El Ministerio Público duplicó el nivel de hermetismo debido "a lo crítico del caso y para no entorpecer las investigaciones", señaló este jueves el medio digital latribuna.hn.
Varias fuentes informativas, tanto en la Policía Nacional como en la Fiscalía, se negaron a dar cualquier tipo de entrevistas sobre el particular, decisión con la cual imposibilitan conocer cómo la justicia hondureña trabaja para esclarecer este delito, indicó el sitio digital.
Todavía es una incógnita el paradero de los cuatro presuntos autores directos del doble crimen: el subinspector Carlos Galeas y los policías Wilfredo Figueroa, Arnulfo Padilla y José Rubén Pozo.
Según confirmaron las primeras pesquisas, estos cuatro agentes el pasado 22 de octubre habrían ultimado a los jóvenes Pineda y Vargas, hijo este último de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos.
Aurora Rodríguez, madre de Pineda, criticó al mandatario hondureño, Porfirio Lobo, por su lentitud para presionar a las autoridades policiales y así aclarar el suceso criminal.
"Quisiera hacer un llamado al presidente Lobo, que saque esa sangre que tiene y se ponga serio, que nos ayude, que este crimen y todos los demás no queden impunes y que nos devuelva la paz y la tranquilidad a los hondureños", clamó Rodríguez, citada por el diario local La Tribuna hace dos días.
Remarcó que ha pasado del dolor a la decepción, y a su juicio, "no son solo ocho policías, creemos que hay más involucrados, que se trata de una cadena y debe llegarse al fondo de la investigación".
En este contexto Castellanos respaldó el calificativo de emergencia nacional en la estructura policial, empleado por el comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio.
Entretanto, la directora hondureña de fiscales, Daniela Ferrera, pidió el viernes último depurar el organismo policial a todos los niveles.
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