Emir Sader
La Jornada
Brasil no será el mismo
país después de esta profunda y prolongada crisis, que no ahorró a
ninguna institución política pero, sobre todo, cuestionó la legitimidad
del sistema. Brasil saldrá mejor o peor, más democrático o más
autoritario.
Saldrá peor si el golpe se consolida, porque el periodo democrático
de la historia brasileña tendría un cierre de ruptura, con una banda de
políticos aventureros asaltando el Estado sin votos, sin legitimidad,
buscando deshacer todos los avances logrados en años recientes. Habrá
sido la consagración del método del golpe, de la falta de respeto a la
voluntad democrática de la mayoría.
Pero Brasil saldrá mejor si se impone una solución democrática a la
crisis, si a las más grandes movilizaciones populares, a los argumentos
irrefutables en contra del golpe y en favor de la democracia se une una
solución política que combine respeto a la democracia y legitimación de
la consulta popular.
En entrevistas con televisoras y blogs alternativos la presidenta
suspendida de sus funciones, Dilma Rousseff, reafirmó su dereho a
retomar en su plenitude la presidencia de Brasil, para la cual fue
electa democráticamente, pero, al mismo tiempo, reveló su comprensión de
la dimensión de la crisis brasileña y reiteró que
Brasil necesita una repactación por el voto.
No un sufragio que sustituya el mandato legítimamente conquistado por
ella, pero sí uno que reafirme los caminos que Brasil debe seguir a
partir de una crisis tan profunda como esta. Ello supone una derrota del
golpe en la votación del Senado, el 16 de agosto; esto es, que no
logren los dos tercios de los votos para que Rousseff reasuma plenamente
la presidencia del país para, a partir de ahí, consultar al pueblo
sobre los caminos a seguir. En lo esencial, si el pueblo quiere nuevas
elecciones o no.
Rousseff se ha reunido con los movimientos sociales para discutir el
sentido de cada alternativa planteada. Ella se dispone a hacer una
carta-compromiso sobre el programa que desarrollaría con la continuidad
de su gobierno –que contaría con Lula da Silva como coordinador y
tendría como principal cambio respecto de lo que ella estaba
desarrollando– y retomar la política económica típica de los gobiernos
del PT: desarrollo económico con distribución de la renta.
Lo más importante es buscar y encontrar una salida política
democrática a la crisis, mostrar que el golpe no es el camino para el
país, que no aguanta los retrocesos que se quieren imponer. Mostrar que,
más allá de las movilizaciones y los argumentos, hay capacidad de
articulación política para imponer una salida democrática a la crisis,
que parece interminable.
Se trata de impedir el plan de los golpistas: obtener dos tercios de
los votos en el Senado y seguir, de forma acelerada a partir de ahí, el
desmonte del patrimonio público nacional, de los derechos de los
trabajadores, de los recursos para las políticas de educación y salud,
de la política externa soberana, de todo lo positivo que se logró en
estos años, llegando a 2018 con un país desecho, reordenado según los
dictámenes estrechos del mercado controlado por el capital especulativo.
Se vislumbra así una vía de derrota de los golpistas en el Senado, en
caso de que la propuesta de plebiscito agregue a senadores en número
suficiente para impedir que el golpe vuelva a tener dos tercios de los
votos, lo cual permitiría el retorno de Rousseff a la presidencia y la
convocatoria, que tendría que ser aprobada por el Congreso, del
plebiscito. Es una posibilidad, la única concreta que se puede
vislumbrar, de derrota del golpe y de reafirmación de la democracia en
Brasil. En caso de darse, el país saldría más fuerte, la democracia
renovada, el pueblo más confiado y decidido a tomar de una vez en sus
manos el destino de Brasil.
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