No es sorpresa que haya pasado
prácticamente desapercibido para los grandes medios de comunicación el
sustentado y significativo informe, hecho público este año: Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México,
de la organización Open Society Justice Initiative, tomando en cuenta
que, como reproductores del sistema capitalista de dominación
ideológico-política, estos mercenarios mediáticos forman parte orgánica
de los instrumentos de desviación de poder e impunidad que caracterizan
al Estado mexicano.
Este informe, que se nutrió principalmente con el trabajo de Justice
Initiative, expertos mexicanos y extranjeros, y la colaboración de cinco
reconocidos organismos de derechos humanos, se enfoca en los nueve años
que van de 2006 a 2015, aunque incluye una breve descripción de
periodos anteriores “en los que el gobierno [mexicano] estuvo también
implicado en crímenes atroces, para los cuales hasta ahora no ha rendido
cuentas. Se incluye entonces el periodo de la llamada guerra sucia
emprendida por el gobierno contra estudiantes de izquierda y
disidentes, de 1960 a 1980, con el fin de situar el reciente aumento de
la violencia en un contexto histórico y político más amplio”.
El concepto de
crímenes atroces, utilizado en el texto, se fundamenta en la definición de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se incluyen los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, especificando que, en este caso, el término se utiliza “para referirse a formas particulares de crímenes violentos que han afectado a varios cientos de miles de civiles y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Las personas afectadas no sólo incluyen a los ciudadanos mexicanos, sino también a inmigrantes de Centroamérica, que viajan por rutas peligrosas en el país, y cada vez con más frecuencia son víctimas de la cruel violencia de los cárteles. Específicamente, el informe examina tres tipos de crímenes atroces: asesinatos, desapariciones, tortura y otros tipos de maltrato”. En cuanto a crímenes de lesa humanidad, se concluye que la situación de México satisface su definición legal establecida en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, así como la jurisprudencia de esta Corte y de otros tribunales internacionales, esto es, como una serie de actos diversos que
sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Se enumeran 11 actos subyacentes, incluidos asesinato, tortura y desapariciones forzadas. Además, el Estatuto define un
ataquecomo “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos […] contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados organizados”. En esta materia, el documento arroja algunas cifras: “Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México (…) Las estadísticas oficiales sobre asesinatos subestiman el verdadero saldo: decenas de miles de desapariciones siguen sin resolverse y existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido suficientemente investigadas”. En cuanto a desapariciones forzadas, se sostiene que “nadie sabe cuántas personas han desaparecido en México desde diciembre de 2006.
La cifra de 26 mil citada a menudo es engañosa y en gran parte
arbitraria; constituye una contabilidad defectuosa del gobierno sobre
personas desaparecidas (…) Asimismo, los fiscales a menudo han
reclasificado de modo inapropiado los casos que involucran a autores del
Estado (desapariciones forzadas) como ‘secuestros’, precisamente en un
momento en que estos crímenes han alcanzado niveles alarmantes (…) Del
cálculo aproximado de un total de 580 mil secuestros, desde finales de
2006 hasta 2014, no hay manera de saber cuántos podrían clasificarse
como otras formas de desaparición criminal, incluidas las desapariciones
forzadas”. En lo referente a la tortura, las cifras que aporta la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los casos documentados por
organizaciones de la sociedad civil “sugieren que se trata de prácticas
generalizadas, que incluyen el uso rutinario de torturas y malos tratos
por parte de la policía, las fuerzas armadas y los fiscales, a fin de
obtener confesiones y testimonios bajo coerción que ellos mismos y
muchos jueces mexicanos aceptan como evidencia (…) [No obstante,] en los
casos de tortura entre enero de 2007 hasta abril de 2015 sólo se
produjeron seis condenas”. Los autores de la investigación plantean una
interrogante cardinal: ¿Por qué razón ha habido tan poca justicia ante
los crímenes atroces ocurridos en México?
'La respuesta que proporciona el documento se confirma
fehacientemente para el caso más reciente de la masacre de Nochixtlán,
que se suma a la de Ayotzinapa y Tlataya: “En lo fundamental responde a
factores políticos. Comienza con la retórica de negación y desviación
que ha caracterizado a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Los
funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la
escala y la naturaleza de los asesinatos, las torturas y las
desapariciones, y hacen aseveraciones generalizadas y sin fundamento,
considerando a las víctimas de estos delitos como criminales. En lugar
de reconocer el problema, funcionarios de alta jerarquía han optado por
la rutina de atacar a los emisarios de Naciones Unidas y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad
civil y otros que han denunciado estos crímenes atroces. En algunos
casos, en respuesta a las presiones de la opinión pública, funcionarios
han hecho promesas que en su mayoría nunca cumplen. El hecho de restar
importancia a los crímenes atroces ha sido un componente central de la
historia de impunidad de México (…) Los mismos líderes políticos que
niegan y minimizan los crímenes atroces han sido los responsables de
investigarlos…”
El valor extraordinario del documento va más allá de este esfuerzo de
síntesis, que deja fuera otros datos, análisis y recomendaciones
producto de tres años de trabajo de investigación, más de 100
entrevistas y un acervo documental y testimonial que, sin duda,
identifican y comprueban las atrocidades innegables del Estado mexicano.
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