Por Constanza Vieira
"Impunity", codirigido por el periodista colombiano Hollman Morris y el colombo-suizo Juan José Lozano, se adentra en el funcionamiento jurídico previsto desde 2005 para la desmovilización de las bandas de ultraderecha. En ese contexto, se ve a los paramilitares hablar de lo que dicen recordar.
Sus confesiones se proyectan simultáneamente en salas alternas donde las víctimas buscan migajas de verdad sobre sus seres queridos: "¿Dónde está?", "¿Qué le hicieron?", les preguntan vía teleconferencia a los paramilitares.
"No recuerdo", "matamos a miles", responde muchas veces el paramilitar de turno que confiesa. "A ese lo matamos por guerrillero", o "nos equivocamos", son otras recurrentes respuestas.
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Esas confesiones son lo que llama justicia la Ley de Justicia y Paz, el marco normativo promovido por el gobierno de entonces del derechista Álvaro Uribe (2002-2010) para reglamentar la desmovilización de los paramilitares.
La ley se planteó para buscar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y para erradicar las matanzas y despojos de tierras.
Supuestamente, los paramilitares se organizaron hace 30 años para combatir a la guerrilla de izquierda, surgida en 1964. Pero al cabo del tiempo terminaron apropiándose de la tercera parte del parlamento en la legislatura 2002-2006 y de unas seis millones de hectáreas de tierras, desplazando a millones de campesinos de sus hogares y matando o haciendo desaparecer a decenas de miles de personas.
En esas salas alternas donde la cámara de "Impunity" se adentra son casi todas mujeres, casi todas como esfinges. Lloran en silencio, o cabizbajas repasan el horror que les tocó vivir. Solo intercambian una mirada furtiva ante alguna afirmación fría y distante del criminal de guerra de turno.
Se les siente una profunda soledad y el terror de vieja data, pero aún vivo y presente. En muchos lugares de Colombia los asesinos se han apoderado del Estado y siguen ejerciendo el control. Ellas más que nadie lo saben.
"Impunity" se proyectó el 20 de este mes en una sala con aforo para 1.300 espectadores, pero llegaron 2.000, convocados únicamente a través de las redes sociales.
Es que el documental terció en un candente debate por estos días en Colombia.
Al traer a la actualidad la semana previa a la exhibición del filme el concepto de mano negra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, redefinió el campo político del país, según el analista Álvaro Forero, del diario bogotano El Espectador.
Según Santos, la mano negra es aquella "que no quiere que se repare a las víctimas, solo a los victimarios". Sus miembros "asesinan a los líderes campesinos que están queriendo recuperar su tierra".
Mientras la cúpula de la insurgencia guerrillera es perseguida militar y judicialmente con nombre propio, para la mano negra no hay nombres.
Como linterna, la película "Impunity" enfoca mecanismos que preservan ese anonimato.
Muestra cómo la prensa es conminada a abandonar las audiencias cuando los paramilitares tocan fibras poderosas y dan nombres de militares y empresarios y cómo, tras esos asomos de verdad, Uribe otorga la extradición en 2008 a Estados Unidos a los máximos capos paramilitares.
El último en ser extraditado fue Éver Velosa, alias "HH", quien fue, de todos ellos, el que habló más alto.
La fiscalía lo exhortó a ampliar su confesión acerca del llamado "Grupo de los Seis", quizás la mismísima mano negra, un grupo que fue asesor del hoy extinto comandante paramilitar Carlos Castaño, entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Velosa condiciona el revelar sus nombres a "garantías suficientes, no para mí, sino para otras personas".
Cuando el equipo de "Impunity" intentó entrevistarlo en una cárcel cerca de la noroccidental ciudad de Medellín, llegó un anónimo que decía: "No vengan por acá. Mucho cuidado con lo que van a hacer aquí". Para esa fecha, a los realizadores les robaron el computador con toda la información sobre la producción del documental.
Ante la justicia y antes de su extradición, Velosa reclamó si Colombia, en guerra civil por tres generaciones, prefiere saber solo de los cientos de miles crímenes contra gentes del pueblo, pero no de los autores intelectuales de la matanza (ver recuadro).
"Impunity" se pregunta "qué queda" luego de estas confesiones, que se amontonan en los anaqueles judiciales por centenas de miles de folios.
"La atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también", dijo a IPS Michael Reed, director adjunto en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés).
ICTJ aportó para financiar la realización del filme "Impunity", junto a la cooperación canadiense, el canal europeo Arte y la TV Suiza (lea la entrevista completa en español en http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=462).
"La Fiscalía (General de la Nación) tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales", señaló Reed.
"Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos", agregó, "lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las organizaciones de derechos humanos y de las propias víctimas".
Algo muy importante en el panorama de intimidaciones a la justicia es que "lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones".
El proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada, como quien toma fotos aquí y allá, pero se necesita, justamente, una película.
"Lo que pedimos como ICTJ", añadió Reed, es "una perspectiva estratégica en donde lo que se investiga sea la maquinaria criminal, crímenes de sistema, esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas".
Las investigaciones deben cobijar "sobre todo, a los máximos responsables", dijo. La verdad trunca que indica "Impunity".
El analista Forero advierte sobre otro camino que queda: "Con el señalamiento de la mano negra, Santos (…) frenó súbitamente la tolerancia social frente a los excesos ultraconservadores (y) declaró políticamente ‘ilegal’ a la extrema derecha". (FIN/2011)
Velosa condiciona el revelar sus nombres a "garantías suficientes, no para mí, sino para otras personas".
Cuando el equipo de "Impunity" intentó entrevistarlo en una cárcel cerca de la noroccidental ciudad de Medellín, llegó un anónimo que decía: "No vengan por acá. Mucho cuidado con lo que van a hacer aquí". Para esa fecha, a los realizadores les robaron el computador con toda la información sobre la producción del documental.
Ante la justicia y antes de su extradición, Velosa reclamó si Colombia, en guerra civil por tres generaciones, prefiere saber solo de los cientos de miles crímenes contra gentes del pueblo, pero no de los autores intelectuales de la matanza (ver recuadro).
"Impunity" se pregunta "qué queda" luego de estas confesiones, que se amontonan en los anaqueles judiciales por centenas de miles de folios.
"La atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también", dijo a IPS Michael Reed, director adjunto en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés).
ICTJ aportó para financiar la realización del filme "Impunity", junto a la cooperación canadiense, el canal europeo Arte y la TV Suiza (lea la entrevista completa en español en http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=462).
"La Fiscalía (General de la Nación) tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales", señaló Reed.
"Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos", agregó, "lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las organizaciones de derechos humanos y de las propias víctimas".
Algo muy importante en el panorama de intimidaciones a la justicia es que "lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones".
El proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada, como quien toma fotos aquí y allá, pero se necesita, justamente, una película.
"Lo que pedimos como ICTJ", añadió Reed, es "una perspectiva estratégica en donde lo que se investiga sea la maquinaria criminal, crímenes de sistema, esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas".
Las investigaciones deben cobijar "sobre todo, a los máximos responsables", dijo. La verdad trunca que indica "Impunity".
El analista Forero advierte sobre otro camino que queda: "Con el señalamiento de la mano negra, Santos (…) frenó súbitamente la tolerancia social frente a los excesos ultraconservadores (y) declaró políticamente ‘ilegal’ a la extrema derecha". (FIN/2011)
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