El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer que propondrá a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) –de la que el propio mandatario ejerce la presidencia pro tempore– la creación de un frente común para paliar el creciente poder de las trasnacionales, que nos creen todavía su patio trasero, (su) colonia; que creen que pueden pisotear nuestra dignidad y soberanía
. El correlato de tales señalamientos es un fallo emitido por la Corte Penal de Arbitraje de la Haya, en Holanda, que obliga al gobierno de Quito a pagar 700 millones de dólares a la petrolera estadunidense Chevron –la cual enfrenta una demanda millonaria por daños ambientales en territorio ecuatoriano– luego de determinar supuestas violaciones al tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador.
Este escenario de confrontación entre los intereses de una nación y los de una trasnacional tiene su origen en el desconocimiento, cada vez más recurrente, de los principios básicos de la soberanía de los estados por parte de las grandes corporaciones, y permite ponderar el enorme peso y la capacidad de presión y de chantaje que éstas han alcanzado en años recientes como consecuencia de su vasto poder económico, en un contexto mundial en que el volumen de ventas de las empresas más grandes del mundo supera el tamaño de las economías de muchos estados. Por no ir más lejos, debe mencionarse que las ganancias totales de Chevron durante 2009 –unos 10 mil 500 millones de dólares– resultan muy superiores al producto interno bruto de Haití –ubicado en 7 mil millones de dólares, según cifras de 2008–, el país más pobre del hemisferio occidental y actualmente devastado por el terremoto del pasado 12 de enero.
En ese sentido, el discurso del presidente ecuatoriano constituye un contrapeso por demás saludable al potencial depredador de multinacionales que, como Chevron, actúan de espaldas a las sociedades y al bien común, en función de los intereses económicos de sus accionistas, y con plena desatención de los principios soberanos.
Por otro lado, el conflicto que hoy vive Ecuador debiera constituir un referente alarmante para nuestro país, cuya industria petrolera se encuentra, como lo advirtó el Comité Nacional de Estudios de la Energía, bajo la amenaza que representa la firma de tratados internacionales y las obligaciones que éstos pudieran significar en términos de resoluciones de controversias ante instancias internacionales, cuyas reglas sustantivas y procesales tienden a favorecer sistemáticamente a los capitales privados. Hoy día, y contrariamente a lo que ocurre de Ecuador –que con expresiones como las comentadas da pasos en firme para consolidar su soberanía–, México enfrenta un riesgo adicional de sufrir un retroceso en cuanto a las potestades del Estado sobre los hidrocarburos, si se toma en cuenta que el actual grupo en el poder ha dejado entrever nuevamente sus intenciones de entregar total o parcialmente la industria petrolera nacional a los intereses privados, nacionales y extranjeros, como ocurrió el pasado miércoles en el contexto del Foro Internacional de Energía que se desarrolló en Cancún.
En suma, es deseable y necesario que las autoridades mexicanas vean el conflicto actual entre Ecuador y Chevron como un precedente nefasto y como un llamado de atención, y que cesen en sus intentos por ceder girones de la soberanía nacional a particulares.
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