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domingo, 18 de noviembre de 2018

Colombia: implican a más funcionarios en trama de Odebrecht

Se divulgan dos nuevos audios

Bogotá. En dos nuevas grabaciones reveladas este viernes por el diario El Espectador se escucha al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y al fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano discutir sobre las irregularidades y delitos en los contratos de la obra Ruta del Sol II, en la que operó la constructora brasileña Odebrecht, además de mencionar a más funcionarios involucrados en la trama.
Se escucha a Pizano explicar a Martínez, con papeles en mano, cómo se dio cuenta de que había facturas falsas, contratistas que no tenían la experiencia para hacer los trabajos, duplicación de firmas y reuniones sin explicación en la oficina de la concesionaria Ruta del Sol, reportó el rotativo en su portal.

Lista de delitos
Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación, enumera Pizano a Martínez todos los delitos que detectó en las contrataciones.
Pizano se desempeñó en 2015 como auditor de Ruta del Sol II, proyecto entre Odebrecht y Episol –unidad del Grupo Aval de Colombia– que nació en 2010 para construir con más de mil millones de dólares un tramo de 528 kilómetros de una carretera hacia la costa Caribe.
Como auditor, Pizano detectó irregularidades en pagos realizados por la firma brasileña y en agosto de ese mismo año se las comunicó a Martínez, quien entonces era abogado del conglomerado colombiano.
El nuevo audio revela que, desde 2015, Martínez ya sabía que el ex senador Otto Nicolás Bula se reunía con directivos de la concesionaria. Bula fue el segundo capturado por este escándalo, luego del ex viceministro Gabriel García Morales, quien admitió haber recibido 6.5 millones de dólares de Odebrecht para adjudicarle el proyecto Ruta del Sol II.
En otra grabación se oye a Pizano informar a Martínez de reuniones de directivos de la obra con el empresario Federico Gaviria Velásquez y Luis Bernardo Villegas, ex secretario de Movilidad. Además, se menciona al contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, quien desde la semana pasada es investigado por la fiscalía por posibles nexos con la multinacional cuando fue gobernador de Boyacá.
En conferencia desde la fiscalía general, Martínez pidió que fueran reveladas todas las grabaciones de sus conversaciones con Pizano. También expresó que no sabía de los delitos cometidos y que en esa reunión lo que hizo fue leerle al supervisor un concepto elaborado por un abogado penalista.
Según la investigación de la fiscalía, que desde 2016 estaba a cargo de Martínez, todas esas anomalías ocultaban el pago de sobornos a funcionarios o políticos a cambio de beneficios para Odebrecht.
La trama fue revelada la noche del domingo en el canal Noticias Uno, que difundió registros de audio en los que se escucha a Pizano y Martínez hablar de tales sobornos. El ingeniero entregó la grabación al canal con la condición de que la hiciera pública tras su muerte, pues padecía un cáncer linfático avanzado.

Pizano murió por infarto
El Instituto Colombiano de Medicina Legal indicó ayer que Pizano falleció el domingo por un infarto y no por la ingesta de cianuro. A esta conclusión llegó después de que el hijo del ingeniero, Alejandro Pizano Ponce de León, murió por beber agua saborizada de una botella que estaba en el estudio de su padre y que contenía el químico.
En tanto, Odebrecht afirmó ayer en un comunicado que desde diciembre de 2016 viene demostrando su efectiva disposición y voluntad de colaborar con las autoridades colombianas para el esclarecimiento de los hechos.
Añadió que ofreció al gobierno una indemnización de casi 34 millones de dólares sobre otros casos en el país, una propuesta que desde inicios de este mes fue rechazada por el ministerio público, la fiscalía y la contraloría.
En sus primeras declaraciones tras las grabaciones, otorgadas a la emisora Blu Radio, el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de vergonzosa dicha suma, al considerar que una empresa involucrada en sobornos nunca más debería poder contratar con el Estado.

Periódico La Jornada

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