Por Daniela Estrada
SANTIAGO, 29 sep (IPS) - Mientras arrecian las manifestaciones a favor de 38 mapuches en huelga de hambre en cárceles del sur de Chile,
académicos explican a IPS problemas de fondo que marcan y alientan el conflicto. El gobierno ha intentado infructuosamente desarticular esta protesta, que algunos llevan adelante hace ya 80 días.
académicos explican a IPS problemas de fondo que marcan y alientan el conflicto. El gobierno ha intentado infructuosamente desarticular esta protesta, que algunos llevan adelante hace ya 80 días."Aquí se hablan dos lenguajes totalmente distintos. Por un parte, los jóvenes mapuches están hablando de política y de derechos, mientras que el gobierno, en un retroceso gigantesco, habla de pobreza, de desarrollo y de construir caminos", dijo a IPS el profesor de la Escuela de Antropología de la privada Universidad Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa.
"Son dos concepciones muy distintas, que llevan a que no se resuelva esta huelga de hambre", enfatizó el también miembro del Comité Consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pueblo mapuche, con casi un millón de integrantes, es el mayor entre los indígenas de este país con 17 millones de habitantes y hoy presidido por el derechista Sebastián Piñera, quien asumió el 11 de marzo dejando atrás dos décadas de gobierno de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia.
Un grupo de comuneros mapuches autodenominados presos políticos comenzó el 12 de julio una huelga de hambre líquida, a la que se fueron sumando luego otros indígenas hasta sumar hoy 38, repartidos en diferentes penales del sur del país.
La mayoría se encuentra en delicado estado de salud, por lo cual se teme un desenlace fatal en cualquier momento.
Los huelguistas, imputados de delitos como amenazas, incendio, ataque contra un fiscal del Ministerio Público y un autobús de pasajeros, han acotado sus demandas a que no se los juzgue por la ley antiterrorista impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y reformada tras la recuperación de la democracia, especialmente el no uso de testigos protegidos.
También reclaman el fin de los juicios dobles en los tribunales civiles y militares. Tras semanas de inacción, el gobierno de Piñera envió a comienzos de este mes al parlamento dos proyectos de ley que reforman la justicia militar y la ley antiterrorista, tendientes a persuadir a los huelguistas a deponer su acción radical.
También solicitó al obispo católico Ricardo Ezzati que facilite el diálogo con los comuneros, quienes han recibido el respaldo de intelectuales, dirigentes sociales y religiosos, algunos de los cuales iniciaron inclusive ayunos solidarios.
A pesar de que el gobierno se comprometió a retirar las querellas que invocan la ley antiterrorista, presentadas por la predecesora presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), los huelguistas se negaron a deponer su protesta. Entienden que las autoridades no pueden asegurarles que no serán juzgados por esa normativa dada la autonomía del Ministerio Público.
Por eso, los mapuches llamaron a los demás poderes del Estado a sentarse a dialogar, lo cual fue descartado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Milton Juica, y el fiscal nacional Sabas Chahuán, aduciendo que es inconstitucional.
El parlamento, en tanto, sigue debatiendo con gran polémica los dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, sin que haya la vista una salida rápida al problema.
Chahuán recordó que la ley antiterrorista se ha invocado sólo en 12 de los 388 casos en los que han estado involucrados comuneros mapuches desde 2000 por acciones referidas a reivindicaciones territoriales, principalmente en las sureñas regiones del Bíobío y la Araucanía.
Paralelamente, el gobierno convocó a diferentes actores a una mesa de diálogo para tratar "temas de fondo", instancia cuestionada por la limitada representatividad del pueblo mapuche y porque se centra en el llamado Plan Araucanía, de incentivo productivo y mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos para los indígenas del sur.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, y otros organismos han llamado al gobierno a no aplicar la ley antiterrorista contra mapuches y a buscar todas las alternativas jurídicas o políticas para solucionar el conflicto.
Actualmente "se está violando el Convenio 169" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile en 2008, porque no se consulta debidamente a los mapuches, dijo a IPS la directora del Programa de Estudios de Antropología Jurídica e Interculturalidad de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad de Chile, Milka Castro.
Para Castro, "es sorprende enterarnos por algunos medios de comunicación cómo profesionales que están en la esfera pública y funcionarios del Estado conocen tan poco el Convenio y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (de 2007), también firmada por Chile, y, más aún, de la diversidad cultural del país".
"Hay un estado de ignorancia histórica e intencionada que arranca desde la educación básica hasta llegar a la universidad", planteó la antropóloga, en referencia al proceso usurpatorio de tierras mapuches llevado a cabo por el Estado a fines del siglo XIX y luego entregadas a particulares.
"Hay un grupo importante del pueblo mapuche que está planteando una relación diferente con la sociedad chilena, en general, y con el Estado chileno, en particular", explicó por su parte Bengoa.
"Esto significa, en términos precisos y concretos, un proceso de descolonización", frente al cual "a los estados les cuesta mucho reaccionar, les cuesta mucho comprender", dijo el académico, autor de varios libros sobre el pueblo mapuche.
Según Bengoa, la sociedad chilena sólo entiende la cuestión mapuche e indígena como una "relación subordinada", con "la imagen del indígena respetuoso, que no hace gala de todos sus derechos".
El gobierno y parte de la dirigencia política insisten en que los mapuches que están detrás de actos de protesta considerados delictivos son una minoría y que el principal problema de la etnia es la pobreza.
Para Bengoa, "es una manipulación decir que hay dos sectores, los mapuches buenos y los mapuches malos".
A su juicio, no corresponde a la realidad pensar que, por demandar mejores condiciones de vida, los mapuches "no quieren grados importantes de autogestión o autonomía".
"Obviamente quienes demandan eso siempre han sido, en todas partes del planeta, las vanguardias, los grupos jóvenes, las elites, los intelectuales, las personas que piensan al pueblo como un colectivo, los que piensan a la nación mapuche como una proyección hacia el futuro", sostuvo.
Castro puntualizó que "un tema clave es el territorio". "¿Quiénes están estudiando y discutiendo este tema de forma responsable y rigurosa en el país? y ¿cómo Chile puede solucionar ese problema?", se pregunta la académica.
Consideró que la reivindicación mapuche choca con intereses empresariales, sobre todo forestales, propietarios de tierras usurpadas a los indígenas en el sur.
"Son dos concepciones muy distintas, que llevan a que no se resuelva esta huelga de hambre", enfatizó el también miembro del Comité Consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pueblo mapuche, con casi un millón de integrantes, es el mayor entre los indígenas de este país con 17 millones de habitantes y hoy presidido por el derechista Sebastián Piñera, quien asumió el 11 de marzo dejando atrás dos décadas de gobierno de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia.
Un grupo de comuneros mapuches autodenominados presos políticos comenzó el 12 de julio una huelga de hambre líquida, a la que se fueron sumando luego otros indígenas hasta sumar hoy 38, repartidos en diferentes penales del sur del país.
La mayoría se encuentra en delicado estado de salud, por lo cual se teme un desenlace fatal en cualquier momento.
Los huelguistas, imputados de delitos como amenazas, incendio, ataque contra un fiscal del Ministerio Público y un autobús de pasajeros, han acotado sus demandas a que no se los juzgue por la ley antiterrorista impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y reformada tras la recuperación de la democracia, especialmente el no uso de testigos protegidos.
También reclaman el fin de los juicios dobles en los tribunales civiles y militares. Tras semanas de inacción, el gobierno de Piñera envió a comienzos de este mes al parlamento dos proyectos de ley que reforman la justicia militar y la ley antiterrorista, tendientes a persuadir a los huelguistas a deponer su acción radical.
También solicitó al obispo católico Ricardo Ezzati que facilite el diálogo con los comuneros, quienes han recibido el respaldo de intelectuales, dirigentes sociales y religiosos, algunos de los cuales iniciaron inclusive ayunos solidarios.
A pesar de que el gobierno se comprometió a retirar las querellas que invocan la ley antiterrorista, presentadas por la predecesora presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), los huelguistas se negaron a deponer su protesta. Entienden que las autoridades no pueden asegurarles que no serán juzgados por esa normativa dada la autonomía del Ministerio Público.
Por eso, los mapuches llamaron a los demás poderes del Estado a sentarse a dialogar, lo cual fue descartado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Milton Juica, y el fiscal nacional Sabas Chahuán, aduciendo que es inconstitucional.
El parlamento, en tanto, sigue debatiendo con gran polémica los dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, sin que haya la vista una salida rápida al problema.
Chahuán recordó que la ley antiterrorista se ha invocado sólo en 12 de los 388 casos en los que han estado involucrados comuneros mapuches desde 2000 por acciones referidas a reivindicaciones territoriales, principalmente en las sureñas regiones del Bíobío y la Araucanía.
Paralelamente, el gobierno convocó a diferentes actores a una mesa de diálogo para tratar "temas de fondo", instancia cuestionada por la limitada representatividad del pueblo mapuche y porque se centra en el llamado Plan Araucanía, de incentivo productivo y mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos para los indígenas del sur.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, y otros organismos han llamado al gobierno a no aplicar la ley antiterrorista contra mapuches y a buscar todas las alternativas jurídicas o políticas para solucionar el conflicto.
Actualmente "se está violando el Convenio 169" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile en 2008, porque no se consulta debidamente a los mapuches, dijo a IPS la directora del Programa de Estudios de Antropología Jurídica e Interculturalidad de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad de Chile, Milka Castro.
Para Castro, "es sorprende enterarnos por algunos medios de comunicación cómo profesionales que están en la esfera pública y funcionarios del Estado conocen tan poco el Convenio y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (de 2007), también firmada por Chile, y, más aún, de la diversidad cultural del país".
"Hay un estado de ignorancia histórica e intencionada que arranca desde la educación básica hasta llegar a la universidad", planteó la antropóloga, en referencia al proceso usurpatorio de tierras mapuches llevado a cabo por el Estado a fines del siglo XIX y luego entregadas a particulares.
"Hay un grupo importante del pueblo mapuche que está planteando una relación diferente con la sociedad chilena, en general, y con el Estado chileno, en particular", explicó por su parte Bengoa.
"Esto significa, en términos precisos y concretos, un proceso de descolonización", frente al cual "a los estados les cuesta mucho reaccionar, les cuesta mucho comprender", dijo el académico, autor de varios libros sobre el pueblo mapuche.
Según Bengoa, la sociedad chilena sólo entiende la cuestión mapuche e indígena como una "relación subordinada", con "la imagen del indígena respetuoso, que no hace gala de todos sus derechos".
El gobierno y parte de la dirigencia política insisten en que los mapuches que están detrás de actos de protesta considerados delictivos son una minoría y que el principal problema de la etnia es la pobreza.
Para Bengoa, "es una manipulación decir que hay dos sectores, los mapuches buenos y los mapuches malos".
A su juicio, no corresponde a la realidad pensar que, por demandar mejores condiciones de vida, los mapuches "no quieren grados importantes de autogestión o autonomía".
"Obviamente quienes demandan eso siempre han sido, en todas partes del planeta, las vanguardias, los grupos jóvenes, las elites, los intelectuales, las personas que piensan al pueblo como un colectivo, los que piensan a la nación mapuche como una proyección hacia el futuro", sostuvo.
Castro puntualizó que "un tema clave es el territorio". "¿Quiénes están estudiando y discutiendo este tema de forma responsable y rigurosa en el país? y ¿cómo Chile puede solucionar ese problema?", se pregunta la académica.
Consideró que la reivindicación mapuche choca con intereses empresariales, sobre todo forestales, propietarios de tierras usurpadas a los indígenas en el sur.
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