Mariela Pinza
alainet
El
8 de febrero del año 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín
(1983-1989), se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nacional
436/1984. El mismo ratificaba la decisión política de subordinar, desde
una herramienta legal y constitucional, el rol de las fuerzas armadas
al poder civil elegido democráticamente por el pueblo. Recordemos que la
Argentina estuvo subsumida bajo una dictadura militar feroz que se
caracterizó por niveles altos de violencia política, con un saldo de
30.000 personas detenidas - desaparecidas. En un escenario político
complejo de construcción democrática, el gobierno del presidente
Alfonsín, tuvo que reconfigurar la estructura militar.
En aquel
decreto –que sobrevivió a los más de 30 años de democracia
ininterrumpida- se estableció las facultades que se delegan en el
Ministerio de Defensa y en los Jefes de los Estados Mayores Generales de
las Fuerzas Armadas. Específicamente se le delegó al Ministro de Defensa lo concerniente a: disponer de los nombramientos y cambios de destino del personal superior del grado de Coronel o equivalentes; de los retiros y bajas obligatorios de los Oficiales Superiores;
ejercitar facultades disciplinarias, entre otras funciones. Disponer
los retiros y bajas obligatorios de los Oficiales Superiores de las
Fuerzas Armadas; del Personal Superior de Gendarmería Nacional y de la
Prefectura Naval Argentina; disponer también las altas y ceses del
personal de Oficiales Superiores que preste servicios en situación de
retiro, según el artículo 62 de la Ley para el Personal Militar Nro.
19.101; ejercer, en materia de la jurisdicción del honor, las facultades
que el Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas
(Decreto Nro. 1180/83) concedía a los entonces Comandantes en Jefe
reunidos en forma conjunta.[1]
Hasta
el día de ayer este decreto estuvo vigente y rigió la vida militar en
los diferentes gobiernos democráticos los cuales dejaron en manos del
Ministerio de Defensa, es decir, en el ámbito de la conducción civil,
facultades de importancia como el nombramiento de los cargos superiores
de las Fuerzas Armadas, que fueron expresión y acompañaron a los
diferentes tipos de política en el área de defensa y seguridad según los
proyectos políticos de cada gobierno.
Con el decreto 721/2016 promulgado por el presidente Mauricio Macri – que veta el anterior promulgado por Alfonsín – las consecuencias (no deseadas)
del “cambio” llegaron también a la estructura militar. De esta manera
hasta hace pocos días, prevaleció el principio democrático por sobre los
intereses de las Fuerzas Armadas y no al revés, en palabras del ex
Ministro de Defensa Agustín Rossi: “En términos políticos durante todos
estos años la democracia fue generando la conducción civil de la
Defensa, quitándoles márgenes de autonomía a las Fuerzas Armadas, con
este decreto se vuelve a empoderar a los jefes de las fuerzas”. [2]
En el considerando del decreto promulgado por Mauricio Macri, se destaca y se justifica
la necesidad de “establecer procedimientos ágiles que permitan atender
las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas
Armadas, en el marco de la conducción civil de la Defensa Nacional.[3]”
Poniendo especial énfasis en “simplificar los circuitos
administrativos, para dar respuesta a las necesidades del servicio de
las Fuerzas Armadas[4].”
Lo que establece este decreto es que las atribuciones del Jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas son la designación de los oficiales y suboficiales del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, con excepción de aquellos cargos que constituyan la conducción superior. Como así también, se delegan en ellos
las siguientes facultades, respecto de sus respectivas Fuerzas: la
disposición de los cambios de destino de los oficiales y suboficiales;
la aprobación de las calificaciones de egreso de escuelas o institutos
de reclutamiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas; disposición de
las bajas y los retiros obligatorios de los oficiales jefes y oficiales
subalternos, entre otras atribuciones como lo relativo a ascensos y
premios[5].
Mientras
que el Ministerio de Defensa informará, solamente, la designación o
retiros de los cargos relativos a la “Conducción Superior” al Estado
Mayor Conjunto y a los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
Como también, sobre los auditores para cada arma[6].
Esta
decisión del Ejecutivo implica dotar de mayor autonomía a las Fuerzas
Armadas propiciando los mecanismos para que el sector militar concentre
poder y, por ende, pueda encontrar protagonismo y una mayor injerencia
sobre la política en términos de defensa y seguridad nacional. Pero
también, evidencia las intenciones y voluntad política que tiene este
gobierno de representar acabadamente los intereses de los sectores que
durante la última década estuvieron en disputa y en tensión con el
proyecto de país anterior. Considerando solo una dimensión de esta
definición: la política de avanzada que tuvo el gobierno kirchnerista en
relación a los derechos humanos y los juicios por lesa humanidad y
genocidio encuentran su contracara en la visita de Mauricio Macri en un
acto por el día del Ejército, el último 29 de mayo, donde apela una vez
más a una variable constituyente del discurso de esta gestión: “dejar de
lado enfrentamientos y divisiones[7]”.
Pero fue un poco más en su diagnóstico agregando que el campo de las
fuerzas armadas: “vienen de años en los cuales el Estado las ignoró y
las abandonó, y eso trajo problemas de presupuesto, problemas de
equipamiento, de infraestructura[8].”
Se podría deducir que este gesto discursivo devela el horizonte en la
construcción de aliados políticos de esta gestión que encuentra su
correlación en el decreto 721/2016 último.
El “cambio” llegó, y
con él, se comienzan a implementar los mecanismos para la efectiva
redistribución de cuotas de poder de sectores que ansían recuperar los
años perdidos en complicidad con un gobierno que tiene el objetivo
claro, la desarticulación de las funciones del Estado. Por lo pronto, se
inaugura la época de amistades peligrosas.
Mariela Pinza/CELAG
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