Testimonio de una mujer de 26 años, embarazada, detenida: Mientras eran trasladados los policías aplicaban cigarrillos encendidos en las plantas de los pies, las manos y las orejas de los varones...
Sergio Fernando Bahr Caballero |
CPTRT (Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares)
Adital
"El SPT recibió el testimonio escrito de una mujer de 26 años, embarazada, detenida por policías del Comando de Operaciones Especiales 'Cobras', en su domicilio de San Pedro Sula el 29 de julio de 2009, junto con otra mujer y siete varones. Mientras eran trasladados a la cuarta estación ubicada en el Barrio La Guardia, en el recinto de la DNIC, los policías aplicaban cigarrillos encendidos en las plantas de los pies, las manos y las orejas de los varones. Ya en la estación de policía, los varones fueron golpeados mientras yacía boca abajo en el suelo y continuaban aplicándoles cigarrillos encendidos. Uno de ellos recibió toques eléctricos en el vientre, orejas y lengua. Al día siguiente, en la audiencia ante el juez, la defensora pública pidió que uno de los varones fuera examinado por Medicina Forense porque estaba sangrando. A los demás detenidos no les preguntó si habían sido objeto de malos tratos.
El 26 de junio se conmemora el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura y sus familiares, por lo que el CPTRT[1] realiza durante la semana del 20 al 26 una serie de actividades para concientizar sobre el tema, y para denunciar que a partir del golpe de Estado de 2009 los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes han venido empeorando en el país, particularmente en la región del Aguán.
Si en 2009 se argumentaba que existía un "estado excepcional” para explicar (nunca justificar) la tortura, la tendencia alta de los casos en 2010 y 2011 revela que esta práctica existe en Honduras debido a la debilidad y el resquebrajamiento institucional de la pobre institucionalidad democrática del país como el hecho que las fuerzas de seguridad del Estado han recuperado la práctica masiva de la tortura y TCID como herramienta fundamental de su doctrina.
En 2009 se dieron cientos de casos a partir del 28 de junio, con algunos puntos particulares en el tiempo (septiembre, noviembre) en los que se intensificaron. Durante las elecciones, por ejemplo el espíritu democrático del momento incluyó: allanamientos ilegales, hostigamientos y atentados contra la integridad psíquica y moral, militarización de comunidades enteras (Zacate Grande, en el sur; Guadalupe Carney, en Trujillo), asesinatos, detenciones ilegales, violaciones al derecho de locomoción; violación al derecho de libre expresión. Sin embargo, la práctica de la tortura en Honduras no es una respuesta coyuntural de pánico de algunos agentes del Estado ante una situación de crisis. La situación de militarización del Aguán no respondía a la coyuntura electoral, sino al uso de la hegemonía obtenida a través del golpe por parte de los grupos de poder para lanzar un asalto militar contra las comunidades campesinas más y mejor organizadas del país, a través de la militarización y represión que sólo en el caso del CPTRT ha implicado la atención de más de 600 casos durante el 2010 y 2011 y que continúa hasta el día de hoy.
La militarización y violaciones de derechos humanos en el Aguán remarcan la pérdida de legitimidad –frágil- del sistema de justicia hondureño. La Corte Suprema, fiscalías, ejército, policías e incluso instancias como el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Cultura se convierten bajo la administración producto del golpe en instancias politizadas en lugar de instancias de derecho, que contribuyen a la persecución de la disensión política y la protesta social. De acuerdo al subcomité para la prevención de la tortura: "Ninguno de los detenidos entrevistados por el SPT denunció la tortura o los malos tratos relatados, aún cuando algunos pudieron haberlo hecho durante la audiencia ante el Ministerio Público o el juez, argumentando temor a represalias o ineficacia de los recursos disponibles. Algunos detenidos manifestaron al SPT que los propios defensores les habían aconsejado no denunciar ante el juez el mal trato que habían sufrido. En este sentido, el SPT recuerda que se deberán tomar medidas para asegurar que quienes presenten una queja por tortura o malos tratos estén protegidos contra posibles represalias”.
(PRIMERA PARTE)
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