La fuga del ex prefecto y senador opositor Roger Pinto, acusado y sentenciado por delitos de corrupción en Bolivia
La
fuga del ex prefecto y senador opositor Roger Pinto –acusado y
sentenciado por delitos de corrupción en Bolivia-, ha contado con la
activa participación de Eduardo Saboia, un diplomático brasileño con
estrechas relaciones con el Departamento de Estado de los Estados
Unidos que el 23 de agosto escuchó “la voz de dios” que le decía “ahora es cuando”. Las
revelaciones sobre la fuga del ex prefecto de Pando, Roger Pinto,
procesado y sentenciado por delitos de corrupción, está recién por
conocerse. Todo indica, sin embargo, que el viernes del 23 de agosto,
bajo la dirección del encargado de Negocios del Brasil, Eduardo Saboia,
quien escuchó “la voz de dios”, fue la tercera y última vez que se puso
en marcha, esta vez exitosamente, el plan de su salida ilegal de
Bolivia.
Pinto salió de La Paz en un automóvil con chapa diplomática a las 15 horas de ese viernes. Debidamente escoltado por Saboia –quien a las 8 de la mañana de ese día como era habitual hizo sus ejercicios físicos en el Club Hípico “Los Sargentos”, aunque visiblemente nervioso,- y dos militares brasileños, el ex prefecto pandino arribó a Corumbá luego de 22 horas de viaje por tierra.
Informaciones confidenciales dan cuenta que los preparativos de un plan de fuga se remontan a cerca de un mes antes de la III Cumbre presidencial América del Sur-África (ASA), celebrada en febrero pasado en Guinea Ecuatorial, donde los jefes de estado de Bolivia y Brasil aprovecharon la oportunidad para abordar temas específicos de la agenda bilateral, además de ratificar que la salida de Roger Pinto solo sería procedente con la emisión del salvoconducto por parte del estado boliviano.
Ya en ese tiempo, respaldado por el segundo hombre de la diplomacia del Brasil en Bolivia, el abogado defensor de la ex autoridad local boliviana, Fernando Tiburcio, deslizó la idea de que dada la posición de ambos presidentes, que seguro la ratificarían en Guinea Ecuatorial, quizá era mejor desplegar un operativo terrestre para sacar a Pinto del territorio boliviano. Eso le quitaba la presión a ambos gobiernos (a uno que se negaba a dar el salvoconducto y al otro que no lo iba a recibir sin ese documento) y abría las puertas, a partir del principio de no devolución, para negociar el pedido de asilo con un tercer país.
Es más, el plan de la derecha internacional para proteger a Pinto se empezó a implementar días antes de que el ex prefecto y senador ingresara a la embajada de Brasil en La Paz en demanda de asilo. Los parlamentarios Adrián Oliva y Jeanine Añez visitaron al senado de Brasil, respaldados por José Sarney, los primeros días de mayo de 2012, para denunciar la persecución política contra la oposición en Bolivia y hablaron de manera particular de Pinto, quien se encontraba cada día más cercado por la justicia boliviana.
Es evidente que el plan de fuga giraba alrededor de la construcción de dos matrices de opinión articuladas: la violación de sus libertades políticas y civiles, desde el principio, y razones de salud, después.
El plan de fuga llegó, aunque no se sabe con qué detalles, a oídos de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, quien prohibió ese tipo de traslado. De acuerdo a la Red O Globo el caso también fue conocido por el Procurador General de ese país, quien hizo conocer su negativa a los planes de fuga. Esto quiere decir, que la salida ilegal de Pinto ya fue conocida en algún nivel del ejecutivo brasileño hace varios meses.
Saboia y Pinto tuvieron que dar un paso atrás. La posición de la jefe de estado brasileña los desalentó por las consecuencias que se iban a generar. Pero no solo eso. Si bien el embajador Marcel Biato ejerció una presión hacia el gobierno boliviano para obtener el salvoconducto, hasta tal punto que fue calificado como un “portavoz político” de Roger Pinto, al mismo tiempo representaba un obstáculo para el desarrollo de una salida por fuera de los convenios internacionales.
Pero la decisión estaba tomada. Pocos meses después se optó por construir un manto de legalidad a los planes de fuga. El 17 de mayo pasado, Pinto presentó, a través de su abogado, una demanda de habeas corpus contra la presidenta Dilma Rousseff. Conocedor de los “tiempos legales” en Brasil, la defensa esperaba que la audiencia se llevara a cabo máximo a fines de julio o principios de agosto.
La táctica de la defensa era muy clara. Si el Tribunal Supremo Federal declaraba procedente la demanda de habeas corpus, no movía un milímetro la negativa boliviana de concederle el salvoconducto, pero si abría las puertas para que el estado brasileño no reaccionara negativamente ante el ingreso “no convencional” de Pinto en su territorio, aunque sea para permanecer temporalmente hasta negociar con un tercer país. El instrumento para tal plan seguía siendo un automóvil con chapa diplomática.
Que el plan de una salida ilegal de territorio boliviano si existió, lo prueba un informe de la Advocacia-Geral da União (AGU) de Brasil -un órgano de defensa y asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo brasileño-, que da cuenta de la imposibilidad de que el gobierno de Dilma Rousseff conceda un vehículo diplomático para que el senador Roger Pinto salga de Bolivia.
A pesar del duro golpe que representaba la posición del gobierno brasileño, Saboia y Pinto no abandonaron el plan. Solo era una cuestión de tiempo. De acuerdo a información preliminar se pensó activar la fuga el 6 de agosto pasado. La idea no era descabellada. Ese día es feriado nacional en Bolivia y como es obvio todo se relaja, entre ellas la vigilancia en las fronteras.
Sin embargo, el plan no prosperó porque si bien la voz de dios volvió a escucharse, una presencia terrenal representaba un obstáculo casi imposible de sortear: el embajador Biato estaba en Bolivia y era conocida su posición. Es decir, era una ingenuidad pensar que en esas condiciones se dispusiera del automóvil y, sobre todo, de un par de militares de la naval brasileña para acompañar el operativo de fuga.
Otro balde de agua fría caería sobre Pinto y la articulación de la derecha internacional esos días. La audiencia de Habeas Corpus no se iba a llevar adelante en agosto tal como se tenía pensado sino en septiembre. Pero además, se estimaba altamente probable que dada la presión de los movimientos sociales, el presidente Evo Morales dispusiera de expulsión de una parte de la embajada de los Estados Unidos, con lo cual se perdería a uno de los apoyos más importantes que Pinto y Saboia han tenido desde que empezó el caso.
Por lo tanto, no había ninguna noticia buena para abandonar el plan de fuga. Además de la voz de dios, dos hechos impulsaron la ejecución del operativo pensando y preparado durante meses: la ausencia del embajador Marcel Biato, quien viajó a su país dos semanas antes para abordar la fecha de su cambio hacia Suecia, y la reyerta en la cárcel de Palmasola de la ciudad oriental de Santa Cruz. Mejor oportunidad, imposible: el Ministro de Gobierno y la Policía Nacional iban a concentrar su atención en ese duro enfrentamiento que ha dejado más de una treintena de muertos y muchos heridos, además de que se pensaba que Carlos Romero iba a disminuir sus actividades debido a que cumplía un año más de vida, lo que evidentemente no sucedió pues el titular de Gobierno trabajó, como ya es habitual, hasta altas horas de la noche.
Si bien el plan había perdido uno de los componentes para darle legalidad (el habeas corpus), el énfasis en las razones humanitarias iba a cobrar importancia. Saboia reportaba todos los días a Itamaraty los “serios problemas de salud” que enfrentaba Roger Pinto, a quien se lo vio en buen estado a su arribo a Brasilia un día después de que cruzó la frontera boliviana.
Pero el argumento de las “razones humanitarias” esgrimido por Saboia se cayó rápidamente, no solo por el buen estado de salud de Pinto, sino por sus declaraciones hechas en Brasilia, donde el lunes 25 dijo que “opté por la vida, opté por proteger a una persona, a un perseguido político”.
De todo lo que sucedió, hay algunas certezas y varias interrogantes.
Las certezas tienen que ver con lo siguiente: primero, la existencia de un plan de fuga concebido por Roger Pinto, su abogado, el diplomático Saboia y la derecha internacional hace más de 6 meses.
Segundo, la firme posición de los gobiernos de Bolivia y Brasil de estudiar el caso Pinto (porque se lo hizo varias veces), pero dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios internacionales.
Tercero, la participación en algún grado de algunos altos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos y/o de sus servicios secretos en la elaboración del plan de fuga.
Cuarto, la intención de enemistar a los gobiernos de ambos países al presentar la fuga de Pinto como una acción respaldada por Rousseff e Itamaraty, tal como señala la carta del prófugo de la justicia boliviana al día siguiente de su salida ilegal de Bolivia.
Quinto, la apuesta de la derecha internacional para que Pinto, en Brasil o en un tercer país, sea una de las fuentes principales para activar el plan de conspiración contra el gobierno del presidente Evo Morales por la presunta relación de algunos de sus altos colaboradores con el narcotráfico.
En cuanto a las interrogantes, quizá tienen relación con:
Primero, ¿la poca información sobre la situación jurídica de Roger Pinto trasladada a Itamaraty después del 28 de mayo de 2012 es más atribuible al embajador Marcel Biato o al Encargado de Negocios, Eduardo Saboia?
Segundo, ¿cuál es el papel que les ha tocado jugar a los parlamentarios Adrián Oliva y Jeanine Añez en la ejecución del operativo?
Tercero, ¿el sangriento enfrentamiento entre presos en la cárcel de Palmasola el viernes 23 de agosto fue fabricado o usado para facilitar el plan de fuga?
Cuarto, ¿no será Paraguay el tercer país al que Pinto se trasladará en condición de refugiado? La defensa ha negado que sea Uruguay como en su momento circuló el rumor. Lo que si parece es que ese país tiene un nombre que termina en “guay”. Cossio lo espera.
Entonces, un necesario retorno al punto de partida. La fuga de Roger Pinto forma parte de un plan que trasciende a la persona y que es el resultado de un tercer intento.
Pinto salió de La Paz en un automóvil con chapa diplomática a las 15 horas de ese viernes. Debidamente escoltado por Saboia –quien a las 8 de la mañana de ese día como era habitual hizo sus ejercicios físicos en el Club Hípico “Los Sargentos”, aunque visiblemente nervioso,- y dos militares brasileños, el ex prefecto pandino arribó a Corumbá luego de 22 horas de viaje por tierra.
Informaciones confidenciales dan cuenta que los preparativos de un plan de fuga se remontan a cerca de un mes antes de la III Cumbre presidencial América del Sur-África (ASA), celebrada en febrero pasado en Guinea Ecuatorial, donde los jefes de estado de Bolivia y Brasil aprovecharon la oportunidad para abordar temas específicos de la agenda bilateral, además de ratificar que la salida de Roger Pinto solo sería procedente con la emisión del salvoconducto por parte del estado boliviano.
Ya en ese tiempo, respaldado por el segundo hombre de la diplomacia del Brasil en Bolivia, el abogado defensor de la ex autoridad local boliviana, Fernando Tiburcio, deslizó la idea de que dada la posición de ambos presidentes, que seguro la ratificarían en Guinea Ecuatorial, quizá era mejor desplegar un operativo terrestre para sacar a Pinto del territorio boliviano. Eso le quitaba la presión a ambos gobiernos (a uno que se negaba a dar el salvoconducto y al otro que no lo iba a recibir sin ese documento) y abría las puertas, a partir del principio de no devolución, para negociar el pedido de asilo con un tercer país.
Es más, el plan de la derecha internacional para proteger a Pinto se empezó a implementar días antes de que el ex prefecto y senador ingresara a la embajada de Brasil en La Paz en demanda de asilo. Los parlamentarios Adrián Oliva y Jeanine Añez visitaron al senado de Brasil, respaldados por José Sarney, los primeros días de mayo de 2012, para denunciar la persecución política contra la oposición en Bolivia y hablaron de manera particular de Pinto, quien se encontraba cada día más cercado por la justicia boliviana.
Es evidente que el plan de fuga giraba alrededor de la construcción de dos matrices de opinión articuladas: la violación de sus libertades políticas y civiles, desde el principio, y razones de salud, después.
El plan de fuga llegó, aunque no se sabe con qué detalles, a oídos de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, quien prohibió ese tipo de traslado. De acuerdo a la Red O Globo el caso también fue conocido por el Procurador General de ese país, quien hizo conocer su negativa a los planes de fuga. Esto quiere decir, que la salida ilegal de Pinto ya fue conocida en algún nivel del ejecutivo brasileño hace varios meses.
Saboia y Pinto tuvieron que dar un paso atrás. La posición de la jefe de estado brasileña los desalentó por las consecuencias que se iban a generar. Pero no solo eso. Si bien el embajador Marcel Biato ejerció una presión hacia el gobierno boliviano para obtener el salvoconducto, hasta tal punto que fue calificado como un “portavoz político” de Roger Pinto, al mismo tiempo representaba un obstáculo para el desarrollo de una salida por fuera de los convenios internacionales.
Pero la decisión estaba tomada. Pocos meses después se optó por construir un manto de legalidad a los planes de fuga. El 17 de mayo pasado, Pinto presentó, a través de su abogado, una demanda de habeas corpus contra la presidenta Dilma Rousseff. Conocedor de los “tiempos legales” en Brasil, la defensa esperaba que la audiencia se llevara a cabo máximo a fines de julio o principios de agosto.
La táctica de la defensa era muy clara. Si el Tribunal Supremo Federal declaraba procedente la demanda de habeas corpus, no movía un milímetro la negativa boliviana de concederle el salvoconducto, pero si abría las puertas para que el estado brasileño no reaccionara negativamente ante el ingreso “no convencional” de Pinto en su territorio, aunque sea para permanecer temporalmente hasta negociar con un tercer país. El instrumento para tal plan seguía siendo un automóvil con chapa diplomática.
Que el plan de una salida ilegal de territorio boliviano si existió, lo prueba un informe de la Advocacia-Geral da União (AGU) de Brasil -un órgano de defensa y asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo brasileño-, que da cuenta de la imposibilidad de que el gobierno de Dilma Rousseff conceda un vehículo diplomático para que el senador Roger Pinto salga de Bolivia.
A pesar del duro golpe que representaba la posición del gobierno brasileño, Saboia y Pinto no abandonaron el plan. Solo era una cuestión de tiempo. De acuerdo a información preliminar se pensó activar la fuga el 6 de agosto pasado. La idea no era descabellada. Ese día es feriado nacional en Bolivia y como es obvio todo se relaja, entre ellas la vigilancia en las fronteras.
Sin embargo, el plan no prosperó porque si bien la voz de dios volvió a escucharse, una presencia terrenal representaba un obstáculo casi imposible de sortear: el embajador Biato estaba en Bolivia y era conocida su posición. Es decir, era una ingenuidad pensar que en esas condiciones se dispusiera del automóvil y, sobre todo, de un par de militares de la naval brasileña para acompañar el operativo de fuga.
Otro balde de agua fría caería sobre Pinto y la articulación de la derecha internacional esos días. La audiencia de Habeas Corpus no se iba a llevar adelante en agosto tal como se tenía pensado sino en septiembre. Pero además, se estimaba altamente probable que dada la presión de los movimientos sociales, el presidente Evo Morales dispusiera de expulsión de una parte de la embajada de los Estados Unidos, con lo cual se perdería a uno de los apoyos más importantes que Pinto y Saboia han tenido desde que empezó el caso.
Por lo tanto, no había ninguna noticia buena para abandonar el plan de fuga. Además de la voz de dios, dos hechos impulsaron la ejecución del operativo pensando y preparado durante meses: la ausencia del embajador Marcel Biato, quien viajó a su país dos semanas antes para abordar la fecha de su cambio hacia Suecia, y la reyerta en la cárcel de Palmasola de la ciudad oriental de Santa Cruz. Mejor oportunidad, imposible: el Ministro de Gobierno y la Policía Nacional iban a concentrar su atención en ese duro enfrentamiento que ha dejado más de una treintena de muertos y muchos heridos, además de que se pensaba que Carlos Romero iba a disminuir sus actividades debido a que cumplía un año más de vida, lo que evidentemente no sucedió pues el titular de Gobierno trabajó, como ya es habitual, hasta altas horas de la noche.
Si bien el plan había perdido uno de los componentes para darle legalidad (el habeas corpus), el énfasis en las razones humanitarias iba a cobrar importancia. Saboia reportaba todos los días a Itamaraty los “serios problemas de salud” que enfrentaba Roger Pinto, a quien se lo vio en buen estado a su arribo a Brasilia un día después de que cruzó la frontera boliviana.
Pero el argumento de las “razones humanitarias” esgrimido por Saboia se cayó rápidamente, no solo por el buen estado de salud de Pinto, sino por sus declaraciones hechas en Brasilia, donde el lunes 25 dijo que “opté por la vida, opté por proteger a una persona, a un perseguido político”.
De todo lo que sucedió, hay algunas certezas y varias interrogantes.
Las certezas tienen que ver con lo siguiente: primero, la existencia de un plan de fuga concebido por Roger Pinto, su abogado, el diplomático Saboia y la derecha internacional hace más de 6 meses.
Segundo, la firme posición de los gobiernos de Bolivia y Brasil de estudiar el caso Pinto (porque se lo hizo varias veces), pero dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios internacionales.
Tercero, la participación en algún grado de algunos altos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos y/o de sus servicios secretos en la elaboración del plan de fuga.
Cuarto, la intención de enemistar a los gobiernos de ambos países al presentar la fuga de Pinto como una acción respaldada por Rousseff e Itamaraty, tal como señala la carta del prófugo de la justicia boliviana al día siguiente de su salida ilegal de Bolivia.
Quinto, la apuesta de la derecha internacional para que Pinto, en Brasil o en un tercer país, sea una de las fuentes principales para activar el plan de conspiración contra el gobierno del presidente Evo Morales por la presunta relación de algunos de sus altos colaboradores con el narcotráfico.
En cuanto a las interrogantes, quizá tienen relación con:
Primero, ¿la poca información sobre la situación jurídica de Roger Pinto trasladada a Itamaraty después del 28 de mayo de 2012 es más atribuible al embajador Marcel Biato o al Encargado de Negocios, Eduardo Saboia?
Segundo, ¿cuál es el papel que les ha tocado jugar a los parlamentarios Adrián Oliva y Jeanine Añez en la ejecución del operativo?
Tercero, ¿el sangriento enfrentamiento entre presos en la cárcel de Palmasola el viernes 23 de agosto fue fabricado o usado para facilitar el plan de fuga?
Cuarto, ¿no será Paraguay el tercer país al que Pinto se trasladará en condición de refugiado? La defensa ha negado que sea Uruguay como en su momento circuló el rumor. Lo que si parece es que ese país tiene un nombre que termina en “guay”. Cossio lo espera.
Entonces, un necesario retorno al punto de partida. La fuga de Roger Pinto forma parte de un plan que trasciende a la persona y que es el resultado de un tercer intento.
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