La vanguardia del neoliberalismo. Así
califican los movimientos sociales chilenos a su Estado. Un campo de
pruebas donde las empresas extranjeras invierten, explotan recursos y
extraen beneficios que el pueblo no llega a disfrutar.
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Este 2013 es un año de elecciones presidenciales en el angosto país
sudamericano, y la expresidenta Michelle Bachelet anunció el pasado 15
de marzo su renuncia al cargo de directora ejecutiva de ONU Mujeres con
la intención de regresar a La Moneda, ya que se da por seguro su
nombramiento como candidata presidencial de la oposición aunque aún no
se haya formalizado su designación. Los medios de comunicación chilenos
han mostrado este regreso como una esperanza de recuperación del país,
colocándola como principal favorita en la carrera hacia la Presidencia.
Una esperanza perdida para el ciudadano chileno, que deslegitimó a la
clase política en las elecciones municipales de 2012, cuando la
participación no llegó al 40%. Y razones no les faltan para ello.
Un país de cuyos recursos no se duda se ha visto envuelto en una marea mixta de problemas que afectan a gran parte de la población. La economía chilena, que tiende mucho a la exportación y a la inversión de capital extranjero, y está muy marcada por el libre mercado, evidente en las calles de cualquier ciudad, donde no existe legislaciones sobre precios que marquen la competencia entre comercios, hace aguas en gran parte del Estado. El reparto de la riqueza resalta las diferencias de una sociedad marcadamente clasista. Por ejemplo, el actual presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, posee un patrimonio de unos 2.500 millones de dólares, según un estudio de 2013 de la revista Forbes, mientras que la mayoría de la ciudadanía no tiene acceso a una sanidad o una educación de calidad.
La sanidad fue pública y de calidad en Chile hasta el golpe militar de Augusto Pinochet, que derrocó a Salvador Allende. Desde entonces, el Estado ha optado por apoyar la vía privada. Es un pequeño porcentaje de la sociedad el que puede hacer frente al gasto que supone una enfermedad en este país. Según explica Adolfo Bécar, dirigente sindical en el Hospital Regional de Concepción, una paciente con cáncer de mama puede estar uno o dos años en la lista de espera, y «la gente se muere esperando a ser tratada». Además, el tratamiento que se le da a un enfermo es peor que en un hospital privado, ya que los recursos son mucho menores. Hablan de hospitales de primer, segundo y tercer nivel. El paciente, para ser tratado en los plazos que una enfermedad de esa gravedad requiere, decide acudir a un especialista privado, pero en muchos casos se gastan ahí un dinero que después no tienen para hacer frente al coste del tratamiento.
En el contexto de una sociedad donde a las personas se les trata según su valor económico, los centros médicos se han convertido en una «fábrica de reparación de seres humanos», en los que tienen prioridad aquellas personas que pueden volver a ser productivas. Lo que debiera ser un derecho fundamental de todo chileno se ha convertido en un negocio y un privilegio al alcance de ciertas élites.
Del mismo modo, las condiciones en las que se imparten clases en una escuela pública necesitan una urgente revisión. Las aulas están repletas y un profesor debe lidiar con unos 35 alumnos, con el déficit de calidad que ello supone y las dificultades que conlleva para la atención de los escolares.
Las demandas planteaban volver a las condiciones del modelo de los años 70, cuando existía una educación pública digna y accesible para todos. Hoy en día es difícil que si alguien quiere realizar estudios universitarios no cuente con medios económicos, ya que el Estado ofrece créditos para quien quiera hacerlo. Pero eso supone que familias enteras se hipotequen. Además, el crédito solo hace frente a la matrícula universitaria, y no al resto de gastos que supone un año escolar, como son los derivados del material o de la manutención. Gastos que se multiplican si el estudiante se tiene que mudar a otra ciudad y necesita alquilar un piso o una habitación. La vivienda, igual que en Euskal Herria, supone una de las mayores dificultades para un joven que quiere comenzar a estructurar su vida por su cuenta.
Para cualquier trabajador común, con un sueldo medio, es muy complicado poder adquirir una propiedad en el centro de una ciudad y se ve obligado a busca una vivienda en la periferias de las urbes. Esto supone un enorme gasto extra. Es lo que le ocurre a Mauricio Concha, que se despierta cada día a las 04.00 para poder estar a las 06.00 en el centro de Concepción con su puesto ambulante de comida para que no les falte un café caliente a los ejecutivos que se incorporan al trabajo en las oficinas o un pan amasado para alimentar a los estudiantes a media mañana. Su caso se agrava por ser militante del Partido Igualdad, ya que ser una persona conocida por su vinculación a determinados partidos o movimientos sociales lleva en muchos casos a los propietarios de locales a no querer alquilarles ninguna lonja en la que instalar una tienda de alimentos.
En su papel de militante político, Concha está involucrado en la lucha por el derecho a una vivienda digna que avala la Constitución de Chile. Si desde la época de la dictadura de Pinochet los recursos económicos han supuesto una brecha entre clases, esta se agravó a raíz del terremoto que sacudió el país el 27 de febrero de 2010. El pago de las indemnizaciones es siendo un proceso muy lento y todavía hay muchas familias que viven en campamentos levantados en las afueras de las ciudades.
El hecho de que 2013 sea un año de elecciones, que pueden acarrear un cambio de Gobierno, no hace sino aumentar el problema, ya que la reparación de los daños causados por el seísmo, que se corbó más de 500 vidas, se retrasará un año más, por lo menos.
No es frecuente que las movilizaciones sociales aglutinen a mucha gente en Chile. Con excepción de las revueltas estudiantiles de 2011, la participación en las protestas difícilmente supera las tres cifras, incluso en las grandes ciudades. La represión que ejerció la dictadura militar y que los gobiernos posteriores han mantenido activa ha logrado que la sociedad chilena se haya acomodado y se conforme con tener una televisión donde poder seguir la novela de moda o las noticias de la farándula (prensa rosa).
La represión más reciente se ha llevado por delante la vida de varios sindicalistas, la última el pasado 22 de febrero, cuando Juan Pablo Jiménez fue abatido en su lugar de trabajo. Tenía programada unos días después una audiencia para denunciar abusos laborales.
Diferentes sindicatos están luchando por cambiar esta situación y lograr una jubilación digna. La pensión que reciben los jubilados chilenos apenas llega al tercio de la remuneración durante la vida laboral activa del trabajador. Según el sindicalista Eric Rojas. «las AFP son la base del sistema capitalista chileno, y acabando con ellas resultaría un sistema insostenible».
En cuestión de territorialidad, el trabajo del Ejecutivo que llegue en noviembre al poder tendrá un plus al sur del río Bío-Bío, donde a los mencionados problemas socio-económicos se suma el conflicto por la recuperación de las tierras ancestrales del pueblo mapuche. Los mapuche mantienen sus demandas de recuperación del territorio y autogobierno, que ponen en práctica a través de acciones directas contra empresas forestales extranjeras que se han apropiado de sus tierras de forma ilícita.
El Gobierno de Sebastián Piñera ha tratado de reprimir y criminalizar a los activistas mapuche con la aplicación de la pinochetista ley «antiterrorista», pero resisten y el apoyo social que han logrado a sus demandas no deja de multiplicarse incluso fuera del Ngulumapu, la tierra que reclaman como propia los mapuche en Chile.
La dictadura acabó con los espacios sociales donde, además de practicar deporte, la gente de una comunidad podía reunirse y hablar, informar o conocer los distintos problemas que pueden afectar a un grupo de vecinos. De esta forma, el régimen militar obligó al chileno a quedarse en casa y escuchar los discursos televisados que al Gobierno interesaba transmitir. Poco a poco, la vida de barrio se está recuperando en las distintas comunas de las grandes ciudades, pero queda mucho trabajo por delante.
La tarea que le queda al Gobierno que llegué tras las elecciones del 17 de noviembre de 2013 y comience a trabajar a partir del 2014 no va ser fácil. Un pueblo dormido que vive bajo unas condiciones heredadas de la dictadura deberá despertar algún día, y son muchos los frentes en los que el trabajo a realizar es abundante.
Ya sea el regreso de Michelle Bachelet, con un aire de esperanza para su Partido Socialista, pero sin ningún proyecto concreto por el momento, o la candidatura conjunta de la Concertación y el Partido Comunista, en cualquier caso deberá recomponer un Estado roto por muchos lados.
Los movimientos de izquierda, por su parte, no parecen ser capaces por el momento de llegar a acuerdos y conformar un frente común que pueda resultar una alternativa con garantías en un sistema electoral bipartidista. Se encuentran atomizados en luchas particulares que no han conseguido encarrilar en una línea conjunta.
Un país de cuyos recursos no se duda se ha visto envuelto en una marea mixta de problemas que afectan a gran parte de la población. La economía chilena, que tiende mucho a la exportación y a la inversión de capital extranjero, y está muy marcada por el libre mercado, evidente en las calles de cualquier ciudad, donde no existe legislaciones sobre precios que marquen la competencia entre comercios, hace aguas en gran parte del Estado. El reparto de la riqueza resalta las diferencias de una sociedad marcadamente clasista. Por ejemplo, el actual presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, posee un patrimonio de unos 2.500 millones de dólares, según un estudio de 2013 de la revista Forbes, mientras que la mayoría de la ciudadanía no tiene acceso a una sanidad o una educación de calidad.
La sanidad fue pública y de calidad en Chile hasta el golpe militar de Augusto Pinochet, que derrocó a Salvador Allende. Desde entonces, el Estado ha optado por apoyar la vía privada. Es un pequeño porcentaje de la sociedad el que puede hacer frente al gasto que supone una enfermedad en este país. Según explica Adolfo Bécar, dirigente sindical en el Hospital Regional de Concepción, una paciente con cáncer de mama puede estar uno o dos años en la lista de espera, y «la gente se muere esperando a ser tratada». Además, el tratamiento que se le da a un enfermo es peor que en un hospital privado, ya que los recursos son mucho menores. Hablan de hospitales de primer, segundo y tercer nivel. El paciente, para ser tratado en los plazos que una enfermedad de esa gravedad requiere, decide acudir a un especialista privado, pero en muchos casos se gastan ahí un dinero que después no tienen para hacer frente al coste del tratamiento.
En el contexto de una sociedad donde a las personas se les trata según su valor económico, los centros médicos se han convertido en una «fábrica de reparación de seres humanos», en los que tienen prioridad aquellas personas que pueden volver a ser productivas. Lo que debiera ser un derecho fundamental de todo chileno se ha convertido en un negocio y un privilegio al alcance de ciertas élites.
La educación sigue pendiente
Pero a su llegada a La Moneda el nuevo presidente (o presidenta)
encontrará otro frente abierto, la educación. Las imágenes de las
protestas universitarias de 2011 y 2012 dieron la vuelta al mundo, pero
la situación no ha mejorado. En ellas se exigía el derecho a una
educación pública de calidad, que el Estado garantice el acceso a la
universidad y que no sea un negocio, ya que en Chile, según Guillermo
Petersen, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Concepción durante aquellas movilizaciones, «quien no ha montado un
restaurante, ha puesto una universidad». «Muchas de estas universidades
privadas están en manos del Opus Dei», señala.Del mismo modo, las condiciones en las que se imparten clases en una escuela pública necesitan una urgente revisión. Las aulas están repletas y un profesor debe lidiar con unos 35 alumnos, con el déficit de calidad que ello supone y las dificultades que conlleva para la atención de los escolares.
Las demandas planteaban volver a las condiciones del modelo de los años 70, cuando existía una educación pública digna y accesible para todos. Hoy en día es difícil que si alguien quiere realizar estudios universitarios no cuente con medios económicos, ya que el Estado ofrece créditos para quien quiera hacerlo. Pero eso supone que familias enteras se hipotequen. Además, el crédito solo hace frente a la matrícula universitaria, y no al resto de gastos que supone un año escolar, como son los derivados del material o de la manutención. Gastos que se multiplican si el estudiante se tiene que mudar a otra ciudad y necesita alquilar un piso o una habitación. La vivienda, igual que en Euskal Herria, supone una de las mayores dificultades para un joven que quiere comenzar a estructurar su vida por su cuenta.
Para cualquier trabajador común, con un sueldo medio, es muy complicado poder adquirir una propiedad en el centro de una ciudad y se ve obligado a busca una vivienda en la periferias de las urbes. Esto supone un enorme gasto extra. Es lo que le ocurre a Mauricio Concha, que se despierta cada día a las 04.00 para poder estar a las 06.00 en el centro de Concepción con su puesto ambulante de comida para que no les falte un café caliente a los ejecutivos que se incorporan al trabajo en las oficinas o un pan amasado para alimentar a los estudiantes a media mañana. Su caso se agrava por ser militante del Partido Igualdad, ya que ser una persona conocida por su vinculación a determinados partidos o movimientos sociales lleva en muchos casos a los propietarios de locales a no querer alquilarles ninguna lonja en la que instalar una tienda de alimentos.
En su papel de militante político, Concha está involucrado en la lucha por el derecho a una vivienda digna que avala la Constitución de Chile. Si desde la época de la dictadura de Pinochet los recursos económicos han supuesto una brecha entre clases, esta se agravó a raíz del terremoto que sacudió el país el 27 de febrero de 2010. El pago de las indemnizaciones es siendo un proceso muy lento y todavía hay muchas familias que viven en campamentos levantados en las afueras de las ciudades.
El hecho de que 2013 sea un año de elecciones, que pueden acarrear un cambio de Gobierno, no hace sino aumentar el problema, ya que la reparación de los daños causados por el seísmo, que se corbó más de 500 vidas, se retrasará un año más, por lo menos.
Militancia política perseguida
La realidad chilena corre paralela a las políticas económicas en el
Estado español, y a sus resultados también. Los desahucios forman parte
del día a día. El Partido Igualdad trabaja para detenerlos y ha logrado
parar varios desalojos gracias a la participación del vecindario, algo
no muy habitual.No es frecuente que las movilizaciones sociales aglutinen a mucha gente en Chile. Con excepción de las revueltas estudiantiles de 2011, la participación en las protestas difícilmente supera las tres cifras, incluso en las grandes ciudades. La represión que ejerció la dictadura militar y que los gobiernos posteriores han mantenido activa ha logrado que la sociedad chilena se haya acomodado y se conforme con tener una televisión donde poder seguir la novela de moda o las noticias de la farándula (prensa rosa).
La represión más reciente se ha llevado por delante la vida de varios sindicalistas, la última el pasado 22 de febrero, cuando Juan Pablo Jiménez fue abatido en su lugar de trabajo. Tenía programada unos días después una audiencia para denunciar abusos laborales.
Garantizar las pensiones
La problemática que vive Chile se centra en torno al sistema
económico que tiene bajo control al ciudadano. Uno de los pilares
básicos de este modelo son las Administradoras de Fondos Provisionales
(AFP), donde más de siete millones de trabajadores chilenos se ven
obligados a depositar sus fondos de pensiones. Seis AFP administran unos
100.000 millones de dólares, lo que supone cerca de la mitad del PIB
del Estado sudamericano. Los trabajadores se ven forzados a depositar
sus ahorros aquí, pero no tienen derecho a ser representados en la
dirección de estas instituciones.Diferentes sindicatos están luchando por cambiar esta situación y lograr una jubilación digna. La pensión que reciben los jubilados chilenos apenas llega al tercio de la remuneración durante la vida laboral activa del trabajador. Según el sindicalista Eric Rojas. «las AFP son la base del sistema capitalista chileno, y acabando con ellas resultaría un sistema insostenible».
En cuestión de territorialidad, el trabajo del Ejecutivo que llegue en noviembre al poder tendrá un plus al sur del río Bío-Bío, donde a los mencionados problemas socio-económicos se suma el conflicto por la recuperación de las tierras ancestrales del pueblo mapuche. Los mapuche mantienen sus demandas de recuperación del territorio y autogobierno, que ponen en práctica a través de acciones directas contra empresas forestales extranjeras que se han apropiado de sus tierras de forma ilícita.
El Gobierno de Sebastián Piñera ha tratado de reprimir y criminalizar a los activistas mapuche con la aplicación de la pinochetista ley «antiterrorista», pero resisten y el apoyo social que han logrado a sus demandas no deja de multiplicarse incluso fuera del Ngulumapu, la tierra que reclaman como propia los mapuche en Chile.
Recuperación del ocio
A consecuencia de la militarización del país tras el golpe de Estado
de Augusto Pinochet, el ocio y la recreación vecinal se perdió en
ciudades como Santiago de Chile. Desaparecieron del mapa todos los
equipos de fútbol de barrio y actividades lúdicas de todo tipo, para dar
paso a la explotación capitalista del tiempo libre. En la capital, solo
quedaron los grandes equipos de fútbol, rentables para los mercados y
que alejaban al ciudadano de la vida social.La dictadura acabó con los espacios sociales donde, además de practicar deporte, la gente de una comunidad podía reunirse y hablar, informar o conocer los distintos problemas que pueden afectar a un grupo de vecinos. De esta forma, el régimen militar obligó al chileno a quedarse en casa y escuchar los discursos televisados que al Gobierno interesaba transmitir. Poco a poco, la vida de barrio se está recuperando en las distintas comunas de las grandes ciudades, pero queda mucho trabajo por delante.
La tarea que le queda al Gobierno que llegué tras las elecciones del 17 de noviembre de 2013 y comience a trabajar a partir del 2014 no va ser fácil. Un pueblo dormido que vive bajo unas condiciones heredadas de la dictadura deberá despertar algún día, y son muchos los frentes en los que el trabajo a realizar es abundante.
Ya sea el regreso de Michelle Bachelet, con un aire de esperanza para su Partido Socialista, pero sin ningún proyecto concreto por el momento, o la candidatura conjunta de la Concertación y el Partido Comunista, en cualquier caso deberá recomponer un Estado roto por muchos lados.
Los movimientos de izquierda, por su parte, no parecen ser capaces por el momento de llegar a acuerdos y conformar un frente común que pueda resultar una alternativa con garantías en un sistema electoral bipartidista. Se encuentran atomizados en luchas particulares que no han conseguido encarrilar en una línea conjunta.
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