La Jornada
En un gesto de insólito intervencionismo,
el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, invocó ayer la Carta Democrática, firmada en 2001 por los
países integrantes de ese organismo, para convocar a su Consejo
Permanente a abordar el rompimiento del orden constitucional y su efecto grave sobre el orden democráticoen Venezuela. De esa manera el funcionario internacional toma partido abiertamente a favor de la oposición de ese país sudamericano, da por hecho que impera en Caracas una interrupción del orden constitucional o que hay ausencia de un gobierno legítimo –únicas circunstancias en las que un secretario general de la OEA puede invocar unilateralmente la Carta Democrática– y orilla a ese organismo a un franco rompimiento con el poder ejecutivo venezolano.
Las recomendaciones de Almagro resultan, asimismo, disparatadas e
improcedentes, como la exigencia de que el referendo revocatorio pedido
por la oposición se realice este mismo año, que se libere a los presos
opositores, se
restaureel equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Judicial y que tengan lugar
cambios inmediatos al Poder Ejecutivo.
Significativamente, tales puntos son prácticamente los mismos que los
legisladores de oposición venezolanos presentaron hace unas semanas al
secretario general, lo que implica el abandono de la debida postura de
neutralidad que el organismo hemisférico debe observar en conflictos
políticos, como el que tiene lugar en la nación sudamericana.
La inopinada radicalidad de Almagro no es compartida ni siquiera por
el gobierno de Estados Unidos, el cual se ha limitado a insistir en la
necesidad de un diálogo entre los partidos opositores y el gobierno que
encabeza Nicolás Maduro. Sin embargo, la postura del funcionario sienta
un precedente preocupante y allana el camino a eventuales medidas
intervencionistas por parte de la potencia del norte en el difícil
panorama interno de Venezuela.
Como era de esperar, la torpeza de Almagro ha provocado ya un
endurecimiento en la posición del Palacio de Miraflores, el cual anunció
demandas judiciales a la directiva de la Asamblea Nacional (Congreso,
dominado por los antichavistas) por
traición a la patriay usurpación de funciones, porque carece de facultades constitucionales para representar al país ante organismos internacionales.
En suma, el secretario general de la OEA ha logrado escalar el
conflicto político venezolano y ha perdido de golpe toda capacidad de
mediación que el organismo hemisférico hubiera podido empeñar para
contribuir a una solución de la confrontación entre el gobierno y los
opositores. Si Almagro se empeña en seguir por ese camino, y si los
integrantes del Consejo Permanente no lo frenan y no reintroducen un
mínimo de sensatez y legalidad en las acciones del organismo ante la
crisis venezolana, el próximo suceso previsible sería la suspensión del
país caribeño como miembro de la OEA o incluso su salida voluntaria de
esa instancia continental, como ocurrió con Cuba hace más de medio
siglo.
Sea cual sea el desenlace, el injerencismo de Luis Almagro
ciertamente agrava y complica el diferendo entre el gobierno chavista y
los antichavistas agrupados en la Asamblea Nacional, pero produce un
daño mucho mayor a la propia OEA, la cual daría un paso adicional en el
camino del desprestigio, la obsolescencia y la inutilidad.
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