratados por la empresa”. Fuente: El periódico, 28 de mayo de 2012. | Es falso que alguna persona relacionada o vinculada con Hidro Santa Cruz, S.A., participara en ese hecho de violencia. Es rotundamente falso que las personas detenidas por la muerte del señor Andrés Francisco Miguel sean (o hayan sido en el pasado) empleados de Hidro Santa Cruz, S.A. Hidro Santa Cruz, S.A., carece de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, mediata o inmediata con relación a la muerte del señor Andrés Francisco Miguel. Fuente: Informe interno de Hidro Santa Cruz, junio de 2012. |
|
La fiscalía de Quetzaltenango estableció que el sindicado del asesinato
de Andrés Francisco Miguel fue contratado por un trabajador de Hidro
Santa Cruz. El informe balístico del arma utilizada para el asesinato comprobó que estaba asignada al agente de seguridad de la hidroeléctrica, Ricardo García. Fuente: El periódico, 31 de mayo de 2012 y Audiencia en Torre de Tribunales. | “ As dúas personas detidas non son, nin foron nunca, empregados nosos”. “ Las dos personas detenidas no son ni fueron nunca, empleados de Hidro Santa Cruz.” Fuente: Fernando Rodríguez Alonso, Apoderado de la Empresa, en comunicación enviada desde su correo electrónico, fralfonso2@yahoo.es a coordinadoradeloitas@gmail.com , con fecha 16 de junio de 2012. |
La agenda pro empresas del ejecutivo
El ejercicio de la violencia, el irrespeto a la opinión y liderazgos comunitarios, el engaño, la imposición, generan en Barillas “ el descontento y la ingobernabilidad” , como reconoce un informe de acceso restringido del Ministerio de Energía y Minas (el cual, complementariamente, valida la consulta popular de junio de 2007 y la oposición a Hidro Santa Cruz, fundamentada en la defensa de su territorio y sus recursos naturales, ver www.eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com ).
Sin embargo, el gobierno prefiere ignorar este informe y las críticas comunitarias, asumiendo de forma irrestricta el discurso de la empresa, en un marco de agendas e intereses compartidos entre ejecutivo e Hidro Santa Cruz (en general, entre transnacionales y gobierno guatemalteco) al menos en los siguientes puntos:
Empresas y gobierno entienden el desarrollo como promoción de industrias extractivas y generación de energía para estas industrias, sin tener en cuenta la opinión de las comunidades y los derechos de la naturaleza.
Las empresas transnacionales se conciben (y el gobierno lo acepta sin condiciones), como el actor político determinante, por encima de instituciones democráticas y poderes comunitarios.
Las empresas consideran que el papel principal del gobierno y el Estado es facilitar (de manera legal o a partir del uso de la fuerza) la inversión extranjera. El Estado acepta este papel subsidiario y renuncia a la defensa y promoción de los derechos colectivos.
Las comunidades y organizaciones sociales que rechazan esta visión de desarrollo, el dominio político de las empresas y la subordinación a ellas del gobierno, son consideradas enemigo interno y atacadas.
En Barillas y el resto del país, el gobierno de Guatemala confía su supervivencia política a las inversiones extranjeras, y las empresas encuentran en el ejecutivo el aliado necesario para su proyecto de acumulación agresivo y violento.
Este es el marco en el que Otto Pérez Molina llega a Barillas el 3 de septiembre de 2013, a intentar reconducir un problema que poco tiempo antes, 14 de febrero, él mismo había declarado (u ordenado, en la lógica ejecutiva militar de este gobierno) como “resuelto”.
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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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