Panamá
Rel-UITA
El
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y
Empresas Afines (SITRAIBANA) convocará una asamblea extraordinaria el
próximo 13 de septiembre, para ratificar su total rechazo a la venta
ilegal de tierras ancestrales en la comarca Ngäbe Buglé, donde vive la
mayoría de sus afiliados, y para dar inicio a fuertes movilizaciones de
protesta.
De acuerdo con una minuciosa investigación realizada por el periódico La Prensa, las bellezas naturales de la zona de Río Caña, distrito de Kusapín, en la comarca indígena Ngäbe Buglé, están en serio peligro y bajo la amenaza de hambrientos inversionistas turísticos extranjeros.
Estas zonas -no menos de unas 2.000 hectáreas de manglares y tierras colindantes con estupendas playas y ríos- no solamente son parte del quinto humedal más importante de Panamá y son consideradas área protegida nacional, sino que albergan varias comunidades y fincas donde viven miles de personas pertenecientes a los pueblos originarios.
Según la investigación del periódico panameño y las denuncias de los pobladores, detrás de esta oscura maniobra privatizadora de recursos naturales y territorios ancestrales estaría el político costarricense Antonio Álvarez Desanti, actual jefe de campaña y candidato a diputado del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).
Con el apoyo directo de la abogada panameña Elvisilda Martínez y de algunas personas que reclamaron varias propiedades usando la figura de la "prescripción adquisitiva de dominio", el también presidente de la sociedad habría adquirido unas 600 hectáreas de tierras y 4 fincas habitadas -de las 11 que fueron vendidas- en la zona indígena de Ngäbe Buglé.
En este rotundo negocio, las tierras fueron primeramente adquiridas pagando pocos centavos de dólar al metro cuadrado y, sucesivamente, vendidas a diferentes empresas anónimas, entre ellas Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, por decenas de millones de dólares.
“Son zonas muy lindas que están pretendiendo vender de forma ilegal y sin ninguna verdadera consulta con los pueblos originarios de la zona. Ahí vive la mayoría de nuestros afiliados y ahora corren el peligro de ser desalojados. No lo vamos a permitir”, dijo a La Rel, Abel Becker, secretario general del SITRAIBANA.
Ante esta grave amenaza, el SITRAIBANA convocó una asamblea abierta para el próximo 13 de septiembre, durante la cual los trabajadores bananeros, los habitantes de la Comarca, organizaciones y movimientos sociales y autoridades locales buscarán conjuntamente una salida a la problemática, y afinarán estrategias de protesta.
“La rapidez con que se resolvieron los casos en los juzgados, se adjudicaron y vendieron las tierras, así como la gran cantidad de irregularidades e ilegalidades cometidas, han dejado al descubierto la complicidad de jueces, gobierno central y de las autoridades tradicionales dentro de la Comarca”, explicó Becker.
El dirigente sindical aseguró que los pueblos originarios no están en contra del progreso, siempre y cuando implique reales beneficios para la gente y no se dañe el ambiente.
“Queremos ser consultados y que sea un progreso que beneficie realmente al pueblo y no solamente a unos pocos grupos que se adueñan de nuestros territorios”, aseveró.
Mientras en su país Antonio Álvarez Desanti continúa defendiendo la regularidad de la transacción comercial, obviando una cantidad infinita de preguntas e inquietudes acerca del anómalo proceso judicial y de compraventa de las tierras, los pueblos originarios no están dispuestos a renunciar a sus derechos.
“¿Se imaginan si un día llega una persona a su casa y le dice que ya no es suya, y que tiene que abandonar el lugar? Rechazamos esta y cualquier otra actitud marcadamente neocolonialista, que pretenda despojar a nuestros pueblos de sus territorios ancestrales”, concluyó Becker.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.
De acuerdo con una minuciosa investigación realizada por el periódico La Prensa, las bellezas naturales de la zona de Río Caña, distrito de Kusapín, en la comarca indígena Ngäbe Buglé, están en serio peligro y bajo la amenaza de hambrientos inversionistas turísticos extranjeros.
Estas zonas -no menos de unas 2.000 hectáreas de manglares y tierras colindantes con estupendas playas y ríos- no solamente son parte del quinto humedal más importante de Panamá y son consideradas área protegida nacional, sino que albergan varias comunidades y fincas donde viven miles de personas pertenecientes a los pueblos originarios.
Según la investigación del periódico panameño y las denuncias de los pobladores, detrás de esta oscura maniobra privatizadora de recursos naturales y territorios ancestrales estaría el político costarricense Antonio Álvarez Desanti, actual jefe de campaña y candidato a diputado del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).
Con el apoyo directo de la abogada panameña Elvisilda Martínez y de algunas personas que reclamaron varias propiedades usando la figura de la "prescripción adquisitiva de dominio", el también presidente de la sociedad habría adquirido unas 600 hectáreas de tierras y 4 fincas habitadas -de las 11 que fueron vendidas- en la zona indígena de Ngäbe Buglé.
En este rotundo negocio, las tierras fueron primeramente adquiridas pagando pocos centavos de dólar al metro cuadrado y, sucesivamente, vendidas a diferentes empresas anónimas, entre ellas Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, por decenas de millones de dólares.
“Son zonas muy lindas que están pretendiendo vender de forma ilegal y sin ninguna verdadera consulta con los pueblos originarios de la zona. Ahí vive la mayoría de nuestros afiliados y ahora corren el peligro de ser desalojados. No lo vamos a permitir”, dijo a La Rel, Abel Becker, secretario general del SITRAIBANA.
Ante esta grave amenaza, el SITRAIBANA convocó una asamblea abierta para el próximo 13 de septiembre, durante la cual los trabajadores bananeros, los habitantes de la Comarca, organizaciones y movimientos sociales y autoridades locales buscarán conjuntamente una salida a la problemática, y afinarán estrategias de protesta.
“La rapidez con que se resolvieron los casos en los juzgados, se adjudicaron y vendieron las tierras, así como la gran cantidad de irregularidades e ilegalidades cometidas, han dejado al descubierto la complicidad de jueces, gobierno central y de las autoridades tradicionales dentro de la Comarca”, explicó Becker.
El dirigente sindical aseguró que los pueblos originarios no están en contra del progreso, siempre y cuando implique reales beneficios para la gente y no se dañe el ambiente.
“Queremos ser consultados y que sea un progreso que beneficie realmente al pueblo y no solamente a unos pocos grupos que se adueñan de nuestros territorios”, aseveró.
Mientras en su país Antonio Álvarez Desanti continúa defendiendo la regularidad de la transacción comercial, obviando una cantidad infinita de preguntas e inquietudes acerca del anómalo proceso judicial y de compraventa de las tierras, los pueblos originarios no están dispuestos a renunciar a sus derechos.
“¿Se imaginan si un día llega una persona a su casa y le dice que ya no es suya, y que tiene que abandonar el lugar? Rechazamos esta y cualquier otra actitud marcadamente neocolonialista, que pretenda despojar a nuestros pueblos de sus territorios ancestrales”, concluyó Becker.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.
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