Nunca sabremos si Galileo Galilei realmente dijo Eppur si muove —“Y sin embargo se mueve”— después de abjurar sobre su teoría heliocéntrica frente al tribunal de la Santa Inquisición. Pero es un hecho que a él se le atribuye la tenacidad de sostener la evidencia científica frente al dogma impuesto por la autoridad de aquella época. Hoy, en un país de silencio, impunidad y violencia como Guatemala, donde hasta la justicia llega tardíamente, hemos de pedirle prestada la frase a Galileo y decir: eppur si muove.
Se abre el primer juicio por genocidio en Guatemala y hay montañas de evidencias que condenan a Héctor Mario López Fuentes, ex general de 81 años, acusado por la Fiscalía de Derechos Humanos “de ser el principal responsable de más de 10 mil asesinatos, 9 mil desplazamientos y violaciones contra mujeres del área Ixil, crímenes ocurridos en marzo de 1982 a octubre de 1983. Según el fiscal del caso, Manuel Vásquez, los crímenes ocurrieron al ejecutar los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, que fueron creados y ejecutados durante el mando de López Fuentes como Jefe del Estado de la Defensa del período de facto de Efraín Ríos Montt”.
Sería de humanos conmoverse ante la imagen de un anciano sentado dentro de una especie de jaula de donde saldrá esposado para enfrentar a la justicia. Sin embargo, bastan segundos de conciencia y memoria por los horrores cometidos bajo sus órdenes y su supervisión, contra miles de hombres y mujeres de todas las edades, e incluso contra infantes que eran tomados de los pies con el fin de matarlos al estrellar su cabeza contra una piedra o un árbol, para que la compasión y la razón se coloquen del lado debido. Solo entonces podremos cumplir con el mandato histórico de justicia y reparación que el Estado de Guatemala le adeuda a miles de familias en este país.
No hay ejército que no sepa que existen prácticas aceptables y no aceptables mientras se está en guerra —Ius in bello—, por lo cual es una trampa decir que en la guerra todo se vale. Si bien ninguna guerra es justa, porque el éxito de la violencia depende de las relaciones de poder, como diría Weber, y no de la ética, nada justifica los horrores que se vivieron aquí en décadas pasadas, antecedentes directos de los horrores que vivimos hoy. Y es obvio que la impunidad que padecemos no es gratuita; obvio es que el Ejército cometió el 93 por ciento de las 626 masacres que sucedieron en Guatemala; obvio es que actualmente muchos ex kaibiles han sido los maestros de los Zetas, y que muchos militares que nunca fueron juzgados están detrás del terror que se vive, porque son parte de estructuras que sostienen jugosos negocios de drogas, armas, extorsiones, corrupción y humanotráfico. Por cierto, ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó en la conferencia sobre seguridad que se realiza en nuestro país, que allí dentro había “mucha gente que está a sueldo de los narcotraficantes” y les informa sobre lo que se discute en ese foro.
Sin embargo, definitivamente algo se está moviendo, por las razones que sean y de las cuales a mí solo me importa la justicia. El lunes pasado, el Gobierno inauguró un centro de acceso público a 12 mil 287 archivos desclasificados sobre las operaciones militares en la guerra civil (1960-1996), que podrán ser revisados libremente solicitando permiso al Ministerio de la Defensa, y luego usados en tribunales, si fuera el caso. Este Centro de Consulta de Servicios de Ayudantía del Ejército, con sede en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa, cuenta con el 99.3 por ciento de los archivos militares disponibles al público.
Que no sea espejismo, porque lo que se mueve está vivo, y aquí ya estamos hartos de tanta muerte.
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