Puerto Rico
80grados
Basta visitar las
alcaldías, comandancias, y funerarias de los pueblos para encontrarlos.
Los médicos también los reconocen, en privado. Pero el gobierno no los
quiere ver. Se niega a documentarlos.
Pero en las últimas tres
semanas el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha identificado 47
casos de muertes relacionadas al huracán, adicionales a los 55 que ha
informado el gobierno, mediante entrevistas a alcaldes, funcionarios de
seguridad y manejo de emergencias de los municipios, entrevistas a
familiares y revisión de certificados de defunción.
La
investigación arroja que el estado ha revictimizado a los familiares de
personas que han muerto por circunstancias vinculadas a la emergencia
obligándoles a cumplir con requisitos burocráticos en momentos en que el
propio gobierno incumplía con sus obligaciones y, como todo Puerto
Rico, no estaba operando. Algunos de los familiares de estas víctimas
fatales incluso tuvieron que pasar días con el cadáver de su ser querido
descomponiéndose en la casa porque la Policía ni la Fiscalía acudían a
levantar el cuerpo, según documentó el CPI.
Marta Rosa Colón,
Ángel Luis Vázquez y su hija de 12 años además de perder la mitad de su
casa durante el histórico ciclón perdieron al patriarca de la familia,
don Teodoro Colón de 82 años. Colón, quien se recuperaba en el hogar de
un derrame sufrido la semana anterior y dependía de oxígeno, falleció en
plena tormenta la madrugada del 20 de septiembre en el cuarto donde se
guarecía con su hija y su nieta en el barrio Damián Abajo de Orocovis.
Ese mismo día cuando bajaron los vientos, su yerno se armó de valor y de
un machete para ir a pie al pueblo a buscar ayuda. Tras caminar cuatro
horas entre los derrumbes, la crecida del río y la maleza, llegó al
cuartel de la Policía donde le dijeron que no podía mover el cadáver, y
que tampoco lo podían ir a buscar porque las carreteras estaban
incomunicadas. En la funeraria del pueblo, Orocovis Memorial, le dijeron
que tampoco podían llegar a buscar el cuerpo.
Vázquez tuvo que
regresar a pie nuevamente, usar una planta eléctrica para prenderle el
aire acondicionado al difunto, y mudar a toda la familia al cuartito
contiguo, pues el segundo piso de la residencia quedó completamente
destruido. Al día siguiente nadie llegó. Desesperado, volvió caminando
al pueblo y se presentó en el Centro de Operaciones de Emergencia a
clamar por ayuda y, pese a que no estaba la papelería legal requerida
para mover un cadáver, los rescatistas municipales y el personal de la
funeraria accedieron a auxiliarlo. Esa misma tarde un grupo de 10
hombres intentó llegar a buscar el cuerpo para sacarlo cargando del
lugar, pero las lluvias les impidieron llegar a la residencia, contó el
líder de los rescatistas Willie Colón, quien además era familiar del
difunto.
Al tercer día los 10 hombres regresaron de madrugada y
pudieron sacar el cuerpo ya en estado de descomposición, cargándolo y
arrastrándolo entre derrumbes, árboles y la crecida del río para poderle
dar sepultura. Nunca vino un policía, ni un fiscal a certificar la
muerte. De hecho, la funeraria confirmó que aún no hay certificado de
defunción pues el Registro Demográfico no estaba operando esos días.
Tampoco vino un médico, pese a que don Teodoro era paciente de hospicio
del Hospital Menonita, en Aibonito. Al día de hoy la familia no sabe la
causa del deceso y los tanques de oxígeno y equipos médicos, incluyendo
la cama de posiciones, no han sido recogidos en su casa.
“Mi suegro no se merecía eso”, sostuvo molesto y afectado Vázquez. Marta Rosa escuchaba a su lado. No tenía palabras.
Su esposo tuvo que decirle a la funeraria que él se hacía responsable
de cualquier problema que surgiera por mover el cuerpo sin seguir los
procesos legales, pero que por favor sacaran ya el cadáver de su casa.
Carmen María Meléndez Aponte, de 84 años y residente de Utuado, tuvo
peor suerte. Murió en su casa el 21 de septiembre y su cadáver estuvo
nueve días en la cama por los problemas de acceso provocados por la
tormenta.
Su hijo, Juan Santiago Meléndez relató que ese día
mientras comía, al parecer, le dio un ataque cardiaco. Él cree que su
muerte fue provocada por la impresión que vivió con el huracán.
Meléndez confesó que estuvo a punto de enterrarla en el patio, pero fue
disuadido por la Policía y por el personal del Centro de Operaciones de
Emergencia de Utuado. En vez, envolvió a su madre en sábanas, la sujetó
con unas cintas, y la puso en la cama a esperar a que la buscaran. La
funeraria finamente la recogió cuando hubo paso.
El certificado
de defunción indica como primera causa de muerte cardiopatía isquémica y
luego enfermedad de Alzheimer. El documento no menciona nada sobre las
circunstancias extraordinarias experimentadas por doña Carmen María
debido a la destrucción de su entorno por el huracán.
Ese mismo
día 21 en Carolina, Salvador Rosa Montañez, de 72 años, también sufría
las consecuencias de la tormenta. El compositor, periodista y
relacionista, era paciente de Parkison y tenía que seguir una dieta
estricta y licuada, pero tras María tenían que majarle la comida a mano
porque no tenían electricidad, ni planta, y no tragaba bien, contó su
hija Myriam. La familia notó que don Salvador comenzó a desmejorar y
llamaron desesperados al 911 para que lo buscara una ambulancia, pero
nadie contestaba. Cuando finalmente llegó la ambulancia, el paramédico
les dijo que Don Salvador estaba infartando y que a donde único lo
podían llevar era al Hospital UPR de Carolina. Allí le dijeron que no
tenían los recursos para atenderlo adecuadamente, y que había que
transferirlo a otro hospital, pero que no tenían ambulancia para
transportarlo y los hospitales que podían atenderlo no estaban aceptando
transferencias por estar llenos a capacidad.
Trataron que el
Hospital de Veteranos en San Juan lo aceptara — después de todo su papá
era veterano — pero le dijeron que tampoco podían atenderlo.
Las estampas de terror que Myriam vio en el hospital, con personas
tiradas por todos lados en los pasillos del hospital hacinado,
sangrando, baleadas, dice, eran como sacadas de una película. Aún así
dejó a su padre estable en la “esquinita” que denominaban “intensivo”, y
se fue esa noche porque el personal le dijo que no podía quedarse.
Al día siguiente, cuando lo fue a visitar, corrió la cortina que
separaba a los demás enfermos de su papá, y encontró la camilla vacía.
Salvador había muerto y nadie le había dicho.
El cuerpo fue
cremado, por lo que figura entre las 911 cremaciones autorizadas por el
ICF tras María que, según Pesquera, no tuvieron vinculación alguna al
huracán.
“Me dio mucho coraje cuando estaba viendo la
conferencia de prensa y Donald Trump dijo la barbaridad que dijo y el
Gobernador le dice que sí, que son 16 (muertes por María). Me sentí
ofendido porque a mi papá no lo están contando como una persona que
murió por la emergencia”, dijo desde Boston su otro hijo, Mario, sobre
la cifra oficial de muertes que el gobierno mantuvo inamovible durante
las primeras dos semanas tras el huracán.
Durante su visita a
Puerto Rico, Trump citó la “baja” cifra como prueba de la alegada
efectividad de la respuesta del gobierno de Ricardo Rosselló y del
gobierno federal a la emergencia. Una semana antes, una investigación
del CPI había revelado que había decenas muertes no contabilizadas, y
que posiblemente habría cientos de muertes adicionales.
El 2 de
octubre Rubén Ramos, del Viejo San Juan, tuvo una experiencia de horror
en el Hospital Pavía de Santurce. Tres días antes, su madre Elizabeth
Colón, profesora universitaria de 60 años, comenzó a sentir dolores de
estómago tras haber compartido comida con los vecinos después del
huracán. Al día siguiente tuvo fiebre, y después, los dolores
arreciaron, por lo que corrieron al hospital. Lo que Ramos encontró allí
fue “inhumano”.
“Yo quiero ser lo más justo con la situación
que está pasando el país. Yo soy una persona justa, pero el trato era el
de una carnicería”, dijo al relatar que los pacientes estaban tirados
en camillas en los pasillos y la institución, a su juicio, no contaba
con los recursos para atenderlos.
Su madre, ingeniera eléctrica
quien gozaba de buena salud, estaba muerta cuatro días después. Minutos
antes del fallecimiento, la doctora le dijo a Rubén que su madre tenía
Leptospirosis.
El joven, quien se autodefine como patriota,
dijo que la experiencia y la forma en que el gobierno ha manejado el
desastre, “sepultando” y “manipulando” información, ha destruido sus
esperanzas en Puerto Rico.
“El dolor personal es tanto que yo
de verdad me he rendido ante el aparato del país. Decir ‘terrible’ y
‘maldad’ se queda corto. El nivel de perversidad con el que ellos han
manejado esto es increíble. Ellos no tienen la capacidad de gobierno que
este momento necesita. Esto es una falta de respeto. Yo de verdad estoy
convencido que después de esto yo me voy (de Puerto Rico). Esto a mí me
robó a mi madre y con ello cualquier confianza que yo pueda tener en
este país”, dijo notablemente afectado.
La semana pasada el
gobierno finalmente dio a conocer las cifras de muerte para septiembre y
las mismas registran 427 más que en el 2016. Así mismo muestran que en
los 10 días que siguieron a María se registró un aumento de 43% en el
promedio diario de muertes en Puerto Rico.
No obstante, el
gobierno no relaciona este aumento significativo en las muertes al
huracán y mantiene la cifra oficial de muertes vinculadas a la
emergencia en 55. Las cifras de octubre, cuando la emergencia continuaba
en todo su apogeo, aún no han sido informadas, ni las de noviembre,
cuando aún la mayoría de la población continúa sin electricidad.
El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, ha insistido en
que no hay anomalía en el aumento de muertes registrado y en que se
deben a “causas naturales”.
El CPI apenas ha logrado visitar
siete municipios para documentar los 47 casos adicionales, lo que
anticipa un conteo final muy distinto al que proyecta el gobierno.
En la Región de Utuado de la Policía de Puerto Rico -que incluye
Adjuntas, Lares, Utuado y Jayuya- hay 15 muertes vinculadas al huracán,
informó la oficial de prensa de la Comandancia, Graciela Margolla, al
CPI. La funeraria Utuado Memorial ha registrado un aumento del doble de
los sepelios usuales desde el huracán, y la dueña, Olga Sureda, sostuvo
que son relacionadas a la emergencia porque los propios familiares le
comparten las circunstancias bajo las que murieron los difuntos.
Dijo que en los 19 años que lleva trabajando en la industria de las funerarias nunca ha visto nada igual.
En Orocovis, el alcalde Jesús “Gardy” Colón reportó cuatro casos y el
CPI encontró uno adicional, todos vinculados a interrupciones en los
servicios de salud por el huracán y la falta de electricidad. Ninguna de
estas muertes figura en la lista del gobierno. En Toa Baja, el alcalde
Bernardo “Betito” Márquez también dio cuenta de cuatro casos. Solo uno
está en la lista del gobierno. Por su parte, el alcalde de Yauco, Ángel
Luis Torres Ortiz, dijo al CPI que contabilizó 12 muertes que se dieron
en circunstancias relacionadas a la emergencia en la semana posterior al
azote de María, y en la lista oficial no hay ningún caso en este
pueblo.
“Nuestro hospital de área quedó sin el servicio
eléctrico y en dos ocasiones colapsó su generador eléctrico. FEMA tuvo
que venir a nuestra ciudad, tomar posesión del hospital y hacer unos
traslados”, admitió Torres. Indicó además que las 12 muertes de su
pueblo hasta el momento han sido certificadas como naturales, pero que
no fueron evaluadas científicamente.
Existen métodos probados a
nivel mundial para documentar de manera científica las muertes causadas
por desastres y emergencias, que incluyen el estudio de las distintas
variables que influyeron en todas las muertes ocurridas durante la
duración de la emergencia. Pero Puerto Rico ha decidido hacerlo a su
manera: sin estructura, sin metodología científica y sin rigor.
En vez de asignar la tarea al responsable constitucional del estudio
científico de las causas de muerte en la isla, el secretario de Salud,
Rafael Rodríguez Mercado, o de reclutar a los epidemiólogos del Centro
para el Control y Protección de Enfermedades (CDC), principales expertos
en esta materia en el sistema federal, el gobernador Ricardo Rosselló
dejó el asunto en manos del secretario de Seguridad Pública, Héctor
Pesquera, quien sostiene que en la mayoría de los casos solo se mirarán
los certificados de defunción de las muertes para hacer la adjudicación
del vínculo a la emergencia. Esto, pese a que desde hace más de un mes
el mismo Pesquera reconoció al CPI que los médicos no han estado
haciendo anotación alguna relacionada al huracán María en dichos
documentos, donde solo indican la razón clínica del fallecimiento.
Rosselló no contestó las preguntas que el CPI le envió por correo
electrónico sobre las decisiones que ha tomado en torno al manejo de las
muertes relacionadas a la emergencia.
Estos casos equivalen al
80% de las defunciones en Puerto Rico, las cuales en su mayoría no
serán analizadas bajo el proceso que ha seguido Pesquera y su equipo. No
se entrevistará a los familiares de estas personas, porque sus agencias
no tienen el personal para hacerlo, dijo el funcionario en entrevista
con el CPI.
Los únicos casos que están siendo investigados
mediante autopsias, exámenes externos o entrevistas a familiares son
apenas una porción de los que llegan al Instituto de Ciencias Forenses
(ICF), que desde el 20 de septiembre hasta 30 de octubre fueron 338, aún
cuando las muertes ocurridas en Puerto Rico en septiembre y octubre que
han podido ser entradas en sistema van casi por 5,000. Y aun así,
dueños de funerarias informan que el ICF está despachando los casos con
una premura atípica, en tres o cuatro días, cuando antes del huracán
tomaban una semana, prácticamente el doble del tiempo con menos volumen.
En general, el proceso para contabilizar y dar a conocer las
muertes relacionadas al huracán María ha estado marcado por
declaraciones que han resultado ser falsas, y por un continuo
entorpecimiento del acceso a la información sobre el tema por parte del
gobierno. Por ejemplo, Pesquera afirmó la semana pasada que que “el CDC
es el que decide” la causa final de muerte en Puerto Rico. Sin embargo,
en realidad según la Ley 24 de 1931 el responsable de esta tarea en la
isla es el estado a través del Departamento de Salud y su Registro
Demográfico.
Así es en todos los estados, aseguró en entrevista
el director de emergencias del Departamento de Salud federal para la
Región de Nueva York, a la que está adscrita Puerto Rico, Murad Raheem.
La isla utilizaba desde antes de María el apoyo del CDC para el
procesamiento electrónico de los datos de los certificados de defunción,
pero el gobierno no ha solicitado ayuda específica del equipo de
epidemiólogos de esa agencia para documentar las muertes vinculadas al
huracán pese a que el servicio es gratuito, confirmó el funcionario.
Además de no entregar a la prensa la información sobre las muertes que
se iban registrando tras la emergencia y la información demográfica
completa que permitiría hacer un análisis sobre el tema. El gobierno
nunca anunció públicamente o a la prensa la instauración del
“Procedimiento Temporero para la Disposición de Cadáveres en los
Hospitales”, un asunto que afectaba a cientos de familias, mientras sí
hacía anuncios diarios de otros asuntos, como el protocolo de
disposición de animales muertos. El CPI consiguió el protocolo por otras
fuentes.
El CPI supo que el Departamento de Justicia emitió
dicho protocolo el 3 de octubre ante la crisis en las morgues de los
hospitales que estaban llenas a capacidad. Según copia del breve
documento, el propósito era facilitar el manejo de cuerpos “cuando no se
cuente con certificación médica y/o se ha podido coordinar
transportación” delegando la coordinación de la transportación en el
ICF. Además, para los casos de cremaciones y de muertes en égidas se
designaron dos fiscales a la sede del ICF solo para expedir las boletas
“de manera más ágil”.
Los hospitales fueron y serán un factor
clave en las muertes relacionadas al huracán porque buena parte de la
población fue a parar a estas facilidades ante la pérdida de energía
eléctrica. Pero esas instituciones también estaban seriamente afectadas
por el mismo problema, y por la falta de medicamentos y personal. A seis
días del paso de María, el secretario Rodríguez Mercado declaró al CPI
que sólo 18 hospitales o el 70% de los 69 hospitales de la isla estaban
abiertos, que las morgues estaban llenas, y que las circunstancias que
atravesaban las instituciones estaban siendo un factor en las muertes.
Fue la última vez que habló públicamente sobre el tema de las muertes
tras María, pese a que el CPI ha solicitado entrevista con el galeno
insistentemente por el pasado mes. Desde entonces, el tema le fue
delegado a Pesquera.
La epidemióloga del Estado, la Dra. Carmen De Seda no ha intervenido en el tema o en conferencias de prensa.
“Relacionado al huracán (hay) 19 muertes hasta este momento, que lo
reportó el Gobernador, pero también han hecho fosas comunes. A nosotros
se nos informó que hay gente han enterrado a sus familiares porque están
en sitios que todavía no se ha llegado, Nos han reportado como seis a
siete casos así. Recuérdate que mucha gente han muerto por problemas
médicos que no pudieron llegar a tiempo los servicios médicos,
terminaron aislados, y cada rato se están dando informes de personas que
están en sitios aislados, entonces van y los rescatan. Recuérdate que
esto ha sido algo bien desastroso y hay que decir la verdad tal y como
es”, dijo en aquel momento Rodríguez Mercado.
El presidente
ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, sostuvo que es
falso que 51 hospitales hubiesen cerrado tras María, pero no pudo
ofrecer una cifra de cuántos estaban operando el día después del
huracán.
“Esa cifra es dinámica”, respondió la tercera vez que se le hizo la pregunta.
Esa misma semana Pesquera dijo al CPI que era falso que las morgues de los hospitales estuvieran llenas.
En la conferencia de prensa celebrada la semana pasada Pesquera culpó a
los médicos y a los familiares por las fallas en la contabilidad de las
muertes indicando que es su responsabilidad asegurar que cualquier
circunstancia vinculada al huracán, que haya contribuido al deceso, sea
incluida en los certificados de defunción que el CDC procesa
automáticamente. En esta ocasión, dijo que en el país había 29,000
médicos, cuando en realidad hay alrededor de 8,000.
Plá aseguró
en entrevista con el CPI que él no ha dado instrucciones a los
hospitales, ni a los médicos del país sobre la forma en que deben de
llenar los certificados de defunción post-María. Médicos entrevistados
confirman la versión de que nadie les ha informado que llenen los
certificados de una forma diferente por el evento.
“Los
diagnósticos por los cuales alguien muere no incluyen María. Las
personas mueren por algún diagnóstico específico: un ataque al corazón,
un stroke, un fallo cardíaco, fallo respiratorio, una embolia… Y el
médico no puede hacer una determinación de que eso quien se lo causó fue
María. Por lo tanto, yo no puedo, que es lo que siempre le he dicho a
todo el mundo, plantear cuántas víctimas de María nosotros tuvimos
directamente. Podemos pensar que mucha gente se afectaron con María,
pero no podemos decir cuántas muertes hubo porque el diagnóstico oficial
es un diagnóstico médico no un diagnóstico de un evento. No es el mismo
caso de una guerra, donde se contabilizan los muertos por la balacera
que hubo y los cadáveres que recogieron, así que puedo pensar que sí
hubo personas que el mismo evento atmosférico creó una circunstancia
donde ellos pudieron haber fallecido, pero los diagnósticos son otros.
Así que yo no puedo realmente decir cuántas muertes podemos relacionar a
María”, dijo Plá.
Esto explica por qué solo tres de los
certificados de defunción que el CDC ha analizado dicen la palabra
“huracán”, cifra que fue provista la semana pasada por la directora de
Calidad y Estadísticas del Registro Demográfico, María Juiz.
“Responsablemente desde el punto de vista de los hospitales, no puedo
pedirle a los hospitales que tomen una determinación de que el
diagnóstico de muerte tenía relación con otra cosa que no sea un asunto
médico, porque esa es la manera en que siempre se ha trabajado”, sostuvo
Plá.
Tanto Pesquera como la directora del Registro
Demográfico, Wanda Llovet, han afirmado que enviaron a la Asociación de
Hospitales las Guías del CDC para completar certificados de defunción en
casos de desastres y huracanes. Llovet incluso proveyó copia del correo
electrónico en el que envió el documento a la Asociación, a Plá, y a la
Asociación de Funerarios de Puerto Rico.
Plá dijo al CPI que
no recuerda haber visto el documento, pero que unas guías no cambian la
ley y que si el gobierno quería implementar un nuevo protocolo para
modificar la forma en que se completan los certificados de defunción
durante la emergencia, tenía que haber hablado antes con el Departamento
de Justicia, y que el gobernador Rosselló tenía que emitir una Orden
Ejecutiva o legislación que cambiase el estado de derecho.
“Con
relación a cualquier directriz que el gobierno quiera que una
institución de salud, como nosotros los hospitales, cumpla, nosotros
necesitamos tener directamente del gobierno, de la institución que sea,
específicamente qué es lo que quiere y cuáles son los pasos que se
llevan a cabo para eso. Tiene que haber una directriz de por qué está
cambiando el protocolo. Si se está cambiando el protocolo, tiene que
haber una evidencia de cómo se va a bregar, debe decir exactamente qué
es lo que quieren que se haga, y deben de haber unas circunstancias
donde si es o una orden ejecutiva o es una directriz o es un cambio en
la ley, porque la mayor parte de los hospitales lo que se rigen es por
la legislación que haya vigente, por los reglamentos que se han
establecido y por los protocolos que se han estado utilizando. Si usted
quiere cambiar la ley, los procedimientos o el protocolo, tiene que
haber una justificación especial de cómo se hace, pero no lo pueden
inventar los hospitales de momento”, sentenció.
El Dr. Cham
Dallas, director del Instituto de Desastres de la Universidad de
Georgia, sostuvo que lamentablemente la política usualmente influencia
la forma en que se cuantifican las muertes y se hace pública la
información durante las catástrofes en todos los lugares que ha
estudiado.
“No quiero decir que el gobierno quiere esconder los
números, pero diría que quiere mirarlos por un largo tiempo antes de
darlos a conocer. Esta es la razón por la cual necesitan científicos a
cargo y estudios, no políticos y policías. Esta situación no es
exclusiva de Puerto Rico, es un problema común en lugares que
experimentan desastres. Siempre hay un problema político. No importa a
dónde vas, conseguir los datos (de las muertes) siempre es un gran
problema”, sostuvo al recordar el caso del huracán Katrina en Nueva
Orleans. Katrina azotó el estado de Luisiana en el 2005 causando
inundaciones masivas después de que el huracán pasó y el dique de la
ciudad se rompió. El evento provocó sobre 1,000 muertes, según la
mayoría de los estudios, y el desplazamiento de más de 250,000
residentes.
“Eventualmente la verdad casi siempre sale a
flote”, agregó pausadamente, con la tranquilidad del que conoce la
dinámica porque la ha visto repetirse.
El experto, profesor de
salud pública en desastres y de medicina de emergencia en la Universidad
de Georgia, así como profesor de epidemiología de la Universidad de
Emory, sostuvo que determinar con precisión las cifras de muerte
relacionadas a los desastres es difícil pero viable, y algo que se hace
continuamente alrededor del mundo por la importancia que tiene esta
información para detener más muertes y prevenir muertes en eventos
similares en el futuro.
Según indicó, los epidemiólogos son los
únicos profesionales preparados para esta tarea que implica considerar
variables en todas las muertes que ocurran en el lugar del desastre
hasta que la emergencia termine, lo que a su juicio en el caso de Puerto
Rico continuará por lo menos hasta que se restablezca el servicio de
energía eléctrica. A cada variable se le da un peso en la fórmula para
determinar la vinculación o no de una muerte a un estado de emergencia.
Según dijo en entrevista con el CPI, aunque los científicos difieren en
cuanto al peso que se debe de dar a cada variable, como es usual en la
ciencia, coinciden en las variables que tienen que ser tomadas en
consideración. Entre ellas, las más importantes son el historial médico
completo de cada individuo -tanto el inmediato como el histórico-, el
historial de salud de la población y su tasa usual de muerte, las
condiciones de vida y del entorno del difunto previo a la catástrofe y
cómo cambiaron, cambios en la temperatura y la humedad del ambiente, el
nivel socio económico de la persona, y el nivel de estrés provocado por
la emergencia en esa persona.
“El estrés es un factor enorme.
Esperar en fila para comida, esperar en fila para combustible, toda esta
espera en filas es muy estresante y algunas personas manejan el estrés
mejor que otras”, dijo al explicar que en las muertes de los pacientes
cardíacos, por ejemplo, este es uno de los factores más fáciles de
cuantificar.
La violencia también es un factor, porque si los
asesinatos se duplican tras el desastre como ocurrió en Katrina, hubo un
cambio significativo en lo que era la norma en la ciudad de Nueva
Orleans que respondió a la emergencia en la vida de la población.
“Todos los problemas que las personas tienen en sus vidas, sea en su
matrimonio o su trabajo, se empeoran en estas circunstancias y empujan a
la gente por el precipicio”, apuntó.
Asimismo, detalló que la
situación económica de las personas es determinante en las emergencias
porque “los ricos se pueden ir y los pobres no”.
“Hay que mirar
estos segmentos por separado. Hay que mirar cómo contrastan (las
fatalidades de) los ricos versus los pobres”, señaló.
Otros
segmentos que deben de ser analizados de manera segmentada son los
viejos, los niños y las madres con niños pequeños, particularmente las
solteras que han probado ser particularmente vulnerables en los
desastres alrededor del mundo.
En Puerto Rico, una variable determinante en la pérdida de vidas será la falta de electricidad, anticipó el Dr. Dallas.
Si estuviese a cargo del estudio, ¿cómo lo haría?, se le preguntó a Dallas.
“Es fácil dejar de contar víctimas en una crisis. Dejar de contar a los
que se fueron, dejar de contar a las personas olvidadas y vulnerables, a
aquellos que no tienen a nadie que se ocupe de ellos”, dijo. La primera
pregunta que se haría a sí mismo para diseñar el estudio sería ¿faltan
víctimas por contar? Así identificaría los segmentos que necesitan
atención en la investigación.
Por su parte, el ex secretario de
Salud y epidemiólogo, Johnny Rullán, quien ha trabajado con el CDC en
el pasado y participó de las evaluaciones de las muertes vinculadas a
los huracanes Hugo y Georges, dijo que también hay que segmentar y
analizar las muertes que ocurren antes, durante y después del evento.
Debido a Hugo, no hubo muertes antes, dos veleristas murieron durante, y
hubo 10 después, casi todos electrocutados, dijo.
“Se hizo una investigación completa, y entonces cambiamos la ley para que no pudieran prender un generador sin apagar el switch central de tu casa”, indicó.
En Georges la mayoría de las muertes fueron después también, pero por
monóxido de carbono generado por generadores mal puestos.
“Aquí
se han mezclado las cincuenta y pico de muertes que ellos dicen que
hay, todas en un mismo bonche, y no se sabe cuáles fueron antes, cuáles
fueron durante y cuáles fueron después”, dijo y señaló que las
categorías establecidas por el gobierno actual de muertes directas e
indirectas son “un invento”.
“Secretarios de Seguridad o de
Asuntos Públicos hablando de las muertes y diciendo cuántas son, eso es
completamente… está fuera de departamento. Eso le corresponde, en mi
opinión, al Secretario de Salud con un estudio epidemiológico completo”,
agregó Rullán.
“Aquí tiene que haber mucho más muertes. Esos
desaparecidos tienen que haber muerto, muchos de ellos sin que se sepa.
La leptospira es como un catarro y como un dengue, que tú piensas que no
te va a pasar nada y de repente te mueres. Yo no sé cuántas muertes ha
habido por leptospira, pero el número tiene que ser mayor del siete,
según mi criterio”, sostuvo el epidemiólogo.
“Para mí, no
estábamos preparados para un grupo de gabinete de gente sin experiencia.
Yo llevo años ya viendo esto, y a los funcionarios que le damos el
poder no les requerimos ningún tipo de adiestramiento. De hecho, esas
muertes que ocurrieron, en mi opinión, la mayoría son demandables,
porque le mandaron la prueba a Estados Unidos, que toma ocho días, y
todo el mundo sabe que el 10 por ciento de la gente que le da el
leptospira fulminante, que se mueren, se mueren en unos cuatro días. O
sea que tú no puedes esperar un resultado en ocho días si te mueres en
cuatro”, concluyó.
Otro caso que hay que investigar en
profundidad, dijo, son las inundaciones en Toa Baja y sus consecuencias
ya que abrieron las compuertas del Lago La Plata sin avisar a nadie en
momentos que llovía y bajaban las escorrentías relacionadas al huracán.
El alcalde Márquez, confirmó al CPI que las alarmas no sonaron y que la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tampoco les avisó. Allí
murieron tres personas sólo el día del huracán, según los casos que
tiene documentados el funcionario.
“En la parte de las muertes,
ya yo hubiese tenido el grupo de desastres del CDC, hace tiempo,
analizando con todos los patólogos de todos los hospitales todas las
muertes y poniéndole lógica a cómo murió, antes, durante o después. Uno
lo hace con gente que viene del CDC, que conocen porque estuvieron en lo
de Nueva York, gente que se especializa en desastres y utilizan las
muertes para prevenir las próximas”, argumentó.
Según dijo
Dallas, es crucial estudiar lo que constituye ya el apagón más largo en
la historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Precisamente en este
momento, el científico trabaja en un estudio para proyectar cómo
aumentaría la tasa de muerte por falta de energía eléctrica si se
desatara una guerra nuclear con Corea del Norte.
“Nunca hemos
visto algo así. Esto es importante y la razón por la cual tenemos que
investigar lo que ocurre es porque volverá a ocurrir en Puerto Rico y
podría ocurrir en los Estados Unidos también”, sentenció.
* Publicado originalmente por el Centro de Periodismo Investigativo.
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