Sin claudicar
Se movilizan en Colombia contra las bases militares
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Mientras la agenda informativa focaliza su atención en la liberación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del cabo del Ejército Pablo Moncayo, las organizaciones locales continúan su pelea contra la militarización.
El próximo jueves 8 de abril será presentada en un acto público la recién conformada Coalición Colombia No Bases, integrada por organizaciones progresistas que denuncian la claudicación del gobierno del derechista Álvaro Uribe Vélez, al cederle el control de siete bases militares a tropas militares de Estados Unidos.
El documento fundacional del grupo señala que en los 200 años de independencia de Colombia nunca se había registrado una entrega de la soberanía nacional como ésta. “Nuestra república está siendo víctima de las peores formas de agresión extranjera”, puede leerse en la declaración, que ya fue firmada por 150 organizaciones sociales de izquierda.
Entienden que la presencia de las fuerzas militares de Estados Unidos tiene que ser replicada con la “mayor unidad de las fuerzas democráticas y progresistas del país”, que tienen la obligación de levantar una “bandera central” por la recuperación de la democracia y la soberanía.
El 30 de octubre de 2009 el presidente Uribe Vélez firmó un acuerdo con Estados Unidos que autoriza la instalación de al menos siete bases militares en territorio colombiano, un episodio que para muchas organizaciones locales reinauguró una nueva etapa de colonialismo.
Con la idea de frenar esos planes, la Coalición Colombia No Bases plantará sus banderas el próximo jueves en la Universidad Autónoma de Colombia, en la capital del país Bogotá, y se espera que allí participen políticos locales y personalidades extranjeras.
Por otra parte, aunque también en Colombia, las comunidades indígenas emberá katió, que han sufrido en carne propia el flagelo de la militarización, recibieron al menos una buena noticia. La Corte Constitucional colombiana, según informó el sitio Salva la Selva, dispuso la suspensión de las licencias de exploración y explotación minera del proyecto Mandé Norte, ubicado en los occidentales departamentos de Antioquía y Chocó.
Se trata de una filial de la estadounidense Muriel Mining Corporation, que algunos grupos como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han denunciado por su complicidad con el Ejército colombiano en ataques recientes a comunidades indígenas.
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