Un llamado a la defensa de la soberanía energética
La política petrolera ha sido desde principios
del siglo XX un tema fundamental de la historia del desarrollo
nacional. Tanto por sus implicancias estratégicas para el impulso
industrial, que sólo se logra sobre la base de una robusta base
energética; como para la soberanía nacional, ya que se trata de un
recurso escaso, limitado y por el cual las grandes potencias lanzan
guerras e invaden países; también lo es en relación a la distribución de
la riqueza entre los distintos sectores sociales, por la puja constante
en torno al reparto de la renta; y por último, por las implicancias
ambientales que ha cobrado en las últimas décadas, producto de la
urgente necesidad de abrir caminos alternativos en la búsqueda de
energías renovables y limpias.
En estos cuatro puntos fundamentales, el
acuerdo con la norteamericana Chevron tiene implicancias regresivas para
el país. El acuerdo está enfocado en la explotación de la técnica del
fracking, lo que significa la adopción por parte de Argentina de la
tecnología y la forma de explotación que quieren las grandes
corporaciones petroleras norteamericanas. Se inscribe incluso dentro de
la política geoestratégica norteamericana de promover este método en el
mundo de la mano de sus empresas. Se mencionan las fuertes presiones del
Departamento de Estado cuando Argentina negociaba con empresas chinas.
Las corporaciones norteamericanas han impedido por todos los medios,
incluso mediante el chantaje y el soborno, el impulso a nuevas
tecnologías y energías limpias en todo el mundo, imponiendo la cultura
de la energía fósil como si fuera inevitable y natural. Obligaron al
gobierno norteamericano a rechazar el acuerdo de Kioto sobre reducción
de emisiones de carbono, o la tecnología del auto eléctrico, o
impusieron, mediante un fuerte lobby en el congreso norteamericano, la
enmienda Hulliburton que permitió la utilización de químicos
contaminantes en la explotación por el método de fractura hidráulica,
que ha contaminado a poblaciones enteras en EEUU y por el que se ha
declarado una moratoria en la utilización de este peligroso método en
muchos Estados. Por lo tanto, el acuerdo orienta a YPF por el camino que
pretende Chevron, dejando de lado la inversión para la explotación de
petróleo convencional, por ejemplo las plataformas marítimas, y para la
diversificación de las energías alternativas.
Al concentrarse en el
fracking sabemos desde hoy que YPF se desentiende de invertir en una
nueva matriz energética, de las consecuencias ambientales y humanas de
su aplicación y de la pesada carga que Chevron lleva tras de sí en su
deuda ambiental con los pueblos amazónicos del Ecuador.
Además,
las rentas sobre la exportación son apropiadas por la empresa, que
sumada a la libre disposición de las divisas, bloquea la soberanía sobre
la mitad de la producción, fomenta la fuga de capitales (el mismo
gobierno acepta que en 8 años se recupera la inversión con lo que luego
de ese período la fuga de divisas tenderá a profundizarse) y, al no
cobrar retenciones sobre una poción de la exportación, bloquea la
distribución de la renta para capitalizarla en la industria o
distribuirla hacia el trabajo impulsando el consumo.
Se
dice que este es el costo inevitable para recuperar la soberanía
energética pues YPF no tiene el dinero suficiente para realizar las
inversiones. Este argumento contradice todo lo dicho por la empresa y el
gobierno en 2012, pues el plan preveía que un 68% de la financiación se
realizaría con las propias utilidades y flujos de caja de la empresa,
el 20% sería mediante financiación nacional, y sólo el 12% provisto por
socios internacionales [1]. Incluso si fuera inevitable la toma de créditos internacionales, éstos
podrían hacerse con bajos intereses, respaldado por el stock del
carburante, y permitiría que toda la ganancia quedara en manos del
estado nacional.
Y sobre todo se podía avanzar por la vía de la
integración energética latinoamericana con países de amplia experiencia y
socios más fiables como Bolivia, Venezuela y Ecuador. Con la Chevron se
abandona cualquier intento de avanzar seriamente por el camino de esta
integración. La lógica de que los países del sur no tienen dinero
suficiente para invertir por sí mismos es muchas veces un mito más
conveniente para la situación de 1930 y 1940 que para el mundo
globalizado de hoy con liquidez internacional creciente y
sobreproducción.
Otro argumento
es el de la incorporación de la nueva tecnología. Pero YPF ya explota
esta técnica y extrae con ella diez mil barriles diarios y en todo caso,
si se necesitara multiplicar la explotación, podría contratar dicha
gestión y tecnología, en vez de entregar a cambio de ella el 50% de la
explotación. La única razón de peso es el tiempo, pues con Chevron el
flujo de divisas, que podría compensar la decreciente balanza comercial,
se haría de manera inmediata, pero este razonamiento cortoplacista
atenta contra la solución estratégica de los problemas. También en este
aspecto es preferible, como se dijo, tomar crédito a bajo interés.
Vaca
Muerta, se insiste, colocaría a la Argentina en una posición de
exportador con renovada fuerza. Pero lo que debe discutirse es si ese es
el rol que pretendemos para nuestro país, o más bien, queremos
utilizarlo para las necesidades internas y guardarlo para las
generaciones futuras, mientras se encara una transición planificada
hacia nuevas energías renovables.
A
pesar de que aún no se conocen los términos del contrato, trascendió
que los tribunales arbitrales sobre diferendos del acuerdo serán
extranjeros, específicamente norteamericanos y franceses, lo que lesiona
la soberanía política y económica nacional, dejando al país a merced de
fueros imperiales tal como se denunció en el tema de la deuda con los
fondos buitres. Ahora, se insiste en repetir de manera contumaz la
película del CIADI.
¿Qué otras
sorpresas encontraremos en el contrato? Podemos prever que muchas, pues a
diferencia de las grandes presentaciones y puestas en escena del año
pasado con motivo de la nacionalización parcial de Repsol, o la
importante apertura al debate sobre la ley de medios, esta vez el Poder
Ejecutivo ha decidido primero avanzar en un nuevo marco regulatorio
mediante decreto y no por ley, y en segundo lugar no dio a conocer los
términos del acuerdo con la empresa. Los secretos de palacio nunca han
llevado buenas noticias a las grandes mayorías.
Mientras
se defendió la nacionalización parcial de YPF el año pasado, los
argumentos a favor de la explotación nacional de los hidrocarburos
brotaban por doquier, y se expresaron en la consigna de una empresa
“100% nacional”. Ahora, Argentina parece impotente para realizar lo que
viene haciendo desde décadas, la explotación del subsuelo para extraer
petróleo. El año pasado, se podía conseguir recursos, ahora es
imposible. Antes con nuestros técnicos y nuestra voluntad podíamos
retomar el camino del autoabastecimiento, ahora no nos queda otra que
depender de acuerdos leoninos con la más sucia y contaminante de las
empresas.
No se trata de rechazar
cualquier tipo de asociación para la explotación de un recurso, lo que
está en discusión es si este acuerdo es favorable al país y si no se
debía abrir el más amplio y democrático debate sobre el futuro de la
política energética. En este debate también debe discutirse el ahorro de
energía. Por caso, toda la inversión del primer año de Chevron, 1240
millones de dólares, equivale al monto que el país gastó en la compra de
gas natural licuado en 2013 hasta el mes de mayo. ¿Estamos dispuestos
al ahorro de recursos y a eliminar los subsidios a las clases medias
altas para crear un fondo de fomento y desarrollo de la energía?
Cuando
el gobierno nacional expropió las acciones de Repsol y se hizo con el
control de la compañía apoyamos la medida.
Era lo que veníamos
reclamando desde hacía mucho tiempo. Pero también dijimos que lo
hacíamos no porque estuviéramos conformes con la totalidad de las
medidas adoptadas sino porque era un paso que permitía abrir el debate
sobre la política petrolera. Lo apoyamos con severas críticas. En primer
lugar al balance de la política petrolera desde el 2003, pues si es
cierto que la privatización corrió por cuenta del menemismo, el
kirchnerismo le dio continuidad e incluso, al pretender “argentinizarla”
con el grupo Petersen, terminó por acelerar su desinversión y
vaciamiento que devino en la dramática necesidad de importar cada vez
más gas y otros combustibles. En segundo lugar, porque dejaba intactas
las normativas sobre inversiones extranjeras de la época de la dictadura
militar y de desregulación petrolera del menemismo.
En su momento
dijimos que: “Sobre el trasfondo del 51% de las acciones hay que avanzar
de manera sistemática sobre la totalidad de la empresa para que pase a
ser propiedad del Estado, con control social y de los trabajadores y
avanzar hacia una política que contemple al 70% restante del mercado
energético, hoy repartido entre un puñado de transnacionales como Total,
Exxon, Chevron, Panamerican Energy o Petrobrás (la imagen misma del
ejemplo para el gobierno de Cristina), que se están beneficiando, hoy en
día y a cada minuto que pasa, del mismo régimen de dividendos,
sobreexplotación y desinversión que Repsol” [2]. Y abrimos el interrogante sobre si en base a la renacionalización
parcial se avanzaría por el camino de la soberanía nacional o se le
entregaría para su explotación a otras corporaciones. Tenemos que decir
que estamos más cerca de esta última opción que del “100% nacional”.
Ahora,
queremos llamar a la reflexión a todos aquellos militantes o
simpatizantes del gobierno que se han entusiasmado con aquella
convocatoria de 2012 a la recuperación de YPF y que llevaban orgullosos
escarapelas celestes y blancas en sus pechos. Hay que hacer como Arturo
Jauretche y como John William Cooke, que le dijeron no incluso a Perón,
y rechazaron en el Congreso la propuesta de asociación con la
antecesora de Chevron, la Standard Oil. Hay que seguir por el camino de
las convicciones. No importa del partido que sea ni las opiniones del
pasado, hace falta demostrarle a la derecha reaccionaria que se frota
las manos con este triunfo ideológico de que “no hay alternativa” a la
Chevron, que sí la hay, que una política energética de la mano de
nuestros hermanos latinoamericanos, de las inversiones del estado, de
los técnicos e ingenieros de nuestro país, que diversifique y desarrolle
energías renovables es posible. La derecha, por supuesto, hace
demagogia con el peligro ambiental y las concesiones a la Chevron, pero
lo hace explotando el punto ciego de la política neodesarrollista
oficial, aquella que siempre deposita en manos de las grandes
corporaciones, sean ellas Monsanto, Barrick Gold o Chevron, el destino
del desarrollo nacional.
En la hora actual, kirchneristas o no
kirchneristas, es necesario mostrar el más amplio y macizo frente común
en defensa de la soberanía energética y de la soberanía nacional.
Reclamar una asamblea constituyente de la energía y la producción, para
discutir democráticamente entre todos el destino que queremos darle a
nuestro subsuelo, así como a los minerales y demás riquezas de nuestra
tierra. Es necesario profundizar el debate entre todos los sectores que
se reclaman nacionales y populares para exigir una revisión completa del
decreto y de los acuerdos firmados y demostrar la viabilidad de
política petrolera en un sentido latinoamericano, basado en la
integración con Venezuela y otros países del ALBA y en la defensa del
ambiente y las generaciones futuras.
Notas:
[1] Por qué no es conveniente ni imprescindible el contrato YPF-Chevron, Enrique Mario Martinez, 19-07-13, en línea: http://www.propuestasviables.
[2] YPF y la política petrolera. Un giro grande, pequeño, mediano. Jorge Orovitz Sanmartino, 03-05-2012. En línea: http://elavisperodigital.com.
Jorge Orovitz Sanmartino. Sociólogo, docente UBA, integrante de Economistas de Izquierda (EDI) y de la Junta Comunal N° 7, CABA.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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