Ha pasado más de un mes
y no hay diálogo ni menos solución a las demandas y movilizaciones del
magisterio nacional, que se han dado en más de 27 estados de la
república, pero que encuentran su mayor magnitud en los estados de
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Como respuesta
gubernamental los maestros han encontrado la violencia policiaca, la
reiterada transgresión de sus derechos humanos y recientemente la
detención de sus dirigentes. Ello junto con una campaña mediática
ausente de ética y de principios periodísticos en los principales medios
de comunicación del país, que recuerdan los ambientes autoritarios de
las peores dictaduras del mundo.
Mucho se discute la ausencia de
una verdadera reforma educativa y su uso laboral realmente. Poco se
reflexiona finalmente sobre el papel de los maestros y maestras como
formadores de una identidad nacional, de promotores de valores sociales
como la solidaridad y la honestidad y como impulsores de una pedagogía
comunitaria a favor de la autonomía y la autogestión territorial,
precisamente, en estos espacios del sur-sureste de nuestro país donde
predominan muchos grupos indígenas y la propiedad colectiva de la
tierra.
Y es ahí donde toma relevancia la posibilidad de entender
la cerrazón de la actuación gubernamental como parte de una necesidad
de garantizar los flujos de capital que ya se impulsan en estas regiones
y que vienen a generar profundas reconfiguraciones económicas y
territoriales.
En esa estrategia la reciente aprobación y puesta
en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (Publicada
en el DOF el 01/06/2016)que otorga una serie de beneficios fiscales,
aduaneros y financieros a las empresas que decidan hacer uso de la
infraestructura que se encuentra en el Puerto Chiapas, el corredor
Coatzacoalcos-Salina Cruz y el puerto de Lázaro Cardenas, forma parte de
la estrategia de control, dominación y subordinación a cualquier acto
de protesta social.
Ello puede ubicarse plenamente en un
documento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(SHCP)
conjuntamente con BANOBRAS, encargada la primera de los dictámenes de
las ZEE´s, -al cual este articulista tuvo acceso- y que plantea
claramente de que deben tomarse medidas fuertes en los estados de
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán que permitan la seguridad y la
estabilidad social. Para ello de manera coordinada la Secretaria de
Gobernación (SEGOB) y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
trabajan con el gabinete de Seguridad para contener y violentar
cualquier manifestación social que dificulte la implementación de las
Zonas Económicas Especiales.
Ya que dichas zonas no sólo vienen a
entregar parte de nuestro territorio nacional a empresas extranjeras
sino que sobre todo vienen a modificar la forma de vida campesina e
indígena que se encuentra mayoritariamente en dichos estados de nuestro
país. En ese sentido, maestros y maestras que promueven valores
colectivos, el apego al territorio y prácticas culturales de
reafirmación étnica y de relación armónica con la naturaleza son
enemigos de este nuevo proceso de colonización y de cerco sobre los
bienes comunes que se promueve desde el ejecutivo federal y sus grandes
socios trasnacionales.
En el documento de la SHCP se reconoce que
el Banco Mundial aporto elementos para reforzar la iniciativa de Ley,
validar vocaciones productivas y conocer necesidades especificas de
inversionistas potenciales. Y se señala que el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) no sólo esta apoyando el proceso de planeación de las
Zonas Económicas Especiales en temas como el desarrollo urbano y las
políticas públicas complementarias sino es el constructor de una
estrategia de estabilidad social que garantice el flujo de las
inversiones a las ZEE´s. Ello muestra la estrategia desarticuladora del
movimiento social y por que se presenta con esta magnitud la
criminalización de la protesta y la detención de los principales
dirigentes magisteriales de la CNTE.
Es de llamar la atención que
las Zonas Económicas Especiales implicarán también ordenamientos
territoriales de las comunidades campesinas cercanas a la costa de
Chiapas, Istmo de Tehuantepec y el puerto de Lazaro Cárdenas, en ello ya
se contempla claramente propiedades mixtas de la tierra para los
impulsos agroindustriales, mineros, hidro-energeticos y de construcción
de infraestructura que ya se visualizan en el sur-sureste. Y que vienen a
ubicar a estas regiones dentro de la estrategia extractivista para
saquear sus minerales, petróleo, agua y fuerza de trabajo.
Para
todo ese proceso de reconfiguración territorial y de acumulación por
despojo que se viene, la existencia de una organización gremial como la
CNTE que ahora suscita un amplio apoyo popular a sus demandas -debido a
la brutalidad policiaca y a la negativa al diálogo del actual secretario
de educación- es un estorbo.
Pero también los inversionistas de
China, Estados Unidos, Medio Oriente y Europa interesados, deben poner
atención al hecho de que la solución represiva y sangrienta de esta
movilización social puede incendiar políticamente estas zonas y hacer
que muchas de sus inversiones migren a naciones que puedan solucionar
mediante el oficio político y la negociación los conflictos
socio-territoriales.
La gran manifestación que se espera para el
día 17 de junio en el zócalo de la ciudad de México debe alertar a los
funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de revisar su estrategia
y evitar el desbordamiento social ante el hartazgo y la mala conducción
económica y política del país. Aún hay tiempo para el diálogo y la
solución justa. La polarización social y la campaña de odio que
promuevan las televisoras puede tener consecuencias imprevistas y el
descarrilamiento de las iniciativas económicas trasnacionales, habría
que medir costos y beneficios.
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