Armas EEUU
Algunas cifras del último lustro, reveladas por instituciones de salud y medios de prensa norteamericanos, muestran las escalofriantes consecuencias de esta cultura del crimen.
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos experimenta niveles epidémicos de violencia que ocasionan más de 30 mil muertes cada año y unos 60 mil heridos.
Entre 1955 y 1975, más de 58 mil norteamericanos murieron en la guerra de agresión contra Vietnam, cifra inferior a la cantidad de ciudadanos del país norteño que fallecen como promedio en un período de dos años en acciones violentas.
Las grandes masacres reciben una atención esmerada por parte de los medios de difusión, pero la mayoría de las bajas de los ciudadanos ocurren a diario en las calles estadounidenses sin ningún tipo de cobertura mediática.
En 2010 murieron más de 31 mil norteamericanos en homicidios, suicidios y otros incidentes, lo que equivale a más de 85 fallecimientos diarios.
Durante los primeros siete años de la guerra contra Irak, más de cuatro mil 400 militares estadounidenses perecieron, casi la misma cantidad de civiles que mueren bajo el efecto de incidentes con armas de fuego en Estados Unidos cada siete semanas.
Aunque no se han publicado datos oficiales de 2012, según el Departamento de Justicia de ese país, los crímenes violentos en 2011 tuvieron un incremento de 18 por ciento, ascenso sin precedentes en 20 años.
La cifra se debe al aumento de 22 por ciento en el número de asaltos simples, que pasaron de cuatro millones en 2010 a cinco millones en 2011.
Las muertes ocasionadas por las armas de fuego costaron a la economía estadounidense más de 37 mil millones de dólares en 2005, el dato más reciente emitido por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, mientras el gasto con los sobrevivientes ascendió a cerca de cuatro mil millones en igual período.
Las erogaciones indirectas relacionadas con la violencia armada en el país norteño también son significativas, aunque debido a los procedimientos establecidos por la ley son difíciles de cuantificar y separar del dinero que se gasta en el tratamiento de otras heridas traumáticas.
De acuerdo con una investigación reciente, 15 de los 25 peores incidentes con armas de fuego ocurridos en el mundo en los últimos 50 años tuvieron lugar en Estados Unidos.
En 2012 se produjeron diversos tiroteos en centros docentes, iglesias y espectáculos públicos en Estados Unidos, el más grave de los cuales ocurrió el pasado 14 de diciembre en una escuela de Newtown, Connecticut, donde murieron 20 niños y seis adultos.
Un ataque similar había ocurrido el 20 de julio, en un cine de Aurora, estado de Colorado, como consecuencia del cual fallecieron 12 personas y otras 58 resultaron heridas.
De acuerdo con datos oficiales, la cifra de estadounidenses que mueren por los tiroteos al estilo de esas dos masacres mencionadas como botones de muestras, supera al número de víctimas fatales de acciones terroristas en todo el mundo.
En 2010, por ejemplo, fallecieron 13 mil 186 personas debido a los ataques terroristas en el planeta, pero ese mismo año, solo en Estados Unidos perecieron 31 mil 672 ciudadanos debido a incidentes relacionados con armas de fuego, según la organización no gubernamental Centro para la Política sobre la Violencia.
Desde los atentados en Washington y Nueva York el 11 de septiembre de 2001, el Gobierno norteamericano ha invertido más de medio billón de dólares en medidas de seguridad internas en el país, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero apenas se invirtió dinero para detener la violencia armada.
Un sondeo reciente de la encuestadora Pew Research Center, mostró que más de 80 por ciento de los estadounidenses apoyan algún tipo de regulación a las armas de fuego, en particular la necesidad de realizar chequeos de antecedentes a los compradores de estos artefactos, mientras 55 por ciento quieren que se prohíban los fusiles de asalto.
Sin embargo, las medidas que al respecto estudia el Congreso de Estados Unidos parecen destinadas al fracaso debido a las fuertes presiones ejercidas por quienes cabildean en contra de esas regulaciones, señaló un artículo el diario The Washington Post el 2 de abril pasado.
A pesar de varios meses de negociaciones, influyentes senadores han sido incapaces de llegar a un plan funcional que incluya la posibilidad de realizar chequeos de antecedentes a los compradores, proyecto que cuenta con el apoyo de casi 90 por ciento de los estadounidenses.
Otra propuesta con apoyo bipartidista es la que califica como delito federal el tráfico de armas de fuego, pero también está en peligro de ser inhabilitada debido a las presiones de la poderosa Asociación Nacional del Rifle.
El fracaso de esas dos medidas sería un revés significativo para la Casa Blanca y sus aliados, quienes reconocen que otros dos proyectos no son políticamente inviables: la prohibición de los fusiles de asalto y de los cargadores de alta capacidad.
El mandatario y sus seguidores en este tema no han sido capaces de forjar un apoyo sólido a nivel nacional como para lograr que el Congreso apruebe las propuestas destinadas a renovar las leyes sobre el tema.
Una millonaria campaña de anuncios televisivos financiada por el alcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg, no logró atraer suficiente apoyo como para que los congresistas aprueben la medida destinada a reforzar los controles del historial de los compradores de armamentos.
Algunos senadores republicanos amenazaron con boicotear indefinidamente el proyecto, que requiere 60 votos positivos en la cámara alta para ser aprobada, pero no ha habido ningún progreso en el tema.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, mantiene en suspenso cualquier medida sobre la regulación de armamentos hasta que el plenario del Senado se pronuncie al respecto, posiblemente para mediados de abril.
Según estimados oficiales, en Estados Unidos hay más de 310 millones de armas de fuego en manos de la población civil, la cifra más alta de propietarios de esos artefactos en el mundo y su tasa anual de homicidios con el uso de dichos medios es de tres por cada 100 mil habitantes.
Pero el derecho a la vida en Estados Unidos no solo se ve amenazado por la violencia relacionada con la compraventa y posesión de las armas de fuego, sino también por las ejecuciones judiciales.
Entre 1976 y 2012 fueron ejecutados en el país norteño más de mil 320 reos en prisiones federales, mientras según datos de marzo de 2013, permanecen en el corredor de la muerte, en espera de ser ajusticiadas, alrededor de tres mil 100 personas.
La organización Amnistía Internacional considera que la pena capital en Estados Unidos es discriminatoria y se utiliza de forma desproporcionada contra los pobres, las minorías y miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas.
Dicho castigo es legal en 31 de los 50 estados de la Unión, y en el sistema de justicia federal, tanto civil como militar, y los métodos de ejecución varían, aunque la mayoría de los casos se realizan por inyección letal.
Pero los incidentes armados en las calles de las ciudades estadounidenses y las ejecuciones judiciales parecen destinados a seguir formando parte de la cultura de la violencia y la muerte que caracterizan a la sociedad norteamericana actual, a pesar de los esfuerzos de activistas y organizaciones que intentan cambiar la situación.
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