CELAG
Después de 10 días de
realizadas las elecciones, Honduras no puede conocer al próximo
presidente legítimo. Esto ha sumido al país en una gran incertidumbre y
descolocado a la comunidad internacional. El conjunto de irregularidades
–reconocidas por observadores de OEA y de la Unión Europea–
beneficiaron al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández,
quien siempre supuso que ganaría o, que nunca entregaría el poder a una
oposición alternativa a los partidos tradicionales.
Ocurre que
después de la habilitación inconstitucional del presidente -por parte de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia- para
presentarse como opción del Partido Nacional en los pasados comicios,
era evidente que el líder nacionalista -quien controla el proceso de
escrutinio de votos- la comisión de supervisión electoral, el ejército
–que mueve las papeletas y todos los procesos–, los órganos de
apelación, la maquinaria clientelar y los medios de comunicación,
apuntaban a la permanencia en el poder.
Todo menos transparencia
Muestra de ello ha sido la gran dilación del escrutinio de los votos,
que ha mantenido en vilo al país. El día 27 de noviembre se había
escrutado el 57% de las mesas electorales. El líder opositor Salvador
Nasralla de la Alianza Oposición contra la Dictadura obtenía un 45,17%. A
partir de entonces, el sistema de totalización de los votos se cayó,
hecho que se repitió al menos dos veces más; miércoles y jueves, cuando
la tendencia se modificó y el presidente superó a Nasralla [1].
Ante la incertidumbre, la ciudadanía se volcó a la calle apoyando al
líder opositor. La respuesta del Gobierno –acostumbrado a disuadir a sus
contrarios por medio de la represión violenta– fue la declaración del
Estado de Sitio, con la consecuente militarización del país, que ha
impactado con violencia en la ciudadanía, saldándose con varios civiles
heridos y muertos en el marco de las protestas [2].
La noticia del fraude anunciado llegó el día lunes 4 de diciembre,
cuando el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David
Matamoros, dio por concluido el escrutinio especial a las 05.00, hora
local, restando 20 actas electorales que aparecieran en el cómputo final
de 18.128. En el resultado final, con el 99,89% de los votos
escrutados, Hernández se impone con el 42,98 % a Nasralla, que alcanza
un 41,39 % [3].
Una ciudadanía que exige respeto por su derecho al voto
Ante un escenario tan complejo sólo la ciudadanía ha estado a la
altura. Así como era previsible un escenario de fraude electoral, ya
desde antes de las elecciones los ciudadanos y ciudadanas habían
comenzado a movilizarse, algo que no ha parado y que se espera tenga
continuidad en los próximos días. Por ello el papel que adquiera la
comunidad internacional en la defensa del pueblo hondureño –el cual se
acerca a una situación de victimización por represión militar- será
fundamental. En este sentido, si bien las declaraciones han sido
individualizadas por país (como es el caso de Venezuela), ha sido escasa
la unidad progresista expresada ante este nuevo atropello.
Ampliar la crisis
Esta situación erosiona el Estado de Derecho y amplifica la crisis en
la confianza en torno a la democracia. El Partido Nacional ha
desestructurado la legitimidad de todas las reglas de juego y rutinas
constitucionales. Los hechos de corrupción y el quebranto del texto
constitucional –que permitió que el actual presidente se presentará a su
reelección– se inscriben en un largo proceso de deslegitimación y en
escenarios de movilización ciudadana que expresan rechazos a estas
prácticas. Si en 2009 se desconoció la decisión de los electores con el
derrocamiento de Manuel Zelaya, ahora ese desconocimiento se suma a esta
crítica situación.
Todos los observadores
internacionales, con mayor o menor crítica a todo el proceso, han
reconocido irregularidades y la Unión Europea ha pedido que no se
ratifique ningún ganador. A ello se suma que Salvador Nasralla no es
Manuel Zelaya sino un aliado moderado y reconocido como tal por medios y
espacios hondureños e internacionales, por ello resulta más difícil
legitimar un fraude.
El toque de queda y la
militarización sólo aumentan las sospechas de un acto electoral viciado e
irregular. Además, abre futuros escenarios de malestar político que
pueden aumentar la conflictividad o erosionar, aún más, la democracia
hondureña.
Notas
[2] https://www.telesurtv.net/
[3] http://www.elheraldo.hn/
Ava Gómez y Esteban De Gori, investigadores CELAG
No hay comentarios:
Publicar un comentario