Perú
Hace
doce meses, hablando de lo que el Perú esperaba en el marco de las
Fiestas Patrias, mostrábamos fundada expectativa en los cambios que se
avizoraban. Pese a los contrastes que ya entonces se registraban en el
proceso político, cabía aún un margen de esperanza en el plano de las
reformas y en la lucha por el progreso y el desarrollo. Hoy, bien puede
decirse que el país espera su aniversario, enredado en un sorprendente
laberinto.
Objetivamente, la incertidumbre crece y la confusión se impone al tiempo que se multiplican los indicadores de caos, violencia y desgobierno en unos casos motivados por la profundidad de la crisis nacional y en otros por la inopia de un gobierno que crecientemente se aleja de las expectativas ciudadanas y los requerimientos nacionales.
Hay que admitir, sin embargo, que también hay otros elementos sorprendentes puestos en la mesa de los peruanos. Cuando Cecilia Valenzuela, y su Canal Willax, se suman jubilosos a algunas movilizaciones populares en contra del gobierno y responsabiliza a Humala de todos los desaciertos cotidianos; cuando Aldo M. bate palmas aplaudiendo a rabiar los comentarios del Director del diario progresista “La Primera”; cuando la Tele cita a Mauricio Mulder y otros líderes del APRA para hablar de “la repartija”; y núcleos de estudiantes y trabajadores se ven atraídos por la prédica de quienes hasta ayer nomás simbolizaban la corrupción y el entreguismo; y cuando Keiko Fujimori encabeza en solitario las encuestas de opinión para los próximos comicios nacionales del 2016, bien puede decirse que hay factores extraños en la mesa del país.
Varias vertientes han generado este clima sorprendente y confuso. Iniciativas del gobierno para aprobar disposiciones legales sin tomar en cuenta el punto de vista de la gente, como la ley del Servicio Militar, o su paralela la del Servicio Civil; o disposiciones aprobadas contra minorías excluidas, como la comunidad Gay y otras; unidas a un peligroso viraje en materia de político exterior que se expresa en el acercamiento a los países del Pacífico en detrimento de los procesos sociales liberadores de América Latina y en el afán de aproximarse a Washington anudando con la Casa Blanca lazos de sometimiento y dependencia en materia política y militar; nos dibujan un sombrío panorama que no tiene por qué alegrar a los peruanos.
Porque esa realidad se pinta de cuerpo entero al cumplirse exactamente dos años de gestión gubernativa del Presidente Humala, es que se ahondan los motivos de preocupación, que se hacen más patentes cuando se lanza el desenfreno policial contra los jóvenes que salen a la calle para expresar su legítimo rechazo a las formas y procedimientos usados en la elección de las instancias de Poder: el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Directorio del Banco Central de Reserva.
En una circunstancia como ésta es que debemos preguntarnos cómo y por qué se está llegando a una situación tan extraña en la que fuerzas avanzadas reciben el aplauso de sus adversarios de clase.
En otro tiempo, y también en otro escenario, Augusto Bébel, uno de los más extraordinarios parlamentarios socialistas de su tiempo, solía restregarse la barba cuando sentía en torno suyo, muestras de afecto interesado por parte de adversarios conocidos, y poderosos.
Con la modestia de quien está seguro de no ser propietario de la verdad, el viejo ideólogo alemán se preguntaba cuán poco justo era lo que estaba diciendo, para merecer el aplauso de los enemigos de su causa. Pero el viejo Bébel, en el Perú de hoy, no tiene muchos seguidores. Y algunos que podrían preciarse de serlo, no resisten la tentación episódica de arrancar un aplauso fácil o un elogio inopinado, venga de quien viniere.
Es claro que el proyecto de Ley Universitaria tendrá que discutirse más. Y que los más interesados en asegurar que responda a justas expectativas, son los jóvenes. Por eso ellos y sus “vanguardias”, tienen el deber de entregar propuestas razonables y maduras orientadas a elevar el nivel académico y científico de las Universidades, y a calificar mejor el rol de la juventud peruana en la lucha por la liberación nacional y social.
Algo similar -con sus variantes- puede decirse en torno a la cuestionada ley de reforma del Servicio Público. Si bien es cierto que todos necesitan en las entidades del Estado un trato más eficiente y apropiado; también es cierto que los empleados públicos -que en el pasado vivieron regímenes oprobiosos e injustos- están en el deber de defender con honor sus puestos de trabajo y actuar en provecho del país y no sólo de ellos mismos.
Se dice que en política no hay “situaciones sin salida”.Y es verdad. Sólo que no todas las salidas tienen el mismo signo no todas están pintadas con los mismos colores. Hay que buscar, entonces, salidas adecuadas que permitan avanzar; y no ensuciar la huella favoreciendo los sucios planes de nuestros enemigos que son, por eso mismo, enemigos del país y de su pueblo.
Se ha llegado a la aguda confrontación de hoy por una razón muy simple: se buscaba “cubrir” los puestos vacantes en los organismos del Estado. Y para ello, era indispensable un acuerdo que sumara 87 -de 130- votos en el Congreso de la República. Con tal fin se tramó una “componenda”, no distinta a las usadas en el pasado, pero sí puesta ahora en evidencia por el clamor de una gran prensa presta más que nunca al escándalo.
La realidad confirma, que no es posible hacer cambios “a medias”. Ni usar los viejos resortes del Poder para validar propuestas nuevas. Si lo que se quiere es un cambio verdadero, hay que romper las “formas” y los procedimientos tradicionales, y no someterse a ellos. Y eso pasa por acabar con los mitos de la dominación.
El diario “La República” celebra parcialmente el acuerdo parlamentario del miércoles pasado: “Elección de miembros del BCR es considerada un acierto”, dice. ¿Y por qué es un acierto? ¿Porque fueron designados allí “calificados técnicos”?. Verdad que no, sino porque esos calificados técnicos “mantendrán el actual manejo de la política monetaria” y responden al modelo neo liberal vigente. Entonces, está muy bien. Pero ¿por qué se considera que sólo gentes de la derecha pueden ser “calificados técnicos”? ¿Acaso no hay economistas y técnicos calificados en los predios de la izquierda? Claro que los hay, solo que ellos no están dispuestos a “mantener” el modelo económico que tanto gusta a la reacción.
Si del Tribunal Constitucional se trata, es claro que Rolando Souza y José Luís Sardón -el primero, aún más que el segundo- carecen por completo de autoridad moral y ética para integrarlo, pero ¿por qué colocar en una misma bolsa a todos? Francisco Eguiguren, es un Constitucionalista notable que merece el mayor respeto. Y Ernesto Blume es también un reconocido Constitucionalista, más allá que en el plano de su ejercicio profesional defienda causas discutibles. Ninguno de los dos puede ser puesto al mismo nivel de los anteriores. Cayo Galindo y Víctor Mayorga, no son constitucionalistas, pero fueron parlamentarios en el gobierno anterior. Contra el primero no es esbozó cargo alguno. Y contra el segundo, una acusación de corte doméstico que fue desestimada en su momento. A Mayorga se le ataca ahora por otra cosa: por ser de izquierda, por desempeñar actualmente la embajada del Perú en Cuba. Por eso, con el mayor desenfado se ha dicho que sería “el representante de Fidel Castro en el TC”. Y se le acusa por haber trabajado en Sinamos en la época de Velasco. Pero cuidado, esa acusación -que no tiene el menor valor- puede hacerse contra otros, que siguen siendo destacadas figuras de la izquierda ¿verdad?
Quizá si la carga más fundada podría sustentarse contra Pilar Freitas, cuyos vínculos con Perú Posible y el ex Presidente Toledo, resultan obvios. Pero el tema va más allá. Si adquiere fuerza es porque se le suma como parte de un acuerdo total, una componenda parlamentaria de ninguna consistencia.
Si de lo que se trata es de “enmendar errores” y acabar con las “repartijas”, entonces hay que desandar lo andado y desbaratar el acuerdo. Y si se requiere más, sancionar moralmente a quienes lo hicieron posible, es decir, Keiko Fujimori, Lourdes Flores, Toledo y el Presidente del Legislativo, Víctor Isla. Pero no olvidar tampoco que Alan García tiene muy alta responsabilidad en lo que está ocurriendo, una buena parte de lo que tiene que ver con su perverso deseo de quebrar la institucionalidad y eludir el tema de los narcoindultos, que huele a cadáver.
El Laberinto de Julio, entonces, debe acabar, y la ira de la gente debe orientarse contra todos los que buscan obstruir cualquier posibilidad de avance del proceso peruano y están dispuestos a golpear la mesa para llamar a los muertos de antaño.
Gustavo Espinoza M. del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
Objetivamente, la incertidumbre crece y la confusión se impone al tiempo que se multiplican los indicadores de caos, violencia y desgobierno en unos casos motivados por la profundidad de la crisis nacional y en otros por la inopia de un gobierno que crecientemente se aleja de las expectativas ciudadanas y los requerimientos nacionales.
Hay que admitir, sin embargo, que también hay otros elementos sorprendentes puestos en la mesa de los peruanos. Cuando Cecilia Valenzuela, y su Canal Willax, se suman jubilosos a algunas movilizaciones populares en contra del gobierno y responsabiliza a Humala de todos los desaciertos cotidianos; cuando Aldo M. bate palmas aplaudiendo a rabiar los comentarios del Director del diario progresista “La Primera”; cuando la Tele cita a Mauricio Mulder y otros líderes del APRA para hablar de “la repartija”; y núcleos de estudiantes y trabajadores se ven atraídos por la prédica de quienes hasta ayer nomás simbolizaban la corrupción y el entreguismo; y cuando Keiko Fujimori encabeza en solitario las encuestas de opinión para los próximos comicios nacionales del 2016, bien puede decirse que hay factores extraños en la mesa del país.
Varias vertientes han generado este clima sorprendente y confuso. Iniciativas del gobierno para aprobar disposiciones legales sin tomar en cuenta el punto de vista de la gente, como la ley del Servicio Militar, o su paralela la del Servicio Civil; o disposiciones aprobadas contra minorías excluidas, como la comunidad Gay y otras; unidas a un peligroso viraje en materia de político exterior que se expresa en el acercamiento a los países del Pacífico en detrimento de los procesos sociales liberadores de América Latina y en el afán de aproximarse a Washington anudando con la Casa Blanca lazos de sometimiento y dependencia en materia política y militar; nos dibujan un sombrío panorama que no tiene por qué alegrar a los peruanos.
Porque esa realidad se pinta de cuerpo entero al cumplirse exactamente dos años de gestión gubernativa del Presidente Humala, es que se ahondan los motivos de preocupación, que se hacen más patentes cuando se lanza el desenfreno policial contra los jóvenes que salen a la calle para expresar su legítimo rechazo a las formas y procedimientos usados en la elección de las instancias de Poder: el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Directorio del Banco Central de Reserva.
En una circunstancia como ésta es que debemos preguntarnos cómo y por qué se está llegando a una situación tan extraña en la que fuerzas avanzadas reciben el aplauso de sus adversarios de clase.
En otro tiempo, y también en otro escenario, Augusto Bébel, uno de los más extraordinarios parlamentarios socialistas de su tiempo, solía restregarse la barba cuando sentía en torno suyo, muestras de afecto interesado por parte de adversarios conocidos, y poderosos.
Con la modestia de quien está seguro de no ser propietario de la verdad, el viejo ideólogo alemán se preguntaba cuán poco justo era lo que estaba diciendo, para merecer el aplauso de los enemigos de su causa. Pero el viejo Bébel, en el Perú de hoy, no tiene muchos seguidores. Y algunos que podrían preciarse de serlo, no resisten la tentación episódica de arrancar un aplauso fácil o un elogio inopinado, venga de quien viniere.
Es claro que el proyecto de Ley Universitaria tendrá que discutirse más. Y que los más interesados en asegurar que responda a justas expectativas, son los jóvenes. Por eso ellos y sus “vanguardias”, tienen el deber de entregar propuestas razonables y maduras orientadas a elevar el nivel académico y científico de las Universidades, y a calificar mejor el rol de la juventud peruana en la lucha por la liberación nacional y social.
Algo similar -con sus variantes- puede decirse en torno a la cuestionada ley de reforma del Servicio Público. Si bien es cierto que todos necesitan en las entidades del Estado un trato más eficiente y apropiado; también es cierto que los empleados públicos -que en el pasado vivieron regímenes oprobiosos e injustos- están en el deber de defender con honor sus puestos de trabajo y actuar en provecho del país y no sólo de ellos mismos.
Se dice que en política no hay “situaciones sin salida”.Y es verdad. Sólo que no todas las salidas tienen el mismo signo no todas están pintadas con los mismos colores. Hay que buscar, entonces, salidas adecuadas que permitan avanzar; y no ensuciar la huella favoreciendo los sucios planes de nuestros enemigos que son, por eso mismo, enemigos del país y de su pueblo.
Se ha llegado a la aguda confrontación de hoy por una razón muy simple: se buscaba “cubrir” los puestos vacantes en los organismos del Estado. Y para ello, era indispensable un acuerdo que sumara 87 -de 130- votos en el Congreso de la República. Con tal fin se tramó una “componenda”, no distinta a las usadas en el pasado, pero sí puesta ahora en evidencia por el clamor de una gran prensa presta más que nunca al escándalo.
La realidad confirma, que no es posible hacer cambios “a medias”. Ni usar los viejos resortes del Poder para validar propuestas nuevas. Si lo que se quiere es un cambio verdadero, hay que romper las “formas” y los procedimientos tradicionales, y no someterse a ellos. Y eso pasa por acabar con los mitos de la dominación.
El diario “La República” celebra parcialmente el acuerdo parlamentario del miércoles pasado: “Elección de miembros del BCR es considerada un acierto”, dice. ¿Y por qué es un acierto? ¿Porque fueron designados allí “calificados técnicos”?. Verdad que no, sino porque esos calificados técnicos “mantendrán el actual manejo de la política monetaria” y responden al modelo neo liberal vigente. Entonces, está muy bien. Pero ¿por qué se considera que sólo gentes de la derecha pueden ser “calificados técnicos”? ¿Acaso no hay economistas y técnicos calificados en los predios de la izquierda? Claro que los hay, solo que ellos no están dispuestos a “mantener” el modelo económico que tanto gusta a la reacción.
Si del Tribunal Constitucional se trata, es claro que Rolando Souza y José Luís Sardón -el primero, aún más que el segundo- carecen por completo de autoridad moral y ética para integrarlo, pero ¿por qué colocar en una misma bolsa a todos? Francisco Eguiguren, es un Constitucionalista notable que merece el mayor respeto. Y Ernesto Blume es también un reconocido Constitucionalista, más allá que en el plano de su ejercicio profesional defienda causas discutibles. Ninguno de los dos puede ser puesto al mismo nivel de los anteriores. Cayo Galindo y Víctor Mayorga, no son constitucionalistas, pero fueron parlamentarios en el gobierno anterior. Contra el primero no es esbozó cargo alguno. Y contra el segundo, una acusación de corte doméstico que fue desestimada en su momento. A Mayorga se le ataca ahora por otra cosa: por ser de izquierda, por desempeñar actualmente la embajada del Perú en Cuba. Por eso, con el mayor desenfado se ha dicho que sería “el representante de Fidel Castro en el TC”. Y se le acusa por haber trabajado en Sinamos en la época de Velasco. Pero cuidado, esa acusación -que no tiene el menor valor- puede hacerse contra otros, que siguen siendo destacadas figuras de la izquierda ¿verdad?
Quizá si la carga más fundada podría sustentarse contra Pilar Freitas, cuyos vínculos con Perú Posible y el ex Presidente Toledo, resultan obvios. Pero el tema va más allá. Si adquiere fuerza es porque se le suma como parte de un acuerdo total, una componenda parlamentaria de ninguna consistencia.
Si de lo que se trata es de “enmendar errores” y acabar con las “repartijas”, entonces hay que desandar lo andado y desbaratar el acuerdo. Y si se requiere más, sancionar moralmente a quienes lo hicieron posible, es decir, Keiko Fujimori, Lourdes Flores, Toledo y el Presidente del Legislativo, Víctor Isla. Pero no olvidar tampoco que Alan García tiene muy alta responsabilidad en lo que está ocurriendo, una buena parte de lo que tiene que ver con su perverso deseo de quebrar la institucionalidad y eludir el tema de los narcoindultos, que huele a cadáver.
El Laberinto de Julio, entonces, debe acabar, y la ira de la gente debe orientarse contra todos los que buscan obstruir cualquier posibilidad de avance del proceso peruano y están dispuestos a golpear la mesa para llamar a los muertos de antaño.
Gustavo Espinoza M. del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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