La actuación de un grupo paramilitar en los límites y en el territorio de Calima, en Colombia, está perturbando y perjudicando la vida de las poblaciones afro-colombianas e indígenas que residen en el lugar.
Desde julio, los paramilitares están realizando operaciones armadas, amedrentando y amenazando a la población, realizando desalojos forzados, aislando a la población y cometiendo asesinatos. Dos meses después, el estado no dio ninguna repuesta ante tan grave situación.
La tarde del día 12 de junio, un grupo formado por 30 paramilitares comenzó a moverse por las comunidades de Cabeceras, El Coco y Palestina y por el río San Juan. Los paramilitares iniciaron su accionar ofreciendo dinero a los jóvenes que quisiesen unirse a ellos. Durante una semana, el grupo consumió drogas y provocó desordenes en el territorio colectivo de Calima. Diversas familias fueron obligadas a salir de sus casas. Los paramilitares también provocaron la muerte de Murillo Juan Bautista, que fue asesinado en el poblado de Palestina, golpeando su cabeza.
Al no soportar más la situación de miedo y dominación, al día siguiente 23 de julio, algunas familias del poblado de Palestina, intentaron huir. Según relatos de la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz, pocas familias consiguieron salir del territorio, pues la infantería de Marina y los paramilitares, impidieron la fuga colectiva. En su informe la Comisión Intereclesial también denunció que dos días antes de la llegada de los paramilitares la infantería de Marina, abandonó el poblado de Palestina.
Con el pasar de las semanas, la situación fue empeorando cada vez más. Los paramilitares anunciaron que tenían en su manos una lista de los que debería ser asesinados, este anuncio provocó un gran impacto sicológico entre los pobladores de las comunidades. El temor se generalizó, las personas no podían desplazarse, ni reunirse y se inició una crisis económica y alimentaria. La imposibilidad de desplazarse, impedía que la población hiciese cualquier tipo de denuncia sobre la situación que estaba viviendo.
A comienzos del mes de agosto, la actuación de los paramilitares se volvió más dura. Jóvenes y adultos comenzaron a ser asesinados, algunos, inclusive, en la presencia de la infantería de Marina. 97 personas de la comunidad indígena de Nonam fueron obligados a salir de Santa Rosa de Guayacán y pedir refugio en la ciudad de Buenaventura. Lo mismo ocurrió con varias comunidades. Hay temor de que el accionar de los paramilitares pueda expulsar a 2000 afro-colombianos e indígenas de sus tierras.
El 22 de agosto, la Comisión Justicia y Paz, recibió denuncias de que las agresiones criminales se extendieron contra los miembros del Movimiento Jóvenes Unidos por el Bienestar de Calima – JUBCA, que fueron impedidos de denunciar los abusos y de mantener cualquier contacto con la Comisión Intereclesial. Los paramilitares afirman que los jóvenes, hombres y mujeres afro-colombianos del JUBCA eran investigadores, y que no permitían la actuación del grupo.
De acuerdo con las denuncias reunidas por la Comisión Justicia y Paz, la estrategia paramilitar forma parte de un plan mayor de dominación social y territorial, en los límites de San Juan y Calima, que debe ser totalmente ejecutado hasta el fin de octubre.
“Estamos aquí y no vamos a salir. Primero se van ustedes y esto va ser todo nuestro, en octubre”, aseguró un paramilitar del grupo Águilas Negras a los moradores de la comunidad de La Colonia.
Las sospechas más fuertes son que los paramilitares tienen intereses básicamente económicos y que desean controlar los territorios para proteger las operaciones extractivas y de infraestructura. Las tácticas criminales de intimidar, expulsar y matar, son más rentables y menos exigentes en trabajo, que garantizar los derechos sociales, ambientales y políticos.
A más de dos meses del inicio de esta guerra injusta, el Estado permanece en silencio y no proporciona una repuesta integral a la situación enfrentada por las comunidades negras e indígenas. En virtud de lo anterior, la Comisión de Justicia y Paz está haciendo llamados para que medidas humanitarias y políticas sean tomadas, para garantizar la vida y los derechos de estas poblaciones.
RNV / Prensa Indígena
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