Las huelgas en las provincias andinas limítrofes con Bolivia y otras de la región surandina de Puno continúan sin que las conversaciones entre los dirigentes de las protestas y representantes del gobierno arriben a una solución.
Las preocupaciones por la explosiva situación social se intensificaron tras la muerte, el martes último en la ciudad centroandina de Huancavelica, de tres civiles baleados por la policía durante disturbios motivados por un conflicto en torno a la creación de una universidad.
Ante tal panorama, Humala se refirió ayer al tema tras recibir sus credenciales de presidente electo, extendidas por el tribunal electoral, y dijo esperar que García pacifique los conflictos "y no nos entregue un campo minado" cuando deje el cargo, el próximo 28 de julio.
Al deplorar las muertes, señaló que hay responsabilidad política por las mismas, en el gobierno y el congreso, este por haber creado una universidad sin tener encuenta su financiamiento, y el primero por no haber previsto financiar el nuevo centro sin afectar a la universidad existente.
Los reclamos a favor del centro y las protestas de los estudiantes por la merma de los fondos de la universidad estatal pre-existente motivaron los disturbios, y Humala lamentó que nadie asuma responsabilidades.
Llamó también a las poblaciones de Puno en huelga que cesen la protesta contra las actividades mineras y petroleras por contaminantes, y exhortó al gobierno a resolver los conflictos con respeto a la voluntad popular.
Según Humala, el gobierno saliente debe asumir su responsabilidad constitucional de mantener la paz social.
Por su parte, el empresario Salomón Lerner, asesor de Humala, manifestó que la organización de este, Gana Perú, está preocupada por la intensificación de los conflictos y confirmó que la nueva administración, que asumirá el 28 de julio, los afrontaró con el diálogo.
De otro lado, el defensor del Pueblo interino, Eduardo Vega, calificó como pésima respuesta oficial la política de esperar que haya muertos para intentar resolver los conflictos, que bajo la actual administración iniciada en julio de 2006, dejaron un saldo de 88 muertos.
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