CLAE / Rebelión
La justicia de Ecuador
resolvió esta semana juzgar al expresidente Rafael Correa –quien vive
actualmente en Bélgica, de donde es originaria su esposa– por su
presunta implicación en el secuestro del opositor Fernando Balda,
cometido el 13 de agosto de 2012 en Colombia, en base a informes de
inteligencia colombianos.
La jueza Daniella Camacho ratificó el 7 de
noviembre la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y el
bloqueo de sus cuentas y fondos en Ecuador. A un año y medio de haber
culminado su mandato, la situación legal del expresidente de la
República Rafael Correa parece complicarse. Las medidas rigen también
para el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y
dos exagentes de policía, todos acusados de presuntamente haber cometido
el delito de plagio.
Pese a que la Fiscalía presentó la acusación
por los delitos de asociación ilícita y plagio, la jueza no dio paso a
la acusación por el primer delito: La tesis fiscal es de que el
secuestro se dio por orden directa del entonces mandatario hacia su
secretario de inteligencia, Pablo Romero. Además, en este delito se
habrían usado recursos públicos de la Senain, por lo que Fiscalía
advirtió que el delito de peculado podría ser motivo de una nueva
acusación y acción legal.
Pero la resolución de la jueza de que
los cuatro procesados en el caso pasen a la etapa de juicio no se podrá
ejecutar debido a que para el expresidente Rafael Correa y para Pablo R.
el proceso se suspende, ya que no se los puede juzgar en ausencia.
Correa, desde Bélgica –donde solicitó asilo político-, denunció este
jueves que sufre una "persecución política" y aseguró que dará la
batalla ante tribunales internacionales.
Su defensa ahora pasa
por acudir ante organismos internacionales, como hicieron en septiembre
sus consejeros jurídicos que denunciaron "persecución judicial" ante el
relator especial de la Organización de las Naciones Unidas. Sobre la
petición de la justicia ecuatoriana a Interpol para su detención, Correa
asegura que, aunque aún no tienen comunicación oficial, la corporación
la rechazó.
Para el ex mandatario las acciones en su contra forman
parte de una estrategia regional, basada en un “acoso judicial terrible
de las élites locales conectadas con las de los países hegemónicos.
"Miren lo que le han hecho a Luiz Inácio Lula da Silva", dice en
referencia al ex presidente brasileño, en prisión desde abril por
delitos corrupción sin que exista prueba alguna de su culpablidad. "Y el
mundo no reacciona", lamentó
"Como no nos pueden ganar en las
urnas, como no nos pueden derrotar, buscan estas excusas tremendamente
graves". La acción judicial, "plagada de irregularidades, no tiene
futuro. Pretenden tenerme desterrado siete, ocho años, hasta que
prescriba y tenerme fuera el país para la próxima campaña (electoral)",
en marzo de 2019, sostuvo.
Correa siempre ha negado cualquier
implicación en los hechos y ha acusado a Lenín Moreno, vicepresidente de
2007 a 2013 y actual mandatario, de orquestar un complot en su contra, y
descartó regresar a Ecuador para enfrentar el juicio, porque sería
"volver para que (lo) masacren con la injusticia que vive el país.
Ecuador vive un golpe de Estado. No tenemos Corte Constitucional",
señaló.
El exmandatario llamó a sus seguidores a no perder el
ánimo y a preocuparse por "los perseguidos en el país", como el ex
vicepresidente entre 2013 y 2017, Jorge Glas, quien cumple seis años de
prisión por delitos de corrupción, trasladado recientemente a un
hospital, a consecuencia de una huelga de hambre que comenzó en protesta
por los malos tratos carcelarios.
"Esto no lo buscamos. Es una
verdadera pesadilla. Somos víctimas de la traición más grande tal vez de
la historia del país y, probablemente, de la historia de América
Latina, pero al final venceremos", aseguró.
Un poco de historia
El
ex gobernante enfrenta desde el pasado julio una orden de arresto
preventiva, pero sólo podrá ser enjuiciado si es detenido o se presenta
ante el tribunal, pues la ley impide que sea procesado en ausencia por
este delito que se castiga hasta con siete años de prisión.
Daniella
Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia
(CNJ), dictó entonces la prisión y emitió alerta roja para que la
Interpol lo localice, capture y extradite. Se indicó que una vez que
Correa esté en el país deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en
El Condado, en el norte de Quito.
Caupolicán Ochoa, abogado de
Correa, calificó de arbitraria la disposición de la magistrada de que su
cliente se presente cada 15 días en la Sala de lo Penal de la Corte
(Quito). Presentó seis documentos para demostrar que su defendido reside
en Bélgica y tiene su familia en ese país y pidió a la magistrada que
se revise la medida para que el exmandatario pueda presentarse en el
consulado de Ecuador en Bélgica. Tanto la Fiscalía como la defensa de
Balda impugnaron los documentos presentados.
En reiteradas
oportunidades, Correa ha asegurado que no poseen ninguna prueba para
vincularlo con el caso Balda y ha denunciado ser víctima de una
persecución política y mediática, ante el hecho de colocar “una medida
cautelar imposible de cumplir”.
El abogado del expresidente dijo
que “Aquí no se trata de hacer justicia, sino de venganza. No se trata
de aplicar el debido proceso, sino de cumplir las consignas, de hacer
méritos para que luego se les mantenga en los cargos en la
administración de justicia. “Es decir, hemos visto un escenario en donde
se han violado todas las garantías de carácter constitucional y legal.
Aquí, lo que se cumplen son órdenes, se buscan razones para acusar, para
buscar la detención preventiva, no para hacer justicia”, acotó.
Para
el penalista Francisco Pesántez, en la resolución de la jueza Daniella
Camacho primaron los elementos de convicción que presentó en su momento
la Fiscalía y señaló a El Telégrafo que el “proceso penal
colombiano estableció que el secuestro existió, que fue contratado un
carro y pagado con dineros de fondos del Ecuador, y que los autores
intelectuales del hecho estuvieron en Bogotá y son policías del
Ecuador”.
El caso Balda y la “inteligencia” colombiana
Según
Balda, el secuestro era una orden del entonces presidente Correa,
ejecutada en Colombia por agentes ecuatorianos infiltrados, con la ayuda
de un oficial de policía colombiano e incluso delincuentes. Por el caso
declararon exfuncionarios de inteligencia, como Rommy Vallejo, y el
propio expresidente Correa.
Balda vivía en Colombia desde 2009,
cuando había salido de Ecuador huyendo de dos procesos legales. El
primero lo inició Correa por atentar contra la seguridad del Estado y el
segundo fue por injurias calumniosas no graves, entablado por el
exdirector de la Unidad Técnica de Seguros Óscar Herrera, a quien Balda
acusó de tráfico de influencias por adjudicar irregularmente un contrato
de bróker de seguros.
La revista colombiana Semana, señaló
que la información entregada por la Fiscalía de Colombia en mayo de ese
año, en el hotel Las Lomas de Bogotá, Balda habría conocido a otros
tres ecuatorianos: Luis Chicaiza, Wilson Jarrín y Daniela Gaibor. El
primero se acreditó como miembro de una ONG y los otros dos como parte
de un movimiento político de oposición a Correa.
Los tres decían
que participarían en el evento de la Fundación Internacionalismo
Democrático presidida por Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Dos
meses después, varios hombres y un policía disfrazado habrían hecho un
primer intento para deportar a Balda hacia Ecuador, pero como su
estancia en Colombia estaba en regla, la deportación no se concretó.
La
fiscalía colombiana explicó que el 13 de agosto de 2012, cerca de las
7:40 de la noche, Balda, quien se habría despedido de Chicaiza y
mientras caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de
Bogotá, fue interceptado por una camioneta en la que cuatro hombres y
una mujer lo subieron a la fuerza.
Mientras esto ocurría un
taxista testigo del suceso, habría llamado a la policía y a otros
taxistas que emprendieron una persecución que impidió el supuesto
secuestro. Tras la persecución los secuestradores habrían escapado,
abandonando a la camioneta y a Balda.
Durante las investigaciones
las autoridades colombianas encontraron huellas digitales en el vehículo
con las que pudieron detener a uno de los secuestradores (no
identificado) en Puerto Tejada, a 301 kilómetros de Bogotá, quien dijo
haber recibido una llamada de un amigo, cabo del Ejército (cuyo nombre
tampoco se comunicó) de Colombia, quien le dijo que fuera a Bogotá para
hacer “una vuelta” (un encargo): secuestrar a una persona y llevarla
hasta Ipiales. El detenido iba a recibir 10 mil dólares por el
secuestro.
La Fiscalía colombiana señaló que en el intento de
secuestro también participaron agentes de inteligencia ecuatorianos. Los
colombianos señalaron que la camioneta participante en el delito fue
rentado por Chicaiza (quien apareció en las grabaciones de las cámaras
de seguridad del hotel Capital acompañado del cabo del ejército
colombiano que no ha sido identificado). Las autoridades ecuatorianas
confirmaron que era un sargento activo de la Policía, parte de la
Dirección General de Inteligencia de Ecuador.
Eloy Osvaldo Proaño: Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la
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