TeleSur/La Radio del Sur
El Tribunal Electoral de México rechazó este miércoles la “excitativa
de justicia” presentada por la coalición de izquierda Movimiento
Progresista, en la que solicitaba a los magistrados de la Sala Superior
que exigieran al Instituto Federal Electoral (IFE) desarrollar un
proceso extraordinario de fiscalización de los gastos de campaña del
candidato Enrique Peña Nieto.
Los siete magistrados que integran el Tribunal coincidieron en que la
petición para acelerar las investigaciones que realiza la Unidad de
Fiscalización, “excede las facultades del órgano jurisdiccional y atenta
contra su autonomía”.
El Movimiento Progresista ha demandado la invalidación de los
comicios presidenciales argumentando que la alianza ganadora, encabezada
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), incurrió en diversos
ilícitos, como gastos excesivos y uso de dinero de origen ilícito en la
campaña de su candidato.
El Tribunal explicó que no puede obligar al IFE a proceder en un
determinado sentido, máxime cuando lo que se pretende “es crear un
procedimiento extraordinario de fiscalización o simplemente la
resolución de procedimientos administrativos de manera sumaria”.
El ente señaló que el caso debe plantearse primero ante el IFE y, de
acuerdo con lo que allí se resuelva, los interesados podrán acudir al
Tribunal para inconformarse a través de los medios de impugnación
previstos en la ley.
El magistrado Constancio Carrasco destacó que durante la tramitación
del juicio de inconformidad promovido para que se declare la invalidez
de la elección presidencial, los magistrados podrán solicitar y recibir
del IFE información sobre las quejas en materia de fiscalización
relacionadas con los comicios.
La instancia judicial también negó a varios medios de comunicación
participar como terceros interesados en el juicio de nulidad interpuesto
por la coalición Movimiento Progresista, al argumentar que “carecen de
interés legítimo en el asunto”.
El magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, explicó que los
escritos presentados por empresas de medios de comunicación y
agrupaciones de ciudadanos no reflejan un interés contrario a quienes
piden invalidar la elección, por lo que no pueden ser aceptados como
“terceros interesados”.
El Tribunal deberá pronunciarse los primeros días de septiembre sobre
la validez de la elección presidencial, que de acuerdo con el
escrutinio oficial fue ganada por Peña Nieto con 38,21 por ciento de los
votos, por delante del candidato progresista, Andrés Manuel López
Obrador, con 31,59 por ciento.
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