El fiscal Milton Mendoza, al frente del proceso, señaló que el proceso se encuentra en la parte final, que es la de los alegatos, período en el cual todas las partes involucradas expresan oralmente su pedido al tribunal.
Posteriormente comienza la fase de deliberación y sentencia, apuntó, al tiempo que añadió que espera una sentencia condenatoria muy pronto.
El fiscal también dijo la víspera que los tres exministros bolivianos, imputados en ese caso y refugiados en Perú, podrían ser extraditados por el cambio de gobierno cuando juramente el presidente electo Ollanta Humala.
Recordó que Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud) y Jorge Torres Obleas (Hacienda), están acusados de genocidio, al igual que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otros miembros de esa administración por la muerte de más de 60 personas durante la represión militar de octubre de 2003.
La autoridad judicial consideró que la situación podría cambiar ya que el asilo fue en el gobierno de Alan García.
En octubre de 2003, miles de vecinos bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas de Sánchez de Lozada, como las de exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.
El exmandatario envió a militares a acabar con las protestas, lo cual derivó en 67 muertes y más de 400 heridos.
La revuelta obligó a Sánchez de Lozada a renunciar y se refugió en Estados Unidos, seguido de dos de sus ministros.
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