Cuando
el país se hundía bajo un maremoto de ajuste, devaluación, despidos,
inflación y nuevo endeudamiento macrista, el 3 de abril de 2016
emergieron las pruebas de la existencia de un país paralelo: la
Argentina Offshore, sólo habitada por los grupos económicos oligárquicos
y por bandas delincuenciales, destinado a “esconder” bienes, como lo
expresó el propio presidente Mauricio Macri, alcanzados a través de
variadas malas artes, que los Panamá Papers desnudaron a partir de esa
fecha.
Hasta ese momento, para la mayoría de los
ciudadanos, el concepto “offshore” solo remitía a un deporte náutico
practicado “aguas afuera”. Desde aquel día de otoño, el concepto quedó
adherido a empresas y compañías creadas en centros financieros con una
carga impositiva muy baja o nula -las guaridas fiscales-, utilizados
para ocultar a los propietarios de esos bienes y capitales que son
transferidos, en el mejor de los casos, para evadir impuestos en la peor
y más común de las situaciones para disimular recursos obtenidos a
través de otros ilícitos, como el contrabando, el tráfico de armas, la
prostitución, la comercialización de drogas, el tráfico de diamantes y
hasta el saqueo a los detenidos-desaparecidos de la Escuela Mecánica de
la Armada.
Aunque los medios que imponen la agenda
informativa nacional miran para otro lado, los “Panapapers” ubican a
Macri y su Grupo usando la misma trama financiera de represores de la
Marina, como Jorge E. Acosta, el “Tigre” que comandó el “Grupo de
Tareas” de la ESMA; su segundo, Jorge Vildoza, que registra empresas a
través de su hijo, Jorge Ernesto Vildoza; del represor Ricardo Miguel
Cavallo o del administrador del botín, Jorge Radice, encubierto bajo la
figura de su hermana, Norma Radice. Otro de los compañeros del “paraíso”
que habita el jefe del Ejecutivo, es Carlos Octavio Capdevila, el
médico con grado de capitán y apodo “Tommy” que asistió los partos
clandestinos de la ESMA y está involucrado en casos de apropiación de
menores paridos en tales circunstancias.
El “Colorado”
Miguel Angel Egea, es uno de los ejes de esa trama de negocios ilegales
de la Armada; murió en Miami en marzo y el ministro de Trabajo, Jorge
Triaca, firmó una de las solitarias cinco condolencias de la sección de
avisos fúnebres del diario La Nación y, un mes después, asistió a la
misa que recordó al cómplice de los delitos de lesa humanidad.
Golpe al hígado
La
situación complica al mandatario, además de mostrar que comparte
escenarios delincuenciales con uno de los grupos más siniestros de la
historia nacional, porque muestra que sus declaraciones juradas no
reflejan el capital del que es poseedor y por el que debería pagar
impuestos en el país y dejan en claro que, siendo Jefe de Gobierno de la
Ciudad y Presidente de la Nación, se mantuvo en el staff de empresas y
en la titularidad de cuentas bancarias internacionales no declaradas.
El
7 de abril, a solo cuatro días de la denuncia internacional del
ocultamiento de bienes, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el
fiscal Federico Delgado, quien reclamó investigar su posible
responsabilidad penal por la aparición de Fleg Trading y extendió la
investigación a Kagemusha, otra offshore radicada en Panamá, en la que
el hijo de Franco figura como vicepresidente. Arrancó así una línea de
tiempo que no para, y es implacable en cuanto al registro de las marcas
que van dejando las andadas de los evasores en Uruguay, Bahamas, Panamá,
Reino Unido, Irlanda o Brasil…
Fuego que mata y lava
Filtraciones
como las de Panamá, los Swissleaks o los Bahama Leaks, instalaron en la
agenda del mundo entero el tema de la evasión impositiva, el lavado de
dinero y la fuga de capitales, una de las causas estructurales de las
recurrentes crisis económicas, verdadero atentado contra las
posibilidades de desarrollo de los países de la región, incluida la
Argentina, cuyo actual gobierno completa el círculo con un “blanqueo”
permisivo de fondos de origen “ignoto”.
Confirmaron además
la trama que une a las corporaciones, sus bancos -extranjeros y
nacionales-, los funcionarios del gobierno de Macri y los beneficiarios
de políticas que ellos mismos deciden cuando pasan de un lado al otro
del mostrador. Por ejemplo, si se comparan los Papeles de Panamá con el
listado de bancos y financieras contratados por el Estado para colocar
los bonos de deuda externa por u$s 16.500 millones que emitió el
gobierno de Mauricio Macri en abril de 2016, y las posteriores
colocaciones que ya rozan un total de casi u$s 50.000 millones, se está
prácticamente ante la misma nómina.
En el caso del
endeudamiento destinado a satisfacer las exigencias de los fondos
buitre, los encargados fueron, como “coordinadores globales” de la
operación, el alemán Deutsche Bank, el británico Hong-kong and Shanghai
Banking Corporation (HSBC), la estadounidense J.P. Morgan y el Santander
Investment Securites, de origen español, y como colocadores conjuntos
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el neoyorkino Citigroup
Global Markets y la Unión de Bancos Suizos (UBS).
El hilo
es fácil de seguir. HSBC, Santander, BBVA y UBS, aparecen en la lista
de bancos implicados en los Panapapers que también salpican al
mandatario argentino, su familia extendida y muchos de sus colaboradores
más cercanos. A su vez, JP Morgan y HSBC son dos de las tres empresas
que tienen las causas más importantes por fuga de divisas de Argentina
-la restante es BNP Paribás- y ambas “perdieron” archivos en el incendio
intencional del depósito de Iron Mountian en Barracas, en la que
murieron diez bomberos, voluntarios y rescatistas en 2014.
La
propia Sideco Americana S.A., empresa insignia del Grupo Macri, admitió
ante la Procuración General que en ese incendio se quemaron varias
cajas repletas de papeles de su propiedad, entre ellas la KN100156447,
etiquetada "VARIOS PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR", obvia demostración del
vínculo entre los Macri y Omexil S.A., sociedad que les permitió
beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior
estatización de deudas creadas ficticiamente, como lo demostró la
investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en
1985.
Figuritas repetidas
Las
siglas se repiten. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay
representa en el gabinete los intereses del JP Morgan, al igual que
Vladimir Werning, su secretario de Política Económica, el presidente
Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra y su Secretario Finanzas,
Luis Caputo, quien revistó también en las filas del Deutsche Bank, otro
de los colocadores de deuda.
El ministro de Producción,
Francisco Cabrera, además de haber trabajado para los grupos Clarín y La
Nación, viene del HSBC, uno de los bancos encargados de “conectarnos
con el mundo”, como afirma Prat Gay, que creó más de 2.300 de esas
“cáscaras” financieras y está involucrado en los “Swiss Leaks”, que
permitieron comprobar la existencia de más de 4000 cuentas de argentinos
que fugaron u$s 3.505 millones a Suiza, tras consumar una trama de
evasión fiscal.
Como último eslabón de esta cadena cabe agregar
que la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, era la encargada de investigar la fuga de
divisas organizada el HSBC, creado en 1865 con el fin de administrar las
enormes ganancias generadas por el tráfico de opio por parte de Gran
Bretaña en China. Sin embargo, todo se paralizó cuando Macri impuso a
Mariano Federici y María Eugenia Talerico al frente del organismo, a
pesar de haber sido impugnados por haber defendido a acusados por el
delito de lavado de activos, incluido la propia Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation.
Ese es el “clima de negocios” hacia
el que el gabinete de la oligarquía lleva el barco de una economía
argentina a la que le sustraen el capital generado por sus trabajadores y
productores nacionales, de modo “legal” a través de las “fallas”
diseñadas en los mecanismos de contralor y decisión o, directamente, por
métodos ilegales, impidiendo en buena medida un desarrollo autónomo,
basado en los enormes recursos generados en el país.
Cuando
se juntan cuentas y empresas “off shore” es más fácil establecer y
comprender la relación entre el delito y la apertura de sociedades y
empresas ultramarinas, aunque alguno de sus propietarios insista en la
legalidad de sus maniobras y la “pureza” de sus inversiones.
Carlos A. Villalba
Sicólogo, periodista e investigador argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
http://www.alainet.org/es/articulo/181421
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