El crimen de Rafael Nahuel representa el último nivel
de la escalada de violencia contra el pueblo mapuche. Represiones
salvajes en Chubut, criminalización en Neuquén, operativos sin orden
judicial, detenidos -incluso niños y niñas- y torturas. El Gobierno
respaldó a los efectivos y así explicitó la orden para el avance
represivo. El fantasma RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), la
chilenidad de la política oficial contra los indígenas y el genocidio
que no cesa. Una nota de Darío Aranda, que repasa los hechos, los
discursos y la embestida judicial, y analiza qué representan. El
reportaje fotográfico que acompaña esta nota es un documento clave para
comprender las consecuencias concretas de este plan. Fue producido
durante la “inspección ocular” ordenada por la justicia en el lof Lafken
Winkul Mapu y realizado por Foto Viojf para la revista Cítrica. Forma parte de la cobertura colaborativa que conformamos para informar sobre este tema los medios cooperativos Cítrica, Tiempo Argentino y lavaca.
Los hechos
30 de agosto de 2016. El Ministerio de Seguridad,
conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno a los
pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los
responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El
documento interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática
en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) realizaba “tareas de investigación” ilegales y
catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El
Ministerio de Seguridad, en línea con el discurso de las petroleras,
argumentó que las comunidad realizan “usurpaciones” en campos
hidrocarburíferos. Un centenar de organizaciones de pueblos originarios,
Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado
para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”.
El texto, titulado La lucha indígena no es delito, cuestionó
al Gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones
territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El
Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al
pueblo mapuche”.
1° de septiembre de 2016. El juez federal Guido
Otranto determinó la nulidad del pedido de extradición impulsado por la
justicia chilena en contra del lonko Facundo Jones Huala. El gobernador
Mario Das Neves cuestionó el fallo: “No queremos jueces federales que
actúen en connivencia con delincuentes (en relación a mapuches)”. E
instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione,
que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de
acciones”.
10 y 11 de enero 2017. Tres represiones en dos días
sobre el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Gendarmería Nacional y
Policía de Chubut avanzaron con escopetas y gases lacrimógenos. El
disparo en el cuello sobre Fausto Emilio Jones Huala llegó a la prensa
de Buenos Aires. Otro integrante de la comunidad perdió un tímpano. No
hubo víctimas fatales de casualidad.
21 de junio de 2017. Un centenar de efectivos de
Gendarmería ingresó a la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta,
Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para
realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la
comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden
judicial (nunca se las mostraron) y reclamaron que se retiren del
territorio indígena. Los efectivos impidieron que la comunidad
abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar
ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni
autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar
palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad)
fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el
Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que
cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
27 de junio. El lonko Facundo Jones Huala fue
detenido horas después de concluida la reunión entre Mauricio Macri y
Michelle Bachelet en Chile. El vecino país había solicitado la
extradición de Jones Huala. El 31 de julio, miembros de comunidades
mapuche reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la
detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la
Gendarmería y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. Nueve
personas fueron detenidas y una decena resultaron heridas.
1° de agosto. Represión de
Gendarmería en el Lof en Resistencia de Cushamen. Sin orden judicial,
ingresaron a territorio comunitario. Con la posterior desaparición y
muerte de Santiago Maldonado. En el lugar había estado el jefe de
Gabinete del Ministerio de Seguridad y mano derecha de Patricia
Bullrich, Pablo Noceti. Las camionetas de Gendarmería fueron lavadas
antes de los peritajes.
18 de septiembre. Más de cien efectivos de
Gendarmería llegaron de madrugada hasta la comunidad Vuelta del Río
(entre Esquel y El Bolsón) en búsqueda de indicios de Santiago
Maldonado. La brutalidad y desproporción fueron la regla. Rompieron
puertas, levantaron de forma violenta a los integrantes de la comunidad,
los mantuvieron precintados durante seis horas a la intemperie, desde
antes de la salida de sol y sin abrigos.
19 de septiembre. Más de 60 policías de la Uespo
(Unidad Especial de la Policía) ingresaron de forma violenta a la
comunidad Fvta Xayen en el paraje Tratayen (a 80 kilómetros de Neuquén
capital), parte de Vaca Muerta. Detuvieron al werken (vocero) Diego
Rosales y a dos jóvenes de la comunidad. “El aspecto más grave y urgente
es que han plantado falsas ‘pruebas’ para ensuciar nuestra justa causa.
Junto con el operativo ha aparecido armas y drogas que servirán para un
montaje repetido, el ‘maputerrorismo’“, denunció la Confederación
Mapuche.
20 de septiembre. Por la noche, cuatro sujetos
quemaron la casa de Marcelo Calfupán (de la comunidad Vuelta del Río) e
intentaron lo mismo con la vivienda del lonko, Rogelio Fermín.
23 de noviembre. Operativo con más
de 300 efectivos sobre el Lof Lafken Winkul Mapu (a 35 kilómetros de
Bariloche). El operativo, ordenado por el juez federal Gustavo
Villanueva, fue realizado de madrugada. Se esposó a mujeres durante
horas e incluso se detuvo a los niños.
25 de noviembre. Asesinato de Rafael Nahuel en una represión del Grupo Albatros de la Prefectura. La bala ingresó por la espalda.
28 de noviembre. Javier Cañio (de la comunidad
Caniu) de Buenos Aires Chico (El Maitén), fue demorado y retirado de su
territorio por dos móviles policiales para sacarle sangre, según la
orden judicial que le presentaron. El hecho se enmarca en la denuncia
realizada por el grupo Benetton en la causa del puestero que habría sido
apuñalado en julio pasado. “Es un claro acto intimidatorio”, sostuvo el
propio Cañio en diálogo con la radio comunitaria Kalewche.
Esa es la enumeración solo de un puñado de los acciones de violencia contra el Pueblo Mapuche en el último año.
Los discursos
Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la
Nación, días antes de la represión en la desapareció Santiago Maldonado:
“(Debemos) Empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de
los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en
flagrancia (…) Sólo quieren generar caos y temor en la población (…). No
tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es
judicializarlos, van a quedar todos presos”. Incluso afirmó que los
mapuches estaban en contacto con “extremistas kurdos”. Explicó que las
fuerzas federales estaban articulando acciones junto a la policía de Río
Negro y de Chubut.
Reivindicó la figura de “flagrancia” (del Código Procesal) y
justificó que los efectivos actúen sin la intervención de un juez ante
cortes de ruta. También anunció la llegada de más efectivos a la
Patagonia.
Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: “No
vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la
Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del
Estado argentino, la lógica anarquista”.
El presidente Mauricio Macri se refirió a la desaparición de Santiago
Maldonado recién diez días después de la represión. Y tildó a la
comunidad mapuche: “poco democráticos y bastante violentos”.
Luego del asesinato de Rafael Nahuel, la ministra Bullrich respaldó
de forma contundente a los efectivos: “El juez necesitará elementos
probatorios, nosotros no. No tenemos que probar lo que hace una fuerza
de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La
Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez tendrá
que ir a buscar las pruebas y está perdiendo bastantes días”.
La vicepresidenta, Gabriela Michetti, insistió en que los mapuches
atacaron y afirmó que siempre a los efectivos se les debe dar “el
beneficio de la duda (…). Si no le damos el beneficio de la duda no le
damos la posibilidad de que defienda a los ciudadanos”.
En declaraciones al diario Ámbito Financiero, justificó
además el uso de balas de plomo: “Son legítimamente usadas por las
fuerzas de seguridad. Ellos tienen la legitimidad para actuar ante un
ataque y así lo hicieron”.
El relato
Los gobernadores y funcionarios provinciales también mantuvieron un
discurso represivo para con los mapuches. El ministro de Gobierno de
Chubut, Pablo Durán, luego de la represión de enero contra la comunidad
en Resistencia de Cushamen calificó de terroristas a la RAM (Resistencia
Ancestral Mapuche), aunque la comunidad había aclarado en numerosas
oportunidades que no pertenecían a esa organización.
Durán anticipó que Chubut “va a endurecer las posiciones” frente a
los cortes de ruta y explicó que junto a Río Negro “programarán tareas
de inteligencia y protocolos de actuación” ante las comunidades. También
adelantó que exigirán “mayor firmeza a las autoridades judiciales”.
El ministro chubutense criticó a la justicia provincial y federal porque
“hay sospechosos que siguen libres” y advirtió que es “difícil prever
los blancos de ataque del terrorismo mapuche”. El 25 de julio volvió a
referirse a los mapuches: “Son un grupo de delincuentes”.
El fantasma de la RAM
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es una organización fantasma. No
se conocen sus líderes, su historia ni su proyección. Sí hubo incendios y
sabotajes de encapuchados que luego dejan pintadas de RAM o prolijos
panfletos con la sigla, reivindicando el atentado, auto incriminándose.
La única persona que señaló haber pertenecido a la RAM es Facundo
Jones Huala. Justificó su accionar. Pero afirmó que “hace años” no
participaba más.
La estrategia política y mediática fue que todo lo mapuche sea igual a
RAM. Aunque las comunidades aclarecen no saber quiénes son y no
pertenecer a la organización, funcionarios y periodistas lo usan como
sinónimos.
A cada comunidad que se le preguntó siempre respondió lo mismo: “No somos de la RAM. No conocemos a la RAM”.
En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches emitió un duro comunicado: Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche.
- “No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político institucional serio. El Pueblo Mapuche reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos”, destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche Chewelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Santa Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.
Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de conflictos.
- “Cómo es posible que panfletos absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propios de personas que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una política represora”.
Afirmaron que el pueblo mapuche tiene “decenas de autoridades
procesadas”, con órdenes de desalojos ya dictadas y próximas a
ejecutarse. Reivindicaron la defensa de territorios indígenas mediante
cortes de ruta, bloqueos a locaciones, “acciones legítimas y legales que
nunca llegan a agresiones físicas, ni a jugar con lo más valioso que
defendemos que es la vida”.
Explicaron que cada pu Lof o Lofce (comunidades) tiene sus propias
autoridades originarias (Lonko, kona, werken). No existe una sola
autoridad ni una organización que decida por todas las comunidades. La
Confederación Mapuche Neuquina está conformada por más de 60 comunidades
que se encuentran en las distintas zonales (Xavnko, Centro, Willice,
Pewenche y Lafkence). La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche
Chewelche en Río Negro la componemos más de 145 Comunidades de las
cuatro regiones (Andina, Sur, Atlántica y Alto Valle). “No existe una
sola forma de organización que lleve la voz de las comunidades, nuestros
mayores nos han trasmitido que tenemos diversidades territoriales, pero
siempre convencidos de un principio que nos une la defensa y la lucha
por nuestro territorio”.
Repudiaron la instalación de mineras, petroleras, hidroeléctricas y
forestales. “No vamos a entregar el territorio ni vamos a permitir que
ingrese ninguna multinacional a destrozar nuestros elementos naturales
que por vida hemos resguardado y cuidado para las presentes y futuras
generaciones”. Exigieron una política de reparación histórica y
regularización territorial.
(El texto completo en http://www.lavaca.org/notas/mapuche-no-es-ram-el-fantasma-de-los-servicios-de-inteligencia/)
Chilenización
El discurso oficial es que las comunidades mapuches
de Argentina adoptan formas organizativas y “violentas” similares a las
de Chile. No hay pruebas reales de eso. Pero sí hay indicios de que el
gobierno de Argentina adopta lo que en Chile es política de Estado hace
décadas: construcción de enemigo interno, criminalización de la lucha
mapuche y ley antiterrorista.
Macri se reunió con su par de Chile (Bachelet) en junio. El oficialista diario Clarín
consignó que hablaron de la situación de las comunidades mapuches. El
subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, visitó Argentina el 29
de septiembre. Se reunió con Patricia Bullrich y el tema central fue la
situación del pueblo mapuche.
“No sabemos bien en qué momento la administración macrista asumió el
garrote como una posibilidad real (…) Es posible que la chilenización de
la política indígena no haya sido programada sino que sea una
consecuencia, por ejemplo, de la importancia que tomó en el gabinete el
sector duro de la política policial, representado en la figura de
Patricia Bullrich”, señaló Felipe Gutiérrez Ríos, integrante del
Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y del portal de noticias Mapuexpress.
La embestida judicial
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció penalmente a la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti,
el 30 de noviembre. La organización aportó pruebas de que Gendarmería
Nacional ingresó a territorio mapuche (en Vaca Muerta) sin autorización
judicial. “Se dispuso el uso de la fuerza pública por simple orden
política. El caso reviste extrema gravedad, y compromete seriamente la
responsabilidad penal de Bullrich y Noceti, ya que devela la existencia
de un plan de acción deliberado desde la cartera de Seguridad,
consistente en utilizar en forma discrecional la fuerza pública sin
contar con la autorización judicial, vulnerando garantías
constitucionales, afectando derechos humanos fundamentales y poniendo en
vilo la vigencia del Estado de derecho”, explicó la Confederación
Mapuche.
Jorge Nahuel, werken (vocero) de la Confederación Mapuche, en
diálogo con radio Universidad Calf explicó que formularon la denuncia
penal por “la embestida judicial que hay contra el pueblo mapuche, que
se viene traduciendo en numerosas causas jurídicas, en desalojos
violentos y en casos de muerte, que era algo que nosotros pensábamos que
nunca iba a llegar a ese extremo”.
(Ver: http://www.lavaca.org/notas/denuncia-mapuche-contra-bullrich-y-noceti-por-allanamientos-sin-orden-judicial/)
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