Mario Roberto Morales (*)
GUATEMALA - Durante la fase de “tierra arrasada” del plan contrainsurgente era habitual que algunos dignos, prominentes, buenos y bien nacidos empresarios oligarcas se subieran a los helicópteros del ejército para presenciar desde el aire las masacres de indígenas civiles (desarmados e indefensos) que perpetraban otros indígenas en uniforme militar y bajo órdenes de oficiales a menudo ladinos. Los nombres de estos admirados y respetables emprendedores –quienes de aquella cómoda y divertida manera corroboraban la eficacia de sus mastines con casco en la asignada tarea de acabar con “los comunistas”– circulan profusamente en los ambientes del activismo de derechos humanos y de la aplicación de justicia a los militares genocidas.
Los criminales de guerra quedaron exentos de esta aplicación porque acordaron su mutuo encubrimiento mediante las amnistías pactadas en los acuerdos de paz. Pero como el delito de genocidio no prescribe y se realiza usando el poder del Estado, eso explica por qué no hay guerrilleros acusados de genocidio a pesar de que a más de uno puede quedarle el guante de criminal de guerra, como les queda a sus ex enemigos militares. La justicia, como vemos, está limitada por los intereses dominantes o hegemónicos. De aquí que el notable escritor estadounidense Ambrose Bierce afirme en su Diccionario del diablo que Justicia es un “Artículo más o menos adulterado que el Estado vende al ciudadano a cambio de su lealtad, sus impuestos y sus servicios personales”. Es decir, a conveniencia y discreción de los intereses que represente el Gobierno.
Tal norma se rompe cuando por razones más azarosas que planificadas se cuelan en el Estado funcionarios que desde el aparato de justicia contradicen esos intereses. Y esto ocurre en Guatemala con la actual administración del Ministerio Público. Por eso presenciamos el juicio por genocidio contra un par de militares detrás de los cuales tiemblan legiones de otros genocidas, mordiéndose las uñas y medicándose contra inusitadas cuanto pertinaces incontinencias estomacales.
Regocija por todo atestiguar cómo algunos de aquellos honorables empresarios que miraban el genocidio desde helicópteros artillados, chillan como hienas en los diarios aullando a favor de sus ahora tristes sabuesos –cuya mueca de bulldogs se ha tornado en mirada de “hush puppies”–, mientras los impasibles oligarcas de hueso colorado los miran hundirse sin el menor asomo de lástima, mucho menos de agradecimiento por los servicios prestados.
Dice Bierce que Juramento es “En derecho, solemne promesa ante Dios que la conciencia debe cumplir so pena de perjurio”. Y el DRAE define Perjurio como “Juramento en falso, quebrantamiento de la fe jurada”. Muy a propósito del ya roto idilio entre oligarcas y genocidas, entre dueños de circo y gorilas amaestrados. Un idilio que sólo añora la canalla fascista, esa que tacha de terroristas a los militantes de derechos humanos, los procuradores de justicia, los intelectuales de izquierda, los campesinos, los obreros, los estudiantes, las feministas y las moscas del verano.
Para seguir con la J, el DRAE dice que Joder significa “Destrozar, arruinar, echar a perder”. Si con la “tierra arrasada” los genocidas jodieron a los indígenas civiles desarmados e indefensos, hoy se joden de lo lindo los genocidas viéndose destrozados, arruinados, echados a perder. Las vueltas que da la vida, je.
(*) Escritor guatemalteco
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