Eric Nepomuceno
La Jornada
Son días tensos, tumultuosos, imprevisibles. El gobierno interino
de Michel Temer repite esfuerzos para legitimarse, mientras sigue
cometiendo un sinfín de torpezas que no hacen más que enturbiar un
ambiente ya altamente nebuloso.
El gobierno interino de Temer es, principalmente, una formidable
secuencia de equívocos. Legitimarse a los ojos de la opinión pública se
hace tarea especialmente ingrata.
La más reciente demostración de torpeza ha sido oficializar, el
pasado viernes, a la nueva secretaria de Derechos de la Mujer. Si antes
tal secretaría tenía rango ministerial, ahora pasó a ser una dependencia
más del Ministerio de Justicia.
La elegida por Temer, Fátima Pelaes, despertó, de inmediato,
reacciones adversas. Nombrada para defender los derechos de la mujer,
Pelaes, una autonombrada pastora evangélica, se declaró contraria al
derecho constitucional a abortar en casos de embarazo resultante de
violación y estupro. Pero pronto se supo que, además de ser contraria a
un derecho constitucional de la mujer, Fátima Pelaes responde a juicios
por desvío de recursos de enmiendas parlamentarias al presupuesto
nacional. Además de ultraconservadora, delincuente.
Otro impacto a la opinión pública surgió a raíz de pura mezquindad
dirigida a la mandataria electa y ahora apartada temporalmente de la
presidencia. Temer suspendió hasta la compra de alimentos para el
Palacio de la Aurora, la residencia presidencial, cuyo uso está
asegurado a Dilma Rousseff por ley. Hasta los contratos para la
adquisición de flores fueron cancelados.
La torpeza, las alianzas espurias, los nombramientos absurdos y las
demostraciones de extrema mezquindad, practicadas por quienes hasta hace
un mes eran aliados e integraban el gobierno de Dilma Rousseff, son
sólo una de las características del verdadero rostro de los golpistas.
Mientras el país se distrae con semejantes actitudes, surgen, por
detrás del escenario, las verdaderas causas y los reales objetivos del
golpe institucional contra la presidenta.
Es importante entender que el país vive hoy bajo los ventarrones de
una operación jurídico-policial destinada, originalmente, a desmontar
esquemas de corrupción incrustados en empresas estatales, cuyo epicentro
estaba (o está) en Petrobras, y que se desvirtuó totalmente.
Las investigaciones, comandadas por un juez de primera instancia y
carrera mediocre, Sergio Moro, impactaron y entusiasmaron a los sectores
de clase media, fuertemente alimentados por los medios hegemónicos de
comunicación. Se creó así la sensación de que bajo el gobierno del
Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados se estableció la
corrupción desenfrenada en un territorio antes angelical o casi.
Los métodos francamente policiacos de los operativos quisieron
convencer al público de que por primera vez poderosos empresarios y
veteranos caciques políticos estaban bajo la implacable e incorruptible
lupa de la ley. Sería el fin de una larga historia de impunidades y
privilegios.
Por conveniencia no se mencionan los desvíos de conducta y las
violaciones de derechos elementales de los investigados y acusados. Y
menos se critica la clarísima selectividad de lo que se divulga. Las
investigaciones se concentran claramente –en este orden– en el PT, Lula
da Silva y los partidos aliados. Cuando se trata de denuncias contra el
Partido de la Social Democracia Brasileña, del ex presidente Fernando
Henrique Cardoso, impera el silencio cómplice de los medios de
comunicación y, claro, de la justicia.
Otro punto altamente polémico: se detiene al sospechoso por tiempo indeterminado, hasta que él se disponga a recurrir a la
delación premiada, o sea, contar lo que sabe e inventar lo que no sabe, con tal de incriminar a los blancos del operativo jurídico-policial. A cambio, el premio: reducción drástica de la condena.
Ahora mismo el presidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro,
enfrenta enormes dificultades para que su propuesta de delación premiada
sea aceptada por la justicia. Él insiste en que no tiene cómo acusar
directamente y con pruebas, o al menos indicios concretos, al ex
presidente Lula da Silva.
Llama la atención el silencio obsequioso del Supremo Tribunal
Federal, instancia máxima de justicia, frente a semejante descalabro
llevado a cabo por los fiscales del ministerio público, la policía
federal y el juez Sergio Moro. ¿Sería cobardía o complicidad?
Mientras el país se pierde en esos laberintos, los verdaderos
objetivos del golpe surgen de manera discreta. Pedro Parente, exponente
del neoliberalismo derrotado en las urnas, ahora en la presidencia de
Petrobras, anunció un plan de
desinversiones, o sea, de venta de activos. También se buscarán
socios inversionistastan pronto se cambie la ley del sector. Léase: Petrobras perderá la soberanía sobre los yacimientos descubiertos gracias a sus esfuerzos en el presal, aguas ultraprofundas, para las multinacionales del sector.
El equipo económico anuncia un urgente plan de
asociaciones para invertir, que traducido al idioma corriente significa un amplio proyecto de privatizaciones de lo que sea. Detrás del golpe encubierto por una farsa jurídica, lo que existe es eso: abrigo para los corruptos de siempre y la venta del país al gran capital.
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