Javier Suazo
Adital
La vista del Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a Honduras y otros países de la región centroamericana, Jeh Charles Johnson, ha puesto en entredicho los avances que se presentan en estos países en materia de seguridad y de control de los migrantes hacia el país del norte. Una de las respuestas de la administración Obama a la crisis de migrantes es el Plan de la Alianza del Triángulo Norte que involucra a Honduras, Guatemala y el Salvador, pero al parecer el problema continúa y ha aumentado.
Entre las advertencias del señor
Jonhson destaca que las deportaciones masivas de hondureños y del resto
de los países continuaran, en especial lo que han ingreso en forma
irregular al país del norte. La solución, a criterio del Secretario de
Seguridad, es un mayor control de las fronteras centroamericanas
(Guatemala-Honduras), la atención efectiva al migrante y su familia en
los países para que no lo intenten de nuevo y la desintegración de las
bandas de coyotes que operan en la región con la venia de las
autoridades.
Desde el lado de EEUU, las acciones incluyen mayor
rapidez en la agilización de los fondos aprobados para el Plan de la
Alianza, un mayor control en la frontera con México y la advertencia a
los ilegales para que se presenten a juez de migración antes de que sean
deportados, en especial los niños y niñas que tienen padres que no han
legalizado su permanencia.
Y es que las cifras de las
deportaciones son elocuentes. Los datos oficiales reportan que en 2009,
el año del golpe de Estado, se deportaron más de 25,000 hondureños de
EEUU y en 2014 está cifra aumentó a cerca de 35,000. Para 2016 se espera
que el número de deportados se sitúe en 37,0000 hondureños, pero pueden
ser más si que se consideran los problemas internos del país y la
política del gobierno de Obama por induce a ejecutar medidas contra los
inmigrantes en un año electoral donde uno de los temas del debate final
será las políticas y acciones a tomarse para detener el flujo desde
los países de la región y acelerar las deportaciones desde EEUU sin
considerar tiempo de residencia en forma individual y en familia.
La
primera dama de la nación, Ana García de Hernández, en comparecencia
publica destaca que las cifras de deportados (retornados) de Hondureños
son alarmantes, ya que según datos de EEUU en 2015 de 199,000 casos
presentados en los tribunales, un 94% se resolvieron con gestión para la
deportación, es decir que solo el 6% restante tuvo la esperanza de
legalizar en un futuro cercano su estadía.
La búsqueda del sueño
americano tiene varias causas, algunas de ellas ligadas a la falta de
identidad cultural y arraigo patrio; contrario a los hondureños, los
nicaragüenses no consideran que el espacio para el desarrollo y mejora
de las condiciones de vida sea irse a los EEUU; para los salvadoreños la
única opción de desarrollo para su pueblo y gente es las oportunidades
que se ofrecen en el país del norte. En el caso de Honduras, en la
coyuntura actual caracterizada por la profundización del un modelo de
corte neoliberal, creciente autoritarismo del gobierno, altos niveles de
corrupción, impunidad e inseguridad ciudadana y violaciones
sistemáticas de los derechos humanos, aventurarse a cruzar la frontera
es una alternativa al “desarrollo perdido”.
Frente a ello, el
gobierno de la República espera que la Administración Obama entregue
rápidamente los fondos asignados al proyecto de Alianza de Triangulo
Norte, lo que implica acciones conjuntas entre los países (Guatemala,
Honduras y Salvador) para ejercer un mayor control en las fronteras y
garantizar un trato especial a aquellas personas que son deportados,
incluyendo asistencia en la obtención de empleos espurios y de tipo
sicológico. Ello es extensivo a México, donde la presión de la
Administración Obama es para que aleje de la frontera con EEUU a
migrantes de los países centroamericanos y de otros países
latinoamericanos.
En Honduras el esfuerzo se orienta a crear
condiciones para la recepción de los deportados, ampliando la
infraestructura física y mejorando la capacidad de respuesta de las
instituciones públicas y de ONGs gubernamentales para que se inserten en
forma rápida en sus hogares y familias, y no intenten de nuevo volver a
ingresar a EEUU. En esto juega un papel importante la ampliación y
dotación de recursos del Centro de Atención al Migrante Retornado
(CAMR), creación de más centros regionales y sus relaciones de
cooperación con gobiernos locales, ONGs y programas de compensación
social ejecutados por el gobierno central.
Un caso especial es la
deportación de niños inmigrantes solos y acompañados de sus padres, que
se hizo evidente con al crisis de 2014. La mayoría de los niños (as) y
las madres provienen de hogares desintegrados con serias limitantes
económicas. A ello se suma la creciente violencia e inseguridad que
priva en los barrios de las principales ciudades de Honduras, donde
estos son reclutados por las maras. El gobierno le apuesta a una
estrategia de combate a la delincuencia, pero todavía los resultados no
son los esperados en cuanto a declarar barrios, colonias y municipios
libres de violencia y maras como ha sucedido en Nicaragua. En el caso de
la atención a niños y niñas retornados, es evidente que la capacidad
institucional del Estado es insuficiente y amerita una estrategia
integral donde los costos sean compartidos con las agencias cooperantes
como el caso de USAID y aquellas que reciben plata de EEUU, caso de
Visión Mundial, Plan de Honduras, Save the Children y Caritas.
Según
Jonhson se están enviando entre 6 y 10 vuelos semanales al país con
hondureños deportados, lo que implica un aumento de la demanda de
atención actual y futura del gobierno, en tanto una mala practica ha
sido cubrir dicha demanda en forma rápida (hospedaje, alimentación y
gasto de pasaje) sin preocuparse por el acompañamiento en la búsqueda de
empleos de buena calidad y creación de fondos compensatorios locales
para cubrir necesidades de alimentación futuras, salud y pago de
servicios públicos.
Una encuesta rápida realizada por estudiantes
de la carrera de Desarrollo Local de la UNAH a personas adultas
deportadas en 2015, arrojó que el 78% están dispuestos a volver intentar
cruzar la frontera, ya que las condiciones de empleo en el país son
duras; no hay empleo sostenible para él (ella) y su familia. Pero
también, según Casa Alianza, todavía el gobierno de la Republica no
cuenta con los instrumentos necesarios para hacer habitables gran parte
de los barrios y colonias de la ciudad capital de Honduras, en tanto la
política y acciones de seguridad ciudadana que se ejecutan a través de
las fuerzas policíacas no benefician a las familias en tanto no hay
presencia permanente en dichos barrios y colonias, solo hay rondas
(visitas) esporádicas e incluso se dan cuando hay denuncias de la
población de un robo, asesinato o violación.
El gobierno de la
Republica ha anunciado una fuerte inversión privada y publica en
infraestructura a partir de los meses de junio y julio de 2016, como un
medio para paliar la crisis de empleo que profundizó el ajuste
neoliberal y la inseguridad ciudadana, en momentos cuando se publicita
que el país ha mejorado su calificación de riesgo internacional que abre
las puertas para la obtención de recursos frescos a bajas tasas de
interés, y anuncia la ejecución efectiva del Plan 20/20 por los
empresarios de la maquila e industria turística. Pero por el otro lado,
se denuncia el despido de trabajadores del INA, SANAA, HONDUTEL y el
cierre de más microempresas por el sicariato fiscal de la DEI, el
aumento del costo de los servicios públicas (trancazos), canasta básica y
la caída de la demanda interna.
Estas deportaciones masivas
tendrán un impacto directo en la economía y sociedad hondureña. Se
espera aumento de los problemas de desempleo y subempleo y de la
violencia en tanto se asocia la creciente desocupación con el retorno de
los migrantes y el narcotráfico. La elaboración de una estrategia de
desarrollo integral para las personas y familias deportadas, en especial
de niños, niñas y madres solteras es urgente. Esta estrategia debe
superar el enfoque asistencialista que privada en la actualidad,
descargar el trabajo que realiza la primera Dama Ana García de Hernández
en organizaciones de sociedad civil, alcaldías y organizaciones de
padres de familia y comunitarias; pero también definir claramente las
responsabilidades y compromisos de trabajo con EEUU y países
fronterizos, y los recursos que deben asignarse para traducir este
instrumento en programas y proyectos de desarrollo masivos de beneficio
para los (as) deportados.
Tegucigalpa, 2 de junio 2016
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