Congresista McGovern: Amnistía creó una cultura de impunidad y violencia
Por Gerardo Arbaiza
SAN SALVADOR
– En más de dos mil millones de dólares se calcula la ayuda militar que
brindó el gobierno de Estados Unidos, principalmente bajo la
administración del republicano Ronald Reagan (1981–1989) al Ejecutivo
salvadoreño durante el conflicto armado que sostuvo contra la ex
guerrilla del FMLN.
El objetivo era
claro: detener el avance de lo que consideraron la “amenaza
comunista” en el continente, a través del apoyo en armamento y en
estrategia militar al gobierno salvadoreño, que para finales de los
años 70 y principios de los 80, contaba con una argolla militar casi
omnipotente, acusada de reprimir con lujo de brutalidad a cualquiera
que consideraban un “subversivo”.
A más de 20
años de la firma de los Acuerdos de Paz, proceso que tuvo a EE.UU como
uno de sus patrocinadores, la Unión Americana a través de sus
instituciones llama “violadores de derechos humanos” a algunos de los
más importantes oficiales del gobierno salvadoreño, quienes buscaron
refugio en suelo estadounidense después del conflicto.
Casos como el
del ex ministro de Defensa José Guillermo García o el ex vice titular
de dicha cartera, Inocente Montano, los cuales tienen como trasfondo el
delito de fraude migratorio; han servido a las autoridades
estadounidenses para desentrañar el pasado de crímenes de lesa
humanidad en que están implicados ambos ex oficiales.
Al mismo
tiempo, sectores políticos e intelectuales de EE.UU han hecho hincapié
en la creciente impunidad que asola al país y señalan como un factor
importante para este mal la existencia de una Ley de Amnistía, que ha
dejado sin juzgar los crímenes cometidos por ambas partes del conflicto
armado.
Un informe sobre El Salvador, encargado por el Congreso de los Estados Unidos, considera la Ley de Amnistía como uno de los principales problemas del país en materia de Derechos Humanos.
Recientemente,
la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en
ingles) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),
junto a la Universidad de Washington, el Programa de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad George Mason y otras organizaciones
civiles; organizaron en la capital estadounidense un foro en el que se
abordó el estado de la justicia para graves violaciones a los derechos
humanos en El Salvador, a 20 años del Informe de la Comisión de la
Verdad.
Uno de sus
oradores fue el Congresista estadounidense (Demócrata por
Massachusetts) James McGovern, alguien que ha seguido con dedicado
interés el tema de los derechos humanos en El Salvador.
En su
alocución, McGovern consideró que la aprobación de la Ley de Amnistía,
cinco días después de presentarse el informe de la Comisión de la
Verdad, cerró la puerta a la posibilidad de hacer justicia en todos los
casos consignados en el informe.
Este congresista con fama de ser uno de los miembros más liberales del Congreso estadounidense, agrega que
 |
| Congresista James McGovern |
la Amnistía
“ha ayudado a crear un legado de justicia inconclusa y valladares para
un verdadero proceso de reconciliación, además que ha fortalecido una
cultura de impunidad y de una escalada de violencia”.
“Me llena de
enojo y frustración escuchar a personas decir que la Amnistía fue parte
de los Acuerdos de Paz, pero no fue así. La justicia y la
reconciliación estaban supuestas a venir con la publicación del Informe
de la Comisión de la Verdad, pero nunca tuvo oportunidad de ser así”,
enfatizó McGovern.
A la vez
aplaudió las acciones del presidente Mauricio Funes de reconocer a
nombre del Estado salvadoreño los crímenes cometidos contra la
población civil, pero que dichas acciones no rompen la cultura de la
impunidad que no permite que la justicia procese a criminales de guerra.
McGovern retomó
las ideas del ex provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica,
José María Tojeira, quien recientemente habló de una Ley de
reconciliación nacional, que venga a abrogar la Amnistía.
“Una vez él
(Tojeira) me dijo que la justicia no necesariamente significa castigo,
pero que no puede haber perdón cuando no se confiesa que un crimen o un
pecado se ha cometido y no se reconoce que un daño permanente se ha
hecho contra víctimas inocentes”, puntualizó.
La lista de crímenes del General Vides Casanova
Otro elemento
para remarcar que Estados Unidos imparte la justicia que En El Salvador
no se ha impartido es el caso del ex ministro de Defensa Eugenio Vides
Casanova, quien afronta un proceso de deportación a El Salvador.
Días atrás se
dio a conocer la sentencia de la Corte de Inmigración de Orlando,
Florida, con fecha del 16 de agosto de 2012, en la que se ordena la
deportación de Vides Casanova a El Salvador.
En la sentencia
se recuentan al menos siete crímenes en los que este antiguo alto mando
del ejército, fue hallado responsable de tener participación directa o
implicación como encargado de las Fuerzas Armadas.
Entre estos
resalta la ejecución extraoficial de las religiosas estadounidenses Ita
Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel, and Jean Donovan, acaecido el 2 de
diciembre de 1980 y por el cual había sido llevado ante los tribunales.
También se
determinó su responsabilidad en masacres como Las Hojas y la Puerta del
Diablo, aparte de múltiples casos de tortura contra civiles.
La sentencia no
hubiese salido a la luz, de no haber sido por la demanda interpuesta
por la reportera del connotado rotativo The New York Times, Julia
Preston, contra el departamento de Justicia Norteamericano por negarse
a revelar detalles de las audiencias.
El
argumento del departamento de Justicia fue que "la decisión era
preliminar y que no se había obtenido la autorización de Vides Casanova
para hacer públicos los archivos”.
Preston, quien
fue encomendada por el Times para darle seguimiento al caso, dijo en su
momento que el esfuerzo realizado por las autoridades de Estados Unidos
es un giro en su política exterior.
Señala
también que Vides Casanova fue un estrecho aliado de Washington durante
el conflicto mientras ostentó la dirección de la Fuerza Armada, entre
1983 y 1989 y que entonces, a pesar de las rampantes violaciones a
derechos humanos que cometían los soldados bajo su mando, era elogiado
por las autoridades estadounidenses.
“Este
es el primer caso en el que el Departamento de Seguridad Nacional ha
aplicado esta ley relativamente nueva y lo ha aplicado al más alto
mando militar de su país para buscar su deportación”, sostenía la
abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) Carolyn
Patty Blum, representante de varias víctimas de tortura en este caso.
Además,
calificó la decisión como “enormemente significativa” para futuros
esfuerzos por abrir casos de inmigración por abusos a derechos humanos
contra comandantes militares y oficiales del gobierno del más alto
nivel.
“No hay diferencia entre Bin Laden y Montano”
El director del
Proyecto Digital ContraPunto, Juan José Dalton, asistió al foro -como
invitado- en el que intervino el Congresista James McGovern y valora
que la íntima relación entre El Salvador y Estados Unidos, aunado a la
enorme comunidad de salvadoreños que residen en suelo estadounidense,
son motivos para que la principal potencia mundial observe el proceso
de institucionalización del país más pequeño de la América Continental.
“Después de
terminada la guerra hay más fuerzas en conjunto en la sociedad
norteamericana, velando que la sociedad salvadoreña logre la
reunificación, la paz y el desarrollo”, sostiene el periodista,
añadiendo que para Estados Unidos es inaudito que más de 20 años
después, no haya criminales de guerra que hayan sido juzgados.
Dalton tiene
especial interés en el tema de justicia después del conflicto armado,
ya que en el foro pudo compartir su experiencia de los vejámenes de los
que fue sujeto como antiguo preso político, por su participación con la
guerrilla; a quien estando herido se le aplicaron diferentes delitos de
"lesa humanidad" y de violaciones al derecho humanitario internacional,
como desaparición -por varios días en cárceles clandestinas- y tortura.
Asimismo ha
dado a conocer en reiteradas visitas a EE.UU, el caso de su padre Roque
Dalton, considerado como el escritor salvadoreño más conocido en todo
el mundo y que fuese asesinado extrajudicialmente en mayo de 1975 por
integrantes de la organización guerrillera a la que perteneció, el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
En ese sentido,
aprovechó para solicitarle al gobierno estadounidense y a todas sus
instituciones correspondientes que no de ingreso a territorio
estadounidense a los asesinos de su padre -quien era hijo de un
ciudadano estadounidense-, especialmente al actual Secretario para la
Vulnerabilidad del gobierno salvadoreño, Jorge Meléndez (Jonás), y al
ex jefe rebelde, Joaquín Villalobos, en la actualidad asesor del
gobierno colombiano, quienes han confesado haber participado en el
asesinato de Roque Dalton.
“Si El Salvador
es aliado de Washington, yo le pido al gobierno estadounidense que le
reclame al gobierno salvadoreño el por qué tiene entre sus funcionarios
a alguien que ha cometido delitos de lesa humanidad como Jorge
Meléndez”, mencionó.
En el proceso
de extradición que se sigue contra el ex viceministro de Defensa
Inocente Montano, implicado en la Masacre de los Jesuitas del 16 de
noviembre de 1989, Dalton puntualiza que si bien antiguas autoridades
estadounidenses se hicieron de la “vista gorda” al dejarlo entrar a su
país, ahora él constituye un "peligro" para dicha sociedad.
“No hay ninguna
diferencia entre un (Osama) Bin Laden y un Montano, son criminales que
cometieron masacres (…) Eso te dice que la sociedad y sus normas van
evolucionando hacia un perfeccionamiento que procura la convivencia
armónica”, expresa.
Juan
José Dalton considera que para que El Salvador empiece a sacudirse la
costra de impunidad, se debe anular la Ley de Amnistía, la cual dice
que es una de las preocupaciones más grandes que tienen los
representantes de las organizaciones civiles, políticas y oficiales
estadounidenses con los que ha hablado.
Al respecto,
señala que el presidente Mauricio Funes debe tomar un papel más activo
en la anulación de la Amnistía, ya que en su momento, el presidente
Alfredo Cristiani (1989-1994) fue quien envió a la Asamblea Legislativa
dicho compendio legal, y que por lo tanto, los mandatarios tienen
"iniciativa de ley".
También cree
que la prensa debe procurar alejarse de los poderes políticos y
económicos, para que logre ser crítica e independiente y que represente
realmente los intereses de la sociedad.
Finalmente,
exhortó a ambos bandos que se enfrentaron en el conflicto armado
reconozcan y pidan perdón de cara a la sociedad por los crímenes
cometidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario