La mesa de diálogo se instalará en octubre en Oslo, capital
noruega, pero su sede principal será La Habana, aunque podrá sesionar
en otros países. El texto compromete a las partes a “poner fin al
conflicto como condición esencial para la construcción de la paz
estable y duradera”.
La Radio del Sur/Télam
El acuerdo para iniciar un diálogo establece que la paz es “una
obligación de ambas partes” y ubica a Cuba y Noruega como garantes de
las conversaciones, y a Chile y Venezuela como acompañantes.
De ese acuerdo, que la prensa viene revelando de a tramos, el
presidente Juan Manuel Santos dará detalles probablemente antes de fin
de semana, según medios bogotanos.
El texto firmado en La Habana el lunes contiene seis aspectos:
política de desarrollo agrario integral; participación en política; fin
del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas y
reparación; e implementación, verificación y refrendación del eventual
acuerdo.
El documento, que empezó a ser discutido en febrero, señala que la
paz “es una obligación de ambas partes” y establece algo que ya había
trascendido el mismo lunes: que la mesa de diálogo se instalará en
octubre en Oslo, capital noruega, pero que su sede principal será La
Habana, aunque podrá sesionar en otros países.
El texto compromete a las partes a “poner fin al conflicto como
condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera” e
“iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas”.
También afirma que se desarrollarán conversaciones “con el apoyo de
los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de
Venezuela y Chile como acompañantes” y que “de acuerdo con las
necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros”.
Caracol Radio aseguró, en tanto, que las conversaciones se
iniciarían “sin un cese de hostilidades entre las partes y sin cese al
fuego”, aunque no citó fuentes.
La venezolana Telesur revelaron el lunes que las partes acordaron
instalar la mesa de diálogo tras una fase de conversaciones
preliminares en las que participaron Alejandro Éder, consejero
presidencial para la Reintegración, y Rodrigo Granda, del equipo de
relaciones internacionales de las FARC.
Luego se sumaron el consejero para la seguridad nacional, Sergio
Jaramillo, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl, así como Jaime
Parra, alias “Mauricio Jaramillo” o “El Médico”, de la cúpula de mando
de las FARC, y Jesús Carvajalino, alias “Andrés París”, otro alto jefe
de ese grupo.
Bajo el título “Acuerdo general para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera”, el texto señala que en
la mesa podrán participar “hasta 10 personas” por cada parte, aunque
cada delegación podrá estar formada por hasta 30 miembros.
A raíz de las insistentes versiones de prensa sobre contactos entre
las partes, el presidente Santos admitió el lunes por la noche que su
gobierno había tenido acercamientos con la guerrilla en busca de un
proceso de negociaciones que acabe con el conflicto armado interno que
ya lleva cinco décadas.
Además, aún con reservas, también el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), la segunda organización del país, adelantó que podría sumarse a
las conversaciones.
La fuerte jugada del Ejecutivo de Santos recogió un marcado respaldo
de casi todos los sectores y algunas críticas aisladas, entre ellas la
del ex mandatario Alvaro Uribe, vuelto un acérrimo opositor a Santos.
Los asesores Jaramillo y Eder afirmaron hoy que entregarán en los
próximos días a Santos un informe detallado sobre los alcances de las
primeras conversaciones, y se descuenta que luego el mismo presidente
dará detalles del inminente proceso.
Este martes, en Cartagena de Indias, Santos volvió a defender su
decisión de dialogar con la guerrilla: “¿Se imaginan como sería una
Colombia en paz? Nuestras generaciones no han vivido un sólo día de
paz, y quiero que las nuevas generaciones sí lo vean y gocen un país”.
El fiscal general Eduardo Montealegre, en tanto, aseguró que en un
eventual proceso de paz el llamado Marco Jurídico para la Paz -en
estudio en el Congreso- le da a Santos “un margen de negociación
jurídica”.
El diario El Tiempo señaló, en su sitio web, que la intención es que
el Congreso apruebe en octubre el proyecto de ley estatutario que
active el marco jurídico, fecha a partir de la cual se contaría con un
plazo de 4 años para desarrollarlo en su integridad.
Las FARC, activas desde 1964, protagonizaron ya frustrados procesos
de paz con los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur
(1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).
RO
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